En la sesión del Consejo Político Estatal del PRI ocurrió lo que se esperaba.

A puerta cerrada, una mayoría apabullante votó a favor de la convención de delegados, como el mejor método para seleccionar a los que serán sus candidatos a gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

La aplanadora marinista no impidió, sin embargo, algunas expresiones aisladas de protesta —a través de volantes y carteles con la leyenda ¡No a la imposición!— de simpatizantes de Enrique Doger Guerrero y Jesús Morales Flores, que se pronunciaron por la elección directa, es decir, por la consulta a la base.

Sin embargo, en el salón del Centro de Convenciones, estas voces prácticamente pasaron inadvertidas, al grado que el PRI, en un comunicado de prensa, informó que la decisión de recurrir a la convención de delegados se aprobó por unanimidad.

En la explanada del recinto todo era confusión.

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El presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, acaba de sufrir un nuevo descalabro jurídico, que le costará al organismo más de 350 mil pesos, y a éste una posible acusación por daño patrimonial.

El caso está relacionado con un juicio mercantil promovido por Raquel Jacobo Chartuni en el Juzgado 5º de lo Civil, mediante el cual reclama al Instituto un adeudo de cerca de 300 mil pesos, por el pago de cuatro meses de renta de un edificio de su propiedad ubicado en la 25 Poniente 3316 de esta ciudad.

De acuerdo con el contrato suscrito entre el IEE y Raquel Jacobo, dicho inmueble sería desocupado y entregado a más tardar el 15 de diciembre de 2007, sin embargo ello no sucedió.

Por distintas circunstancias, el edificio se entregó hasta el 15 de abril del año siguiente, lo que llevó a su propietaria a exigir el pago de cuatro meses adicionales de renta, a lo que el presidente del Instituto, Jorge Sánchez Morales, y la entonces encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, se negaron.

Esta analizó la apelación y la declaró infundada, por lo que el presidente del Instituto solicitó el amparo de la justicia federal. Pero para su desgracia, el pasado 26 de noviembre, el Tribunal Colegiado en materia civil del Sexto Circuito se lo negó, confirmando la sentencia del Juzgado 5º de lo Civil y de la Cuarta Sala Civil del TSJ.

Lo anterior significa que el IEE tendrá que pagar más de 300 mil pesos, por una negligencia de su presidente y de quien fuera la encargada de la Dirección Administrativa del Instituto.

El caso, sin embargo, va más allá, pues podría dar pauta a una acusación de daño patrimonial en contra de Jorge Sánchez, quien ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado, no sólo negó tal adeudo, sino que se inventó un contrato que echaba por tierra cualquier reclamación por parte de la propietaria.

¿Qué pasará ahora que el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito ha confirmado la sentencia en contra del IEE?

¿Con qué dinero se cubrirán los más de 300 mil pesos que reclama la propietaria del edificio de la 25 Poniente 3316?

¿Con recursos de Jorge Sánchez o del patrimonio del Instituto Electoral del Estado?

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Simón dice:

«Engañar al que engaña es doblemente entretenido».

Jean de la Fontaine (1621-1695) Escritor y poeta francés.

Aunque no tengo bola de cristal, puedo anticiparle que después de la reunión que este viernes sostendrán entre las 9 y las 10 de la mañana el secretario de Salud del estado, Antonio Marín y López, y el secretario general de la Sección 25 Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, Malcom Ramírez Martínez, se iniciará una cascada de protestas, marchas y paros, en los hospitales, clínicas y centros de salud de la entidad.

Las protestas podrían comenzar este viernes con la suspensión de labores en el Hospital General del Sur, de Agua Santa, y con un plantón permanente en las oficinas de la Secretaría de Salud, si el doctor Antonio Marín no recibe o deja plantados a los dirigentes del sindicato.

La inconformidad de los sindicalizados podría ser respaldada por algunos empleados de oficinas centrales y mandos medios de jurisdicciones sanitarias, después de que esta semana el secretario de Salud decidió relevar de sus funciones a la subdirectora de Epidemiología y Atención Preventiva, Diana Celia Carpio Díaz; al subdirector del Seguro Popular, Joaquín Bianchini Maldonado; al jefe del Departamento de Afiliación del Seguro Popular, Francisco Rafael Cajica Arenas; al jefe del Departamento de Trasplantes de Órganos, Miguel Ángel García Martínez; y a la jefa de la jurisdicción sanitaria número 6, Sonia Esther Aguirre Sandoval.

Unos y otros se quejan por la negativa de abrir nuevas plazas de médicos y enfermeras, por el despido injustificado de personal de base y de confianza, por el desabasto de medicamentos y material de curación, por la falta de mantenimiento a los equipos e instalaciones sanitarias, y por anomalías en el manejo de los recursos del Seguro Popular.

El movimiento sindical —que es alentado por algunas instancias gubernamentales— marcará el principio del fin de Antonio Marín como secretario de Salud del estado.

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Otro funcionario en problemas, pero éste del gobierno federal, es el delegado de la Procuraduría Federal de Proteción al Ambiente (Profepa), Rubén Pedro Rodríguez Torres, quien actualmente se encuentra suspendido.

Las razones se desconocen, pero se cree que esta amonestación tiene su origen en las protestas del gobierno del estado por el amago del delegado de clausurar las vías de acceso a la Célula, y sus declaraciones en el sentido de que tales obras de infraestructura habrían provocado un daño ecológico en la zona por la destrucción de cactáceas y otras especies vegetales protegidas.

Hasta donde se sabe, ésta es la segunda ocasión en que Rodríguez Torres es suspendido por faltas y errores administrativos.

La primera suspensión estuvo relacionada con la pérdida de cheques de nómina y otros documentos de la Profepa.

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Simón dice:

«El que sólo sabe medicina, ni medicina sabe»

José Letamendi De Manjarrés, médico y escritor español

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Si las elecciones para gobernador del 2010 se adelantan del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio, puede dar por un hecho que ni Blanca Alcalá Ruiz, ni Enrique Agüera Ibáñez llegarán a la puja final por la nominación priísta a la gubernatura de Puebla.

La presidenta municipal tendría el inconveniente de faltar a su compromiso, suscrito ante notario público, de gobernar la capital del estado por tres años, y de pedir licencia para participar en el proceso interno del PRI casi inmediatamente después de rendir su segundo informe de labores, por ahí del 15 de febrero de 2010.

Es decir, Blanca Alcalá tendría que dejar el gobierno de la ciudad justo a los dos años de su toma de posesión.

En estas condiciones, muy difícilmente la primera alcaldesa de Puebla estaría en posibilidades ya no de ganar la gubernatura, sino de salir a convencer a los poblanos de ser la mejor opción para el estado, máxime cuando su legado en materia de obra pública para febrero de 2010 se vislumbra como muy modesto, por no usar otra palabra.

La situación para el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es igual o aún más complicada.

Enrique Agüera Ibáñez no sólo tendría que asegurar su reelección el año entrante, algo en lo que ya trabaja y con ahínco, sino preparar a marchas forzadas al que sería su sucesor, y que necesariamente tendría que salir de una nueva auscultación sectorial por voto universal, directo y secreto.

Y es que las elecciones para rector de la BUAP son en septiembre de 2009 y la toma de posesión en octubre.

Cuatro o cinco meses después, es decir en febrero o marzo de 2010, Agüera tendría que pedir licencia o renunciar para poder participar en el proceso interno del PRI por la candidatura a gobernador.

En ese escenario, el Estatuto Orgánico de la BUAP prevé que si el rector renuncia antes de dos años, el Consejo Universitario designa a un rector interino que convoca a nuevas elecciones en un plazo no mayor de 90 días.

Dicho proceso necesariamente se empataría con la elección constitucional, y por tanto la Universidad correría el altísimo riesgo de partidizarse.

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A diferencia de las anteriores marchas y protestas realizadas por los maestros disidentes, la de ayer tuvo como centro al gobierno del estado y al secretario de Educación Pública, Darío Carmona García.

Los profesores que ayer salieron a la calle ya no sólo exigían la remoción de los secretarios de las secciones 23 y 51 del SNTE, y la cancelación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), sino que el gobierno de Marín defina su postura frente a la Alianza y que Darío Carmona sea relevado de la SEP o que al menos quede fuera de la mesa de negociaciones con los disidentes.

La posición de los inconformes que hoy también amenazan con tomar en cualquier momento las oficinas de la SEP, se explica por el doble discurso de Darío Carmona, que primero alentó el movimiento disidente y ahora, por las presiones del SNTE, los amaga con descuentos y otras sanciones económicas.

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Antonio Galy Fayad fue designado este martes como director regional Pacífico-Centro del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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A nadie le debe sorprender que en el transcurso de las próximas semanas, las relaciones —hasta ahora amistosas e institucionales— entre el gobierno del estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entren en un periodo de crisis y desgaste, en el marco de la sucesión de Casa Puebla.

De hecho, el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, con el apoyo de sus comités seccionales, ha registrado cómo en los últimos días, maestros disidentes de Elba Esther Gordillo han sido cobijados en Puebla para crear un frente antielbista o alentados  para sumarse a marchas en contra del dirigente de la Sección 23, Erick Lara Martínez.

Desde la perspectiva del SNTE, estas acciones son alentadas por el llamado delfín del gobernador Mario Marín Torres, el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, y operadas por el secretario de Educación Pública, Darío Carmona García, y el secretario general del sector popular del PRI en Puebla, Gonzalo Amador Juárez Uribe.

¿Con qué propósito?

Básicamente con dos objetivos: uno, debilitar al SNTE y a los dirigentes de su estructura conformada por comités seccionales, comités regionales, comités delegacionales y representantes de escuela y, dos, evitar que la estructura del Sindicato se vuelque a favor del senador Rafael Moreno Valle Rosas, como potencial candidato del PAN y el PANAL, a la gubernatura del estado en los comicios del 2010.

Para el secretario general de la Sección 23, las acciones que López Zavala ha emprendido para dividir y confrontar al SNTE, mediante la creación del Frente de Organizaciones Magisteriales y Ciudadanas (Fromac), son consecuencia del apoyo que en días pasados expresó la maestra Gordillo a las aspiraciones de Moreno Valle para convertirse en el sucesor de Mario Marín en Casa Puebla.

López Zavala no desconoce la capacidad de operación de algunos dirigentes del SNTE que antes trabajaron para el PRI, como el actual secretario general de la Sección 23.

En las elecciones federales de 2006, cuando López Zavala aún era secretario de Gobernación del estado le auguró a Erick Lara —entonces secretario de Conflictos de Primaria de la Sección 23— que el PANAL no obtendría en Puebla más de 10 mil votos.

El hoy dirigente de la Sección 23 tomó las palabras de López Zavala como un reto, y en los comicios presidenciales del 2006 logró que el PANAL alcanzara 108 mil sufragios, cifra que superó un año después, en las elecciones locales de presidentes municipales, con 152 mil votos.

Lo anterior explica por qué en las manifestaciones y protestas realizadas aquí en Puebla por maestros inconformes de las regiones de Teziutlán y Libres tengan como blanco de su crítica, además de la maestra Gordillo, las reformas a la Ley del ISSSTE y la Alianza para la Calidad de la Educación, al dirigente seccional de la 23 Erick Lara.

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