LA CORTE DE LOS MILAGROS

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De Coofia, candidatos naturales y cosas peores

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En el transcurso de los próximos días, el caso de la Financiera Coofia podría dar un vuelco en perjuicio del gobierno del estado.

Y es que los principales directivos y accionistas de esta suspendida sociedad de ahorro, inversión y crédito popular —los hermanos Medina Soane— podrían obtener el amparo de la justicia federal, para dejar sin efecto las órdenes de aprehensión giradas en su contra.

Pero además exigir la liberación de algunos de sus ejecutivos presos, de sus cuentas congeladas y de sus oficinas, para —según ellos— establecer contacto y encontrar mecanismos que les permitan atender las obligaciones contraídas con sus clientes, empleados y proveedores.

En otras palabras, los directivos de Financiera Coofia podrían pasar a la ofensiva y reclamar a las instituciones y dependencias con las cuales venían laborando, antes que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la desconociera como sociedad de ahorro e inversión, los pagos que la Secretaría de Finanzas y la BUAP, entre otras, han venido cobrando a sus empleados por créditos otorgados por Coofia.

Estos pagos ascenderían a 340 millones de pesos, cifra 50 millones de pesos menor a la que el gobierno del estado y el fideicomiso Fipago pagarán a los cerca de 23 mil 640 defraudados de esta sociedad cooperativa.

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El profesor Guillermo Aréchiga Santamaría, presidente del Comité de Acción Política del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sostuvo el domingo 25 de abril una interesante reunión con jóvenes universitarios, a los que trató de convencer para sumarse a la campaña de Rafael Moreno Valle a la gubernatura de Puebla.

Pero también de la conveniencia de que desde ahora se conviertan en sus operadores políticos, ya que en las elecciones de 2013 él será el «candidato natural» en la contienda por la presidencia municipal de Puebla, gracias al apoyo de la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales.

A la reunión asistieron una treintena de estudiantes de distintas universidades públicas y privadas de Puebla, entre ellos Jaime Barrientos, de la Asociación Nacional de Estudiantes en Ciencias Políticas y Administración Pública (ANECPAP).

Guillermo Aréchiga dijo a los universitarios que Moreno Valle cuenta con un buen posicionamiento y el respaldo magisterial para ser el próximo gobernador del estado, y que la decisión de SNTE de jugarle las contras a Mario Marín y a su candidato Javier López Zavala.

Ahí también trascendió que en la escuela de la esposa del profesor Guillermo Aréchiga, ubicada a un costado de la casa de campaña del priísta Edgar Chumacero, en la junta auxiliar de San Baltasar Campeche, son frecuentes las reuniones de la esposa de Moreno Valle con diferentes actores políticos y sociales, y que en el encuentro de ese domingo los universitarios fueron instruidos a emprender, en las redes sociales de internet, una campaña de desprestigio en contra de López Zavala por su supuesto origen guatemalteco.

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Simón dice:

«La única manera de ser seguido es correr más deprisa que los demás.»

Francis Picabia (1879-1953) Pintor francés.

¿Busca la coalición opositora llevar la elección a tribunales?

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Zavala requiere triunfo holgado para evitar la judicialización

Canacope, activismo empresarial en coyuntura electoral

¿Quién gana y quién pierde si las elecciones para gobernador de Puebla se judicializan?

Hace unos días tuve contacto con un especialista en derecho electoral, que me alertó sobre algunos hechos que la coalición opositora Compromiso por Puebla, y su candidato a la gubernatura, Rafael Moreno Valle Rosas, podrían argüir como razones para impugnar y anular las elecciones del próximo 4 de julio.

El abogado en cuestión me entregó algunas notas –elaboradas por Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata, exmagistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación— sobre cómo se construyó el concepto de causa abstracta de nulidad de una elección, y de los factores que los llevaron a recurrir a esta tesis en las elecciones para gobernador de Tabasco del año 2000.

En lo personal, no descarto la posibilidad de que las elecciones para gobernador de Puebla terminen resolviéndose en el Tribunal Electoral, aunque me parece que este escenario sólo se configuraría, si —y solo si— la diferencia entre el candidato ganador y su más cercano contendiente fuera muy poca, de menos de 50 mil votos, y los candidatos de la coalición opositora ganaran algunas plazas importantes, como Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Atlixco, Teziutlán, Huauchinango, Tepeaca, Tecamachalco, San Pedro y San Andrés Cholula.

Este escenario, que hoy vislumbro lejano más no imposible, supondría que de aquí al día de la jornada electoral, la contienda entre los candidatos a la gubernatura Javier López Zavala y Rafael Moreno Valle se cerrará, a grado tal que la ventaja de la Alianza Puebla Avanza sobre la coalición Compromiso por Puebla se redujera a cinco o menos puntos de diferencia.

Dejando de lado mi hipótesis, vuelvo al tema del especialista en derecho electoral y a los hechos que, desde su perspectiva, podrían dar pie a que Moreno Valle y los partidos que lo apoyan recurran a la causal abstracta para anular la elección local del primer domingo de julio:

1. Las evidencias, recogidas por algunos medios de comunicación, de que el gobierno del estado no está siendo neutral en este proceso, y de que algunas estructuras electorales del PRI o al servicio de su candidato a la gubernatura son operadas por funcionarios públicos en funciones como los subsecretarios de Gobernación, Silvia Tanús Osorio y Joe Hernández Corona, y otros delegados de las secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Rural y Gobernación.

2. El derroche publicitario en que han incurrido algunos candidatos de la Alianza Puebla Avanza, como Mario Montero Serrano, que ha tapizado la ciudad, sus bardas y los medallones de los autobuses de transporte urbano con su retocada fotografía y la frase estoy contigo.

3. La acusación de Germán Alejandro López Brun  de que el gobernador Mario Marín Torres lo dejó fuera del Tribunal Electoral del Estado (TEE) por haberse opuesto a que el personal de este órgano jurisdiccional participara, en febrero de 2006, en la marcha que se organizó para apoyarlo, en el escándalo originado por su conversación con el empresario Kamel Nacif Borge tras la detención de la periodista Lydia Cacho, y la negativa del Congreso del estado de reinstalarlo como magistrado del TEE, a pesar de haber obtenido el amparo de la justicia federal.

4. La incorporación al equipo de campaña y cuarto de guerra del candidato Javier López Zavala, de funcionarios que hasta hace poco formaban parte del staff de comunicación social y asesoría política del gobierno del estado como Javier Sánchez Galicia, Elías Aguilar García, Raúl Velázquez García, y Gabriel González Molina.

5. El oscuro origen de los recursos utilizados por el candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Puebla, Rodolfo Huerta Espinoza , para pagar decenas de anuncios espectaculares en la ciudad, más de los que tiene el panista Eduardo Rivera Pérez, y contratar espacio en medios para criticar a los candidatos de la coalición conformada por el PAN, el PRD, el PANAL y Convergencia.

6. El uso de información privilegiada, contratada por el gobierno del estado, para provecho del PRI y sus candidatos en la elaboración de sus propuestas de campaña, como el reciente estudio sobre Competitividad que se pagó a Roberto Newell (Audio), director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y que fue incluido en la plataforma de compromisos de López Zavala como Alianza por el Empleo, la Inversión, y la Competitividad Responsable.

Los resultados de esa investigación, que colocan a Puebla en los últimos lugares en materia de competitividad a nivel nacional, fueron expuestos el jueves 22 de los corrientes por Jorge Estefan Chidiac, coordinador de Políticas Públicas del candidato de la Alianza Puebla Avanza, en el marco de un acto partidista efectuado en el auditorio del Complejo Cultural Universitario.

7. El uso del slogan publicitario de las campañas del gobierno del estado «Puebla Avanza» como denominación de la alianza formada por el PRI y el PVEM para estas elecciones , que la coalición Compromiso por Puebla impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado por considerar que éste generaba inequidad en la competencia electoral.

Si estos siete puntos contribuyen o no a la construcción de la causal abstracta de nulidad, es una cuestión que los magistrados locales y federales del Tribunal Electoral tendrán que resolver, lo que me parece oportuno destacar es que a estas alturas del proceso hay quienes ya piensan en judicializar el resultado de los comicios.

Un detalle que a mi juicio no deben perder de vista los asesores jurídicos de Moreno Valle y la coalición opositora es que los nuevos magistrados del TEPJF, empezando por su presidenta María del Carmen Alanís Figueroa, han externado su desacuerdo con esa polémica causal abstracta de nulidad, dándola por finiquitada, por no fundarse en causales establecidas expresamente en la ley.

EN CORTO

La Cámara de Comercio, Turismo y Servicios en Pequeño de Puebla (Canacope) será el primer organismo empresarial en reunirse con los principales candidatos a la gubernatura y presidencia municipal de Puebla de la Alianza Puebla Avanza y la coalición Compromiso por Puebla.

Ello sin duda tiene que ver con el dinamismo y liderazgo de su presidente Francisco Monterrosas Sosa, quien a diferencia de otros dirigentes empresariales dedica tiempo a la Canacope, sin desatender su negocio de franquicias.

El Consejo Directivo de la Canacope tiene previsto sesionar el 29 de abril con el panista Eduardo Rivera Pérez, después de que el viernes 16 de abril lo hizo con el priísta Mario Montero, a quien por cierto le reclamaron que en el mercado Mario Marín se tolere la venta de mercancía ilegal y piratería.

El 7 de mayo los socios de la Cámara de Comercio se reunirán con el candidato de la Alianza Puebla Avanza a la gubernatura, Javier López Zavala, y el 11 de mayo con el abanderado al mismo cargo de la coalición Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle.

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Algo raro sucede con la licitación convocada por el Instituto Electoral del Estado para la compra de material electoral: urnas y mamparas. Y es que la convocatoria se publicó en total sigilo, con un plazo de tres días (21, 22 y 23 de abril) para la compra de las bases.

¿Será que se trata de un concurso con dedicatoria?

Es pregunta, que conste.

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Simón dice:

«Las actitudes son más importantes que las aptitudes.»

Winston Churchill (1874-1965) Primer ministro británico en la Segunda Guerra Mundial.

Tribunal Electoral, ¿arreglo en puerta?

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Aunque en público el Congreso y el gobierno del estado han tratado de minimizar la lucha jurídica emprendida por Germán Alejandro López Brun para ser reinstalado como magistrado del Tribunal Electoral del Estado (TEE), lo que parece estar a punto de conseguir después de un largo litigio de más de tres años en tribunales federales, en privado ya se cocina un arreglo.

De hecho, se sabe que emisarios de la Secretaría de Gobernación del estado se han entrevistado con López Brun para pedirle desista de su petición de ser ratificado como magistrado del TEE, a cambio de pagarle tres años de salarios caídos, algo así como 2 millones 600 mil pesos.

Al exmagistrado se le ha dicho, con toda claridad, que su regreso al Tribunal Electoral es imposible, y que lo que más le conviene es llegar a un arreglo económico.

Hasta ahora López Brun no sólo ha rechazado ese arreglo, sino que ha solicitado la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los diputados del Congreso del estado que se han negado a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo que le otorgó la Segunda Sala del máximo tribunal del país —Humberto Aguilar Viveros y Pablo Fernández del Campo— sean destituidos y consignados por desacato.

¿En qué terminará el juicio de López Brun en contra del Congreso local que se niega a restituirlo como magistrado del TEE?, es algo difícil de pronosticar, pero que pronto sabremos, quizás antes de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa dicte la resolución final de este tortuoso juicio de más de tres años.

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De última hora.

Alejandro Armenta Mier no será diputado local, al menos en la próxima legislatura local.

Por decisión propia, declinó la invitación que se le hizo para ser incluido en la segunda posición de la lista de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional.

Alejandro Armenta habló con quien tenía que hacerlo, y le expresó su decisión de dedicarse de tiempo completo a las tareas partidistas, como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI., las valoró, y le garantizó una buena posición en la próxima administración estatal, si entrega buenos resultados al frente del PRI estatal.

Su interlocutor aceptó sus razones

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De rebote, casi de carambola, pero el diputado federal poblano, Pablo Rodríguez Regordosa, es desde este miércoles miembro de la selecta burbuja del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.

En el reacomodo de las jefaturas de esa bancada, por la incorporación de un diputado a la Secretaría de Gobernación federal, Rodríguez Regordosa fue nombrado subcoordinador de Debate Parlamentario y Formación.

Resulta que Roberto Gil Zuarth, recientemente nombrado subsecretario de Gobernación, dejó vacante la Vicecoordinación de Proceso Legislativo, la que desde ayer ocupa el mexiquense Carlos Alberto Pérez Cuevas, quien a su vez dejó acéfala la Subcoordinación que le cayó, como del cielo, al legislador poblano.

El nombramiento de Rodríguez Regordosa, quien fungió como coordinador de la precampaña de Rafael Moreno Valle Rosas, fue respaldado por la coordinadora general de esa bancada, Josefina Vázquez Mota.

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Un mal comienzo con los reporteros de la fuente tuvo el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, Luis Rodríguez Fernández, este miércoles al rendir protesta como dirigente del organismo cúpula de la iniciativa privada, en sustitución de Gabriel Huerta Ortega.

Su gente de prensa (Sandra de la Fuente) no sólo los ninguneó y los trató como ciudadanos de segunda o tercera, al ofrecerles un menú distinto al de los asistentes, sino que los maltrató al más puro estilo foxista: «después del acto protocolario se van«.

Mientras a los socios de los organismos empresariales invitados a la ceremonia de toma de posesión del nuevo Consejo Directivo del CCE de Puebla se les ofreció un menú consistente en ensalada de gambas con aderezo francés, crema de pimientos rojos, filete relleno de roquefort y salsa de pimiento verde y helado de turrón, para los periodistas no hubo más que nuggets de pollo, minipizzas, sandwiches y refresco en lugar de vino.

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Simón dice:

«Viven más contentos aquellos en quienes jamás puso los ojos la fortuna, que los otros de quienes los apartó».

Lucio Anneo Séneca (2 AC-65). Filósofo latino.

Minicrónica priísta de un destape fallido

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En la sesión del Consejo Político Estatal del PRI ocurrió lo que se esperaba.

A puerta cerrada, una mayoría apabullante votó a favor de la convención de delegados, como el mejor método para seleccionar a los que serán sus candidatos a gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

La aplanadora marinista no impidió, sin embargo, algunas expresiones aisladas de protesta —a través de volantes y carteles con la leyenda ¡No a la imposición!— de simpatizantes de Enrique Doger Guerrero y Jesús Morales Flores, que se pronunciaron por la elección directa, es decir, por la consulta a la base.

Sin embargo, en el salón del Centro de Convenciones, estas voces prácticamente pasaron inadvertidas, al grado que el PRI, en un comunicado de prensa, informó que la decisión de recurrir a la convención de delegados se aprobó por unanimidad.

Miguel Quiroz Corte fue el único que votó en contra de la propuesta hecha por la secretaria general del Comité Municipal del PRI, Enoé González Cabrera, lo que incluso le mereció una felicitación del exacalde Enrique Doger.

En la explanada del recinto todo era confusión.

Los cientos de priístas y acarreados que no tuvieron acceso a la sesión de Consejo Político Estatal, y que abarrotaron el patio, los pasillos y escaleras del Centro de Convenciones,se fueron un tanto decepcionados.

Y no porque estuvieran en contra de la convención de delegados, sino porque el destape de Javier López Zavala que les habían anticipado nunca se concretó, al menos como ellos lo esperaban.

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El presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, acaba de sufrir un nuevo descalabro jurídico, que le costará al organismo más de 350 mil pesos, y a éste una posible acusación por daño patrimonial.

El caso está relacionado con un juicio mercantil promovido por Raquel Jacobo Chartuni en el Juzgado 5º de lo Civil, mediante el cual reclama al Instituto un adeudo de cerca de 300 mil pesos, por el pago de cuatro meses de renta de un edificio de su propiedad ubicado en la 25 Poniente 3316 de esta ciudad.

De acuerdo con el contrato suscrito entre el IEE y Raquel Jacobo, dicho inmueble sería desocupado y entregado a más tardar el 15 de diciembre de 2007, sin embargo ello no sucedió.

Por distintas circunstancias, el edificio se entregó hasta el 15 de abril del año siguiente, lo que llevó a su propietaria a exigir el pago de cuatro meses adicionales de renta, a lo que el presidente del Instituto, Jorge Sánchez Morales, y la entonces encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, se negaron.

La propietaria procedió entonces a requerir el pago por la vía judicial. Promovió un juicio ante el Juzgado 5º de lo Civil, y éste falló a su favor, sin embargo Jorge Sánchez Morales, a través del Jurídico del IEE, promovió una apelación ante la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).  

Esta analizó la apelación y la declaró infundada, por lo que el presidente del Instituto solicitó el amparo de la justicia federal. Pero para su desgracia, el pasado 26 de noviembre, el Tribunal Colegiado en materia civil del Sexto Circuito se lo negó, confirmando la sentencia del Juzgado 5º de lo Civil y de la Cuarta Sala Civil del TSJ.

Lo anterior significa que el IEE tendrá que pagar más de 300 mil pesos, por una negligencia de su presidente y de quien fuera la encargada de la Dirección Administrativa del Instituto.

El caso, sin embargo, va más allá, pues podría dar pauta a una acusación de daño patrimonial en contra de Jorge Sánchez, quien ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado, no sólo negó tal adeudo, sino que se inventó un contrato que echaba por tierra cualquier reclamación por parte de la propietaria.

¿Qué pasará ahora que el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito ha confirmado la sentencia en contra del IEE?

¿Con qué dinero se cubrirán los más de 300 mil pesos que reclama la propietaria del edificio de la 25 Poniente 3316?

¿Con recursos de Jorge Sánchez o del patrimonio del Instituto Electoral del Estado?

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Simón dice:

«Engañar al que engaña es doblemente entretenido».

Jean de la Fontaine (1621-1695) Escritor y poeta francés.

 

Congreso, nuevo descalabro jurídico

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El Congreso del estado recibió ayer un nuevo revés jurídico por sus acciones en torno a la renovación de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), proceso que fue impugnado por la comisionada saliente Josefina Buxadé Castelán.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa declaró infundada la queja presentada por el Poder Legislativo y la nueva comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena en contra el Juzgado Primero de Distrito por haber dado entrada al amparo promovido por Josefina Buxadé en contra del nombramiento de quien la sustituyó en la CAIP.

En tal virtud, ahora el juez federal tendrá que entrar al fondo del asunto, resolver en un par de meses si el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra y su suplente cumplió o no con el procedimiento establecido en la convocatoria, y determinar si ambas eran elegibles y si el Congreso violó o no las garantías individuales de Buxadé.

Para colmo de males, el destituido ex presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo, está por presentar un amparo contra la decisión del Congreso del estado de removerlo, recurso que de entrada la garantizaría su permanencia en el organismo en tanto se revuelve de fondo dicho juicio.

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A juzgar por las planillas de candidatos a consejeros universitarios que hasta el momento se han registrado —el plazo vence este día—, el rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, tiene prácticamente asegurado el control del máximo órgano de gobierno de la institución.

Salvo sorpresa de última hora, lo más probable es que el día de la jornada electoral —el 19 de marzo— sólo haya competencia en cinco de 35 unidades académicas de la BUAP, donde la oposición podría ganar de dos a tres consejeros alumnos e igual número de consejeros maestros.

Entre las facultades donde se prevé la participación de planillas contrarias al proyecto del rector Agüera figuran Economía y Físico Matemáticas, unidades académicas en las cuales Los Espartacos tratarán de ganar algunas consejerías estudiantiles; así como Electrónica, Filosofía y Computación, donde los candidatos de oposición son miembros de la Liga Estudiantil Democrática.

De éstas, los mayores riesgos están en Físico Matemáticas y en Filosofía y Letras, donde la oposición podría hacerse de dos o tres consejerías estudiantiles.

Sin embargo, lo más probable es que las planillas afines al rector Agüera arrasen en las elecciones, con 140 consejerías de alumnos y maestros, más tres de trabajadores administrativos, más 35 de directores de igual número de unidades académicas.

Con esos resultados, Agüera habrá dado un paso importante para garantizar una reelección sin problemas, en la auscultación del mes de septiembre, cuya organización estará a cargo del nuevo Consejo Universitario.

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La facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP será sede del 7 de marzo al 4 de abril de un ciclo de conferencias sobre «La Universidad de Nuestro Tiempo«, en el que participarán destacados investigadores nacionales en la materia.

El calendario de ciclo es el siguiente:

Sábado 7 de marzo. Olac Fuentes Molinar, exsubsecretario de Educación Básica y Normal, y colaborador de varias publicaciones nacionales e internacionales, disertará sobre el tema «Las pedagogías en la universidad mexicana de nuestro tiempo»

Viernes 13 de marzo. Hugo Aboites, profesor -investigador de la UAM y profesor invitado de la Universidad de Harvard, dictará la conferencia «La autonomía en México: entre la libertad, el Estado y el interés privado».

Sábado 21 de marzo. Daniel Cortés, estudioso de la universidad globalizada y coordinador del grupo de redacción del Observatorio Ciudadano de la Educación, expondrá la ponencia «Cambio institucional universitario y corrientes teóricas de interpretación de la educación superior».

Viernes 27 o sábado 28 de marzo. Hugo Casanova Cardiel, investigador del IISUE de la UNAM y coordinador de la colección de libros sobre la Universidad Contemporánea, impartirá la conferencia «La universidad contemporánea: política y gobierno».

Sábado 4 de abril. Alejandro Márquez, investigador del IISUE de la UNAM y miembro del grupo de redacción de Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE), expondrá el tema «Beneficios públicos y privados de la educación superior».

Todas las conferencias tendrán lugar en el auditorio de posgrados de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en Ciudad Universitaria.

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Simón dice:

«Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas»

Honoré de Balzac, escritor francés.

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El Rey Midas al revés

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Ahora que Ricardo Henaine Mezher decidió cerrar Valle Fantástico, bien valdría la pena que el gobierno estatal se planteara el rescate de esas 18.7 hectáreas que al empresario le fueron donadas a título –oneroso en las postrimerías del sexenio melquiadista– en 10 millones de pesos.

La administración marinista ganaría, de esa manera, no sólo legitimidad –que buena falta le hace–, sino la oportunidad de lograr lo que ninguno de sus dos antecesores en la gubernatura pudo: un auténtico parque metropolitano en la zona de Angelópolis.

La tarea no es muy complicada.

Para lograrlo, la primera acción del gobierno de Marín Torres sería revertir la donación a favor de Ricardo Henaine, devolviéndole lo que pagó en 2004, incluso con intereses, más los 7 millones que dice haber desembolsado desde entonces a la fecha por concepto de predial.

Motivos no deben faltarle, y menos cuando el también dueño del periódico El Heraldo de Puebla ha incumplido con la mayoría de los compromisos adquiridos en el convenio respectivo.

A su vez, Ricardo Henaine podría recuperar su inversión, deshaciéndose de un terreno al que nunca podrá cambiarle el uso de suelo para construir sobre él centros comerciales de lujo o exclusivos fraccionamientos residenciales.

Y menos después de que la subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Sedesol federal, Sara Topelson de Grinberg, empeñó su palabra de que el Parque Metropolitano seguirá como parque metropolitano; y de que, a la par, un grupo de vecinos obtuvo un amparo de la justicia federal para impedir el cambio de uso de suelo de otras 30 hectáreas de preservación ecológica en la reserva territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl.

Estas dos, más el reciente caso del Jardín de Arte, serían dos muy buenas razones por las cuales la administración estatal ganaría más convirtiendo Valle Fantástico en un pulmón metropolitano que empeñarse en saturar la zona de Angelópolis con nuevos comercios.

Si Ricardo Henaine decidió cerrar el parque de diversiones Valle Fantástico (mejor conocido en el argot periodístico como fraude fantástico) no fue para remodelarlo, como oficiosamente se ha dicho, sino para evitar mayores pérdidas económicas en ese negocio.

La especie de que el parque se transformará en un complejo de entretenimiento con salas de cine, una pista de hielo, mesas de boliche y un teatro libre para conciertos, no es más que otra de sus mentiras.

Henaine ofreció modernizar y equipar el aeropuerto Hermanos Serdán para que funcionara como alterno al de la ciudad de México y ha fracasado.

También prometió, en 2005, hacer de Valle Fantástico el mejor parque de diversiones de Puebla. Y lo cerró.

Así ha ocurrido con otros negocios locales en los que también tiene participación, como el Puebla de la Franja (perseguido por la sombra del descenso) y El Heraldo de Puebla, cuya circulación y tiraje van de mal en peor.

¿O no?

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Simón dice:

“No merece respeto quien no sabe inspirarlo…”
Maximiliano de Habsburgo.

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Saldos y retales de la CAIP

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Será a mediados de la próxima semana cuando Josefina Buxadé Castelán y sus abogados –entre los que no figura Fernando Urbano Castillo Pacheco— promuevan un amparo contra la decisión del Congreso del estado de nombrar a Blanca Lilia Ibarra Cadena como comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP).

Dicho amparo, a decir de la propia Josefina Buxadé, no tiene el propósito de echar abajo la designación de la ex titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, para que ella ocupe su lugar, sino sentar un precedente para que el Poder Legislativo se abstenga de elegir a comisionados que legalmente están impedidos para ocupar el cargo.

La ex comisionada fundadora de la CAIP dijo que por tal razón no pedirá en su amparo la suspensión del nombramiento de Blanca Lilia Ibarra, sino que se revise el procedimiento y se emita una nueva convocatoria, ya que tanto aquella como su suplente Alexandra Herrera Corona incumplen con los requisitos establecidos en la fracción VI del artículo 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado.

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Otro que también ya prepara su amparo contra la decisión unánime del Congreso del estado de revolcarle el nombramiento y destituirlo como presidente de CAIP, es Antonio Juárez Acevedo.

Este, a diferencia de Buxadé, sí solicitará antes de que concluya el año la suspensión del resolutivo aprobado el lunes pasado por la LVII Legislatura local.

Si esta solicitud procediera, los diputados locales estarían metidos en brete, pues por un lado tendrían como presidente de la CAIP a un personaje deslegitimado y sin autoridad moral, y a una comisionada impugnada por incumplir a cabalidad los requisitos que se exigen a los aspirantes a formar parte del órgano garante de la transparencia en la administración pública estatal.

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El teziuteco Jorge Carlos Juraidini Rumilla, quien se desempeñaba como director de Adquisiciones de la Secretaría de Gobernación, fue separado del puesto y está sujeto a investigación, junto con otros funcionarios a su cargo y de la dependencia, por el accidente aéreo en que perdió la vida Juan Camilo Mouriño Terrazo, el pasado 4 de noviembre.

Carlos Juraidini es hijo del empresario y ex presidente municipal de Teziutlán, Miguel Juraidini Kuri y de la señora Petruca Rumilla Fayad.

Antes de incorporarse a la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Gobernación, Carlos Juraidini trabajó en Canadá como miembro del Servicio Exterior y más tarde como asesor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde conoció a Elba Esther Gordillo, quien lo recomendó para trabajar en el gobierno calderonista.

En las investigaciones que se realizan en torno al accidente del Lear Jet 45 en que perdió la vida Juan Camilo Mouriño, el titular de la Dirección de Adquisiciones de Gobernación aparece como uno de los responsables de la compra de la aeronave de segunda mano, y de la contratación de los pilotos sin experiencia, así como de su deficiente capacitación y entrenamiento para pilotear la nave del ex número 2 del gobierno federal.

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Apunte usted el nombre del director de Planeación de la Coordinación de Políticas Públicas del ayuntamiento de Puebla, Octavio Castilla Kuri, como uno de los prospectos con más posibilidades para suceder el año entrante a Isidro Honorio Ojeda Lara en la presidencia del Colegio de Economistas de Puebla.

Octavio Castilla fue secretario particular del ex presidente del Colegio de Economistas, José Alarcón Hernández, en la dirigencia del PRI, y subdirector de la Promotora Universitaria de la BUAP en el rectorado de Enrique Agüera Ibáñez.

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Amparo contra diputados blandengues

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En lo que parece el colmo del cinismo, ante la pasividad, tortuguismo y complicidad de la mayoría priísta del Congreso del estado, el presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, ahora quiere argumentar, para impedir su destitución, que el artículo 28 de la Ley de Transparencia que impide ser comisionado a quienes han sido dirigentes de partidos o agrupaciones políticas, es anticonstitucional al restringir la libertad de asociación tutelada por el artículo 6º de la Carta Magna.

Con la complicidad de algunos abogados especialistas en amparo, el ilegítimo Juárez Acevedo quiere argüir también que el procedimiento iniciado por la Comisión de Gobernación del Congreso local –a cargo del blandito Pablo Fernández del Campo Espinosa–  para removerlo del cargo, es improcedente, pues no partió del titular del Poder Ejecutivo (entiéndase el gobernador), ni de las dos terceras partes de los diputados de la actual legislatura (ja, ja, ja, ja).

Ambas argucias, sugeridas por quien fuera su compañero en la Escuela Libre de Derecho, Fernando Castillo Pacheco, podrían plasmarse hoy en un juicio de amparo contra la decisión de remover a Juárez Acevedo, y en el que los medios de comunicación que hemos criticado su cinismo, seremos llevados al banquillo de los acusados.

En sus palabras, “los medios de comunicación, en especial la prensa escrita y los programas amarillistas y tendenciosos tanto de radio como de televisión han hecho de este caso –en su hambre de notas sensacionalistas– su pan de cada día, lo cual ha mal informado a la ciudadanía poblana respecto del procedimiento iniciado en contra del licenciado Antonio Juárez Acevedo”.

En su afán de demostrar que él es el personaje idóneo para sacar del embrollo al titular de la CAIP, Castillo Pacheco presume que “ha logrado que los medios de comunicación vean con seriedad las acciones jurídicas” y apoyen a sus clientes en asuntos en los que son víctimas de la autoridad, como le ocurrió a la empresa Jajomar, concesionaria del sistema de estacionómetros en el municipio de Puebla.

Según él, desde su intervención en el caso de los parquímetros “se acabó el linchamiento mediático” en contra de Jajomar y el descontento social recayó en el ayuntamiento de Puebla y no en la empresa que limpiamente ganó la licitación (ja, ja, ja, ja).

Al margen de estas fanfarronadas de su amigo y el escándalo en que se ha visto envuelto por haber ocultado su pertenencia como miembro de la directiva de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro, lo cierto es que Juárez Acevedo intenta ahora por la vía legal que el Congreso suspenda el procedimiento que le inició para destituirlo.

Como ya se dijo líneas arriba, el presidente de la CAIP recurrirá al juicio de amparo, valiéndose de nuevas argucias:

1. Que el procedimiento que le inició la Comisión de Gobernación es improcedente, al haber sido promovido sólo por el grupo parlamentario del PAN, atendiendo a cuestiones político partidistas y no legales;

2. Que el artículo 28 de la Ley de Transparencia es anticonstitucional, por coartar el derecho a la libre asociación;

3. Que los diputados locales jamás podrán acreditarle su actuación como secretario de Plataforma Cuatro a partir de nombramiento como comisionado de la CAIP; y

4. Que su destitución no encaja en ninguna de las tres causales previstas por el artículo 29  de la Ley de Transparencia, como son trasgresiones graves a la Constitución federal y la particular del estado, haber incurrido en alguna responsabilidad administrativa o haber sido condenado por algún delito que merezca pena corporal.

¡Vaya cinismo!

El juicio de protección de garantías individuales que hoy seguramente promoverá Juárez Acevedo, de la mano de su compañero de Alma Mater, será una afrenta más del supuesto garante de la transparencia y la rendición de cuentas en Puebla, pero ahora contra los blandengues diputados del PRI que han alargado y entorpecido su destitución por más de un año.

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Sesiones en lo oscurito

Desde el escándalo en que se encuentra inmersa la CAIP y su ilegítimo presidente, Antonio Juárez Acevedo, las sesiones del pleno de esta comisión se hacen a escondidas de la prensa.

Por decisión de quién sabe quién, los medios dejaron de ser convocados a las sesiones ordinarias y extraordinarias donde se resuelven recursos de impugnación contra negativas de información de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia.

Ahora estas sesiones se realizan en petit comite, con la presencia de los tres comisionados, sus secretarios particulares y los asistentes de sus asistentes.

¡Viva la transparencia y la rendición de cuentas!

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