Minicrónica priísta de un destape fallido
En la sesión del Consejo Político Estatal del PRI ocurrió lo que se esperaba.
A puerta cerrada, una mayoría apabullante votó a favor de la convención de delegados, como el mejor método para seleccionar a los que serán sus candidatos a gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.
La aplanadora marinista no impidió, sin embargo, algunas expresiones aisladas de protesta —a través de volantes y carteles con la leyenda ¡No a la imposición!— de simpatizantes de Enrique Doger Guerrero y Jesús Morales Flores, que se pronunciaron por la elección directa, es decir, por la consulta a la base.
Sin embargo, en el salón del Centro de Convenciones, estas voces prácticamente pasaron inadvertidas, al grado que el PRI, en un comunicado de prensa, informó que la decisión de recurrir a la convención de delegados se aprobó por unanimidad.
En la explanada del recinto todo era confusión.
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El presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, acaba de sufrir un nuevo descalabro jurídico, que le costará al organismo más de 350 mil pesos, y a éste una posible acusación por daño patrimonial.
El caso está relacionado con un juicio mercantil promovido por Raquel Jacobo Chartuni en el Juzgado 5º de lo Civil, mediante el cual reclama al Instituto un adeudo de cerca de 300 mil pesos, por el pago de cuatro meses de renta de un edificio de su propiedad ubicado en la 25 Poniente 3316 de esta ciudad.
De acuerdo con el contrato suscrito entre el IEE y Raquel Jacobo, dicho inmueble sería desocupado y entregado a más tardar el 15 de diciembre de 2007, sin embargo ello no sucedió.
Por distintas circunstancias, el edificio se entregó hasta el 15 de abril del año siguiente, lo que llevó a su propietaria a exigir el pago de cuatro meses adicionales de renta, a lo que el presidente del Instituto, Jorge Sánchez Morales, y la entonces encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, se negaron.
Esta analizó la apelación y la declaró infundada, por lo que el presidente del Instituto solicitó el amparo de la justicia federal. Pero para su desgracia, el pasado 26 de noviembre, el Tribunal Colegiado en materia civil del Sexto Circuito se lo negó, confirmando la sentencia del Juzgado 5º de lo Civil y de la Cuarta Sala Civil del TSJ.
Lo anterior significa que el IEE tendrá que pagar más de 300 mil pesos, por una negligencia de su presidente y de quien fuera la encargada de la Dirección Administrativa del Instituto.
El caso, sin embargo, va más allá, pues podría dar pauta a una acusación de daño patrimonial en contra de Jorge Sánchez, quien ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado, no sólo negó tal adeudo, sino que se inventó un contrato que echaba por tierra cualquier reclamación por parte de la propietaria.
¿Qué pasará ahora que el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito ha confirmado la sentencia en contra del IEE?
¿Con qué dinero se cubrirán los más de 300 mil pesos que reclama la propietaria del edificio de la 25 Poniente 3316?
¿Con recursos de Jorge Sánchez o del patrimonio del Instituto Electoral del Estado?
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Simón dice:
«Engañar al que engaña es doblemente entretenido».
Jean de la Fontaine (1621-1695) Escritor y poeta francés.
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