Este jueves se confirmó el adelanto que mi colega Arturo Luna Silva publicó sobre la salida de Marcos Castro Martínez de la secretaría general del Comité Directivo Estatal del PAN.

Marcos Castro fue designado coordinador del Programa 70 y más —a cargo de la Delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social—, dirigido a la atención de las personas mayores de 70 años, que viven en poblaciones rurales de no más de 30 mil habitantes, y a las que mensualmente se les entrega una compensación económica de 500 pesos.

Para cubrir la vacante que Marcos Castro dejó en el CDE del PAN, Pablo Montiel Solana fue nombrado secretario general, posición que también peleaba el morenovallista Raúl Ramírez Droaillet.

La designación de Pablo Montiel abre varias interrogantes:

¿Dejará la coordinación de regidores panistas en el ayuntamiento de Puebla o se mantendrá en las dos posiciones?

¿Si decide conservar ambos cargos, tendrá tiempo suficiente para atenderlos?

¿Cobrará doble sueldo o sólo se quedará con el más alto?

¿Si pide licencia como regidor, qué pasará con su suplente Rafael von Raesfeld?

¿Éste rendirá protesta como regidor o seguirá como candidato a diputado local por la vía plurinominal?

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Poco ayudan a la coalición opositora Compromiso por Puebla las actitudes de algunos de sus candidatos, como Héctor Alonso Granados, que el martes de esta semana amenazó y ofendió a la presidenta de la unidad habitacional Xilotzingo, María de Lourdes Mendoza Bonilla, porque ésta le negó el salón social para un acto de campaña.

La altanería y soberbia del candidato a diputado local por el distrito 4 de Puebla fueron de tal magnitud que la agraviada le presentó esa misma noche una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de amenazas, misma que quedó asentada en la averiguación previa C.H.3368/2010/SUR.

En su denuncia, Mendoza Bonilla refiere que Héctor Alonso la ofendió, la amenazó y estuvo a punto de golpearla, cuando le dijo que no le podía facilitar el salón social de la Unidad Habitacional el sábado 1 de mayo, y tampoco el sábado 8 de mayo, porque esos días estaría ocupado con otros eventos que previamente se habían agendado.

Héctor Alonso es dirigente del Comité Municipal del Partido Nueva Alianza y candidato a diputado por la coalición opositora Compromiso por Puebla, que agrupa al PAN, al PRD, a Convergencia y al PANAL.

El IDAIM genera dos mediciones: el Índice Base y el Índice de Progresividad. El primero mide la concordancia de las leyes de transparencia con la Constitución mexicana y el desarrollo legislativo nacional con base en criterios mínimos de protección del Derecho de Acceso a la Información. El segundo, el Índice de Progresividad, contrasta las leyes con estándares internacionales y buenas prácticas. El rango de medición del Índice va del 0 al 1. 

Según la investigación, los principales obstáculos para la realización del Derecho de Acceso a la Información en México son los siguientes:

La falta de mecanismos de designación que permitan garantizar la independencia de las y los comisionadas/os o consejeras/os de información para realizar el mandato de protección del Derecho de Acceso a la Información. En algunos casos, las y los comisionadas/os son designados por el poder ejecutivo y en el estado de Coahuila en particular, las leyes omiten establecer los requisitos mínimos para acceder al cargo de comisionada/o.

La ausencia de definición clara de sanciones a los funcionarios que no cumplan con las obligaciones de transparencia.

La complejidad de los requisitos para solicitar información y el elevado costo del acceso a la misma. Por ejemplo, algunas legislaciones como las de Baja California Sur, Durango y Guerrero todavía no prevén ni siquiera sistemas electrónicos como parte de los medios para ingresar solicitudes de información.

La multiplicación de las restricciones al acceso a la información y la falta de reglas para la difusión proactiva de una información pública, veraz y oportuna.

La exclusión de algunas organizaciones que reciben financiamiento público: los partidos políticos quedan fuera de las obligaciones y muy pocos estados consideran a los sindicatos como sujetos obligados por ley.

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Simón dice:

«A veces de noche, enciendo la luz para no ver mi propia oscuridad.»

Antonio Porchia (1886-1968) Escritor argentino de origen italiano.

Son tantas las contradicciones y dudas acerca del relleno sanitario de Chiltepeque; sobre los directivos del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) en su rol de autoridades encargadas de la protección del ambiente, y sobre el estudio contratado a la empresa Incremi para diagnosticar la vida útil del depósito, que hoy el asunto es un auténtico cochinero.

De entrada por las inconsistencias de los dos estudios elaborados por Incremi sobre Chiltepeque. En el primero, que se pagó en la gestión de Enrique Doger Guerrero, se concluyó que la vida útil del relleno se agotaría en septiembre u octubre de 2008, y en el segundo —contratado por la administración de Blanca Alcalá Ruiz— ésta se prolongó hasta el año 2023.

En la primera evaluación, la empresa cuestionó el espesor de la tierra utilizada para cubrir la basura, y en la segunda —contradictoriamente— recomendó reducir a menos de 80 centímetros el grosor de dicha capa.

En sus conclusiones de junio de 2007, Incremi criticó la forma en que RESA llevaba a cabo la compactación de la basura para aumentar la capacidad del relleno, sin embargo en su valoración de enero de 2009 planteó, como la alternativa más viable para alargar la vida útil del depósito, el crecimiento y expansión horizontal de su zona A.

En el primero recomendó quitarle 12 metros a la corona de los taludes, y en el segundo propuso que «para aumentar la vida útil del relleno sanitario, éste se expandiera en forma horizontal y vertical, a través de la compactación de los deshechos, lo que duplicaría la capacidad del sitio».

La lista de incoherencias es todavía larga…

Otro aspecto no menos contradictorio es la postura del coordinador general del OOSL, Héctor Sulaimán Safi.

Este funcionario comenzó con una posición muy estricta. Le exigió a RESA el proyecto ejecutivo para la ampliación del relleno sanitario, y como esta concesionaria de José Abed Rouanett lo ignoró, decidió entonces iniciar un procedimiento de rescisión de contrato.

De la noche a la mañana la postura de Sulaimán se flexibilizó. Éste se olvidó del proyecto ejecutivo, de la intentona de quitarle a RESA la concesión, y de obligarla a participar en otra licitación para poder explotar el biogás y la energía eléctrica que produce y producirá Chiltepeque.

Las causas a ciencia cierta se desconocen, no así el viaje que junto con el subsecretario de Ecología del gobierno del estado, Juan Carlos Fernández Jasso, efectuó a Canadá, con el patrocinio de José Abed, para establecer contacto con la empresa SENES que, supuestamente, se encargará de transformar el biogás en energía eléctrica y de entregársela al ayuntamiento para iluminar la ciudad.

Pero el colmo del cochinero es que ahora Sulaimán Safi e Incremi nos salgan con el cuento de que el municipio tiende a generar menos toneladas de basura, que RESA es una empresa comprometida con la ecología y la protección del ambiente, y que los lixiviados que produce el relleno y que llegan hasta el lago de Valsequillo no contaminan, ni representan ningún riesgo para la salud.

A ese paso lo único que la ciudad puede esperar es que Blanca Alcalá herede el problema del relleno sanitario a la próxima administración, que Sulaimán siga enriqueciéndose a costa de la basura, que RESA logre en automático la concesión de la explotación del biogás —sin mediar licitación— y que Incremi se salga con la suya al asegurar un contrato de supervisión del relleno hasta el año 2023, en que supuestamente concluirá su vida útil.

Ojalá y esta visión escatológica, sea sólo eso, una visión, y no una triste realidad en el corto plazo.

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Tal como ayer se lo adelanté, Mario Marín García, hijo del gobernador Mario Marín Torres, inició el trámite para obtener su patente como notario público ante el Juzgado Noveno de lo Civil, a cargo de Enrique Romero Razo.

Este lunes tres testigos —que nunca quisieron identificarse— dieron constancia de que el primogénito del Ejecutivo estatal es una persona de buena conducta, carente de vicios como la embriaguez y el juego, y apta para desempeñarse en el ejercicio del notariado.

El juez Enrique Romero afirmó que el procedimiento del hijo del gobernador no tenía nada de anómalo o irregular, pero cuando se le pidió el nombre de los testigos dijo que debía guardar sigilo, al tiempo de instruir al personal del juzgado a evitar que éstos fueran entrevistados por la prensa.

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Simón dice:

«Para hacer negocios no se requiere ingenio, basta con no tener delicadeza».

Caballero de Bruix, escritor francés.

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