Héctor Alonso, prepotencia opositora

 Este jueves se confirmó el adelanto que mi colega Arturo Luna Silva publicó sobre la salida de Marcos Castro Martínez de la secretaría general del Comité Directivo Estatal del PAN.

Marcos Castro fue designado coordinador del Programa 70 y más —a cargo de la Delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social—, dirigido a la atención de las personas mayores de 70 años, que viven en poblaciones rurales de no más de 30 mil habitantes, y a las que mensualmente se les entrega una compensación económica de 500 pesos.

Para cubrir la vacante que Marcos Castro dejó en el CDE del PAN, Pablo Montiel Solana fue nombrado secretario general, posición que también peleaba el morenovallista Raúl Ramírez Droaillet.

La designación de Pablo Montiel abre varias interrogantes:

¿Dejará la coordinación de regidores panistas en el ayuntamiento de Puebla o se mantendrá en las dos posiciones?

¿Si decide conservar ambos cargos, tendrá tiempo suficiente para atenderlos?

¿Cobrará doble sueldo o sólo se quedará con el más alto?

¿Si pide licencia como regidor, qué pasará con su suplente Rafael von Raesfeld?

¿Éste rendirá protesta como regidor o seguirá como candidato a diputado local por la vía plurinominal?

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Poco ayudan a la coalición opositora Compromiso por Puebla las actitudes de algunos de sus candidatos, como Héctor Alonso Granados, que el martes de esta semana amenazó y ofendió a la presidenta de la unidad habitacional Xilotzingo, María de Lourdes Mendoza Bonilla, porque ésta le negó el salón social para un acto de campaña.

La altanería y soberbia del candidato a diputado local por el distrito 4 de Puebla fueron de tal magnitud que la agraviada le presentó esa misma noche una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de amenazas, misma que quedó asentada en la averiguación previa C.H.3368/2010/SUR.

En su denuncia, Mendoza Bonilla refiere que Héctor Alonso la ofendió, la amenazó y estuvo a punto de golpearla, cuando le dijo que no le podía facilitar el salón social de la Unidad Habitacional el sábado 1 de mayo, y tampoco el sábado 8 de mayo, porque esos días estaría ocupado con otros eventos que previamente se habían agendado.

Héctor Alonso es dirigente del Comité Municipal del Partido Nueva Alianza y candidato a diputado por la coalición opositora Compromiso por Puebla, que agrupa al PAN, al PRD, a Convergencia y al PANAL.

 

 

 

Ranking	Entidad Federativa	Índice Base
1	Distrito Federal	0.89
2	Chihuahua	0.76
3	Nuevo León	0.74
4	Morelos	0.73
5	SLP	0.73
6	Veracruz	0.73
7	Nayarit	0.71
8	Tlaxcala	0.70
9	Durango	0.67
10	Oaxaca	0.67
11	Federal	0.65
12	Chiapas	0.64
13	Coahuila	0.63
14	Tabasco	0.63
15	Campeche	0.61
16	Edomex	0.61
17	Jalisco	0.59
18	Sinaloa	0.59
19	Yucatán	0.59
20	Zacatecas	0.59
21	Aguascalientes	0.58
22	Guanajuato	0.58
23	Colima	0.57
24	Hidalgo	0.56
25	Michoacán	0.55
26	Tamaulipas	0.55
27	Puebla	0.53
28	Sonora	0.52
32	Quintana Roo	0.49
29	Baja California	0.45
30	Querétaro	0.44
31	BCS	0.43
33	Guerrero	0.36

El IDAIM genera dos mediciones: el Índice Base y el Índice de Progresividad. El primero mide la concordancia de las leyes de transparencia con la Constitución mexicana y el desarrollo legislativo nacional con base en criterios mínimos de protección del Derecho de Acceso a la Información. El segundo, el Índice de Progresividad, contrasta las leyes con estándares internacionales y buenas prácticas. El rango de medición del Índice va del 0 al 1. 

Según la investigación, los principales obstáculos para la realización del Derecho de Acceso a la Información en México son los siguientes:

La falta de mecanismos de designación que permitan garantizar la independencia de las y los comisionadas/os o consejeras/os de información para realizar el mandato de protección del Derecho de Acceso a la Información. En algunos casos, las y los comisionadas/os son designados por el poder ejecutivo y en el estado de Coahuila en particular, las leyes omiten establecer los requisitos mínimos para acceder al cargo de comisionada/o.

La ausencia de definición clara de sanciones a los funcionarios que no cumplan con las obligaciones de transparencia.

La complejidad de los requisitos para solicitar información y el elevado costo del acceso a la misma. Por ejemplo, algunas legislaciones como las de Baja California Sur, Durango y Guerrero todavía no prevén ni siquiera sistemas electrónicos como parte de los medios para ingresar solicitudes de información.

La multiplicación de las restricciones al acceso a la información y la falta de reglas para la difusión proactiva de una información pública, veraz y oportuna.

La exclusión de algunas organizaciones que reciben financiamiento público: los partidos políticos quedan fuera de las obligaciones y muy pocos estados consideran a los sindicatos como sujetos obligados por ley.

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Simón dice:

«A veces de noche, enciendo la luz para no ver mi propia oscuridad.»

Antonio Porchia (1886-1968) Escritor argentino de origen italiano.