LA CORTE DE LOS MILAGROS

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La imposición de Trauwitz está por fracturar al Colegio de Economistas de Puebla

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Rodolfo Ruiz R.

La ausencia de democracia y la imposición de una nueva directiva podrían fracturar al Colegio de Economistas del estado de Puebla, dando pie a una nueva organización que realmente represente al gremio y no los intereses políticos o partidistas de quienes actualmente lo usufructúan, sin ningún beneficio para sus asociados.

El periodo del actual presidente Miguel Hakim Simón feneció en 2015, pero es hasta ahora que se emitió la convocatoria para renovar a su Consejo Directivo con un pequeño detalle: ya hay planilla de unidad, la cual es encabezada por el secretario de Turismo del estado, Roberto Antonio Trauwitz Echeguren, y el director de la Facultad de Economía de la BUAP, Salvador Pérez Mendoza.

Tal situación tiene indignados a sus agremiados, muchos de los cuales no sólo desconocían que Roberto Trauwitz fuera economista, pues jamás ha participado o asistido a las escasas actividades del Colegio de Economistas, sino que fuera parte de su Consejo Directivo en calidad de primer secretario suplente.

Es tal la molestia que algunos socios —entre ellos el doctor Eudoxio Morales Flores— están planteando ignorar la convocatoria, el registro de planillas previsto para el miércoles 24 de los corrientes de 10 a 17 horas y la votación del 7 de septiembre, para dar paso a un nuevo Colegio de Economistas, tal como sucede en otras entidades.

En la Ciudad de México, y en los estados de Baja California, Guerrero, Jalisco y Michoacán hay al menos dos gremios, y todos ellos reconocidos por la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana que preside Soraya Pérez Munguía.

La inconformidad no es gratuita. Parte del abandono y el olvido en que han mantenido al organismo colegiado sus últimos presidentes, Miguel Hakim y Víctor Mata Temoltzin, ambos impuestos por el gobierno de Rafael Moreno Valle; y se nutre de la ausencia de vida interna y actividades académicas en beneficio de los socios, de la discrecionalidad con que se dirige, de la falta de procesos democráticos en la toma de decisiones y de la imposición de los miembros de su Consejo Directivo.

Pero sobre todo por el control político y partidista que el gobierno de Rafael Moreno Valle pretende mantener sobre el Colegio de Economistas en la persona de Roberto Trauwitz.

Antes por lo menos, sus puestos directivos eran motivo de negociación entre el gobernador del estado y el rector de la BUAP, por lo que la presidencia se alternaba cada dos años. Durante un periodo el presidente del Colegio salía de las filas de la administración pública estatal, y durante otro de la máxima casa de estudios.

Sin embargo hasta esa tradición, que cada vez tenía menos consenso entre los socios del Colegio, se perdió en el morenovallato, y eso que el gobernador saliente de Puebla fue presidente del organismo en el periodo de 2000 a 2003.

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¿Sabía usted para grabar un video en la zona histórica de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe no sólo necesita un permiso especial del Centro Expositor sino pagar tres mil pesos para que se lo autoricen?

Pues eso fue lo que este lunes le dijeron este lunes a un equipo de reporteros encabezado por Adriana Medellín al que le impidieron hacer su trabajo en la zona de Los Fuertes, al que Nereida Pérez Vázquez, del Centro de Atención a Clientes del Centro Expositor, le reiteró que para grabar ahí requería hacer una solicitud por escrito.

Lo que la funcionaria no pudo explicar es por qué los tres mil pesos que le fueron requeridos a la reportera Adriana Medellín tenía que pagarlos a los Policías Auxiliares que supuestamente vigilan la zona y no a la Secretaría de Finanzas.

Si no lo sabía, dese por enterado.

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Señor Rodolfo Ruiz:

Mi nombre es Miguel Hakim Simón y actualmente soy el Presidente del Colegio de Economistas del Estado de Puebla A.C.
No tengo el gusto de conocerlo, pero me han reenviado una copia de su columna denominada La Corte de los Milagros del día 22 de agosto del presente y quisiera hacer alguna aclaraciones ya que considero que no es precisa.
1) Mi gestión no feneció en 2015 como usted lo afirma. Mi gestión, por estatutos vence en este año del 2016.
2) No dejado el Colegio ni en el abandono, ni en el olvido en estos dos últimos años. Como prueba de ello le adjunto el informe de actividades y los estados financieros correspondientes.
3) Desde el día 11 de agosto existe una convocatoria abierta para la elección del Consejo Directivo 2016-2108. Le adjunto la convocatoria, en la que es claro que cualquier planilla se puede registrar el día de mañana, siempre y cuando cumpla con el apoyo correspondiente y tenga un programa de trabajo.
Creo que ha escrito su columna con información muy distinta de los datos que le estoy proporcionando.
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.
Miguel

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Héctor Alonso, prepotencia opositora

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 Este jueves se confirmó el adelanto que mi colega Arturo Luna Silva publicó sobre la salida de Marcos Castro Martínez de la secretaría general del Comité Directivo Estatal del PAN.

Marcos Castro fue designado coordinador del Programa 70 y más —a cargo de la Delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social—, dirigido a la atención de las personas mayores de 70 años, que viven en poblaciones rurales de no más de 30 mil habitantes, y a las que mensualmente se les entrega una compensación económica de 500 pesos.

Para cubrir la vacante que Marcos Castro dejó en el CDE del PAN, Pablo Montiel Solana fue nombrado secretario general, posición que también peleaba el morenovallista Raúl Ramírez Droaillet.

La designación de Pablo Montiel abre varias interrogantes:

¿Dejará la coordinación de regidores panistas en el ayuntamiento de Puebla o se mantendrá en las dos posiciones?

¿Si decide conservar ambos cargos, tendrá tiempo suficiente para atenderlos?

¿Cobrará doble sueldo o sólo se quedará con el más alto?

¿Si pide licencia como regidor, qué pasará con su suplente Rafael von Raesfeld?

¿Éste rendirá protesta como regidor o seguirá como candidato a diputado local por la vía plurinominal?

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Poco ayudan a la coalición opositora Compromiso por Puebla las actitudes de algunos de sus candidatos, como Héctor Alonso Granados, que el martes de esta semana amenazó y ofendió a la presidenta de la unidad habitacional Xilotzingo, María de Lourdes Mendoza Bonilla, porque ésta le negó el salón social para un acto de campaña.

La altanería y soberbia del candidato a diputado local por el distrito 4 de Puebla fueron de tal magnitud que la agraviada le presentó esa misma noche una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de amenazas, misma que quedó asentada en la averiguación previa C.H.3368/2010/SUR.

En su denuncia, Mendoza Bonilla refiere que Héctor Alonso la ofendió, la amenazó y estuvo a punto de golpearla, cuando le dijo que no le podía facilitar el salón social de la Unidad Habitacional el sábado 1 de mayo, y tampoco el sábado 8 de mayo, porque esos días estaría ocupado con otros eventos que previamente se habían agendado.

Héctor Alonso es dirigente del Comité Municipal del Partido Nueva Alianza y candidato a diputado por la coalición opositora Compromiso por Puebla, que agrupa al PAN, al PRD, a Convergencia y al PANAL.

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Este jueves se presentó el Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM) —que mide y compara las 33 legislaciones estatales y del Distrito Federal en la materia—, que es elaborado por dos organizaciones estudiosas de la transparencia y la rendición de cuentas: Fundar y Article 19.

Y la novedad, que ya debería dejar de serlo, es que Puebla salió reprobada en este Índice, al situarse en la posición número 27, sólo por arriba de los estados de Sonora, Quintana Roo, Baja California, Querétaro, Baja California Sur y Guerrero, que ocupan los últimos lugares del ranking.

 

 

 

Ranking

Entidad Federativa

Índice Base

1

Distrito Federal

0.89

2

Chihuahua

0.76

3

Nuevo León

0.74

4

Morelos

0.73

5

SLP

0.73

6

Veracruz

0.73

7

Nayarit

0.71

8

Tlaxcala

0.70

9

Durango

0.67

10

Oaxaca

0.67

11

Federal

0.65

12

Chiapas

0.64

13

Coahuila

0.63

14

Tabasco

0.63

15

Campeche

0.61

16

Edomex

0.61

17

Jalisco

0.59

18

Sinaloa

0.59

19

Yucatán

0.59

20

Zacatecas

0.59

21

Aguascalientes

0.58

22

Guanajuato

0.58

23

Colima

0.57

24

Hidalgo

0.56

25

Michoacán

0.55

26

Tamaulipas

0.55

27

Puebla

0.53

28

Sonora

0.52

32

Quintana Roo

0.49

29

Baja California

0.45

30

Querétaro

0.44

31

BCS

0.43

33

Guerrero

0.36

El IDAIM genera dos mediciones: el Índice Base y el Índice de Progresividad. El primero mide la concordancia de las leyes de transparencia con la Constitución mexicana y el desarrollo legislativo nacional con base en criterios mínimos de protección del Derecho de Acceso a la Información. El segundo, el Índice de Progresividad, contrasta las leyes con estándares internacionales y buenas prácticas. El rango de medición del Índice va del 0 al 1. 

Según la investigación, los principales obstáculos para la realización del Derecho de Acceso a la Información en México son los siguientes:

La falta de mecanismos de designación que permitan garantizar la independencia de las y los comisionadas/os o consejeras/os de información para realizar el mandato de protección del Derecho de Acceso a la Información. En algunos casos, las y los comisionadas/os son designados por el poder ejecutivo y en el estado de Coahuila en particular, las leyes omiten establecer los requisitos mínimos para acceder al cargo de comisionada/o.

La ausencia de definición clara de sanciones a los funcionarios que no cumplan con las obligaciones de transparencia.

La complejidad de los requisitos para solicitar información y el elevado costo del acceso a la misma. Por ejemplo, algunas legislaciones como las de Baja California Sur, Durango y Guerrero todavía no prevén ni siquiera sistemas electrónicos como parte de los medios para ingresar solicitudes de información.

La multiplicación de las restricciones al acceso a la información y la falta de reglas para la difusión proactiva de una información pública, veraz y oportuna.

La exclusión de algunas organizaciones que reciben financiamiento público: los partidos políticos quedan fuera de las obligaciones y muy pocos estados consideran a los sindicatos como sujetos obligados por ley.

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Simón dice:

«A veces de noche, enciendo la luz para no ver mi propia oscuridad.»

Antonio Porchia (1886-1968) Escritor argentino de origen italiano.

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