LA CORTE DE LOS MILAGROS

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Héctor Alonso, prepotencia opositora

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 Este jueves se confirmó el adelanto que mi colega Arturo Luna Silva publicó sobre la salida de Marcos Castro Martínez de la secretaría general del Comité Directivo Estatal del PAN.

Marcos Castro fue designado coordinador del Programa 70 y más —a cargo de la Delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social—, dirigido a la atención de las personas mayores de 70 años, que viven en poblaciones rurales de no más de 30 mil habitantes, y a las que mensualmente se les entrega una compensación económica de 500 pesos.

Para cubrir la vacante que Marcos Castro dejó en el CDE del PAN, Pablo Montiel Solana fue nombrado secretario general, posición que también peleaba el morenovallista Raúl Ramírez Droaillet.

La designación de Pablo Montiel abre varias interrogantes:

¿Dejará la coordinación de regidores panistas en el ayuntamiento de Puebla o se mantendrá en las dos posiciones?

¿Si decide conservar ambos cargos, tendrá tiempo suficiente para atenderlos?

¿Cobrará doble sueldo o sólo se quedará con el más alto?

¿Si pide licencia como regidor, qué pasará con su suplente Rafael von Raesfeld?

¿Éste rendirá protesta como regidor o seguirá como candidato a diputado local por la vía plurinominal?

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Poco ayudan a la coalición opositora Compromiso por Puebla las actitudes de algunos de sus candidatos, como Héctor Alonso Granados, que el martes de esta semana amenazó y ofendió a la presidenta de la unidad habitacional Xilotzingo, María de Lourdes Mendoza Bonilla, porque ésta le negó el salón social para un acto de campaña.

La altanería y soberbia del candidato a diputado local por el distrito 4 de Puebla fueron de tal magnitud que la agraviada le presentó esa misma noche una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de amenazas, misma que quedó asentada en la averiguación previa C.H.3368/2010/SUR.

En su denuncia, Mendoza Bonilla refiere que Héctor Alonso la ofendió, la amenazó y estuvo a punto de golpearla, cuando le dijo que no le podía facilitar el salón social de la Unidad Habitacional el sábado 1 de mayo, y tampoco el sábado 8 de mayo, porque esos días estaría ocupado con otros eventos que previamente se habían agendado.

Héctor Alonso es dirigente del Comité Municipal del Partido Nueva Alianza y candidato a diputado por la coalición opositora Compromiso por Puebla, que agrupa al PAN, al PRD, a Convergencia y al PANAL.

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Este jueves se presentó el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) —que mide y compara las 33 legislaciones estatales y del Distrito Federal en la materia—, que es elaborado por dos organizaciones estudiosas de la transparencia y la rendición de cuentas: Fundar y Article 19.

Y la novedad, que ya debería dejar de serlo, es que Puebla salió reprobada en este Índice, al situarse en la posición número 27, sólo por arriba de los estados de Sonora, Quintana Roo, Baja California, Querétaro, Baja California Sur y Guerrero, que ocupan los últimos lugares del ranking.

 

 

 

Ranking

Entidad Federativa

Índice Base

1

Distrito Federal

0.89

2

Chihuahua

0.76

3

Nuevo León

0.74

4

Morelos

0.73

5

SLP

0.73

6

Veracruz

0.73

7

Nayarit

0.71

8

Tlaxcala

0.70

9

Durango

0.67

10

Oaxaca

0.67

11

Federal

0.65

12

Chiapas

0.64

13

Coahuila

0.63

14

Tabasco

0.63

15

Campeche

0.61

16

Edomex

0.61

17

Jalisco

0.59

18

Sinaloa

0.59

19

Yucatán

0.59

20

Zacatecas

0.59

21

Aguascalientes

0.58

22

Guanajuato

0.58

23

Colima

0.57

24

Hidalgo

0.56

25

Michoacán

0.55

26

Tamaulipas

0.55

27

Puebla

0.53

28

Sonora

0.52

32

Quintana Roo

0.49

29

Baja California

0.45

30

Querétaro

0.44

31

BCS

0.43

33

Guerrero

0.36

El IDAIM genera dos mediciones: el Índice Base y el Índice de Progresividad. El primero mide la concordancia de las leyes de transparencia con la Constitución mexicana y el desarrollo legislativo nacional con base en criterios mínimos de protección del Derecho de Acceso a la Información. El segundo, el Índice de Progresividad, contrasta las leyes con estándares internacionales y buenas prácticas. El rango de medición del Índice va del 0 al 1. 

Según la investigación, los principales obstáculos para la realización del Derecho de Acceso a la Información en México son los siguientes:

La falta de mecanismos de designación que permitan garantizar la independencia de las y los comisionadas/os o consejeras/os de información para realizar el mandato de protección del Derecho de Acceso a la Información. En algunos casos, las y los comisionadas/os son designados por el poder ejecutivo y en el estado de Coahuila en particular, las leyes omiten establecer los requisitos mínimos para acceder al cargo de comisionada/o.

La ausencia de definición clara de sanciones a los funcionarios que no cumplan con las obligaciones de transparencia.

La complejidad de los requisitos para solicitar información y el elevado costo del acceso a la misma. Por ejemplo, algunas legislaciones como las de Baja California Sur, Durango y Guerrero todavía no prevén ni siquiera sistemas electrónicos como parte de los medios para ingresar solicitudes de información.

La multiplicación de las restricciones al acceso a la información y la falta de reglas para la difusión proactiva de una información pública, veraz y oportuna.

La exclusión de algunas organizaciones que reciben financiamiento público: los partidos políticos quedan fuera de las obligaciones y muy pocos estados consideran a los sindicatos como sujetos obligados por ley.

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Simón dice:

«A veces de noche, enciendo la luz para no ver mi propia oscuridad.»

Antonio Porchia (1886-1968) Escritor argentino de origen italiano.

De las Hummers al qué tanto es tantito

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El precio de una camioneta Hummer H3, como la que Elba Esther Gordillo, iba a regalar a los dirigentes seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fluctúa entre 450 mil y 750 mil pesos, dependiendo del equipamiento de cada unidad.

En total, la poderosa presidenta del SNTE compró —con las cuotas sindicales del magisterio, dinero que sale de nuestros impuestos— 59 Hummers. Si calculamos un costo promedio de 500 mil pesos por unidad, la compra en conjunto de las 59 camionetas ascendió a 29 millones 500 mil pesos.
Es decir a 2,950 Atos o — valga otro comparativo— a la inversión que este año hará el ayuntamiento de Puebla en dos programas, con financiamiento estatal y federal: Espacios Públicos y Hábitat.

Con los fondos de Espacios Públicos la gestión de Blanca Alcalá Ruiz se propone remodelar el Parque de El Carmen, rescatar un jagüey de Villas Atl, mejorar la imagen de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe en el área donde se localizará la Fuente del Bicentario de la Independencia, y rescatar un parque en la unidad habitacional de La Margarita.

Y con los recursos del programa Hábitat, adquirir e instalar nueva señalética del Parque de El Carmen al Zócalo sobre la Avenida 16 de Septiembre; mejorar algunas banquetas y fachadas de edificios monumentales del Centro Histórico, y apoyar a dos centros de desarrollo comunitario, uno ubicado en las colonias marginadas del sur de la ciudad, y otro en la junta auxiliar de San Sebastián Aparicio.

El costo de las Hummers representa poco más de dos terceras partes de los 40 millones de pesos del  programa Manos a la Obra, por medio del cual el ayuntamiento de Puebla pretende dar empleo a 700 jefes de familia en los próximos cuatro meses.

Las 59 Hummers también equivalen a 100 salones de clase, considerando un costo promedio de 300 mil pesos. En el catálogo de precios del Capcee, el costo de un aula escolar fluctúa entre 200 mil y 375 mil pesos.

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A propósito de las Hummers.

¿Sabía que en Puebla usted puede adquirir una Hummers H2, es decir, con batea, y pagar de tenencia anual sólo 1,500 pesos?

Y es que en la Puebla de Zaragoza toda unidad automotriz con batea está catalogada como vehículo de trabajo y, por tanto, sujeta a esa cuota mínina, sin importar marca o modelo.

La tenencia, en cambio, de una Hummer H3, como las del frustrado regalo de la maestra Gordillo a sus dirigentes seccionales, asciende a 90 mil pesos anuales, es decir, al costo de un Atos.

Qué ironía, ¿no?

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Y ya metidos en odiosas comparaciones ¿sabe usted a cuánto equivalen los 8,900 millones de dólares que en tres o cuatro días perdió el Banco de México por el ataque especulativo contra el peso?

¡Agárrese: a 89 mil millones de pesos, considerando una paridad de 10 pesos por dólar!

Con dicha cantidad, difícil de imaginar, se podrían adquirir 178 mil Hummers H3, que representan mucho más de la producción anual de esta compañía que, por cierto, saldrá del mercado en el 2009 debido al alto costo de sus unidades, a su excesivo consumo en gasolina, a lo elevado de sus refacciones y servicios de mantenimiento.

¿Acaso por eso la maestra Gordillo las habrá adquirido a precios de ganga?

Con la baja de 8,900 millones de dólares de nuestras menguadas reservas internacionales, 900 mil mexicanos pudimos haber comprado un Atos, es decir, casi la totalidad de quienes en la capital poblana contamos con credencial de elector actualizada.
Pero qué tanto es tantito.

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Una Hummer H3 tiene un tanque de 70 litros, lo que significa que cada vez que se vacie hay que meterle 525 pesos en promedio, considerando un precio 7.50 pesos por litro de gasolina Magna.

Si la Hummer se usa regularmente, su tanque habrá que llenarlo cuatro veces al mes, lo que da un total de 2,100 pesos.

En México el costo de la gasolina está subsidiado. El costo de un litro de gasolina es Estados Unidos es de 12 pesos, lo que significa que el poseedor de una Hummer recibe 1,260 pesos de subsidio al mes.

Cifra que equivale al doble del subsidio mensual que una familia en pobreza extrema de la capital del estado recibe del Programa Oportunidades.

¿Quién pues se beneficia más con los subsidios del gobierno calderonista, el rico que puede andar con su Hummer H3 o H2, o el pobre cuyos ingresos ascienden a menos de un salario mínimo?

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Tómelo con reserva, pero una fuente confiable me asegura que el Alto Comisionado para la Atención del Migrante Poblano, Carlos Olamendi Torres, pronto dejará el cargo.

Los motivos de su separación no fueron precisados, aunque podría estar relacionados con el proceso que se le sigue al presidente con licencia de Izúcar de Matamoros, Rubén Gil Campos, en Estados Unidos por el delito de narcotráfico.

Carlos Olamendi y Rubén Gil fueron socios en la empresa comercializadora Auténtico 5 de Mayo, dedicada a la venta de artículos y productos hechos por los migrantes poblanos en Estados Unidos.

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Sandra González de Ita, directora de Protección Social en Salud, que no es otra cosa que el llamado Seguro Popular, presentó ya su renuncia a la Secretaría de Salud del estado, por diferencias irreconciliables con el titular de la dependencia, Antonio Marín López.

González de Ita llegó a la Secretaría de Salud como recomendada del secretario de Gobernación del estado, Mario Montero Serrano, lo que de poco o nada le sirvió cuando Antonio Marín decidió prescindir de sus servicios.

Otro que también está por salir de la dependencia es Javier Chávez Román, quien logró mantenerse al frente de la Secretaría Particular tras el relevo de Roberto Morales Flores por Antonio Marín.

En su lugar será nombrado Édgar Machorro.

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Este miércoles el ex director de Pemex, Francisco Rojas Gutiérrez, estuvo en Puebla. Por la tarde se reunió con el gobernador Mario Marín Torres e impartió una conferencia en la fundación Luis Donaldo Colosio Murrieta que preside Óscar Aguilar González, y por la noche se fue a cenar al restaurante Alfredo Di Roma del hotel Intercontinental Presidente con el ex presidente de la Concanaco, Eduardo García Suárez, y su hijo Eduardo García Casas, quien preside el sindicato patronal de hombres de negocios en Puebla.

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