Cochinero legislativo

La intentona de remoción de Rocío García Olmedo como presidenta de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior por parte de 19 legisladores priístas, incluido su líder y presidente de la Gran Comisión, José Othón Bailleres Carriles, va más allá de una venganza política o una pugna entre grupos marinistas por la sucesión gubernamental.

Claro que estos ingredientes están presentes, pero creo que hay otras razones que aún no han sido mencionadas.

García Olmedo está lejos, pero muy lejos, de ser garante de legalidad, transparencia y pulcritud en materia de revisión y fiscalización de cuentas públicas. La legisladora priísta en poco o nada ha contribuido para que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) deje de funcionar como garrote político en contra de los enemigos del régimen o instrumento de presión para afianzar apoyos de quienes desde fuera lo controlan.

Con y sin García Olmedo, el OFS se ha conducido con discrecionalidad y opacidad en su función de máxima autoridad fiscalizadora de los recursos públicos.

El cuartelazo para destituirla de la presidencia de la Comisión Inspectora, es en realidad una pugna por hacerse del control del garrote político del Congreso del estado, por los dividendos políticos y económicos que conlleva auditar y aprobar más de 300 cuentas públicas al año.

Para nadie es un secreto que más de un aspirante del PRI a la gubernatura se ha ganado el apoyo de docenas de presidentes municipales con el prurito de que si se suman a su proyecto político y contribuyen a respaldarlo con hechos y acciones concretas, el OFS aprobará sin mayor problema sus cuentas públicas.

Cuántos legisladores priístas —y de oposición también— se valen de este mismo engaño para que los presidentes municipales de sus distritos los apoyen con contratos de asesoría, servicios y obra pública, o con aviadores y recomendados en la nómina municipal.

La verdad es que esta situación tiene en crisis al OFS, a su auditor general Víctor Manuel Hernández Quintana, y a la aún presidenta de la Comisión Inspectora, pues por un lado éstos tienen que auditar, emitir pliegos y sancionar desvíos de recursos públicos y, por otro lado, los presidentes municipales se resisten a ser revisados y a responder los pliegos de observaciones y cargos, en el entendido de que el diputado fulano o el candidato a gobernador perengano les ofrecieron protección e inmunidad.

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Uno de los principales instigadores de la remoción de Rocío García Olmedo como presidenta de la Comisión Inspectora es su compañero de partido Víctor Huerta Morales.

Este legislador priísta, plenamente identificado con el Proyecto Z, es uno de los mayores lastres políticos del Órgano de Fiscalización Superior, pues prometió a decenas de presidentes municipales protección e inmunidad, que hoy no puede refrendar, aún siendo secretario de la Comisión Inspectora.

De ahí su interés porque García Olmedo sea relevada, a la mayor brevedad.

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Un dato que vale la pena recordar es que Víctor Huerta Morales fue presidente municipal de Esperanza, en el trienio 2006-2009, y que su desempeño dejó mucho que desear, al grado que el Órgano de Fiscalización Superior lo multó y le hizo millonarias observaciones, que después derivaron en pliegos de cargos por más de 64 millones de pesos.

Del 1 enero al 30 de junio de 2007 al hoy secretario de la Comisión Inspectora le emitieron pliegos de observaciones por más de 31 millones de pesos, y del 1 de enero al 20 de julio del mismo año, por más de 65 millones de pesos.

De las primeras, derivó el pliego de cargos 3505-1C por la cantidad de 26 millones 233 mil pesos, y por las segundas el pliego de cargos 3798C por una suma de 64 millones 122 mil pesos.

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Simón dice:

“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”.
Joan Baez (1941-?). Cantante estadounidense de música folk, conocida como «La reina de la canción protesta»