LA CORTE DE LOS MILAGROS

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Jorge Sánchez podría colarse al TEPJF

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Rodolfo Ruiz R.

Lo que en principio parecería imposible, que un poblano se colara como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), hoy no se ve tan lejano. De los 42 aspirantes que pasaron el penúltimo filtro, es muy probable que el magistrado del Tribunal Electoral del Estado Puebla (TEEP), Jorge Sánchez Morales, sea incluido en las siete ternas que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enviarán al Senado de la República el 30 de agosto.

Sobre todo si en las comparecencias públicas de la próxima semana, en las que los ministros tendrán que reducir la lista de 42 a 21 aspirantes, divididos en siete ternas, Sánchez Morales logra hacer un buen papel.

Tres son las ventajas que el también ex presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE) tendría frente a otros aspirantes al cargo de magistrado electoral. Una es la alta votación que obtuvo de los ministros de la SCJN. De los 42 seleccionados para la fase de comparecencias, los mejor votados tuvieron 11 sufragios y los menos votados 5. Jorge Sánchez es de los que alcanzó 11 junto con otros seis candidatos.

La segunda ventaja es que Sánchez Morales cuenta con experiencia en el ámbito jurisdiccional, pues ha sido secretario de Estudio y Cuenta, y magistrado en el TEEP, y en el ámbito administrativo y organizacional pues se ha desempeñado como consejero local y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del IFE Puebla y como consejero presidente del IEE.

Y la tercera es que antes del penúltimo filtro, el hasta hoy magistrado electoral de Puebla pudo presentarse y ser recibido por siete de los once ministros que conforman el pleno de la SCJN, entre ellos su presidente Luis María Aguilar Morales.

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El próximo miércoles 31 de agosto se presentará el libro El leviatán roto: el avance del Estado fallido en México, del politólogo Juan Luis Hernández Avendaño, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana Puebla.

Se sabe que el texto, editado por Arteletra Literatura Interdisciplinar, no sólo aborda el problema de la debilidad del Estado frente a las élites políticas y otros grupos fácticos, sino que plantea una serie de acciones que los políticos y los ciudadanos deberían emprender para impedir la catástrofe de México como nación.

El libro será comentado por el periodista Fernando Canales, la directora de Humanidades de la Ibero Puebla, Lilia María Vélez, y el que esto escribe, en el auditorio Manuel Acévez de la mencionada universidad jesuita.

El evento será abierto a todo el público y comenzará en punto de las 17 horas.

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Este fin de semana o en los primeros días de la siguiente podrían darse a conocer nuevos ajustes en el gobierno capitalino encabezado por Luis Banck Serrato. Unos para integrarse al equipo de transición del gobernador electo, José Antonio Gali Fayad, y otros que dejarían la administración municipal para incorporarse al gobierno del estado, como ocurrió con Rafael Ruiz Cordero, que dejó la Secretaría de Administración del ayuntamiento de Puebla para ser designado subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración.

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Me comentan —y tómelo con reserva— que  la presencia de Francisco Javier Zúñiga Rosales, secretario de Infraestructura y Servicios Públicos del ayuntamiento de Puebla en la reunión que ayer sostuvieron los equipos de transición del gobernador electo y el gobernador saliente en la Secretaría de Finanzas del estado obedece a que éste podría llegar a esta dependencia.

La fuente me asegura que a Zúñiga Rosales no habría que descartarlo como sucesor de Eduardo Tovilla Lara en la Subsecretaría de Egresos de la SFA.

Debo confesar que la especie me genera dudas, pues aunque Zúñiga Rosales ha realizado cursos de Administración y Gestión Pública, Teoría y Práctica de la Administración Pública y Finanzas, Proyectos de Inversión, Gobiernos Municipales y el Taller de Finanzas Públicas, es licenciado en Estomatología, es decir, es dentista de profesión.

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Los García Ojeda, beneficiarios de la obra pública del sexenio

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  • Usan diferentes empresas para sus multimillonarios negocios
  • Se multiplican los riesgos de deserción en el PRI poblano

Rodolfo Ruiz R.

Una de las historias más interesantes del sexenio que está por concluir en materia de corrupción y obra pública —y que muy difícilmente podrá tapar el contralor del estado Alejandro Torres Palmer— gira en torno a dos hermanos: Felipe de Jesús y Elfego García Ojeda.

En algunos círculos gubernamentales son conocidos como «Los Pelones» o también como Tiko y Tako, y en lo que va de la administración morenovallista han recibido y ejecutado multimillonarios contratos de obra pública a través de diferentes constructoras.

Los hermanos García Ojeda son discretos. Son escasas las imágenes y videos que se pueden encontrar de ellos, aunque sus empresas aparecen por todos lados: haciendo inútiles ciclopistas, kilómetros de concreto hidráulico en bulevares y las principales avenidas de la capital; caminos y carreteras en la Sierra Norte, la Mixteca y la región de Tepeaca; hospitales, centros de salud y Centros Integrales de Servicios; puentes elevados y hasta dormitorios en Zacapoaxtla.
Y son también generosos con las comisiones que pagan a sus contratantes; con las compras de vinos y licores que se les han llegado a requerir para alguna comida importante; y con los regalos que hacen, entre ellos un reloj de marca con las iniciales en diamantes del beneficiario.

Tiko y Tako son oriundos de Oaxaca, aunque desde hace dos décadas llegaron a Puebla, junto con otros hermanos y parientes que son parte de su compleja red de ingeniería empresarial para hacerse de las principales obras públicas a cargo del Ayuntamiento de Puebla y la Secretaría de Infraestructura y Transportes.
En el sexenio de Mario Marín Torres obtuvieron sus primeros contratos importantes, por lo que apoyaron la campaña de Javier López Zavala a la gubernatura de Puebla en 2010. Lo hicieron con obras en la colonia Viveros del Valle, donde antes de irse a vivir a La Cima, en la zona de Angelópolis, tenían su residencia, y también con dinero.

Felipe de Jesús García Ojeda es arquitecto, tiene 50 años y es el mayor de los hermanos. Elfego tiene como 48 años y es contador público de profesión.

Operan desde diferentes domicilios, aunque últimamente han concentrado sus operaciones en el noveno piso de la Torre JV,  de la Avenida Juárez 2925-902. Sin embargo también lo hacen en Calle Amapola número 1 en la colonia Viveros del Valle, en Calle Andador Plaza del Agua Escondida, en la unidad habitacional Las Margaritas, y en la planta asfaltadora y de maquinaria pesada que tienen en la Carretera a San Miguel Espejo, a la altura del kilómetro 1.2, cerca delparque industrial de Chachapa.

En el gremio de los constructores es sabido que Los Pelones se encuentran entre los principales favorecidos por el gobierno morenovallista —aun a pesar de habérsela jugada políticamente con López Zavala, del que hoy ni se acuerdan—, para lo cual han tenido que echar mano de distintas razones sociales y otro artilugios fiscales y legales de los que próximamente daremos cuenta.

EN CORTO

Ricardo Monreal Ávila, delegado de la Cuauhtémoc en la Ciudad de México, y uno de los principales promotores y activistas del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), anda a la caza de varios políticos priístas.

De buena fuente le puedo adelantar que entre estos se encuentran algunos ex diputados federales y delegados del Comité Ejecutivo Nacional del PRI decepcionados con la forma en que se está designando al sucesor de Manlio Fabio Beltrones Rivera.

Uno de estos es Óscar Aguilar González, quien se desempeñó como delegado de Infonavit en Zacatecas durante el gobierno de Ricardo Monreal.

Otro es un ex diputado federal con presencia en la Sierra Norte de Puebla y que por cierto fue de los pocos que ganó los distritos que se le encomendaron en los recientes comicios locales a favor de Blanca Alcalá Ruiz.

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Las evidencias que ponen en entredicho el compromiso y la militancia priísta de Enrique Ochoa Reza, quien esta semana será nombrado presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, siguen multiplicándose casi en la misma medida que conspicuos miembros de este partido valoran abandonar sus filas.

Unos, decepcionados por la forma en que el presidente Enrique Peña Nieto enfrenta la debacle electoral que sufrió el PRI en los recientes comicios, al ganar sólo cinco de las 12 gubernaturas que estuvieron en juego; otros,  molestos porque se entrega la dirigencia nacional del PRI al grupo que en algunos estados se alió con la oposición para descarrilar a Manlio Fabio Beltrones; y otros porque ven más posibilidades de triunfo fuera del PRI que dentro.

En Puebla varias figuras priístas y aspirantes a la gubernatura de Puebla ya comienzan a valorar que en el 2018 tendrían más posibilidades como candidatos de Morena que del PRI.

Aquí un par de evidencias que ponen en duda el compromiso priísta del ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como sucesor de Manlio Fabio Beltrones en la presidencia del CEN del PRI.

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¿Purga en el PVEM?

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No lo cuente en voz alta, pero el dirigente estatal del PVEM, Juan Carlos Natale López, podría comenzar una purga dentro de su instituto político. Los primeros en la lista serían sus tres diputados locales —José Venancio Ojeda Hoyos, Elías Abaid Kuri y Oswaldo Avendaño López—, quienes simplemente no lo pelan, y menos cuando sus lineamientos chocan con los de Casa Puebla.

José Venancio Ojeda, quien es diputado de mayoría relativa por el distrito que tenía como cabecera al municipio de Tepexi de Rodríguez, el mismo del que ha sido presidente municipal en dos ocasiones, nunca ha sido militante del partido verde.

Su postulación en 2010, como parte de la coalición formada por el PRI y el PVEM, se adjudicó a este último partido, no obstante que jamás ha militado en él. Todos sus cargos de representación popular y como burócrata de la SEP estatal se los debe al tricolor, que lo hizo regidor en 1990, alcalde de Tepexi de 1996 a 1999 y luego de 2008 a 2010.

Elías Abaid sí ha sido militante activo del partido verde e incluso estuvo a punto de convertirse en el sucesor de Juan Carlos Natale el 8 de enero de este año, pero debido a su parentesco con el alcalde electo de Puebla y a las grillas de los priístas poblanos, eso ya no fue posible.

El yerno de José Antonio Gali no sólo se ha desmarcado de quien fue su principal promotor dentro del PVEM, Juan Carlos Natale, sino que ahora es uno de sus detractores debido al rol que éste decidió jugar en los pasados comicios locales, como aliado del PRI y su candidato a la alcaldía, Enrique Agüera Ibáñez —que lo incluyó en su planilla de regidores—, y acérrimo crítico del suegro de Elías Abaid y del gobernador Rafael Moreno Valle.

Oswaldo Avendaño, cuya militancia en el PVEM no es mayor a tres años —ya que antes fue miembro del PRD—, nunca ha sido un cuadro cercano a la dirigencia estatal, ni siquiera en 2012 cuando fue coordinador de la campaña presidencial de Peña Nieto en el distrito federal número 13, o ahora que funge como presidente del Comité Municipal del partido verde en Atlixco.

Avendaño es un político advenedizo que no le guarda ninguna lealtad a Natale, sino a quien le debe prácticamente toda su carrera política desde que egresó de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la BUAP, el joven masón Jesús Ricardo Morales Manzo, de quien ha sido achichincle en el PRD, el PT y el PVEM, así como su suplente y alcahuete en la LVIII Legislatura del Congreso del estado.

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El ayuntamiento de Puebla está por amarrar un importante convenio con la Federación por el obtendría a mediados de octubre alrededor de 15 millones de pesos para la construcción de una nueva área en Industrial de Abasto Puebla o Rastro Municipal, dedicada al sacrificio de bovinos.

Con tal inversión se confirmaría la certificación TIF (Tipo Inspección Federal) del Rastro Municipal en dos líneas de producción: la porcina, en la que se han gastado más de 30 millones de pesos; y la bovina, en la que se invertirían unos 22 millones de pesos, de los cuales 15 serían aportados por la Federación.

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Futurismo municipal

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Aunque seguramente serán varios los personajes que el PAN y el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez recomienden a su sucesor, José Antonio Gali Fayad, para que continúen en el ayuntamiento capitalino, lo cierto es que serán contados los secretarios o directores que pasarán de una administración a otra.

Entre quienes sí tienen posibilidades anote usted a Cecilia Espino Barrientos, titular del Instituto Municipal de las Mujeres, y quien es una de las candidatas a la Dirección General del DIF, gracias a la buena relación que logró construir con la esposa del presidente municipal electo, Alma Dinorah López de Gali, durante la campaña electoral.

Uno que sí podría repetir en el cargo, o incluso ser promovido como secretario debido a sus buenos resultados y a la aceptación que se ha ganado entre hoteleros, restauranteros y demás empresarios de la industria sin chimeneas, es el director de Turismo municipal, Alejandro Cañedo Priesca.

El secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Felipe Velázquez Gutiérrez, es otro de los que se mencionan para permanecer en el ayuntamiento, según los enterados, por el entendimiento y buenas relaciones que hizo con José Antonio Gali cuando éste era su par en el gobierno del estado.

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A la lista agregue también el nombre de Eduardo Vázquez Rossainz, director del Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI), a quien no habría que descartar como secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, siempre y cuando no se ponga en práctica el mando único, mediante el cual los policías de la capital estarían bajo las órdenes del titular de la Seguridad Pública del gobierno del estado.

Y finalmente a la regidora Ana María Verónica Mastretta Guzmán, quien ya forma parte del equipo de transición del presidente municipal electo. La actual presidenta de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Cabildo de Puebla podría llegar a la Secretaría del Medio Ambiente y Servicios Públicos, en lugar de Luis Alejandro Fabre Bandini.

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El despacho del abogado poblano Porfirio Ramírez Mendoza está por ganarle a Petróleos Mexicanos un juicio por incumplimiento de contrato en agravio de la empresa Proyectos en Energía y Soluciones Administrativas, dedicada a la compra-venta y procesamiento de material ferroso.

La empresa, que tiene su matriz en Córdoba, Veracruz, demandó a la paraestatal por su negativa a cumplir con un convenio de 2011 a 2012 para la enajenación onerosa de desechos ferrosos y no ferrosos.

El litigio fue ganado en una primera instancia por la demandante, sin embargo Pemex promovió un amparo que fue negado por el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación, según lo asentado en la TOCA 128/2013-II.

Los problemas entre Pemex y Proyectos en Energía y Soluciones Administrativas comenzaron cuando la paraestatal quiso venderle a la empresa, como chatarra limpia, material ferroso que en realidad era de tercera mano, y con un valor muy inferior al que exigía la paraestatal.

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Y la cosecha de Alcalá nunca se acaba…

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Finalmente no serán tres ni cuatro los funcionarios de primer nivel del equipo de Blanca Alcalá Ruiz que se integrarán al gabinete de Rafael Moreno Valle Rosas y al de Fernando Manzanilla Prieto en la Secretaría General de Gobierno, sino por lo menos seis.

Además de los nombres que le mencioné hace un par de días, agregue los de Rocío Moreno Mendoza, actual coordinadora general de Transparencia, y de Pedro Ocejo Tarno, director general del Instituto Municipal de Arte y Cultura.

Rocío Moreno se integrará a la Secretaría General de Gobierno, por invitación de Fernando Manzanilla; y Pedro Ocejo al Consejo de Cultura del estado, como secretario técnico o secretario ejecutivo, por recomendación del futuro titular de la SEP, Luis Maldonado Venegas.

Los otros cuatro funcionarios del actual ayuntamiento de Puebla que ya tienen una invitación formal para integrarse, a partir del 1 de febrero del año entrante —o antes—, al equipo de Fernando Manzanilla son: Emilio Trinidad Zalvídar, quien asumirá la Coordinación de Comunicación Social de la Secretaría General de Gobierno; Manuel Alonso García, quien pasará, de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a una Dirección en esta dependencia del estado.

Eduardo Vázquez Rossáinz dejará la Dirección del Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata del ayuntamiento de Puebla para ocupar este mismo cargo, pero dentro del Consejo Estatal de Seguridad; y María Fernanda Diez Torres, quien ocupará una dirección en la Coordinación General de Gabinetes, oficina que también dependerá de la Secretaría General de Gobierno.

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A propósito.

El coordinador general de gabinetes de la Secretaría General de Gobierno, en la gestión de Rafael Moreno Valle, será Mario Mendoza Marichal.

Mendoza Marichal es hijo Mario Alfredo Mendoza López, exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado. Cursó la licenciatura en Economía en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y obtuvo la Maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Chicago.

Su carrera en consultoría inició en Booz, Allen & Hamilton, donde se desempeñó como asociado de verano. Posteriormente colaboró en Mercer Management Consulting durante 6 años, en donde llegó a ser socio de la oficina de México.

Ha sido asesor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como del coordinador de Proyectos Productivos del estado de Puebla y del ayuntamiento de la capital.

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Hasta el momento son casi cien los artistas, escritores, creadores, académicos e intelectuales que han firmado una carta abierta dirigida a las próximas autoridades estatales pronunciándose en contra de la desaparición de la Secretaría de Cultura del estado.

Entre los firmantes de la misiva destacan:

Juan Carlos Canales Fernández, Julio Eutiquio Sarabia, Ricardo Moreno Botello, Oscar López Hernández, Rosa Borrás, Federico Vite, Jaime Wolfson, Gabriel Wolfson, Alejandro Badillo, Eduardo Montagner Anguiano.

Aquí el texto de la carta abierta:

A la opinión pública

Durante los últimos ochenta o noventa años los mexicanos hemos visto cómo el país ha sido reinventado cada sexenio. Una tradición antidemocrática ha sido la herencia que nos volverá indignos si la acogemos nuevamente como una más de nuestras prácticas.

Si no la podemos aceptar, mucho menos podemos permitir que se legisle una y otra vez para satisfacer al gobierno en turno antes que para ofrecer a los ciudadanos una vida menos insípida y más participativa. Creemos que es una obligación del Estado procurar alternativas de consumo frente a las industrias culturales. Anhelamos para la presente y para las futuras generaciones un tiempo de ocio creativo y un sentido solidario.

Cuando está por cumplirse el arribo de un nuevo gobierno, el rumor desplaza probables argumentos y probables propuestas que debieran estar a disposición de los ciudadanos para ser juzgados. Se dice, entre otras cosas, que la Secretaría de Cultura habrá de fusionarse con la de Educación. Aunque sin educación la cultura se torna un hecho precario, no es menos cierto que una y otra son ámbitos que reclaman saberes y estrategias muy distintos. Los problemas de la educación en el estado son tan alarmantes que exigen una Secretaría ajena a cualquier otra distracción de otra índole, por muy próximos que los avatares de la cultura parezcan. Del mismo modo, las necesidades culturales de la ciudadanía, fundamentales para el buen gobierno, el desarrollo individual y la convivencia política, ameritan un espacio de acción específico. Por eso nos parece un yerro mayúsculo de la nueva administración que se pretenda incorporar la Secretaría de Cultura a la de Educación. Sería absurdo que los yerros de quienes la han dirigido en otros tiempos lleven a pensar en su desaparición. Un razonamiento así llevaría a conjeturar otro de orden muy pedestre: que los desatinos de nuestros gobernantes se cancelen de una vez por todas al prescindir de todo gobierno. No cabe ni es deseable un propósito de ese talante.

No debe desaparecer la Secretaría de Cultura porque ella misma, como entidad, representa un bastión importante de nuestras aspiraciones como seres cuyos nutrientes no sólo son materiales.

Sí deben desaparecer aquellos hábitos que en el pasado adulteraron los fines para los que fue creada.

Sí deben los servidores públicos que allí arriben apegarse a la ley de cultura que, en su momento, aprobó el Congreso del Estado: para que en adelante no se pretexte ambigüedad, dicha ley deberá examinarse y enmendarse en su faltas.

Sí debe hacer entrada en esa dependencia la racionalidad administrativa y considerar que su desempeño atañe a un territorio de 217 municipios.

Sí debe desaparecer la burocracia omisa, lerda y enquistada para satisfacer sus propios intereses.

No debe ser la Secretaría de Cultura en adelante un instrumento de propaganda sino la instancia que otorgue satisfactores estéticos a una población de uno u otro partido, de una u otra creencia. Si desde la cultura se fomentan aspiraciones ciudadanas, tendremos más y mejores votantes, mejores interlocutores y mejores gobernantes. En suma, individuos conocedores del valor que hay en la tolerancia frente al otro.

Los abajo firmantes:

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Simón dice:

«Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie.»

Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957) Escritor italiano.

Preguntas para joder al prójimo

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¿Si el presidente municipal electo de Puebla fuera Rafael Moreno Valle Rosas en lugar de Eduardo Rivera Pérez, a poco la alcaldesa saliente Blanca Alcalá Ruiz se hubiera atrevido a lanzar una campaña de condonación y descuentos de intereses, multas, recargos y hasta de la suerte principal dirigida a los morosos del impuesto predial?

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¿La campaña del ayuntamiento de Puebla de pague hoy el impuesto predial del 2011 con base en las tarifas catastrales del 2010 tiene el aval del presidente municipal electo, el panista Eduardo Rivera Pérez?

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¿Quién en su sano juicio puede creer que el gobernador saliente Mario Marín Torres nada tiene que ver con la iniciativa priísta de desaparecer la Gran Comisión del Congreso del estado, para sustituirla por una Junta de Coordinación Política que quede bajo el control de los próximos diputados emanados del tricolor?

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¿A poco si Mario Marín no estuviera tan seguro de que Rafael Moreno Valle respetará el pacto político que selló con él y Elba Esther Gordillo para dejar en la impunidad sus excesos y abusos, se atrevería a desconocer los acuerdos a que llegó su secretario de Gobernación Valentín Meneses Rojas con el coordinador del equipo de transición del gobernador electo Fernando Manzanilla Prieto para mantener sin cambios el órgano de gobierno del Poder Legislativo?

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¿Si el gobierno del estado ya tiene planchado, como presume, el problema del adeudo fiscal que tiene con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al Impuesto Sobre la Renta (ISR), entonces por qué este martes auditores del Sistema de Administración Tributaria volvieron hacerse presentes en el edificio de la Secretaría de Finanzas y Administración para saber cuándo y cómo las autoridades poblanas se pondrán al corriente?

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¿Si las giras y conferencias del presidente del Senado Manlio Fabio Beltrones Rivera a lo largo y ancho del país tienen como único propósito impulsar una discusión nacional sobre la Reforma de Estado que México necesita, entonces por qué utiliza el internet para promocionar su imagen personal y no las iniciativas que propone?

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Simón dice:

«Cuando se quiere saber una cosa, lo mejor que se puede hacer es preguntarla.»

Georges Duhamel (1884-1966) Escritor francés.

En Tlaxcala también hace aire

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Alguien que ya logró su patente de notario público —pero en el estado de Tlaxcala— es un viejo conocido de los poblanos: Germán Escobar Arrona, que mucho dio de qué hablar en el sexenio piñaolayista y en la gestión municipal de Marco Antonio Rojas Flores, durante la cual se desempeñó como secretario general del ayuntamiento de Puebla.

Este premio sexenal que —como el lector juzgará— no es privativo de Puebla, se le otorgó por su cercanía con el gobernador panista de Tlaxcala, Héctor Ortiz Ortiz, a quien sirve como asesor y presidente de la Comisión Estatal para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana.

Otros beneficiados con notarías en la vecina entidad tlaxcalteca son Oswaldo Ramírez Ortiz y Eduardo Lozano Tovar, sobrino y cuñado del gobernador Héctor Ortiz.

A la lista de 16 favorecidos hay que añadir los nombres de Cesáreo Santamaría Madrid, expresidente del Instituto Electoral de Tlaxcala; Rubén Flores Leal, excoordinador de asesores del gobernador saliente, exdirigente estatal de Convergencia y operador político del gobernador electo Mariano González Zarur; Carlos Ixtlapale Carmona, hijo de Carlos Ixtlapale Pérez, presidente del Colegio de Notarios; y Aldo Calva Reyes, vástago del diputado local priísta Aristeo Calva Lira.

No está de más señalar que el nombramiento de notarios públicos en Tlaxcala se hizo en lo oscurito, y en medio de fuertes cuestionamientos de los diputados locales del PRI y el PRD, que sólo saben que las patentes se otorgaron el pasado 10 de septiembre a un grupo de amigos, funcionarios y recomendados del gobernador saliente.

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Aunque el nuevo Centro Expositor de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe aún no se termina, ya comenzó a ser comercializado y con relativo éxito.

A la fecha, son dos las convenciones que se han amarrado y seis más las que están a punto de cerrarse.

El primer evento es el Congreso Mexicano del Petróleo 2011, que reunirá a 2 mil 800 participantes del 4 al 12 de junio del año próximo.

Para este Congreso, los organizadores solicitaron 9 mil metros cuadros para instalar 550 stands de exposición —400 de los cuales ya están vendidos— y 3 mil 500 metros cuadrados para sesiones plenarias.

Este importante Congreso dejará, para la capital del estado —sólo en alimentos y hoteles—, una derrama económica de 29 millones de pesos, pues se estima tener ocupadas por cinco días 2,800 habitaciones al menos.

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El segundo magno evento que ya también está amarrado en el nuevo Centro Expositor es el Congreso Nacional de Charros, que tendrá lugar en octubre del año entrante.

Se trata de una competencia que reúne a las principales asociaciones de charros del país y de los Estados Unidos durante 18 días.

En 2009, el Congreso Nacional Charro se efectuó en Guadalajara, Jalisco, dejando a la capital tapatía una derrama económica de 120 millones de pesos.

Estos dos Congresos, más los seis que están por concretarse, son resultado de las gestiones del Buró de Congresos y Convenciones que preside Gustavo Rosales Bretón, y del director del Centro de Convenciones de Puebla y presidente de la Región Centro de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, Exposiciones y Convenciones (AMPROFEC), José Yitani Maccise.

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Simón dice:

«Nadie abandona el cargo de presidente con el mismo prestigio y respeto que le llevó ahí.»

Thomas Jefferson (1743-1826) Político Estadounidense.

Apretada ventaja priísta en los distritos de la capital

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Si bien en las elecciones para gobernador y presidente municipal, la Alianza Puebla Avanza aventaja por seis y cinco puntos, respectivamente, a la coalición opositora Compromiso por Puebla, el panorama en los seis distritos de la capital no es del todo halagüeño.

De entrada porque la alianza formada por el PRI y el PVEM no ganaría los seis distritos. Perdería el sexto por apenas 6 décimas de punto.

Según el tracking poll diario realizado por Opina Consultoría Estratégica, si el 3 de junio se hubieran efectuado las elecciones para diputados locales de mayoría relativa, la Alianza Puebla Avanza habría ganado el primer distrito con 7.7 puntos de diferencia; el segundo con 10 puntos; el tercero con 6.9 puntos; el cuarto con 5 puntos; y el quinto con 9 puntos.

El problema para los candidatos priístas es que en tres distritos sus contrincantes de la coalición opositora —formada por el PAN, el PRD, el PANAL y Convergencia— los han alcanzado o rebasado durante el último mes.

Según el estudio demoscópico de la empresa consultora de Rigoberto Benítez, en el primer distrito el candidato de la coalición opositora empató a su contrincante de la alianza PRI-PVEM el 24 de mayo; y el 25 lo rebasó por 4 puntos.

En el cuarto distrito se presentó este mismo fenómeno los días 17 y 25 de mayo, aunque por una diferencia menor a 2 puntos.

Y en el sexto distrito, el candidato de la coalición opositora ha estado por arriba de la candidata de la Alianza Puebla Avanza en dos ocasiones (11 de mayo y 3 de junio) por 4.2 puntos y 6 décimas de punto.

En la elección para presidente municipal de Puebla, Mario Montero hubiera ganado la alcaldía por 5 puntos de diferencia, sacando ventaja en cinco de los seis distritos. En el sexto distrito, su contrincante —el panista Eduardo Rivera Pérez— lo habría derrotado por 8 puntos.

Por lo que hace a la elección para gobernador, el priísta Javier López Zavala habría derrotado a Moreno Valle por seis puntos y ganado los seis distritos, aunque el sexto por una diferencia de apenas 6 décimas de punto.

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Tómelo con reserva, pero una fuente confiable me asegura que la poca química del líder sindical de los trabajadores del ayuntamiento de Puebla, Israel Pacheco Velázquez, con el candidato de la Alianza Puebla Avanza a la alcaldía de la capital, Mario Montero Serrano, radica en que éste no le cumplió la promesa de hacerlo candidato a diputado o mínimo integrante de su planilla.

La misma fuente me jura que ésta es también la causa de los coqueteos de Israel Pacheco con el candidato de la coalición opositora a suceder a Blanca Alcalá Ruiz, así como de otros exregidores dogeristas que están apoyando al panista Eduardo Rivera, como la excenopista Gabriela Escobar del Razo y los exlíderes sindicales Fernando Rojas Cristerna, del IMSS, y José Luis Rodríguez Salazar, de la VW.

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Simón dice:

«La ventaja se la lleva aquél que aprovecha el momento oportuno.»

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832) Poeta y dramaturgo alemán.

Blas Villegas, político en desgracia

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De un momento a otro, Blas Villegas Lara podría dejar la dirección de la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del ayuntamiento de Puebla, ser inhabilitado del servicio público y sujeto a un proceso administrativo por desvío de recursos públicos federales.

Y no porque su jefa, la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, vaya a ceder a las presiones de la regidora panista Marisa Ortiz Mantilla; ni por su distanciamiento con quien fuera su protector en el pasado reciente, el secretario de Obras Públicas del gobierno del estado, Javier García Ramírez; tampoco porque haya sido incapaz de regular y controlar a las empresas propietarias de anuncios espectaculares, que en esta coyuntura electoral han hecho su agosto.

Para nada. Su renuncia en realidad está relacionada con una investigación que le sigue la Secretaría de la Función Pública por desvío de recursos federales, siendo director general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (Ceaspue), durante la gestión de Mario Marín Torres.

De acuerdo con fuentes confiables cercanas al caso, Blas Villegas —en complicidad con algunos funcionarios de la dependencia, como el actual director de Planeación, Alejandro Pérez Morales, y el director Administrativo, Sergio Aguilar de Llanohabría simulado la ejecución de obra pública (plantas de tratamiento) en algunos municipios de la entidad.

Este martes, personal de la Contraloría del estado, que coadyuva en la investigación de la Secretaría de la Función Pública, se apersonó en las oficinas de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento para ultimar algunos detalles del reporte de auditoría.

Trascendió que el monto del desvío asciende a los ocho millones de pesos y que la mayor irregularidad estriba en la simulación de algunas obras en los municipios de San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros, Teziutlán y Zacatlán, mismas que se pagaron como nuevas, aunque ya estaban realizadas.

Blas Villegas se desempeña actualmente como titular de la Agencia de Protección al Medio Ambiente, cargo que podría dejar en cualquier momento.

Alejandro Pérez Morales funge como director de Planeación de la Ceaspue, aunque al comienzo del gobierno marinista fue nombrado director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, de la que salió por malos manejos, situación que se repitió más adelante en el Instituto de Asistencia Pública del estado de Puebla (IAPEP), durante la gestión de José Garmilla Herrera, quien lo nombró subdirector de Administración de Negocios.

Sergio Aguilar, quien hasta hoy despacha como director Administrativo de la Ceaspue, fue funcionario de la Secretaría de Educación Pública del estado.

Como se verá, puras finas personas.

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Otro funcionario estatal que también está siendo auditado por parte de la Secretaría de la Función Pública es el secretario de Salud, José Alfredo Arango García.

Hasta donde se sabe, los auditores han centrado su análisis en los recursos otorgados por la Federación al estado, a través del llamado Seguro Popular, y con los cuales se habrían adquirido mobiliario, equipo e instrumental médico, así como material de curación, ropa hospitalaria y medicamentos a sobreprecio.

La auditoría es sobre el ejercicio presupuestal del 2009, con énfasis en los últimos meses de ese año, que es cuando Arango fue nombrado secretario de Salud —en sustitución de Antonio Marín y López— y cuando la Federación liberó la mayor parte de los fondos del Seguro Popular.

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A quien todavía no le cae la Secretaría de la Función Pública, ni el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Migración (INM), es a la delegada estatal de este organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, Rocío Sánchez de la Vega Escalante.

Y es que hace 15 días se le escapó de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración un colombiano, hecho que ha pretendido ocultarse a la opinión pública para no afectar la imagen de la joven funcionaria federal panista.

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Simón dice:

«Cuando llega la desgracia, nunca viene sola, sino a batallones.»

William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.

Héctor Alonso, prepotencia opositora

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 Este jueves se confirmó el adelanto que mi colega Arturo Luna Silva publicó sobre la salida de Marcos Castro Martínez de la secretaría general del Comité Directivo Estatal del PAN.

Marcos Castro fue designado coordinador del Programa 70 y más —a cargo de la Delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social—, dirigido a la atención de las personas mayores de 70 años, que viven en poblaciones rurales de no más de 30 mil habitantes, y a las que mensualmente se les entrega una compensación económica de 500 pesos.

Para cubrir la vacante que Marcos Castro dejó en el CDE del PAN, Pablo Montiel Solana fue nombrado secretario general, posición que también peleaba el morenovallista Raúl Ramírez Droaillet.

La designación de Pablo Montiel abre varias interrogantes:

¿Dejará la coordinación de regidores panistas en el ayuntamiento de Puebla o se mantendrá en las dos posiciones?

¿Si decide conservar ambos cargos, tendrá tiempo suficiente para atenderlos?

¿Cobrará doble sueldo o sólo se quedará con el más alto?

¿Si pide licencia como regidor, qué pasará con su suplente Rafael von Raesfeld?

¿Éste rendirá protesta como regidor o seguirá como candidato a diputado local por la vía plurinominal?

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Poco ayudan a la coalición opositora Compromiso por Puebla las actitudes de algunos de sus candidatos, como Héctor Alonso Granados, que el martes de esta semana amenazó y ofendió a la presidenta de la unidad habitacional Xilotzingo, María de Lourdes Mendoza Bonilla, porque ésta le negó el salón social para un acto de campaña.

La altanería y soberbia del candidato a diputado local por el distrito 4 de Puebla fueron de tal magnitud que la agraviada le presentó esa misma noche una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de amenazas, misma que quedó asentada en la averiguación previa C.H.3368/2010/SUR.

En su denuncia, Mendoza Bonilla refiere que Héctor Alonso la ofendió, la amenazó y estuvo a punto de golpearla, cuando le dijo que no le podía facilitar el salón social de la Unidad Habitacional el sábado 1 de mayo, y tampoco el sábado 8 de mayo, porque esos días estaría ocupado con otros eventos que previamente se habían agendado.

Héctor Alonso es dirigente del Comité Municipal del Partido Nueva Alianza y candidato a diputado por la coalición opositora Compromiso por Puebla, que agrupa al PAN, al PRD, a Convergencia y al PANAL.

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Este jueves se presentó el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) —que mide y compara las 33 legislaciones estatales y del Distrito Federal en la materia—, que es elaborado por dos organizaciones estudiosas de la transparencia y la rendición de cuentas: Fundar y Article 19.

Y la novedad, que ya debería dejar de serlo, es que Puebla salió reprobada en este Índice, al situarse en la posición número 27, sólo por arriba de los estados de Sonora, Quintana Roo, Baja California, Querétaro, Baja California Sur y Guerrero, que ocupan los últimos lugares del ranking.

 

 

 

Ranking

Entidad Federativa

Índice Base

1

Distrito Federal

0.89

2

Chihuahua

0.76

3

Nuevo León

0.74

4

Morelos

0.73

5

SLP

0.73

6

Veracruz

0.73

7

Nayarit

0.71

8

Tlaxcala

0.70

9

Durango

0.67

10

Oaxaca

0.67

11

Federal

0.65

12

Chiapas

0.64

13

Coahuila

0.63

14

Tabasco

0.63

15

Campeche

0.61

16

Edomex

0.61

17

Jalisco

0.59

18

Sinaloa

0.59

19

Yucatán

0.59

20

Zacatecas

0.59

21

Aguascalientes

0.58

22

Guanajuato

0.58

23

Colima

0.57

24

Hidalgo

0.56

25

Michoacán

0.55

26

Tamaulipas

0.55

27

Puebla

0.53

28

Sonora

0.52

32

Quintana Roo

0.49

29

Baja California

0.45

30

Querétaro

0.44

31

BCS

0.43

33

Guerrero

0.36

El IDAIM genera dos mediciones: el Índice Base y el Índice de Progresividad. El primero mide la concordancia de las leyes de transparencia con la Constitución mexicana y el desarrollo legislativo nacional con base en criterios mínimos de protección del Derecho de Acceso a la Información. El segundo, el Índice de Progresividad, contrasta las leyes con estándares internacionales y buenas prácticas. El rango de medición del Índice va del 0 al 1. 

Según la investigación, los principales obstáculos para la realización del Derecho de Acceso a la Información en México son los siguientes:

La falta de mecanismos de designación que permitan garantizar la independencia de las y los comisionadas/os o consejeras/os de información para realizar el mandato de protección del Derecho de Acceso a la Información. En algunos casos, las y los comisionadas/os son designados por el poder ejecutivo y en el estado de Coahuila en particular, las leyes omiten establecer los requisitos mínimos para acceder al cargo de comisionada/o.

La ausencia de definición clara de sanciones a los funcionarios que no cumplan con las obligaciones de transparencia.

La complejidad de los requisitos para solicitar información y el elevado costo del acceso a la misma. Por ejemplo, algunas legislaciones como las de Baja California Sur, Durango y Guerrero todavía no prevén ni siquiera sistemas electrónicos como parte de los medios para ingresar solicitudes de información.

La multiplicación de las restricciones al acceso a la información y la falta de reglas para la difusión proactiva de una información pública, veraz y oportuna.

La exclusión de algunas organizaciones que reciben financiamiento público: los partidos políticos quedan fuera de las obligaciones y muy pocos estados consideran a los sindicatos como sujetos obligados por ley.

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Simón dice:

«A veces de noche, enciendo la luz para no ver mi propia oscuridad.»

Antonio Porchia (1886-1968) Escritor argentino de origen italiano.

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