Rodolfo Ruiz R.

Cuentan que durante la inauguración del nuevo distribuidor vial que conecta los bulevares Esteban de Antuñano y Hermanos Serdán con la autopista México-Puebla, un constructor se acercó al secretario de Infraestructura, Diego Corona Cremean, para solicitarle el pago de diferentes obras que aún no le habían sido liquidadas.

Entre estas el constructor mencionó el Distribuidor D9 del Periférico Ecológico, el Teléferico de la zona de Los Fuertes, el Parque Intermunicipal de Cholula.

Su petición no tendría nada de particular si no fuera por un pequeño pero ilustrativo detalle de cómo se adjudican las obras públicas en el estado de Puebla.

Los trabajos enunciados por el constructor que abordó al secretario de Infraestructura fueron supuestamente ejecutados por tres diferentes constructoras. ¿O es que todas tienen en realidad al mismo dueño, aunque en sus actas constitutivas aparezcan socios y representantes legales diferentes?

Conste que es pregunta.

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En el marco del inicio de funciones del nuevo alcalde Ciudad Juárez, Armando Cabada Alvídrez, previsto para el lunes 10 de octubre, se llevará cabo en esos días una mini cumbre de autoridades y candidatos independientes de diferentes partes del país.

La intención del encuentro es intercambiar experiencias y analizar qué tantas posibilidades existen de promover candidaturas de este tipo en las elecciones federales y locales que se efectuarán a mediados de 2018.

De Puebla ya fue invitado Manuel Alberto Merlo Martínez, candidato independiente a diputado federal por el distrito 6 de Puebla en las elecciones federales de 2015.

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Después de observar este cartel no hay la menor duda que el curso que el ICATEP ofrece al personal del Instituto Electoral del Estado (IEE) sobre Redacción Ejecutiva, es muy oportuno y necesario.

El curso que tiene lugar en la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto comenzó este martes y concluirá hasta el 5 de octubre en sesiones de dos horas de 9 a 11 de la mañana los días martes, miércoles y jueves.

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Rodolfo Ruiz R.

En el Instituto Electoral del Estado (IEE) quieren aguantar lo más posible la discusión acerca de qué partidos políticos estatales pierden su registro y cuáles el financiamiento público estatal, por no haber obtenido el 3% de la votación en las pasadas elecciones para gobernador.

Son varios los pretextos y razones, algunos válidos y otros francamente estúpidos.

Entre estos últimos figura la peregrina tesis del llamado G5 (el grupo de los cinco consejeros del morenovallismo) y el representante del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Luis Blancarte Morales, en el sentido de que ninguno de los partidos contendientes y no contendientes en esas elecciones puede perder su registro o prerrogativas por tratarse de “elecciones sui géneris”.

El del domingo 5 de junio no fue un proceso sui géneris, sino un proceso ordinario para elegir gobernador constitucional. Lo único singular o excepcional de esos comicios radica en el periodo de gobierno del próximo mandatario estatal, que no será de seis años, sino únicamente de 22 meses.

Otro argumento para postergar la discusión es que aún existen juicios y resoluciones pendientes en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en los tribunales electorales del estado y la federación que seguramente modificarán algunos cómputos distritales, y el cómputo final de la votación total efectiva.

Tal situación es parcialmente cierta, pero injustificada, pues ninguno de los juicios pendientes hará que los sufragios del partido estatal Pacto Social de Integración (PSI), o de los partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES), superen el 3% de la votación tota efectiva.

En todo caso, el único que partido que tendría problemas con alguno de esos juicios es Compromiso por Puebla (CPP), sobre todo si el G5 y los representantes de este instituto político no logran explicar las discrepancias de hasta el 615, 527 y 310% entre lo reportado por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y algunos cómputos en Consejos Distritales.

O por qué un video tomado durante el cómputo efectuado en el Consejo Distrital número 16 del IEE muestra cientos de boletas que aparecen doblemente marcadas a favor del PAN y CPP con taches o equis de trazo muy distinto.

En el fondo la decisión de posponer hasta el año entrante el acuerdo de qué partidos estatales pierden su registro y qué partidos nacionales el financiamiento público, lo que busca es mantener el subsidio a los dirigentes de los partidos aliados o satélites del morenovallismo, al menos hasta que concluya su sexenio.

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Rodolfo Ruiz R.

De los cómputos distritales por partido político realizados por el Instituto Electoral del Estado (IEE) en los 26 distritos de Puebla, hay nueve votaciones que registran variaciones de más del 100% respecto al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

De estos nueve casos, con diferencias de más del 100%, cinco corresponden al partido estatal Compromiso por Puebla (CPP); tres al Partido Verde Ecologista de México (PVEM); y una al instituto Pacto Social de Integración (PSI).

Hasta ahora ni los consejeros del IEE, ni los directivos de la empresa Profesionales en Ingeniería y Sistemas (Proisi) —que cobró 14 millones de pesos por operar el PREP— han explicado el origen de estas inconsistencias o por qué el sistema de cómputo instalado para recabar los resultados la jornada electoral asignó 14 mil votos menos a CCP; 13 mil votos menos al PVEM, y 9 mil 500 votos menos al Partido Nueva Alianza.

O, en todo caso, qué pudo haber ocurrido en los cómputos distritales —efectuados tres días después— para que estos partidos aparecieran como muchos más sufragios que los registrados por el PREP.

No son fallas menores, que bien merecen una explicación.  Mantener un ominoso silencio sobre estas discrepancias sólo alimenta la especie de un burdo fraude operado desde el propio Instituto Electoral del Estado.

Las votaciones atípicas de CPP se presentaron en los distritos 9, 10, 16 y 20 con cabecera en el municipio de Puebla, y 18 con cabecera en Cholula de Rivadavia.

En estas demarcaciones las inverosímiles discrepancias entre el PREP y los cómputos distritales son de 310.84, 217.66, 238.73, 527.99 y 615.27 por ciento, respectivamente.

Las tres votaciones del PVEM con variaciones que resultan sospechosas aparecen en los distritos 11 y 16 de Puebla capital, así como en el 22 con cabecera en Izúcar de Matamoros, pues las diferencias entre el PREP y los cómputos distritales son del 134.45, 100.58 y 120.77 por ciento.

En el caso del PSI, la discrepancia se registra en el distrito 17 con cabecera en el municipio de Puebla, donde la desavenencia entre el PREP y el cómputo distrital es de 167.18 por ciento.

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La compra de material electoral a una sola empresa, en una amañada licitación que estaba destinada para que fuera ganada por el único proveedor que cumplía con los requisitos establecidos en la convocatoria, podría traer nuevos problemas a los ya desgastados consejeros y funcionarios del Instituto Electoral del Estado (IEE).

De acuerdo con fuentes cercanas al organismo, todo el material y paquetería electoral para la jornada del primer domingo de junio —urnas, mamparas para votación, mamparas especiales, bases para las urnas, paquetes electorales, bolsas de seguridad, lápices para marcar boletas y cajas de cartón— se adjudicó a Seriplast de México SA de CV.

El secreto para favorecer a esta empresa, de la cual es representante legal Tatiana Hernández Velázquez, estuvo en las propias bases de la licitación lanzadas por el IEE, y es que en ellas se introdujo un candado que sólo cumplía un concursante, el cual debía acreditar una experiencia de cuando menos tres años y ocho diferentes contratos de suministro de material electoral a institutos u organismos similares al OPLE de Puebla.

De acuerdo con el convenio suscrito entre Seriplast de México y el IEE, la empresa debía entregar todo el material que se le contrató el día 12 de mayo, lo que no ocurrió. La entrega del mismo se hizo hasta la semana siguiente sin que nadie se inconformara.

La planta de la compañía favorecida por la secretaria ejecutiva y la encargada de despacho de la Dirección Administrativa se ubica en el municipio de Ecatepec, Estado de México, en la calle dos número 18 de la colonia rústica Xalostoc.

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En la carrera presidencial del 2018 el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, sigue rezagándose, al menos en cuanto a cobertura y menciones en medios de comunicación, a pesar de los recursos que invierte en la proyección de su imagen.

De acuerdo con el último análisis de reputación mediática (ARMA) elaborado por la firma Central de Inteligencia Política, el mandatario estatal es el presidenciable con menor cobertura y uno de los peores evaluados al cierre del primer cuatrimestre del 2016, “dado su 41% de negativos, contra su 19% de positivos”.

En contraste su compañera de partido y contrincante al interior del PAN, Margarita Zavala “ha incrementado su cobertura progresivamente, pasando de 86 a 125 puntos de enero a abril, que representa 32% de incremento”, además de que es la aspirante presidencial con más positivos, al abarcar el 69% de su cobertura total.

Para más detalles sobre este análisis aquí les comparto este link.

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Este jueves falleció el político poblano Rodolfo Sánchez Cruz, cabeza de una de las familias priístas más influyentes en los últimos años.

El ingeniero Sánchez Cruz fue hijo del General Rodolfo Sánchez Taboada, fundador y dirigente del Partido Nacional Revolucionario, el abuelo del actual PRI.

Sánchez Cruz fue aspirante a la gubernatura de Puebla en 1976, y asesor político de Mariano Piña Olaya en su campaña política al gobierno del estado como sucesor de Guillermo Jiménez Morales.

Entre sus numerosos parientes destaca Germán Sierra Sánchez, actual delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

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Una cuestión en la que deben ponerse a trabajar los abogados de la coalición Sigamos Adelante, que no han sido muy duchos en materia electoral, es la estrategia jurídica que seguirán para demostrar que la excesiva publicidad de su candidato a la gubernatura de Puebla, José Antonio Gali Fayad, no rebasó el tope de gastos de campaña fijado por la autoridad electoral.

El Instituto Electoral del Estado (IEE) había autorizado, inicialmente, un techo de 44 millones 814 mil 944 pesos, tomando como base el costo de la elección de senadores en el estado de México (22 millones por cada senador) en el 2012, y no la de senadores en el estado de Puebla.

Sin embargo la representación del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se inconformó y llevó su queja al Tribunal Electoral del Estado (TEE) y más tarde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le dio la razón.

Los consejeros del IEE tuvieron entonces que revocar su acuerdo inicial, el CG/AC-027/16, y aprobar uno nuevo que redujo en nueve millones de pesos el tope de gastos de campaña de la elección para gobernador del estado, estableciéndolo en 35.8 millones de pesos.

Hay que mencionar que en las nuevas reformas que se hicieron en Puebla al Código de Instituciones y Procesos Electorales, el 22 de agosto de 2015, el rebase del tope de gastos de campaña ya es motivo de nulidad de una elección.

Basta, según la fracción I del artículo 378 Bis, que un candidato, partido o coalición exceda en un cinco por ciento el monto fijado como tope de campaña para que la elección que éste haya ganado se anule.

El mismo artículo del Código Electoral de Puebla establece que en caso de nulidad de una elección, se convocará a un proceso extraordinario en el que no podría participar el candidato sancionado que hubiese excedido el tope de gastos campaña.

Ahora entiende cuál es la jugada del PRI, que este miércoles solicitó, por un lado, que el Instituto Nacional Electoral (INE) atraiga la elección de gobernador de Puebla y, por otro, ha pedido junto con otros partidos y candidatos que la autoridad electoral investigue el dispendio publicitario del candidato de la coalición morenovallista.

Como el lector observará: todo apunta a que la elección se va a judicializar y que el PRI y otros partidos ya están pensando ganar en la mesa lo que posiblemente no obtengan en las urnas el domingo 5 de junio.

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Ahora resulta que los medios de comunicación fueron los que tergiversaron las palabras del consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jacinto Herrera Serrallonga, sobre su amago de cerrar el micrófono al candidato o candidata que incurriera en agresiones y ataques a sus demás contendientes.

Falso.

La verdad es que fue el propio Jacinto Herrera, a pregunta expresa de una reportera sobre la guerra sucia entre candidatos a la gubernatura, el que hizo el amago en los siguientes términos: “en los lineamientos sí quedó muy establecido que no se van a permitir ese tipo de agresiones y ataques entre los propios candidatos”.

La misma reportera (María Guadalupe Pineda, de e-consulta) insiste ¿Qué va a pasar si empiezan a agredirse, les van a quitar el micrófono?

Textualmente el presidente del IEE respondió: “En los propios lineamientos se establece que se les va retirar el uso de la palabra y van a perder ese turno”.

¿De dónde sacan las consejeras Flor de Tila Rodríguez Salazar y Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo que las declaraciones del consejero presidente Jacinto Herrera Serrallonga fueron descontextualizadas por los reporteros que lo entrevistaron el viernes pasado?

Al contrario, la manipulación de los “Lineamientos para la realización de debates públicos entre candidatos y candidatos a cargos de elección popular” salió de ellos, pues en ninguno de los 44 artículos del documento se dice que los ataques entre candidatos están prohibidos.

El artículo 31 refiere que los candidatos pueden auxiliarse únicamente de documentos impresos que no contengan palabras o señas obscenas, así como agresiones o alusiones a la vida privada de las y los demás contendientes.

De manera similar el artículo 32 establece que los candidatos deben evitar proferir en su discurso palabras o señas obscenas, así como agresiones o alusiones a la vida privada de las y los demás contendientes.

Sobre las atribuciones del moderador para cerrar el micrófono a algún candidato o candidata, el artículo 37 es claro en precisar que tal situación sólo se dará previa advertencia al infractor y en caso de reincidencia de alguno de los supuestos de los artículos 31 y 32, pero nunca por ataques o descalificaciones entre ellos acerca del origen de sus fortunas, sus conflictos de interés y su trayectoria y desempeño en el servicio público.

Si en un debate los candidatos no pueden criticar de frente a sus adversarios, acusarse y defenderse de los señalamientos que éstos les lanzan en spots de radio y televisión, o de las campañas negras que elaboran sus cuartos de guerra, entonces para qué diablos son los debates.

Si estos encuentros, en aras de una malentendida civilidad y urbanidad política, sólo son para que los candidatos nos repitan sus inocuas plataformas o planes de gobierno, mejor evitémoslos. Así no sirven para nada, ni aportan nada a la democracia que no sea un rollo falso, utópico o demagógico.

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Por más que ahora algunos consejeros quieran corregir los absurdos criterios que aprobaron para el debate de candidatos a la gubernatura de Puebla, como aquel de que apagarán el micrófono al abanderado que ataque o insulte a sus compañeros, la verdad es que la actuación del Instituto Electoral del Estado (IEE) ha dejado mucho que desear.

De entrada es lamentable que en Puebla, a diferencia de otros estados donde también habrá elecciones para gobernador, la autoridad electoral sólo haya tenido capacidad de organizar un debate que, por cierto, no será transmitido por algún canal privado o de televisión abierta.

Los OPLES de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz efectuarán durante el proceso electoral al menos dos debates, sin las restricciones y limitantes aprobadas por los consejeros de Puebla.

Sin temor a equivocarme podría asegurarle que si el candidato de la coalición morenovallista, José Antonio Gali Fayad, no encabezara las encuestas electorales de cara a los comicios del 5 de junio, los consejeros del IEE serían los primeros en buscar en que se realizaran dos o tres debates más, y que todos ellos fueron transmitidos en horario estelar por radio y televisión comerciales.

El debate del jueves 12 de mayo es, sin duda, otra evidencia de la parcialidad y falta de independencia de la mayoría de los consejeros del OPLE de Puebla.

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Entre el personal del Instituto Electoral del Estado (IEE) es un secreto a voces que la secretaria ejecutiva Dalhel Lara Gómez es la principal operadora del grupo morenovallista para favorecer a su candidato en las elecciones para gobernador de la entidad.

El miércoles pasado, por ejemplo, mandó a personal del Instituto al desfile del 5 de Mayo con el propósito de documentar el reparto de propaganda y artículos utilitarios que el PRI haría a lo largo de la parada cívico militar, en el tramo del monumento a Zaragoza, en la zona de Los Fuertes, a la 25 oriente, a un costado del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec.

Cuentan que la instrucción de Dalhel Lara para que sólo fuera observada la propaganda del PRI la bajó a través de José Alfonso Aguilar, encargado de la Oficialía.

Este mismo personaje, por cierto, fue el responsable del equipo de 53 verificadores que se encargó de visitar los domicilios de quienes firmaron los formatos de apoyo a favor de Ana Teresa Aranda Orozco como candidata independiente a la gubernatura de Puebla, y a los cuales Dalhel Lara agradeció su apoyo pagándoles una suma de dos mil pesos en efectivo.

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Del 25 de mayo al 1 de junio el rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, Edgar Salomón Escorza, estará de visita en la Universidad de Cambridge con el propósito de ofrecer una charla sobre el Modelo Bilingüe Internacional Sustentable que México oferta a estudiantes de escasos recursos a través de 16 diferentes instituciones del país.

La plática la dará a los miembros de la Asociación Mexicana de Alumnos de Cambridge, gracias al apoyo de la presidenta de esta organización, Cirenia Chávez y la ex presidenta de Conaculta, Consuelo Sáizar Guerrero, quien fue su compañera de maestría en esa prestigiada universidad inglesa.

Edgar Salomón explicó que el Modelo Bilingüe Internacional Sustentable que oferta la Universidad de la que es rector se creó en el gobierno del presidente Felipe Calderón, pero a la fecha carece de diseño metodológico, cuestión que busca resolver con las aportaciones de los miembros de la Asociación Mexicana de Alumnos de Cambridge.

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Prematuro desgaste de los árbitros electorales

Hugo Alejo Domínguez podría perder diputación

En el arranque de las campañas políticas de los candidatos a la gubernatura de Puebla, el Instituto Electoral del Estado (IEE) y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) no están siendo árbitros y jueces que generen certidumbre y confianza entre los principales actores del proceso, lo cual puede complicar el desarrollo de la contienda, máxime si, como parece, ésta se vuelve altamente competitiva y compleja.

Lo ocurrido la noche del sábado en el Consejo General del IEE, donde una mayoría de consejeros se pronunció por congelar hasta el 8 de abril la validez o invalidez de la candidatura ciudadana de Ana Teresa Aranda, es una pifia más del Instituto que pone al descubierto la decisión del grupo en el poder de impedir que la ex panista aparezca en las boletas electorales.

Si ya el Tribunal Federal se había pronunciado sobre la renuncia de Ana Teresa Aranda al PAN, por qué los consejeros del IEE vuelven a insistir en el asunto. Da la impresión que su objetivo ya no es impedir su nominación, sino retrasarla o quitarle días de campaña. La pregunta es: ¿De parte de quién?

Otra cosa que ha quedado de manifiesto en estos días, previos al inicio de las campañas, es que el gobernador Rafael Moreno Valle no será una autoridad imparcial o al margen de la contienda electoral. El Ejecutivo no sólo ha solicitado a varios de sus colaboradores que pidan licencia para irse a apoyar al abanderado de la alianza Sigamos Adelante, José Antonio Gali Fayad, sino que él mismo opera desde la sombra acciones para consolidar la campaña de quien fuera su secretario de Infraestructura, y debilitar al PRI y a su candidata Blanca Alcalá Ruiz.

Moreno Valle va a jugar en el filo de la navaja, haciendo valer el control que tiene del Organismo Público Local Electoral (OPLE) y del órgano jurisdiccional del estado, cuyos consejeros y magistrados han acatado hasta ahora su voluntad, aun a costa de su desgaste en credibilidad y legitimidad, lo que parece bastante arriesgado ante el escenario de que el proceso comicial de Puebla termine resolviéndose en tribunales.

¿Cómo arrancan los contendientes a la gubernatura?

En mi opinión los favoritos Blanca Alcalá y José Antonio Gali muy parejos, aunque el segundo con una ligera ventaja, ventaja que no es para confiarse, no es definitiva considerando que el porcentaje de los indecisos o de aquellos que no revelan su intención de voto rebasa los 25 puntos.

Serán estos votantes los que inclinen la balanza hacia uno u otro lado en los 60 días que quedan por delante.

En suma: ganará no sólo el que menos errores cometa, sino el que sea capaz de atraer el voto de los indecisos o electores switchers que no saben si votar por Gali Fayad, aunque eso conlleve el riesgo de un continuismo, o por el regreso del PRI con el peligro de que con Blanca Alcalá los marinistas vuelvan por sus fueros.

EN CORTO

Tómelo con reserva, pero me anticipan que el priísta Óscar Aguilar González estaría por ganarle un juicio al diputado federal Hugo Alejo Domínguez, por el cual se tendría que repetir la elección en el distrito 4 con cabecera en Zacapoaxtla, en la Sierra Norte de la entidad.

Aguilar González acusó a su contendiente, en las elecciones federales de julio de 2015, de haber incurrido en actos anticipados de campaña y de haber rebasado el techo de gastos de campaña, lo cual al parecer ha documentado bastante bien.

Alejo Domínguez ha sido militante del PRI, del Panal y ahora lo es del PAN. Óscar Aguilar funge hoy como coordinador de redes y asociaciones de migrantes en la campaña de Blanca Alcalá.

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Este martes se hará oficial en una ceremonia la acreditación de la licenciatura de Ciencias Políticas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) como un programa académico de excelencia.

Tal reconocimiento lo otorga la Asociación para la Acreditación y Certificación de Ciencias Sociales (ACCECISO), que es el organismo acreditador de mayor prestigio en México en la materia.

La ceremonia donde se entregará la acreditación se efectuará en punto de las 12 horas en el Aula Magna del campus central de la UPAEP, con la presencia de los directivos de la Universidad, el Decanato de Ciencias Sociales y la Escuela de Ciencias Políticas.

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Cuentan que el sábado por la noche hubo toda la intención de impedir el acceso al Salón de Plenos del Instituto Electoral del Estado (IEE) a los seguidores de Ana Teresa Aranda y también de la dirigente estatal del PRD, Socorro Quezada Tiempo, pero que la estrategia fue desafortunada.

Y es que el salón fue llenado con empleados, asistentes, representantes y ayudantes de los partidos integrantes de la coalición Sigamos Adelante, para que cuando los acompañantes de Ana Teresa Aranda y Socorro Quezada llegaran, no pudieran sentarse en los lugares de adelante u ocupar un asiento en la parte de atrás.

Eso fue lo que estuvo a punto de provocar la noche del sábado un enfrentamiento entre empleados del Instituto y militantes del PRD encabezados por la diputada Socorro Quezada.

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Por extralimitarse en sus funciones y actuar por consigna, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación volvió a enmendarle la plana a los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE), cuya actuación como árbitros de la contienda está dejando mucho que desear.

Tanto que entre éstos han comenzado las rivalidades y grillas internas por la actuación unilateral del consejero presidente Jacinto Herrera Serrallonga en varios asuntos, la fuga de información supuestamente confidencial, y la injerencia de personajes ajenos al Instituto –como el ex secretario ejecutivo Miguel David Jiménez López y otros operadores morenovallistas– en casos controversiales.

Los consejeros saben que sus últimas decisiones, algunas de las cuales han sido aprobadas por unanimidad como la de suspender las prerrogativas al PRD por la ausencia de plataforma electoral, les han restado legitimidad, y que si esta situación continúa corren el riesgo de perder autoridad y no llegar a las elecciones del 2018.

Los resolutivos de la Sala Superior del TEPJF se veían venir. Era obvio que los magistrados del Tribunal Federal iban a darle la razón al PRD, que se inconformó por la suspensión de sus prerrogativas (por un monto de 9.9 millones de pesos) por supuestamente no contar con plataforma electoral, luego que la originalmente registrada fue invalidada.

También era lógico que los magistrados federales echarían abajo el acuerdo de validar en campo las firmas de apoyo obtenidas por Ana Teresa Aranda para obtener su registro como candidata a la gubernatura, toda vez que esta no es una atribución o facultad del IEE, que el Código Electoral no establece que las firmas tengan que verificarse en los domicilios de quienes las otorgaron y que tal actividad nunca se incluyó en el protocolo de los consejeros para aprobar o rechazar las candidaturas independientes.

El recurso promovido por el aspirante a candidato independiente Ricardo Jiménez Hernández, para dejar sin efecto el candado de territorialidad que introdujeron los consejeros del IEE, era obvio que también iba a ser aprobado.

Si el TEPJF ya había echado abajo ese requisito extralegal en el juicio que promovió Ana Teresa Aranda, ¿por qué esta misma resolución no tendría que beneficiar a Ricardo Jiménez?

Los magistrados federales no lo entienden, pero comienzan a sospechar –por los asuntos que han tenido que resolver en los últimos días– que tal situación obedece a la falta de independencia de los consejeros y magistrados locales electorales.

Para contextualizar esta afirmación sólo hay que recordar que el TEPJF ha resuelto –además de los tres caso anteriores– validar la renuncia que presentó Ana Teresa Aranda como militante del PAN y el registro de Roxana Luna Porquillo como candidata del PRD a la gubernatura, avalar la nominación de Blanca Alcalá Ruiz como abanderada del Partido Encuentro Social (PES) bajo la figura de candidatura común y la exigencia del magistrado Jorge Sánchez Morales de que su sueldo se homologue con el de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

En términos futbolísticos diríamos que los consejeros y magistrados locales pierden por goliza, y todo por extralimitarse en sus funciones y actuar por consigna.

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No a la judicialización de las elecciones para gobernador

Frente a una elección que se vislumbra tan cerrada y competida como la del domingo 5 de junio en Puebla y con un alto de riesgo de judicialización, el rol de los árbitros y jueces del proceso es fundamental para dar legalidad y certeza a los resultados de los comicios.

En la medida que los consejeros y magistrados electorales pierdan objetividad o independencia, se vuelvan parciales o actúen por consigna, los riesgos de que el proceso no sólo salga del ámbito local sino que tenga que ser resuelto por instancias u órganos jurisdiccionales de la capital del país son crecientes.

De ahí la importancia de que los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) resuelvan con estricto apego a la legalidad, sin sobrerregulaciones ni interpretaciones sacadas de la manga, los registros de candidatos independientes, de partidos y coaliciones que este domingo se presentaron.

La tentación de intentar de dejar fuera de la contienda electoral a los candidatos y partidos que no comulgan con el actual grupo gobernante o que suponen podrían restarle algunos puntos al abanderado a la gubernatura de Puebla de la coalición Sigamos Adelante, José Antonio Gali Fayad, no debe ir más allá de eso: de una tentación.

El ex presidente municipal de Puebla no necesita de ese tipo de «ayudas» para ganar la elección.

Si de los candidatos y candidatas que este domingo acudieron al IEE a solicitar su registro para contender por la gubernatura de Puebla, hay alguno o alguna que no aparecerá en la boleta electoral, ojalá que tal decisión obedezca a una inconsistencia jurídica y legal sólida y no en una consigna política de quién cree contar con el control mayoritario de los consejeros del IEE y los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE).

Lo ideal es que sea el sufragio de los ciudadanos radicados en la entidad el que determine quién debe ser el futuro o la futura gobernadora de Puebla, y que si esta elección se cierra la decisión del ganador o ganadora la defina el voto de la mayoría y no un litigio judicial en el TEE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Si Ana Teresa Aranda cumplió con el requisito de contar con más de 127 mil firmas de apoyo a su candidatura independiente se le debe dejar participar. La suya es una opción que representa a miles de ciudadanos que estamos hartos de la partidocracia, de la forma en que se conducen los partidos y seleccionan a sus candidatos a cargos de elección popular.

Lo mismo debe ocurrir con el otro aspirante a candidato independiente, Ricardo Jiménez Hernández. Si este reunió las firmas que necesitaba se le debe dejar participar, sin importar su supuesta o falsa proclividad al morenovallismo.

Si el Comité Ejecutivo Nacional del PRD decidió por mayoría que Roxana Luna Porquillo fuera su candidata a la gubernatura de Puebla, luego que una mayoría rechazó la alianza con el PAN, también se le debe dejar participar. El TEPJF no puede ni debe dejar al sol azteca sin candidato u obligarlo a nominar a un candidato diferente aquella, sólo porque la ex diputada federal es la principal crítica del gobernador de Puebla.

Si el Partido Encuentro Social (PES) resolvió de última hora postular –bajo la figura de candidatura común– a Blanca Alcalá Ruiz como su abanderada a la gubernatura, no veo por qué los consejeros y magistrados locales traten de impedirlo, recurriendo a tesis que nunca antes se aplicaron a los dos partidos estatales que hoy existen: Pacto Social de Integración (PSI) y Compromiso por Puebla (CPP).

Ese tipo de actitudes no presagian un comportamiento imparcial, independiente, certero y apegado a la legalidad de los consejeros y magistrados locales. Ojalá me equivoque.

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