Presionada por el escándalo que envuelve al presidente del Consejo Distrital número 4, Raúl Manuel Flores Muñoz, y por las evidencias testimoniales y documentales que echan por tierra el supuesto secuestro del que habría sido víctima la madrugada del domingo 18 de abril, la Contraloría Interna del Instituto Electoral del Estado no tuvo más remedio que suspenderlo de sus funciones y abrirle un proceso administrativo.

Y es que hoy se sabe con toda claridad lo que aquí le habíamos anticipado desde el 21 de abril: Flores Muñoz no fue víctima de un asalto ni de un secuestro —como lo declaró ante el Ministerio Público y sus superiores jerárquicos—, sino de una borrachera que lo llevó a destruir una camioneta oficial y a poner en riesgo la vida de una subordinada suya, a la que abandonó después del trágico accidente.

Así consta en la declaración ministerial, de la capturista de capacitación del Consejo Distrital número 4, Denisse Huerta Rosas, y en la comparecencia que ésta rindió ante la Contraloría Interna del Instituto el pasado 7 de mayo.

En esta última actuación, Denisse Huerta declaró que, la noche previa al accidente, Raúl Manuel Flores la invitó al bar La Cantinera de Cholula, donde estuvieron bebiendo, junto con otros funcionarios electorales, hasta las tres de la madrugada del domingo 18 de abril. Posteriormente, éste pasó a su domicilio por una camioneta del IEE para seguir la juerga en Atlixco, donde desayunaron antes de regresar a Puebla.

Según Denisse, el accidente ocurrió en el trayecto hacia la ciudad de Puebla. El presidente del Consejo Distrital perdió el control de la unidad por el exceso de velocidad con que conducía. En su declaración, la funcionaria electoral dice que durante el accidente perdió el conocimiento y, cuando lo recobró, estaba debajo de la Nissan tipo estaquitas y pudo ver cómo salía corriendo del lugar su acompañante, abandonándola en la carretera.

Sobre estos mismos hechos, Raúl Méndez Flores declaró ante el Ministerio Público, dentro de la averiguación previa AP-875/2010/SUR, que la noche de ese sábado se encontraba laborando en tareas electorales; que el secuestro ocurrió cuando conducía un vehículo del IEE en compañía de su capturista, a quien llevaba a su casa; que un sujeto lo amagó con una pistola, le robó sus pertenencias, lo golpeó y luego — quién sabe cómo ni por qué— perdió el control de la camioneta y se salió de la carretera. El vehículo dio varias volteretas que lo llevaron a perder el conocimiento y a caer sobre unas milpas, bañado en sangre, fuera de la unidad.

* Protegen a presidente distrital que simula secuestro

* Solapan en el IEE compras fraccionadas y piratas

Los estrategas del candidato a la presidencia municipal de Puebla de la alianza formada por el PRI y el PVEM, no están siendo muy cuidadosos en el manejo de las encuestas.

Un día dicen que Mario Montero Serrano aventaja a su contrincante de la coalición Compromiso por Puebla, Eduardo Rivera Pérez, por dos a uno; otro que el margen de victoria del priísta sobre el panista se amplió, y finalmente —ellos mismos— terminan reconociendo que en realidad la diferencia entre uno y otro es de sólo 11 puntos.

Este torpe manejo mediático podría complicarse en los próximos días, cuando se publiquen los resultados de otras firmas encuestadoras del Distrito Federal, que incluso ubican al abanderado de la coalición opositora a la cabeza de las preferencias electorales.

Dicho estudio demoscópico, al cual tuvo acceso este reportero, revela que si hoy fuera la elección para presidente municipal de Puebla, Mario Montero y la Alianza Puebla Avanza obtendrían el 36% de la votación bruta, y el 47% de la votación efectiva, mientras Eduardo Rivera de la coalición Compromiso por Puebla, el 41% de la votación bruta, y el 53% de la votación efectiva.

En la misma encuesta —aplicada a una muestra de 1,500 casos entre el 16 y el 18 de abril en la capital del estado, con un margen de error de más menos 2.5%— se indagó la preferencia por partido, con los siguientes resultados:

Voto Bruto| Voto Efectivo

  PAN 33%   |     PAN 41%

  PRI 32%    |     PRI 40%

  PRD 7%     |      PRD 8%

  NS/NC 20%

Un detalle que no omite el estudio es que a poco más de dos meses de la jornada electoral los poblanos creen que Mario Montero será el vencedor en los comicios del próximo 4 de julio. A la pregunta ¿Cuál partido cree usted que ganará la elección para presidente municipal?, el 46% de los entrevistados respondió que el PRI y el 34% que el PAN.

La firma que elaboró el estudio —y cuya denominación me comprometí a no publicar— tiene su sede en el Distrito Federal, en la delegación Cuauhtémoc, y ha participado en diferentes proyectos de investigación, algunos de ellos contratados por la Presidencia de la República en lo que va del sexenio.

¿Qué va a pasar cuando los resultados de esta firma se publiquen?

¿Seguirán siendo creíbles las versiones de que los candidatos del PRI o de la Alianza Puebla Avanza están ampliando su ventaja?

O, por el contrario ¿Perderán credibilidad las encuestas de Indicadores de Elías Aguilar? y ¿crecerá la sospecha de que el PAN o los candidatos de la coalición Compromiso por Puebla están dando la pelea, y aún tienen alguna oportunidad de ganar?

EN CORTO

En el transcurso de los próximos días se ventilarán al seno del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) una serie de anomalías, en las licitaciones y adjudicaciones de equipo de cómputo, mobiliario y otros bienes e insumos, a cargo del Comité de Adquisiciones.

Por lo pronto, le adelanto que a pesar de lo que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal establece, algunas compras de equipo se están fraccionando.

Para muestra los acuerdos con clave CA-AC-13/2009 y CA-AC-07/2009, de la misma fecha 26 de noviembre de 2009, para la adquisición de equipo de cómputo.

Una cuestión ligada con la anterior, pero aún más delicada, es que los equipos que se adquieren como originales al parecer no lo son, como las once notebooks, que por un monto de 23 mil pesos cada una, fueron entregadas hace unos días a los directores y funcionarios de primer nivel del Instituto.

Pronto le tendré mayores detalles.

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Simón dice:

«Hay tres clases de mentiras: La mentira, la maldita mentira y las estadísticas.»

Mark Twain (1835-1910) Escritor y periodista estadounidense.

 Este jueves se confirmó el adelanto que mi colega Arturo Luna Silva publicó sobre la salida de Marcos Castro Martínez de la secretaría general del Comité Directivo Estatal del PAN.

Marcos Castro fue designado coordinador del Programa 70 y más —a cargo de la Delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social—, dirigido a la atención de las personas mayores de 70 años, que viven en poblaciones rurales de no más de 30 mil habitantes, y a las que mensualmente se les entrega una compensación económica de 500 pesos.

Para cubrir la vacante que Marcos Castro dejó en el CDE del PAN, Pablo Montiel Solana fue nombrado secretario general, posición que también peleaba el morenovallista Raúl Ramírez Droaillet.

La designación de Pablo Montiel abre varias interrogantes:

¿Dejará la coordinación de regidores panistas en el ayuntamiento de Puebla o se mantendrá en las dos posiciones?

¿Si decide conservar ambos cargos, tendrá tiempo suficiente para atenderlos?

¿Cobrará doble sueldo o sólo se quedará con el más alto?

¿Si pide licencia como regidor, qué pasará con su suplente Rafael von Raesfeld?

¿Éste rendirá protesta como regidor o seguirá como candidato a diputado local por la vía plurinominal?

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Poco ayudan a la coalición opositora Compromiso por Puebla las actitudes de algunos de sus candidatos, como Héctor Alonso Granados, que el martes de esta semana amenazó y ofendió a la presidenta de la unidad habitacional Xilotzingo, María de Lourdes Mendoza Bonilla, porque ésta le negó el salón social para un acto de campaña.

La altanería y soberbia del candidato a diputado local por el distrito 4 de Puebla fueron de tal magnitud que la agraviada le presentó esa misma noche una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de amenazas, misma que quedó asentada en la averiguación previa C.H.3368/2010/SUR.

En su denuncia, Mendoza Bonilla refiere que Héctor Alonso la ofendió, la amenazó y estuvo a punto de golpearla, cuando le dijo que no le podía facilitar el salón social de la Unidad Habitacional el sábado 1 de mayo, y tampoco el sábado 8 de mayo, porque esos días estaría ocupado con otros eventos que previamente se habían agendado.

Héctor Alonso es dirigente del Comité Municipal del Partido Nueva Alianza y candidato a diputado por la coalición opositora Compromiso por Puebla, que agrupa al PAN, al PRD, a Convergencia y al PANAL.

El IDAIM genera dos mediciones: el Índice Base y el Índice de Progresividad. El primero mide la concordancia de las leyes de transparencia con la Constitución mexicana y el desarrollo legislativo nacional con base en criterios mínimos de protección del Derecho de Acceso a la Información. El segundo, el Índice de Progresividad, contrasta las leyes con estándares internacionales y buenas prácticas. El rango de medición del Índice va del 0 al 1. 

Según la investigación, los principales obstáculos para la realización del Derecho de Acceso a la Información en México son los siguientes:

La falta de mecanismos de designación que permitan garantizar la independencia de las y los comisionadas/os o consejeras/os de información para realizar el mandato de protección del Derecho de Acceso a la Información. En algunos casos, las y los comisionadas/os son designados por el poder ejecutivo y en el estado de Coahuila en particular, las leyes omiten establecer los requisitos mínimos para acceder al cargo de comisionada/o.

La ausencia de definición clara de sanciones a los funcionarios que no cumplan con las obligaciones de transparencia.

La complejidad de los requisitos para solicitar información y el elevado costo del acceso a la misma. Por ejemplo, algunas legislaciones como las de Baja California Sur, Durango y Guerrero todavía no prevén ni siquiera sistemas electrónicos como parte de los medios para ingresar solicitudes de información.

La multiplicación de las restricciones al acceso a la información y la falta de reglas para la difusión proactiva de una información pública, veraz y oportuna.

La exclusión de algunas organizaciones que reciben financiamiento público: los partidos políticos quedan fuera de las obligaciones y muy pocos estados consideran a los sindicatos como sujetos obligados por ley.

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Simón dice:

«A veces de noche, enciendo la luz para no ver mi propia oscuridad.»

Antonio Porchia (1886-1968) Escritor argentino de origen italiano.

La madrugada del sábado, el presidente del Consejo Electoral Distrital número 4, Raúl Manuel Flores Rodríguez, protagonizó un grave accidente de tránsito, por el cual se encuentra en terapia intensiva una analista de ese órgano del Instituto Electoral del Estado (IEE), que esa noche iba con él.

El accidente, que en un principio trató de encubrirse, para proteger a este funcionario electoral, hoy se ha desvirtuado para simular un falso secuestro.

De hecho, Flores Rodríguez ya acudió ante el Ministerio Público a levantar una constancia de hechos, mediante la cual pretende ocultar lo ocurrido ese sábado, cuando destrozó una camioneta del IEE que conducía en estado de ebriedad.

Lejos de confesar su culpa y admitir su error, que hoy tiene en terapia intensiva a su compañera de juerga, el presidente del Consejo Distrital ha pretendido inventarse un supuesto secuestro, como causa del aparatoso accidente vehicular.

Sin embargo, su historia es tan inverosímil que nadie —salvo el Ministerio Público— se la cree.

Las evidencias de su falso testimonio son copiosas.

Antes de que su asistente fuera internada, grave, en el Hospital General de Agua Santa, para recibir atención médica por las fracturas y heridas que sufrió a consecuencia del choque, desfiló por el IMSS y el ISSSTEP, donde el personal de guardia de esos nosocomios se rehusó a hospitalizarla bajo el argumento de que no era afiliada ni derechohabiente.

Las llamadas telefónicas que en la madrugada y mañana del sábado realizó el presidente del Consejo Electoral Distrital a los operadores políticos de cierto candidato a la gubernatura de Puebla, para que lo ayudaran a tapar los hechos, a esconder su congestión alcohólica y a evitar su detención por el delito de lesiones.

Y la negativa de la compañía aseguradora, que se negó a cubrir los daños de la camioneta y los gastos de hospitalización de la analista, cuando los ajustadores corroboraron que el accidente fue resultado de la intoxicación etílica del funcionario electoral.

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Un dato que vale la pena rescatar de nuestro personaje de hoy es que en el proceso electoral de 2007 Raúl Manuel Flores Rodríguez se quedó a un tris de ser nombrado consejero distrital.

En esa elección, su nominación era apoyada con todo por el consejero Paul Monterrosas Román y el representante del PRI ante el Consejo General del IEE, José Alarcón Hernández.

Ambos personajes ya se habían apostado a designarlo consejero distrital, a pesar de la oposición de la representante del desaparecido Partido Esperanza Ciudadana (PEC), que echó abajo su nombramiento cuando hizo pública una denuncia por delito de lesiones y violencia intrafamiliar que le promovió su entonces esposa.

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Simón dice:

«Nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería.»

Otto von Bismark (1815-1898). Político alemán.

Cuando Hugo Isaac Arzola Muñoz regrese de su periodo vacacional, lo más probable es que también se despida de sus compañeros de la Procuraduría General de Justicia y sus subordinados de la Policía Judicial del estado.

Y es que Arzola Muñoz será relevado como director general de esta policía ministerial, para reintegrarse al Poder Judicial del estado, como juez civil de la capital.

Su salida no estará exenta de polémicas, pues el referido funcionario estatal estuvo sujeto a una investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), después de que un delincuente lo acusó de brindar protección  a una banda del crimen organizado.

Hay que aclarar que Arzola Muñoz ya se presentó personalmente a la PGR para ponerse a disposición del Ministerio Público federal que investiga el caso, y que éste no halló ningún elemento que lo involucre en acciones de complicidad o protección de la delincuencia organizada.

De ahí que el gobernador Mario Marín Torres no pondrá ningún pero para que éste se reintegre al Poder Judicial, una vez que regrese de vacaciones y entregue a su sucesor la oficina de la Dirección General de la Policía Judicial del estado.

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La tolerancia que han mostrado las autoridades federales y estatales para una estación radiofónica ilegal como Radio Vida, que hasta ayer se transmitía por el 107.1 de frecuencia modulada y la dirección electrónica http://www.producciones-vida.com, puede generar algo más que un conflicto político religioso.

La estación, operada por pastores cristianos, sin ningún permiso o concesión de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha comenzado a comercializar sus espacios a razón de 200 pesos la hora por un periodo de tres meses.

El problema radica en que los pastores cristianos que controlan la estación radiofónica —localizada en la 49 Poniente 1105— se sienten cobijados por las autoridades estatales, en particular por el gobernador Mario Marín Torres y el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

El martes 7 de julio, según la nota publicada por Jorge Machuca en la edición local del  periódico Milenio, los clérigos que ese día tenían a su cargo la cabina de Radio Vida, al filo de las 18 horas, “dedicaron sus oraciones al gobernador de Puebla, Mario Marín, a todos sus hijos y esposa, al igual que a Blanca Alcalá, su cónyuge y prole”.

Julián Herrera, director de la estación cristiana, es además un activista del secretario de Desarrollo Social. El pasado 2 de julio, en el Salón Country de San Manuel, llamó a sus seguidores a sumarse al proyecto de Javier López Zavala. Si quieren que la estación siga, tienen que votar por él, les dijo.

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Simón dice:
“Si los hombres son tan perversos teniendo religión, ¿cómo serían sin ella?”
Benjamin Franklin (1706-1790). Estadista y científico estadounidense.

¿Qué pasa con la cuenta pública de Enrique Doger Guerrero, correspondiente al ejercicio del 2007?

¿Por qué ni siquiera los diputados integrantes de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior saben el estado en que ésta se encuentra?

¿Por qué se guarda con tanto sigilo?

¿Será acaso que alguna mente perversa quiere usarla como cortina de humo, o como un distractor, ahora que el Congreso del estado entre a la discusión de la polémica concesión de los parquímetros a la empresa Jajomar?

¿O es que cuenta pública del ex presidente municipal de Puebla no será sometida al pleno del Congreso en este periodo, que concluye el próximo jueves 31 de julio, sino hasta el tercer periodo ordinario de sesiones que se inicia el 15 de octubre?

¿Cuál es la intención?

¿Acaso usar esa cuenta pública como arma política para desactivar o descarrilar a Enrique Doger Guerrero como aspirante a la gubernatura en el 2010?

¿Por qué el Órgano de Fiscalización Superior decidió pasar de los pliegos de observaciones a los pliegos de cargos?

¿Por qué Enrique Doger ha guardado un prudente silencio sobre esta situación?

¿Por qué no ha salido a denunciar que desde el Orfise le están haciendo observaciones –o cargos– por diversas anomalías –reales o ficticias– que suman decenas de millones de pesos?

¿Será acaso que él también está negociando su cuenta pública e inmunidad, a cambio de abandonar, en definitiva, la puja por la sucesión gubernamental?

Que conste que son preguntas, meras preguntas.

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El secretario de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Puebla, Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras, está por enfrentar un nuevo escándalo, de abuso y autoridad y prepotencia, a causa de la golpiza que su hijo, Guillermo Alberto Hidalgo Montes, propinó el viernes por la noche a un parroquiano de San Andrés Cholula, que responde al nombre de Fernando Alberto Tepeyahuil.

De acuerdo con las primeras versiones, los hechos ocurrieron el viernes 18 de julio, luego de que la camioneta en que viajaba el hijo del secretario de Seguridad Pública embistiera el vehículo en que viajaba el cholulteca. Ambos se hicieron de palabras y luego se enfrentaron a golpes.

La golpiza que se llevó Fernando Alberto Tepeyahuil fue tan salvaje, que los vecinos a punto estuvieron de linchar al hijo del secretario de Seguridad Pública, de no ser por la intervención de la Policía que se lo llevó en una patrulla.

No está de más apuntar que el joven Hidalgo Montes, además de ser un experto en artes marciales, trabaja para el Consejo Estatal de Seguridad Pública, y que gracias a ello y a la influencia de su padre quisieron parar el asunto en el Ministerio Público, pero sin conseguirlo, pues hasta donde se sabe el afectado finalmente logró interponer una denuncia contra aquel por el delito de lesiones.

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El ex secretario general de la Asociación Sindical del Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Aspabuap), Héctor Mario Hernández Lobato, fue designado director de la Fundación BUAP, cargo que estaba vacante desde que Luis Alberto Arriaga Lila fue postulado por el PRI como candidato a diputado local, en las elecciones de noviembre de 2007.

Ojalá la gestión de Hernández Lobato al frente de la Fundación BUAP no sea tan gris como su desempeño sindical, que concluyó a mediados del 2006.

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