Antes de que concluya esta semana los diputados de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado tendrán en su escritorio copia de la denuncia que su compañero de curul José Manuel Janeiro Fernández formuló por el probable delito de evasión fiscal en contra del secretario de Finanzas del gobierno del estado, Gerardo María Pérez Salazar.

La intención del legislador panista es, por un lado, evidenciar la labor de fiscalización del OFS y su auditor general Víctor Manuel Hernández Quintana, a quien le pasó de noche un hoyo fiscal de alrededor de 3,500 millones de pesos y, por otro lado, cuestionar la prisa de los legisladores priístas por aprobar al vapor la cuenta pública del gobernador Mario Marín Torres correspondiente al 2010.

Para el diputado Janeiro tanto el auditor externo como el auditor general del OFS son corresponsables del probable delito de evasión fiscal en que incurrieron diversos funcionarios de la Secretaría de Finanzas, al callar u omitir en sus dictámenes el no pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) respecto a los ingresos de carácter extraordinario pagados a la burocracia estatal entre 2005 y 2010.

«El gobierno del estado de Puebla, como cualquier patrón, tenía (y tiene) la obligación de retener el ISR a sus trabajadores y entregarlo al Servicio de Administración Tributaria (SAT)», se lee en uno de los párrafos de la denuncia presentada por el legislador panista ante la Administración Local de Asistencia al Contribuyente Puebla Norte, en los primeros días de octubre.

En su querella, que sirvió de base para que la Secretaría de Hacienda iniciara una auditoría fiscal al gobierno del estado, Janeiro Fernández cuestiona: «con qué autoridad la Secretaría de Finanzas puede cobrar impuestos si es la primera en evadir sumas millonarias… es indignante que el mismo gobierno fortalezca la visión de que es tonto el contribuyente cumplido».

La denuncia formulada por el diputado panista se acompaña de dos anexos, uno que contiene un informe del OFS sobre la cuenta pública del ejercicio 2007, donde se reconoce que el gobierno del estado no retiene a sus trabajadores el ISR de las compensaciones (J1 a J9) que paga a sus trabajadores y, una respuesta de la Secretaría de Finanzas en la que reconoce que al 23 de agosto de 2010 no se había adherido al decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008.

El propósito de la denuncia de Janeiro es, como ya se dijo, poner en tela de duda la labor de fiscalización del OFS e impedir que la cuenta pública del gobernador Mario Marín correspondiente a su último año de gestión se apruebe fast track, a partir de cuestionar por qué si el gobierno estatal recibió entre 2005 y 2010 más de 30 mil millones de pesos de recursos extras, no pudo destinar el 10% de esa cantidad para cumplir con sus obligaciones fiscales.

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Simón dice:

«Se conocen infinitas clases de necios; la más deplorable es la de los parlanchines empeñados en demostrar que tienen talento.»

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)　Médico español.

* De 2005 a la fecha el gobierno evade el ISR por compensaciones

* Se estima que el adeudo podría ascender a 3,500 millones de pesos

A raíz de lo aquí publicado sobre el adeudo de casi 3,500 millones de pesos del gobierno del estado a la federación por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la denuncia que por evasión fiscal presentó el diputado José Manuel Janeiro Fernández en contra de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inició una auditoría a la administración marinista.

El propósito de la auditoría, que se inició hace un par de semanas en el domicilio de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, es estimar a cuánto asciende la suma de ISR que la administración marinista no entera a la Secretaría de Hacienda —de 2005 a la fecha— por las compensaciones no gravadas que quincena con quincena cubre a sus funcionarios.

El pasado 12 de septiembre le adelantaba aquí que uno de los puntos conflictivos en la entrega-recepción de la administración estatal sería sin duda, el fiscal, por un adeudo de más de 3 mil 500 millones de pesos por concepto de ISR, producto de la diferencia entre lo que el gobierno del estado debe pagar y lo que en realidad cubre a la Secretaría de Hacienda por este gravamen.

Le decía que incluso el subsecretario de Egresos, David Villa Issa, ya tenía un estimado de ese hoyo fiscal, a partir de la suma no enterada de 2005 a 2009 por las compensaciones exentas de ISR que el gobierno marinista pagó a su burocracia dorada.

Según ese diagnóstico, en 2005 la Secretaría de Finanzas debía pagar 518 millones de pesos de ISR por el total de su nómina, pero sólo cubrió 189 millones, historia que se repitió en los años subsecuentes.

En 2006, sólo pagó 229 millones de un total de 528 millones; en 2007, 271 millones de 603 millones; en 2008 1,039 millones de un total de 1,798 millones; y en 2009, 1,098 millones de un total de 2,094 millones de pesos.

Tal situación no pasó inadvertida para algunos actores políticos. El legislador panista José Manuel Janeiro se subió al tema y en la primera semana de octubre se apersonó en la oficina Puebla Norte de la Administración Local de Asistencia al Contribuyente del SAT para denunciar a la Secretaría de Finanzas y a sus principales funcionarios —Gerardo María Pérez Salazar y David Villa Issa— de evasión fiscal.

En su querella el diputado local sostiene que los funcionarios arriba mencionados son responsables del delito de evasión por no pagar a la Secretaría de Hacienda el ISR de las compensaciones salariales de los funcionarios del gobierno del estado, a pesar de la obligación que tienen de hacerlo, por disposición o sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y por rehusarse a suscribir un convenio de quitas con la Federación para regularizar esa situación.

A partir de la denuncia de Janeiro, la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria abrió una investigación e inició una auditoría en las oficinas centrales de la Secretaría de Finanzas para documentar a cuánto ascienden los adeudos fiscales del gobierno del estado por concepto de ISR y para determinar si su titular Gerardo Pérez Salazar o el subsecretario de Egresos, David Villa Issa, incurrieron en alguna responsabilidad penal o administrativa por no cobrarlos, ni enterarlos a la Federación.

EN CORTO

Tómelo con reserva, pero una fuente digna de crédito me asegura, en consonancia con lo aquí publicado el domingo 17 de octubre, que la Unidad de Inteligencia Financiera del Secretaría de Hacienda investiga a diversos funcionarios de la administración estatal saliente por llevar una forma de vida que no corresponde a su nivel de ingresos como servidores públicos.

Entre los secretarios y colaboradores de Mario Marín que estarían siendo investigados por esta instancia federal destacan el secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar; el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Javier García Ramírez, y el exdiputado federal Jorge Estefan Chidiac.

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Este domingo se aseguró que la actual delegación del PAN en el municipio de Puebla, a cargo de Miguel Méndez Gutiérrez, pueda recuperar el estatus de Comité que perdió hace un año, una vez que han acudido a registrase para participar en la asamblea del próximo 7 de noviembre 1,100 miembros activos.

El quórum mínimo requerido para la convención era de 1,026 miembros activos, es decir, un tercio de los que aparecen en el padrón oficial del PAN en la capital del estado.

Ahora el reto del candidato único a la dirigencia municipal panista Gerardo Maldonado Balvanera será garantizar que al menos la mitad de los panistas que se inscribieron asistan a la convención del próximo domingo y que la mayoría de éstos lo apoye para presidir el Comité Directivo Municipal.

La convención está prevista para el domingo 7 de noviembre en el Salón La Luz del Centro de Convenciones, a partir de las 9 de la mañana.

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Cuentan que en la gira que por diferentes ciudades y universidades de España realizó el rector de la BUAP en compañía de cuatro de sus colaboradores —José Ramón Eguibar Cuenca, Jaime Vázquez López, Alfonso Esparza Ortiz y Pedro Hugo Hernández Tejeda—, hubo un momento en que Enrique Agüera Ibáñez les dijo que uno de ellos se convertiría en su sucesor.

Lo interesante de la anécdota, según la fuente, es que esa confidencia se dio durante una cena en la que no estuvo presente el vicerrector de Investigación y Estudios de Postgrado, Pedro Hugo Hernández, y que después de ese encuentro hubo otro pero sólo entre el tesorero Alfonso Esparza y el vicerrector de Docencia, Jaime Vázquez.

De acuerdo con la misma fuente ambos personajes advirtieron el riesgo de que José Ramón Eguibar pudiera despuntar, en el contexto de la nueva realidad política del estado y de la BUAP, e hicieron un pacto de no agresión y de que uno se sumaría al otro cuando finalmente se decidiera cuál de los dos sería nominado para la rectoría de la máxima casa de estudios.

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Simón dice:

«El que no piensa en sus deberes sino cuando se los recuerdan, no es digno de estimación.»

Plauto (254 AC-184 AC). Dramaturgo cómico romano.

* Protegen a presidente distrital que simula secuestro

* Solapan en el IEE compras fraccionadas y piratas

Los estrategas del candidato a la presidencia municipal de Puebla de la alianza formada por el PRI y el PVEM, no están siendo muy cuidadosos en el manejo de las encuestas.

Un día dicen que Mario Montero Serrano aventaja a su contrincante de la coalición Compromiso por Puebla, Eduardo Rivera Pérez, por dos a uno; otro que el margen de victoria del priísta sobre el panista se amplió, y finalmente —ellos mismos— terminan reconociendo que en realidad la diferencia entre uno y otro es de sólo 11 puntos.

Este torpe manejo mediático podría complicarse en los próximos días, cuando se publiquen los resultados de otras firmas encuestadoras del Distrito Federal, que incluso ubican al abanderado de la coalición opositora a la cabeza de las preferencias electorales.

Dicho estudio demoscópico, al cual tuvo acceso este reportero, revela que si hoy fuera la elección para presidente municipal de Puebla, Mario Montero y la Alianza Puebla Avanza obtendrían el 36% de la votación bruta, y el 47% de la votación efectiva, mientras Eduardo Rivera de la coalición Compromiso por Puebla, el 41% de la votación bruta, y el 53% de la votación efectiva.

En la misma encuesta —aplicada a una muestra de 1,500 casos entre el 16 y el 18 de abril en la capital del estado, con un margen de error de más menos 2.5%— se indagó la preferencia por partido, con los siguientes resultados:

Voto Bruto| Voto Efectivo

  PAN 33%   |     PAN 41%

  PRI 32%    |     PRI 40%

  PRD 7%     |      PRD 8%

  NS/NC 20%

Un detalle que no omite el estudio es que a poco más de dos meses de la jornada electoral los poblanos creen que Mario Montero será el vencedor en los comicios del próximo 4 de julio. A la pregunta ¿Cuál partido cree usted que ganará la elección para presidente municipal?, el 46% de los entrevistados respondió que el PRI y el 34% que el PAN.

La firma que elaboró el estudio —y cuya denominación me comprometí a no publicar— tiene su sede en el Distrito Federal, en la delegación Cuauhtémoc, y ha participado en diferentes proyectos de investigación, algunos de ellos contratados por la Presidencia de la República en lo que va del sexenio.

¿Qué va a pasar cuando los resultados de esta firma se publiquen?

¿Seguirán siendo creíbles las versiones de que los candidatos del PRI o de la Alianza Puebla Avanza están ampliando su ventaja?

O, por el contrario ¿Perderán credibilidad las encuestas de Indicadores de Elías Aguilar? y ¿crecerá la sospecha de que el PAN o los candidatos de la coalición Compromiso por Puebla están dando la pelea, y aún tienen alguna oportunidad de ganar?

EN CORTO

En el transcurso de los próximos días se ventilarán al seno del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) una serie de anomalías, en las licitaciones y adjudicaciones de equipo de cómputo, mobiliario y otros bienes e insumos, a cargo del Comité de Adquisiciones.

Por lo pronto, le adelanto que a pesar de lo que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal establece, algunas compras de equipo se están fraccionando.

Para muestra los acuerdos con clave CA-AC-13/2009 y CA-AC-07/2009, de la misma fecha 26 de noviembre de 2009, para la adquisición de equipo de cómputo.

Una cuestión ligada con la anterior, pero aún más delicada, es que los equipos que se adquieren como originales al parecer no lo son, como las once notebooks, que por un monto de 23 mil pesos cada una, fueron entregadas hace unos días a los directores y funcionarios de primer nivel del Instituto.

Pronto le tendré mayores detalles.

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Simón dice:

«Hay tres clases de mentiras: La mentira, la maldita mentira y las estadísticas.»

Mark Twain (1835-1910) Escritor y periodista estadounidense.

 Este jueves se confirmó el adelanto que mi colega Arturo Luna Silva publicó sobre la salida de Marcos Castro Martínez de la secretaría general del Comité Directivo Estatal del PAN.

Marcos Castro fue designado coordinador del Programa 70 y más —a cargo de la Delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social—, dirigido a la atención de las personas mayores de 70 años, que viven en poblaciones rurales de no más de 30 mil habitantes, y a las que mensualmente se les entrega una compensación económica de 500 pesos.

Para cubrir la vacante que Marcos Castro dejó en el CDE del PAN, Pablo Montiel Solana fue nombrado secretario general, posición que también peleaba el morenovallista Raúl Ramírez Droaillet.

La designación de Pablo Montiel abre varias interrogantes:

¿Dejará la coordinación de regidores panistas en el ayuntamiento de Puebla o se mantendrá en las dos posiciones?

¿Si decide conservar ambos cargos, tendrá tiempo suficiente para atenderlos?

¿Cobrará doble sueldo o sólo se quedará con el más alto?

¿Si pide licencia como regidor, qué pasará con su suplente Rafael von Raesfeld?

¿Éste rendirá protesta como regidor o seguirá como candidato a diputado local por la vía plurinominal?

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Poco ayudan a la coalición opositora Compromiso por Puebla las actitudes de algunos de sus candidatos, como Héctor Alonso Granados, que el martes de esta semana amenazó y ofendió a la presidenta de la unidad habitacional Xilotzingo, María de Lourdes Mendoza Bonilla, porque ésta le negó el salón social para un acto de campaña.

La altanería y soberbia del candidato a diputado local por el distrito 4 de Puebla fueron de tal magnitud que la agraviada le presentó esa misma noche una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de amenazas, misma que quedó asentada en la averiguación previa C.H.3368/2010/SUR.

En su denuncia, Mendoza Bonilla refiere que Héctor Alonso la ofendió, la amenazó y estuvo a punto de golpearla, cuando le dijo que no le podía facilitar el salón social de la Unidad Habitacional el sábado 1 de mayo, y tampoco el sábado 8 de mayo, porque esos días estaría ocupado con otros eventos que previamente se habían agendado.

Héctor Alonso es dirigente del Comité Municipal del Partido Nueva Alianza y candidato a diputado por la coalición opositora Compromiso por Puebla, que agrupa al PAN, al PRD, a Convergencia y al PANAL.

El IDAIM genera dos mediciones: el Índice Base y el Índice de Progresividad. El primero mide la concordancia de las leyes de transparencia con la Constitución mexicana y el desarrollo legislativo nacional con base en criterios mínimos de protección del Derecho de Acceso a la Información. El segundo, el Índice de Progresividad, contrasta las leyes con estándares internacionales y buenas prácticas. El rango de medición del Índice va del 0 al 1. 

Según la investigación, los principales obstáculos para la realización del Derecho de Acceso a la Información en México son los siguientes:

La falta de mecanismos de designación que permitan garantizar la independencia de las y los comisionadas/os o consejeras/os de información para realizar el mandato de protección del Derecho de Acceso a la Información. En algunos casos, las y los comisionadas/os son designados por el poder ejecutivo y en el estado de Coahuila en particular, las leyes omiten establecer los requisitos mínimos para acceder al cargo de comisionada/o.

La ausencia de definición clara de sanciones a los funcionarios que no cumplan con las obligaciones de transparencia.

La complejidad de los requisitos para solicitar información y el elevado costo del acceso a la misma. Por ejemplo, algunas legislaciones como las de Baja California Sur, Durango y Guerrero todavía no prevén ni siquiera sistemas electrónicos como parte de los medios para ingresar solicitudes de información.

La multiplicación de las restricciones al acceso a la información y la falta de reglas para la difusión proactiva de una información pública, veraz y oportuna.

La exclusión de algunas organizaciones que reciben financiamiento público: los partidos políticos quedan fuera de las obligaciones y muy pocos estados consideran a los sindicatos como sujetos obligados por ley.

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Simón dice:

«A veces de noche, enciendo la luz para no ver mi propia oscuridad.»

Antonio Porchia (1886-1968) Escritor argentino de origen italiano.

La madrugada del sábado, el presidente del Consejo Electoral Distrital número 4, Raúl Manuel Flores Rodríguez, protagonizó un grave accidente de tránsito, por el cual se encuentra en terapia intensiva una analista de ese órgano del Instituto Electoral del Estado (IEE), que esa noche iba con él.

El accidente, que en un principio trató de encubrirse, para proteger a este funcionario electoral, hoy se ha desvirtuado para simular un falso secuestro.

De hecho, Flores Rodríguez ya acudió ante el Ministerio Público a levantar una constancia de hechos, mediante la cual pretende ocultar lo ocurrido ese sábado, cuando destrozó una camioneta del IEE que conducía en estado de ebriedad.

Lejos de confesar su culpa y admitir su error, que hoy tiene en terapia intensiva a su compañera de juerga, el presidente del Consejo Distrital ha pretendido inventarse un supuesto secuestro, como causa del aparatoso accidente vehicular.

Sin embargo, su historia es tan inverosímil que nadie —salvo el Ministerio Público— se la cree.

Las evidencias de su falso testimonio son copiosas.

Antes de que su asistente fuera internada, grave, en el Hospital General de Agua Santa, para recibir atención médica por las fracturas y heridas que sufrió a consecuencia del choque, desfiló por el IMSS y el ISSSTEP, donde el personal de guardia de esos nosocomios se rehusó a hospitalizarla bajo el argumento de que no era afiliada ni derechohabiente.

Las llamadas telefónicas que en la madrugada y mañana del sábado realizó el presidente del Consejo Electoral Distrital a los operadores políticos de cierto candidato a la gubernatura de Puebla, para que lo ayudaran a tapar los hechos, a esconder su congestión alcohólica y a evitar su detención por el delito de lesiones.

Y la negativa de la compañía aseguradora, que se negó a cubrir los daños de la camioneta y los gastos de hospitalización de la analista, cuando los ajustadores corroboraron que el accidente fue resultado de la intoxicación etílica del funcionario electoral.

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Un dato que vale la pena rescatar de nuestro personaje de hoy es que en el proceso electoral de 2007 Raúl Manuel Flores Rodríguez se quedó a un tris de ser nombrado consejero distrital.

En esa elección, su nominación era apoyada con todo por el consejero Paul Monterrosas Román y el representante del PRI ante el Consejo General del IEE, José Alarcón Hernández.

Ambos personajes ya se habían apostado a designarlo consejero distrital, a pesar de la oposición de la representante del desaparecido Partido Esperanza Ciudadana (PEC), que echó abajo su nombramiento cuando hizo pública una denuncia por delito de lesiones y violencia intrafamiliar que le promovió su entonces esposa.

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Simón dice:

«Nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería.»

Otto von Bismark (1815-1898). Político alemán.

Aprovechando que las leyes electorales mexicanas y estatales le prohíben hacer proselitismo hasta el próximo 2 de abril, cuando se inicia la campaña constitucional, el candidato de la coalición opositora Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, se fue de gira electoral a Nueva York.

Mientras en la aldea, sus compañeros diputados del PAN presentaban una denuncia en contra del legislador priísta Víctor Huerta Morales por andar promoviendo en el Sicom a Javier López Zavala, este martes en La Gran Manzana, Moreno Valle hizo campaña entre los paisanos de diferentes organizaciones de migrantes.

Durante uno de esos encuentros, el senador con licencia presentó algunas propuestas que, si no fuera porque los dirigentes de la comunidad latina en Nueva York desconocen las leyes y los programas existentes en México, resultarían novedosas.

Por ejemplo, el candidato de la coalición opositora —de acuerdo con una nota de la corresponsal del Diario de México, Zaira Cortés García, fechada el 16 de marzo— planteó como urgente que «los recursos generados por el Consulado Mexicano no regresen al Gobierno Federal«, sino «se queden en Nueva York para financiar más programas que den respuesta a las necesidades de la comunidad mexicana».

Lo que Moreno Valle no les dijo —no sé si por omisión, desconocimiento o mala fe— es que el Senado aprobó hace tres años esa medida, tal como se establece en el Artículo 2 Fracción XI de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, así como el Capítulo II de la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ley Federal de Derechos.

El abanderado de la coalición Compromiso por Puebla también propuso la creación de un programa de vivienda en beneficio del inmigrante poblano y su familia, sin aclararle a su auditorio que ya existe el Programa de Vivienda para Mexicanos en el Exterior, resultado de la colaboración del gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Vivienda, la Sociedad Hipotecaria Federal y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

Una tercera oferta que Moreno Valle hizo a los paisanos de Nueva York fue fortalecer la actividad turística en algunas localidades de la Sierra Norte de la entidad con un gran potencial, algo que tampoco resulta muy novedoso porque ya existe un programa de la Secretaría de Turismo del gobierno federal que las apoya. Dicho programa se denomina Pueblos Mágicos, y en él están incluidos dos municipios de la Sierra Norte: Cuetzalan y Zacatlán.

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Tras un segundo intento, el presidente municipal de Tehuacán, Félix Alejo Domínguez, logró que su Cabildo le aprobara una licencia para separarse del cargo por tres meses, a fin de que pueda participar en las próximas elecciones como candidato a diputado local por el distrito XIV con cabecera en la ciudad de las granadas.

Lo increíble del caso es que el ahora munícipe con licencia aclaró que, gane o pierda los comicios del 4 de julio, regresará a gobernar el ayuntamiento de Tehuacán. Ya sea de julio a diciembre, si es electo diputado a la LVIII Legislatura local; o de julio a febrero en caso de ser derrotado en las urnas, lo que no es descabellado.

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Este martes se reunieron para revisar los nuevos spots del PRI y su pautado en las estaciones de radio y televisión de Puebla, el presidente y la secretaria general del Comité Directivo Estatal del tricolor, Alejandro Armenta Mier y Claudia Hernández Medina, con el secretario de Prensa y Propaganda del partido, José Tomé Cabrera, y el responsable de la comunicación social de Javier López Zavala, Ismael Ríos Delgadillo.

Ahí trascendió que los nuevos spots van encaminados a enaltecer el orgullo de ser priísta y remarcar que hoy el tricolor es un partido aceptado y posicionado en el ánimo de los electores por su experiencia para gobernar.

Durante la reunión, en el hotel Lastra, a José Tomé se le dijo que no le permitirían un nuevo error con el pautado de los spots, como ocurrió con los últimos de Javier López Zavala, que le merecieron al PRI una denuncia ante el IFE.

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Este miércoles, a las 19 horas, se reunirán los miembros del movimiento Puebla de Acuerdo para entregar a los dirigentes y candidatos de la coalición Compromiso por Puebla una veintena de nombres que esperan sean incluidos en la planilla de regidores y síndico del municipio capitalino, entre los que estarán dirigentes de la sociedad civil, académicos, ecologistas, exconsejeros electorales, empresarios y también representantes del PAN y otros partidos de izquierda.

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Simón dice:

«El futuro es algo que cada cual alcanza a un ritmo de sesenta minutos por hora, haga lo que haga y sea quien sea.»

Clive Staples Lewis (1898-1963). Escritor británico.

El lunes pasado se publicó en El Sol de Puebla e Intolerancia un desplegado de apoyo a Mario Montero Serrano como candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Puebla.

La inserción fue pagada por el presidente del Instituto Político Empresarial del PRI, Rafael Moreno Valle Buitrón, y en ella se expresa que los empresarios de esta organización respaldan a Mario Montero porque lo ven como el hombre indicado para hacer de la capital una ciudad donde imperen la legalidad, el desarrollo productivo y el bienestar social.

El desplegado no tendría nada de particular si no fuera porque algunos pequeños detalles hacen pensar que muchos de los empresarios firmantes ni siquiera fueron consultados sobre su contenido y, en algunos casos, esto era prácticamente imposible a no ser que se hubiera recurrido a un médium.

Y es que entre los hombres de negocios firmantes figuran José Gabriel Jazbek y José Alberto Bello de la Cruz, ambos ya fallecidos.

Otra de las firmantes, paradójicamente, es la directora general de Africam Safari, Amy Camacho Wardle, quien en este proceso electoral ha dejado muy claro que sus simpatías no están con el PRI ni con Mario Montero, sino con los partidos, candidatos y dirigentes de la coalición opositora antimarinista Compromiso por Puebla.

El nombre de Amy Camacho aparece en las líneas 3 y 4 de la primera columna; el de José Gabriel Jazbek, quien falleció hace cuatro años, en la línea 30 de la misma columna; y el de José Alberto Bello en la línea 27 de la segunda columna.

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Entre los dirigentes del Partido Acción Nacional crecen las sospechas de que Rafael Moreno Valle Rosas no está siendo muy leal con ellos ni con la organización de El Yunque.

La evidencia más clara se dio antes de y durante la reunión efectuada el martes por la noche en las oficinas particulares del dirigente estatal del PRD, Miguel Ángel de la Rosa Esparza, en la colonia La Paz.

Ahí, como ya ha trascendido, se suscitó una fuerte discusión entre el perredista y el secretario de Elecciones del PAN, Luis Enrique Palacios Martínez, acerca de la supuesta militancia yunquista de los precandidatos panistas a la presidencia municipal de Puebla, su bajo potencial de voto, y por la insistencia de que Enrique Doger Guerrero sea el candidato de la coalición opositora a la alcaldía capitalina.

Lo que pocos saben es que antes de esa junta, Moreno Valle y el dirigente perredista se reunieron en privado. Y cuando De la Rosa atacó a los precandidatos del PAN a la alcaldía –acusándolos de pertenecer a El Yunque y de no ganar una elección ni en su familia—, el candidato de la coalición opositora a la gubernatura, lejos de defenderlos, sólo se levantó y se retiró del lugar.

Otro detalle poco conocido es que en la reunión del martes por la noche no sólo estuvieron los dirigentes de los partidos integrantes de la coalición Compromiso por Puebla, sino también los secretarios de las secciones 23 y 51 del SNTE.

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El lunes o martes de la próxima semana los diputados locales del PAN presentarán una denuncia en contra del destituido integrante de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) del estado de Puebla, Antonio Juárez Acevedo, por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Dicho el delito se configura, según los asesores del PAN, porque Juárez Acevedo se desempeñó como comisionado en la CAIP a sabiendas de que no reunía los requisitos para ejercer tal cargo.

Lo paradójico de la denuncia es que ésta fue elaborada por Fernando Urbano Castillo Pacheco, antes de que éste fuera invitado por el equipo del coordinador de campaña de Javier López Zavala, Jesús Morales Flores, a participar en la asesoría jurídica del abanderado priísta a la gubernatura de la entidad.

Si quiere usted abundar sobre los detalles de la demanda que presentarán los legisladores panistas cheque aquí el siguiente borrador.

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Simón dice:

«La vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos.» Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.

Ayer la decía que la única posibilidad de que la coalición opositora Compromiso por Puebla postulara a Amy Camacho Wardle como candidata a la alcaldía capitalina sería que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN la designara por dedazo, ahorrándose la elección interna y dejando colgados de la brocha al senador Humberto Aguilar Coronado y al diputado local con licencia Eduardo Rivera Pérez.

Pues este escenario —que ayer le pronosticaba como imposible, dado el malestar que hay entre la militancia panista de Puebla—, podría hacerse realidad si entre este miércoles y jueves la dirigencia nacional del PAN no emite la convocatoria respectiva para el proceso interno.

Y es que de acuerdo con los tiempos previstos en el Código de Instituciones y Procesos Electorales, el plazo para las precampañas se agota el 21 de marzo, lo que significa que si antes de esta semana no hay convocatoria, el proceso interno del PAN para elegir candidato a la presidencia municipal de Puebla quedaría suspendido.

Sí, suspendido. Porque no habría tiempo para organizar una elección en el municipio de Puebla con centros de votación sólo para miembros activos, ni tampoco para que los aspirantes panistas a suceder a Blanca Alcalá Ruiz —los ya citados Humberto Aguilar y Eduardo Rivera— tuvieran al menos tres semanas de precampaña.

Esta situación no es desconocida para la dirigencia estatal del PAN, ni tampoco para los operadores de los aspirantes panistas a la presidencia municipal de Puebla, que temen un albazo por parte del Comité Ejecutivo Nacional a favor de la empresaria y directora del parque zoológico Africam Safari, Amy Camacho.

Y sus temores son fundados por las largas y evasivas del dirigente nacional panista, César Nava Vázquez; del presidente de la Comisión Nacional de Elecciones, José Espina von Roehrich; y del secretario general adjunto de Fortalecimiento Interno del CEN, Alfredo Rivadeneira Hernández, quienes no atinan a darles una fecha de cuándo, por fin, se publicará la ansiada convocatoria.

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El diputado panista José Manuel Janeiro Fernández presentó este martes una denuncia ante la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) en contra del secretario de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar, y tres de los subsecretarios de la dependencia: Juan Alberto Armendáriz Martínez, de Ingresos; David Villa Issa, de Egresos; y Jorge Luis Mendoza Velarde, de Administración.

En su denuncia, el legislador sostiene que los cuatro funcionarios violaron e incumplieron la Ley de Coordinación Hacendaria del estado de Puebla –que sustituyó la Ley para el Federalismo Hacendario, también conocida como Ley Bartlett— que los mismos diputados priístas propusieron y aprobaron en el Congreso local en marzo de 2009.

Dicha legislación establece que los funcionarios arriba citados tenían obligación de crear el Sistema de coordinación hacendaria del estado y sus municipios, y de constituir la Asamblea de funcionarios hacendarios del estado, con la participación de los presidentes y tesoreros de los 217 ayuntamientos de la entidad, con el propósito de fijar lineamientos y políticas encaminadas a optimizar y potenciar los recursos fiscales –federales y estatales— destinados a los municipios del territorio poblano.

Esta es la segunda denuncia que el diputado Janeiro Fernández promueve ante la Sedecap en contra del secretario de Finanzas y algunos subsecretarios de la dependencia.

En la primera, presentada en marzo de 2009, el legislador panista acusó a dichos funcionarios de ocultar información sobre los distintos fondos del ramo 28 asignados a los 217 municipios de la entidad, asunto que le generó una andanada de críticas, pero que finalmente logró su propósito, pues a partir del año pasado la Secretaría de Finanzas publica trimestralmente esos reportes en su página de internet.

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Simón dice:

«Humano es errar; pero sólo los estúpidos perseveran en el error».

Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.

El panista Rafael Moreno Valle Rosas y el priísta Enrique Doger Guerrero volvieron a reunirse anoche por casi hora y media, en el hotel Fiesta Inn del Parque Industrial Finsa.

La reunión tuvo lugar en el restaurante Café Fiesta entre las 21 y las 22:30 horas.

El exalcalde Doger fue el primero en retirarse por la parte de enfrente del hotel; el senador Moreno Valle lo hizo minutos después por el estacionamiento ubicado en la parte posterior.

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No le falta razón a la señora Ana Teresa Aranda Orozco y a sus seguidores para cuestionar la imparcialidad de la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones del PAN, Leonor Popócatl Gutiérrez.

El corazón de la legisladora local panista no sólo late fuerte y claro por el senador Rafael Moreno Valle Rosas, sino también el de su pareja sentimental, el regidor del ayuntamiento de Atlixco, Óscar Francisco Daza Ramírez, quien incluso forma parte de su equipo de operadores.

Óscar Daza fue uno de los responsables de fortalecer la estructura morenovallista desde la Secretaría de Organización del CDE del PAN, cuando ésta era comandada por Félix Hernández Hernández en la gestión de Rafael Micalco Méndez.

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Sobre la autopista México-Puebla, a la altura de la colonia Los Reyes, Antorcha Campesina pagó un espectacular para denunciar al «gobierno represor de Mario Marín», y advertir que no bajará las manos en su lucha por lograr beneficios para las pobres.

A la par, miembros de la organización dirigida por Aquiles Córdova Morán reparten volantes a los automovilistas que cruzan la caseta de San Marcos o Chalco, en los que aseguran que los operadores políticos del gobernador están equivocados si creen que Antorcha Campesina se dará por vencida.

Los antorchistas, que desde hace ocho meses mantienen un plantón frente a Casa Aguayo, tienen previstas nuevas acciones de protesta para este viernes en la ciudad de Puebla y en las inmediaciones del Congreso del estado, donde el gobernador Marín rendirá su penúltimo informe de actividades.

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Ayer me fue enviada una denuncia en contra del director de Operación del Transporte de la SCT, Anuar Musalem Valencia, por diversos abusos y actos de extorsión en contra de permisionarios y operadores del transporte público de pasajeros.

Aquí parte del texto:

«En lo que va del sexenio solamente se ha dedicado a presionarnos para que entreguemos cuotas que no sabemos a dónde van a parar.

«Nuestros líderes nos han pedido cerrar la boca, pero ya no estamos de acuerdo en que todo lo arreglen arriba y el dinero lo saquen de abajo.

«Somos testigos de cómo a nosotros se nos acosa, mientras por todo el estado circulan camiones de gas, traileros, ladrilleros y piperos, sin los mínimos requerimientos de seguridad, con la amplia protección del señor Anuar Musalem, que se dice intocable, pero que no da la cara, y manda a su lugarteniente Erubén Álvarez, quien es el que cobra a nombre de él.

«¿Sabrá su patrón Valentín Meneses, que el angelito de Musalem se ha dedicado a revivir concesiones que ya estaban muertas, para luego otorgárselas a familiares o venderlas al mejor postor?

«¿Sabrá el gobernador de los más de 100 permisos diarios que vende a $1,500.00 diarios para permitir que muchos vehículos, como taxis, camiones o rutas, como la Galgos del Sur, circulen sin placas o sin papeles en regla?»

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Simón dice:

«Las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo».

Napoleón I (1769-1821) Napoleón Bonaparte. Emperador francés.

¿Será que la fama de transa del presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, es tan grande que ya hasta la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado tomó el control sobre el manejo de los recursos con los que este organismo solventará el inicio del proceso electoral ordinario 2010?

No es broma.

Así consta en el oficio D.P104/6173/2009 enviado por el secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, al presidente del IEE, que incluye varias desagradables noticias. Entre ellas, que no recibirá los 17 millones 486 mil pesos solicitados como ampliación presupuestal; que los consejeros tampoco podrán cobrar un bono extraordinario este año ni el siguiente; que no tendrá dinero para invitar a comer a periodistas o columnistas; y ni siquiera para su convivio de fin de año.

Lo más delicado del asunto —y que pone en entredicho la supuesta independencia y autonomía de gestión del máximo órgano electoral del estado— es que ahora Gerardo Pérez Salazar determina cómo y en qué deben gastarse los recursos adicionales del Instituto.

En el oficio de marras le indica a Jorge Sánchez Morales que de los 2 millones 523 mil pesos, que por lo pronto recibirá el IEE, 2 millones 43 mil debe canalizarlos a la contratación de 89 trabajadores eventuales dentro de la partida 4301 (servicios personales y plazas eventuales); 338 mil pesos a la partida 4302 (transferencia para materiales y suministros); y 140 mil pesos a la partida 4303 (transferencias servicios generales).

Pero eso no es todo.

El secretario de Finanzas le advierte que cualquier nueva solicitud de ampliación debe ir acompañada de una relación detallada de los consumibles y bienes muebles necesarios para el IEE; de los servicios y bienes inmuebles que se vayan a contratar o arrendar; del personal que vaya a requerir viáticos, así como justificar el motivo del viaje; y negociar con el Periódico Oficial del estado la publicación de aquellas convocatorias y acuerdos que deban difundirse en ese órgano informativo.

Y eso que apenas la Secretaría de Finanzas autorizó 2.5 de los 17.4 millones de pesos requeridos por el IEE. Imagínese cuando Sánchez Morales pida el resto.

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Una cuestión que, a decir de los conocedores del tema, subyace en esta posición del secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar, es que su relación con el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, está muy deteriorada.

Y es que Jorge Sánchez habría alentado la denuncia presentada por la dirigencia estatal de Convergencia en contra de Pérez Salazar, por desvío de recursos públicos y violación del artículo 200 bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales.

Según esta versión, el presidente del IEE pretendía utilizar esta inconformidad para negociar con el secretario de Finanzas mayores recursos para el Instituto Electoral del Estado, a cambio de parar o congelar cualquier investigación en su contra.

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Simón dice:

«Con el dinero sucede lo mismo que con el papel higiénico; cuando se necesita, se necesita urgentemente».

Upton Sinclair (1878-1968). Novelista y escritor estadounidense.