Que antes de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso del estado, que comenzó el 1 de junio y termina el 31 de julio, se reformará la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del estado y se nombrará a un nuevo auditor general.

Lo anterior significa que el actual auditor Víctor Manuel Hernández Quintana está por renunciar o pedir licencia, argumentando motivos personales o de salud.

Su separación del OFS se dará en el marco de la revisión y aprobación de un paquete de más o menos 50 cuentas públicas de igual número de ayuntamientos correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010.

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Foto Agencia Enfoque

Que el presidente de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior, el panista Mario Riestra Piña, ya comenzó a cabildear con algunos coordinadores parlamentarios —entre ellos el priísta José Luis Márquez Martínez— el relevo de Hernández Quintana y algunos nombres de contadores, administradores, economistas y abogados que podrían llegar a sustituirlo.

El consenso es más que obligado, pues según la fracción V de la Ley en la materia, el nombramiento del auditor general requiere de mayoría calificada, es decir, contar con el voto a favor de las dos terceras de los diputados.

Los candidatos al cargo de auditor general del OFS deben cumplir con los siguientes requisitos: ser mexicanos, originarios o residentes del estado con cinco años anteriores a la fecha del nombramiento; tener más de 30 años; no haberse desempeñado como gobernador, secretario de despacho, senador, diputado federal o local, magistrado, presidente municipal o como dirigente de partido político durante los tres años anteriores; y poseer título de contador público y auditor o licenciado en contaduría pública, abogado o licenciado en derecho, en economía, en administración pública o de empresas.

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Que entre los aspirantes a sustituir a Hernández Quintana en el OFS figuran el abogado Fernando Chevalier Ruanova, exdelegado de la Condusef; el contador Armando Valerdi y Rojas, extesorero general de la BUAP; y David Villanueva Lomelí, subdirector de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

La lista, por supuesto, es más amplia, por lo que en los próximos días saldrán a relucir otros prospectos.

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Que el coordinador de la bancada del PAN y presidente de la Comisión Inspectora, Mario Riestra Piña, no es partidario de dotar de mayor autonomía al Órgano de Fiscalización Superior, por lo que éste continuará como una unidad de fiscalización, control y evaluación dependiente del Congreso del estado y bajo la supervisión de la Comisión que encabeza y de la que también son miembros el priísta José Luis Márquez y el perredista José Antonio Gali López.

En otras palabras: el OFS no será dotado de autonomía financiera.

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Que Alejandro Armenta Mier ya logró colocar en el Movimiento Territorial del CEN del PRI, en el que hace unos días fue nombrado secretario de Innovación Política, a cinco de sus más allegados colaboradores del Comité Directivo Estatal del tricolor que encabezó durante 2009 y 2010.

Con la venia del dirigente nacional de este organismo político del PRI, Carlos Flores Rico, Francisco Javier Muñoz López fue nombrado subsecretario de Contenido Ideológico; Claudia Hernández Medina, subsecretaria de Imagen; Antonio Rueda, secretario técnico; José Tomé Cabrera, subsecretario de Comunicación; y Marco Rueda, subsecretario de Estrategia, mientras que Valeria Casanova y Hugo Reynoso se integrarán a la Subsecretaría de Tecnologías de la Información.

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Simón dice:

«No mires nunca de dónde vienes, sino a dónde vas.»

Pierre Augustin de Beaumarchais (1732-1799) Poeta dramático francés.

Antes de que concluya esta semana los diputados de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado tendrán en su escritorio copia de la denuncia que su compañero de curul José Manuel Janeiro Fernández formuló por el probable delito de evasión fiscal en contra del secretario de Finanzas del gobierno del estado, Gerardo María Pérez Salazar.

La intención del legislador panista es, por un lado, evidenciar la labor de fiscalización del OFS y su auditor general Víctor Manuel Hernández Quintana, a quien le pasó de noche un hoyo fiscal de alrededor de 3,500 millones de pesos y, por otro lado, cuestionar la prisa de los legisladores priístas por aprobar al vapor la cuenta pública del gobernador Mario Marín Torres correspondiente al 2010.

Para el diputado Janeiro tanto el auditor externo como el auditor general del OFS son corresponsables del probable delito de evasión fiscal en que incurrieron diversos funcionarios de la Secretaría de Finanzas, al callar u omitir en sus dictámenes el no pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) respecto a los ingresos de carácter extraordinario pagados a la burocracia estatal entre 2005 y 2010.

«El gobierno del estado de Puebla, como cualquier patrón, tenía (y tiene) la obligación de retener el ISR a sus trabajadores y entregarlo al Servicio de Administración Tributaria (SAT)», se lee en uno de los párrafos de la denuncia presentada por el legislador panista ante la Administración Local de Asistencia al Contribuyente Puebla Norte, en los primeros días de octubre.

En su querella, que sirvió de base para que la Secretaría de Hacienda iniciara una auditoría fiscal al gobierno del estado, Janeiro Fernández cuestiona: «con qué autoridad la Secretaría de Finanzas puede cobrar impuestos si es la primera en evadir sumas millonarias… es indignante que el mismo gobierno fortalezca la visión de que es tonto el contribuyente cumplido».

La denuncia formulada por el diputado panista se acompaña de dos anexos, uno que contiene un informe del OFS sobre la cuenta pública del ejercicio 2007, donde se reconoce que el gobierno del estado no retiene a sus trabajadores el ISR de las compensaciones (J1 a J9) que paga a sus trabajadores y, una respuesta de la Secretaría de Finanzas en la que reconoce que al 23 de agosto de 2010 no se había adherido al decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008.

El propósito de la denuncia de Janeiro es, como ya se dijo, poner en tela de duda la labor de fiscalización del OFS e impedir que la cuenta pública del gobernador Mario Marín correspondiente a su último año de gestión se apruebe fast track, a partir de cuestionar por qué si el gobierno estatal recibió entre 2005 y 2010 más de 30 mil millones de pesos de recursos extras, no pudo destinar el 10% de esa cantidad para cumplir con sus obligaciones fiscales.

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Simón dice:

«Se conocen infinitas clases de necios; la más deplorable es la de los parlanchines empeñados en demostrar que tienen talento.»

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)　Médico español.

 * Los Méndez López, intermediarios de esas operaciones

* Involucran a Estefan y Julio Franco en fuga de información

Algo raro ocurre con los bienes asegurados a los hermanos Tiro Moranchel de Sitma e Invergroup, con los que supuestamente se resarcirá parte del daño a los cientos de defraudados de estas empresas inmobiliarias, que de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia ascienden a 6 mil 600 personas.

En lugar de que las propiedades y terrenos de los hermanos Tiro Moranchel se subasten públicamente al mejor postor, resulta que se están vendiendo tras bambalinas a precios por debajo de su valor comercial.

Pero si lo anterior es delicado, más grave es el hecho de que las autoridades estatales que intervienen en el asunto, como el secretario de Gobernación Valentín Meneses Rojas, hayan aceptado que los hermanos Méndez López, cuya fama pública en el mercado inmobiliario de Puebla deja mucho que desear, actúen como representantes de los dueños de Sitma e Invergroup.

Cualquier corredor de bienes raíces sabe que ni Pilar, ni Mario Francisco, ni Abraham Moisés Méndez López pueden ser personas confiables o de fiar, tanto por sus referencias en varias transacciones de tierras ejidales, como por sus antecedentes penales.

Mario Francisco Méndez fue detenido el 9 de septiembre de 2009 por los delitos de daño en propiedad ajena y homicidio culposo agravado por la muerte de un joven de Cholula , mientras que su hermana Pilar estuvo recluida en el Cereso de Puebla por un año y tres meses, acusada de tráfico de personas.

A manera de ejemplo de lo que sucede con algunos de los bienes de los Tiro Moranchel, me citan un predio ubicado en el libramiento a Atlixco, entre la antigua vía del ferrocarril y el negocio de carnitas El Mexicano.

Dicho terreno de 28 mil metros cuadrados, podría negociarse hasta en más de 20 millones de pesos, considerando un precio de mil pesos el metro cuadrado, sin embargo hace unos días se vendió a un prestanombres de Salvador Echeguren Barroeta, Ernesto Garnica, en 11 millones de pesos. Lo paradójico de la transacción es que otro interesado había ofrecido por ese mismo inmueble 13.5 millones de pesos y no se lo vendieron.

¿No que el gobierno iba a velar por los intereses de los defraudados de Sitma e Invergroup?

¿Acaso las autoridades están coludidas en que los terrenos asegurados a los hermanos Tiro Moranchel se malbaraten?

¿Y si no, por qué entonces permiten que en las mesas de negociación, que tienen lugar en la Secretaría de Gobernación, participen los hermanos Méndez López como mediadores de la venta de los bienes de los dueños de Sitma e Invergroup?

¿O acaso la autoridad ya pactó con los Tiro Moranchel con perdón y liberación, a cambio de que los terrenos que tienen en Calpan, en la zona de Angelópolis, en Las Ánimas, en Atlixco, en Loma Verde, y en La Calera y el Batán se vendan a empresarios e inversionistas consentidos?

Son preguntas, que conste.

El tema incluso es motivo de preocupación en algunas oficinas gubernamentales, encargadas de la inteligencia política del Ejecutivo estatal.

Una de las posibles áreas de fuga información es la que tiene a su cargo el exdiputado federal Jorge Estefan Chidiac, coordinador de políticas públicas del candidato Javier López Zavala, en la cual labora Julio Franco Corzo a través de su empresa consultora IEXE.

Julio Franco fue secretario particular de Moreno Valle cuando éste se desempeñó como secretario de Finanzas y Desarrollo Social en el sexenio melquiadista.

El consultor de la firma IEXE, según una ficha de inteligencia, ha enviado a cinco de sus colaboradores al War Room del candidato a la gubernatura de la coalición opositora Compromiso por Puebla: Maribel Rodríguez Chacón, Juan Román Espinosa Moyado, Marco Silva Barradas, Rodolfo Jarquín Nava y José Guadalupe Rendón Castillo.

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Aunque el nuevo director administrativo del Instituto Electoral del Estado, Francisco Rivera Morán, ha logrado reducir en forma significativa algunos gastos operativos y de insumos en el organismo, la verdad es que el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal aún deja mucho que desear. en claro incumplimiento a lo que establece el artículo 21 de la ley en la materia, y el artículo 40 fracción II de la Normatividad para la Adquisición de Bienes y Arrendamientos del IEE: «Las adjudicaciones deberán considerarse en forma global, con el objeto de determinar si queda comprendida dentro de los montos máximos y límites que se establezcan, en la inteligencia de que, en ningún caso, el importe total de la misma podrá ser fraccionado para quedar comprendido en algún supuesto distinto al que le corresponda originalmente».

Para botón de muestra lo que sucede con las compras de papelería y equipo de cómputo, que se están fraccionando

En el caso de la papelería, la anomalía radica en que esta compra, en lugar de concursarse de manera consolidada, se dividió por trimestre, lo que el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local, Víctor Manuel Hernández Quintana, ya dijo que es irregular, observación que por lo visto poco le interesó a la directora general y al director administrativo del Instituto, ya que al día siguiente el Comité de Adquisiciones del que forman parte volvió a realizar una compra fraccionada.

Por lo que hace al equipo de cómputo, las evidencias de las compras fraccionadas constan en los acuerdos CA-AC-13/2009, para adquirir once laptops para los directores del Instituto, y CA-AC-07/2009, de la misma fecha 26 de noviembre de 2009, aunque esta última licitación fue declarada desierta por el Comité de Adquisiciones.

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Simón dice:

«Más traiciones se cometen por debilidad que por un propósito firme de hacer traición.»

François de la Rochefoucauld (1613-1680) Escritor francés.

 * Josefina Buxadé, candidata por el PAN a una diputación

* García Aspe desaira invitación de Moreno Valle 

Hace un par de días recibí una fotografía digital, acompañada de un texto sugerente sobre las 19 personas que en ella aparecían.

En la foto, me indicaba el anónimo remitente, encontrarás una respuesta a muchas de las críticas y cuestionamientos que has hecho sobre la corrupción en la Secretaría de Salud, sobre la mafia de funcionarios y proveedores para burlar las licitaciones públicas y la Ley de Adquisiciones, y sobre el por qué las irregularidades que se han documentado con la sobrefacturación en la compra de medicinas, equipo, instrumental y mobiliario médico, no son sancionadas.

Y en efecto. La imagen mostraba el trato de amigos y hasta familiar que existe entre el secretario de Salud, José Alfredo Arango García, y varios de sus subordinados en la dependencia, con algunos de los principales proveedores de la misma, como Rafael Zabalza Veraza, Selvin Paz y Juan Manuel Bernal Uribe, quien, por cierto, tiene en su Facebook a los hijos del doctor Arango —José Alfredo y Arturo Arango Bustamente— como unos de sus principales amigos.

Otro personaje clave que destacaba en la foto, por ser el primero de izquierda a derecha y por la caricia que le prodiga en el hombro al principal proveedor de la Secretaría de Salud, es el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado, Víctor Manuel Hernández Quintana.

Tan elocuente me resultó la fotografía que decidí mejor publicarla en esta entrega, con los nombres y fragmentos de la descripción que recibí en mi correo electrónico.  

De izquierda a derecha, aparecen de pie, el contador Víctor Manuel Hernández Quintana, auditor general del Orfise; en quinto lugar, el secretario de Salud, José Alfredo Arango; en sexto, el subsecretario de Trabajo, Carlos Hernández Hernández; en séptimo, al centro de la imagen Selvin Paz, dueño de la empresa Versi Group de México y proveedor de los millonarios servicios de hemodinamia y de otras tantas cosas; y en noveno lugar, Jaime Isidro Rosas Carrillo, coordinador de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud.

Sentados de izquierda a derecha están en los lugares 1 y 3, Rafael Zabalza y Juan Manuel Bernal Uribe, proveedores de la Secretaría de Salud, el primero por conducto de varias empresas como Grupo Iruña, Grupo Naciomex, Electromedicina Integral Asere, Soluciones Integrales en Biomedicina, y Equipos y Servicios Hospitalarios Kolko, y el segundo a través de las empresas farmacéuticas Naciomex y Ángeles Medicina Hospitalaria. 

EN CORTO

La jefa del Departamento de la licenciatura en Comunicación de la Universidad de las Américas Puebla, y ex integrante de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Josefina Buxadé Castelán, será designada por el CEN del PAN como candidata a diputada local por uno de los distritos de la capital del estado.

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De entre el exalcalde de Puebla, Gabriel Hinojosa Rivero y el expresidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Antonio Kuri Alam, podría surgir el candidato externo del PRD a diputado local por el distrito 3 de Puebla.

La decisión la tomará el CEN del PRD en común acuerdo con el candidato a gobernador de la coalición, Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.

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El exfutbolista y exseleccionado nacional, Alberto García Aspe, desdeñó la invitación que en días pasados le hiciera el candidato a gobernador de la coalición opositora Rafael Moreno Valle, para participar como candidato a legislador al Congreso del estado. 

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Que este miércoles estará en Puebla, para respaldar la precandidatura de Rafael Moreno Valle Rosas a la gubernatura de la entidad, el expresidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Manuel de Jesús Espino Barrientos.

La presencia del también presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América tiene dos claros propósitos: por un lado, echar por tierra la especie de que Moreno Valle carece del apoyo de El Yunque y, por otro, evidenciar que los dirigentes de esta organización no avalan la postulación de Ana Teresa Aranda Orozco como candidata a gobernadora.

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Que el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, no tiene ningún problema para acreditar ante la Comisión de Procesos Internos del PRI una militancia de más de una década, ya que su credencial como miembro del tricolor data de hace 22 años.

La credencial de Enrique Doger está firmada por Jorge de la Vega Domínguez, quien fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI entre 1986 y 1988.

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Que las críticas del diputado federal Pablo Rodríguez Regordosa en contra de Ana Teresa Arada, acusándola de recibir dinero del gobernador Mario Marín Torres para financiar su precampaña a la gubernatura, generaron molestia en el dirigente nacional panista César Nava Vázquez, y en la coordinadora del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota.

En la reunión que este martes ambos sostuvieron con el dirigente estatal del panista, Juan Carlos Mondragón Quintana, y los dos precandidatos del PAN a la gubernatura —Ana Teresa Aranda y Rafael Moreno Valle—, César Nava no sólo reprobó tales declaraciones, en contra de los figuras más emblemáticas del partido en Puebla, sino que las calificó de tontas y estúpidas.

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Que este miércoles los dos principales directivos de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación (Femexfut), Justino Compeán y Decio de María, se reunirán en Puebla con el gobernador Mario Marín Torres, para tratar de resolver los problemas que enfrentan los dos principales socios del Puebla de la Franja: Francisco Bernat Cid y Ricardo Henaine Mezher.

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Que el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado, Víctor Manuel Hernández Quintana, ha dejado de acudir con regularidad a sus oficinas de la 7 Sur entre 11 y 13 Poniente, sin que nadie sepa bien a bien el motivo de sus cada vez más prolongadas ausencias.

En los hechos, el OFS es hoy dirigido por el secretario ejecutivo Andrès Morales Hernández y el director administrativo, José Armando Sánchez Nava.

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Simón dice:

«La mejor crítica es la que no responde a la voluntad de ofensa, sino a la libertad de juicio».

Fernando Sánchez Dragó (1936-?) Escritor español.

La intentona de remoción de Rocío García Olmedo como presidenta de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior por parte de 19 legisladores priístas, incluido su líder y presidente de la Gran Comisión, José Othón Bailleres Carriles, va más allá de una venganza política o una pugna entre grupos marinistas por la sucesión gubernamental.

Claro que estos ingredientes están presentes, pero creo que hay otras razones que aún no han sido mencionadas.

García Olmedo está lejos, pero muy lejos, de ser garante de legalidad, transparencia y pulcritud en materia de revisión y fiscalización de cuentas públicas. La legisladora priísta en poco o nada ha contribuido para que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) deje de funcionar como garrote político en contra de los enemigos del régimen o instrumento de presión para afianzar apoyos de quienes desde fuera lo controlan.

Con y sin García Olmedo, el OFS se ha conducido con discrecionalidad y opacidad en su función de máxima autoridad fiscalizadora de los recursos públicos.

El cuartelazo para destituirla de la presidencia de la Comisión Inspectora, es en realidad una pugna por hacerse del control del garrote político del Congreso del estado, por los dividendos políticos y económicos que conlleva auditar y aprobar más de 300 cuentas públicas al año.

Para nadie es un secreto que más de un aspirante del PRI a la gubernatura se ha ganado el apoyo de docenas de presidentes municipales con el prurito de que si se suman a su proyecto político y contribuyen a respaldarlo con hechos y acciones concretas, el OFS aprobará sin mayor problema sus cuentas públicas.

Cuántos legisladores priístas —y de oposición también— se valen de este mismo engaño para que los presidentes municipales de sus distritos los apoyen con contratos de asesoría, servicios y obra pública, o con aviadores y recomendados en la nómina municipal.

La verdad es que esta situación tiene en crisis al OFS, a su auditor general Víctor Manuel Hernández Quintana, y a la aún presidenta de la Comisión Inspectora, pues por un lado éstos tienen que auditar, emitir pliegos y sancionar desvíos de recursos públicos y, por otro lado, los presidentes municipales se resisten a ser revisados y a responder los pliegos de observaciones y cargos, en el entendido de que el diputado fulano o el candidato a gobernador perengano les ofrecieron protección e inmunidad.

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Uno de los principales instigadores de la remoción de Rocío García Olmedo como presidenta de la Comisión Inspectora es su compañero de partido Víctor Huerta Morales.

Este legislador priísta, plenamente identificado con el Proyecto Z, es uno de los mayores lastres políticos del Órgano de Fiscalización Superior, pues prometió a decenas de presidentes municipales protección e inmunidad, que hoy no puede refrendar, aún siendo secretario de la Comisión Inspectora.

De ahí su interés porque García Olmedo sea relevada, a la mayor brevedad.

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Un dato que vale la pena recordar es que Víctor Huerta Morales fue presidente municipal de Esperanza, en el trienio 2006-2009, y que su desempeño dejó mucho que desear, al grado que el Órgano de Fiscalización Superior lo multó y le hizo millonarias observaciones, que después derivaron en pliegos de cargos por más de 64 millones de pesos.

Del 1 enero al 30 de junio de 2007 al hoy secretario de la Comisión Inspectora le emitieron pliegos de observaciones por más de 31 millones de pesos, y del 1 de enero al 20 de julio del mismo año, por más de 65 millones de pesos.

De las primeras, derivó el pliego de cargos 3505-1C por la cantidad de 26 millones 233 mil pesos, y por las segundas el pliego de cargos 3798C por una suma de 64 millones 122 mil pesos.

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Simón dice:

“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”.
Joan Baez (1941-?). Cantante estadounidense de música folk, conocida como «La reina de la canción protesta»

Metrics, sin calidad moral para cuestionar al OFS 
Puja líder cenecista por un poblano para goberndor

Aún no concluye el sexenio del gobernador Mario Marín Torres, y los problemas para el subsecretario del Trabajo, Carlos Hernández Hernández ya comenzaron.

Hace unos días su despacho “Chet Abogados Asociados, Asesores Jurídicos Empresariales” perdió a uno de sus mejores clientes: Grupo Wal-Mart.

Este poderoso consorcio empresarial, que en Puebla se diversifica en los restaurantes Vips y El Porton, las tiendas departamentales Suburbia y las tiendas de autoservicio Wal-Mart, Bodegas Aurrera y Superama, decidió removerlo como apoderado legal, tras una serie de escándalos laborales.

La gota que derramó el vaso fue un juicio promovido por César Navarrete Hernández en contra de Suburbia y que el despacho de Carlos Hernández perdió en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), donde se supone que es imbatible, al actuar como juez y parte en los asuntos que se ventilan en ese tribunal laboral.

El trabajador, asesorado por el despacho Jara y Navarro, no sólo logró una sentencia favorable a su demanda por despido, sino que evidenció ante los medios de comunicación que siguieron su caso —El Sol de Puebla, de manera destacada— lo que todos los abogados en la JLCyA saben: que Carlos Hernández usa su cargo para hacerse de clientes y bloquear las demandas en perjuicio de sus representados.

De ahí que los directivos de este importante consorcio empresarial hayan tomado la decisión de finiquitar su relación profesional de más de diez años con Carlos Hernández, en aras de evitar nuevos escándalos y denuncias mediáticas, como las de César Navarrete y otras extrabajadoras de Suburbia como Virginia Rodríguez y Rosalinda Zenteno, que ya también litigan sus casos en las páginas de algunos diarios locales.

INTRAMUROS

Hace unos días se publicó en algunos medios y columnas políticas una evaluación efectuada por el despacho Metrics, Gestión y Consultoría, sobre el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado.

Dicha evaluación puso por los suelos al OFS y el desempeño de su auditor general, Víctor Manuel Hernández Quintana, en materia de revisión y aprobación de más de 360 cuentas públicas de los años 2007 y 2008.

Según lo publicado en El Sol de Puebla, Poblanerías y Puebla on line, el multicitado reporte elaborado por el director general de la consultora Metrics, Rafael Zepeda Morales, obedeció a una petición del diputado local priísta Víctor Huerta Morales, en su carácter de secretario de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior.

Aquí quiero detenerme.

De entrada hay que decir que Rafael Zepeda no es un consultor cualquiera. Para nada.

Se trata de un abogado con experiencia y oficio en la materia, que prestó sus servicios para el OFS hasta noviembre de 2007, primero como director del Comité de Auditoría de Desempeño y luego como director del Comité de Fiscalización.

Pero que además cuenta información privilegiada, no sólo por lo que a él se refiere, sino porque su hermano, que en algún tiempo fue su subordinado, trabajó hasta abril de 2009 como jefe del Departamento de Fiscalización Municipal, cargo que le permitía conocer en detalle qué presidentes municipales eran auditados y cuáles eran las observaciones y cargos que se les formulaban.

De ahí que a su salida del OFS, Rafael Zepeda tomara la decisión de constituir, junto con otros exfuncionarios de esta dependencia del Poder Legislativo, como Rafael Velasco Oliver, un despacho de asesoría jurídica dirigido a presidentes y expresidentes municipales con problemas en sus cuentas públicas.

En otras palabras, Zepeda y socios pasaron en menos de un  año, de octubre de 2007 a abril de 2008, de acusadores a defensores de presidentes y expresidentes municipales, a través del bufete Fiscalización y Rendición de Cuentas.

La pregunta es: ¿se vale?

En un situación similar se encuentra el diputado Víctor Huerta Morales, secretario de la Comisión Inspectora del OFS.

Y es que como presidente municipal de Esperanza, en el trienio 2006-2009, su desempeño dejó mucho que desear, al grado que el Órgano de Fiscalización Superior lo multó y le hizo millonarias observaciones, que después derivaron en pliegos de cargos por más de 64 millones de pesos.

Del 1 enero al 30 de junio de 2007 se le hicieron observaciones por más de 31 millones de pesos, y del 1 de enero al 20 de julio del mismo año nuevas observaciones por más de 65 millones de pesos.

De las primeras, derivó el pliego de cargos 3505-1C por la cantidad de 26 millones 233 mil pesos, y por las segundas el pliego de cargos 3798C por una suma de 64 millones 122 mil pesos.

Ambos pliegos de cargos, hay que decirlo también, ya fueron solventados.

En estas condiciones y circunstancias, vale la pena preguntar: ¿Qué calidad moral puede tener la consultora Metrics para cuestionar el desempeño del OFS y su auditor general, o el diputado Víctor Huerta para proponer una unidad que supervise y evalúe la eficiencia de Hernández Quintana?

Verdad que muy poca…

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Hete aquí la respuesta a la pregunta dominical lanzada por las Angelopolitanas del diario Milenio Puebla: ¿qué alto funcionario, que aspira a la gubernatura, no resistió la indiferencia con que fue tratado por sus compañeros de partido y abandonó el acto de ayer al que fue invitado antes de que terminara?  Pista: su gente le pidió a los porristas de los candidatos a diputados lo vitoreasen, pero la respuesta fue negativa y el berrinche del personaje, mayor.

El susodicho funcionario fue el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, que fue incluso fue abucheado por algunos seguidores priístas de la profesora Julieta Marín Torres, candidata a diputada federal por el distrito 16 con cabecera en Ajalpan.

Otro detalle que llamó la atención de ese mitin sabatino fue la insistencia del dirigente nacional de la CNC, Cruz López Aguilar, en el sentido de que su organización no tiene gallo para el 2010 y que este asunto lo deben definir los poblanos.

El énfasis que puso Cruz López en la palabra poblanos pareció llevar dedicatoria para el secretario de Desarrollo Social, quien por alguna razón tampoco fue invitado a la comida que el líder nacional cenecista encabezó en el hotel Holiday Inn con algunos políticos y candidatos poblanos como Jesús Morales Flores y Alberto Jiménez Merino.

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Simón dice:

“Aquellos que padecen una indigestión o una borrachera no saben lo que es comer ni lo que es beber”.
 Anthelme Brillat-Savarín (1755-1826). Gastrónomo y escritor francés.

Una renuncia de la poco o nada se ha informado, no obstante haberse dado hace poco más de un mes, es la de Roberto Díaz Sáenz, como director jurídico del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado.

Su salida estuvo precedida de un escándalo, que hoy tiene contra las cuerdas al Poder Legislativo, pero sobre todo al OFS, en caso de que decida iniciar pliegos de cargos o abrir procesos de determinación de responsabilidades en contra de algún presidente municipal o servidor público.

Y es que a Roberto Díaz Sáenz se le vencieron los plazos legales que éste tenía como director jurídico del OFS para notificar pliegos de observaciones y pliegos de cargos a más de una centena de presidentes municipales y otros sujetos obligados, de cuentas públicas que corresponden a los ejercicios fiscales de 2007 y 2008.

La omisión quiso ser subsanada por el auditor general del OFS, Víctor Manuel Hernández Quintana, y el presidente de la Gran Comisión, el diputado José Othón Bailleres Carriles, a través de un acuerdo del propio Congreso del estado.

Pero advertidos de la ilegalidad de ese acuerdo, y de que cualquier presidente municipal o servidor público que se inconformara podría echarlo abajo con un amparo, optaron por ir al origen del conflicto, deshaciéndose del responsable del lamentable descuido o la inexcusable negligencia.

Y fue así como Roberto Díaz fue relevado de la Dirección Jurídica del Órgano de Fiscalización Superior, para dejar en su lugar, en calidad de interino, a José de Jesús Pérez Fortunio, quien ya ocupó este cargo a la salida de Rafael Velasco Oliver.

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Aun cuando hasta sus propios compañeros de partido ven como muy lejana la posibilidad de que se cuele a la Cámara Baja del Congreso de la Unión, yendo en el lugar número 15 de la lista de candidatos plurinominales del PAN por la cuarta circunscripción electoral del país, que comprende al Distrito Federal y a los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, la verdad es que José Luis Carmona Ruiz “El Chango” podría dar la sorpresa.

Y no porque el PAN vaya a perder por un reducido margen la mayoría de los distritos de esta demarcación territorial frente al PRI o porque la dirigencia nacional panista haya decidido cambiarlo al quinto o al décimo lugar, sino porque hay nueve candidatos que lo anteceden que van por las dos vías, es decir como candidatos uninominales y plurinominales.

Una de ellas es su paisana por el distrito 9 de Puebla, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, quien va en el lugar cinco de la lista de plurinominales del PAN por la cuarta circunscripción.

Según las cuentas de “El Chango” Carmona y sus seguidores, bastaría que tres de estos nueve candidatos del PAN ganarán su elección de mayoría relativa, para que él lograra hacerse de una curul en la Cámara de Diputados por la vía plurinominal.

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Simón dice:

“La suerte no es más que la habilidad de aprovechar las ocasiones favorables”.
Orison Swett Marden (1850-1924). Escritor de libros de autoayuda.

Un personaje que da qué pensar por su doble cachucha como funcionario del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado, y consultor privado en asuntos de administración pública, contabilidad, fiscalización y mercadotecnia, es Andrés Morales Hernández.

El susodicho, quien formalmente cobra como secretario ejecutivo del OFS, no sólo se vale de su cargo para hacer pingues negocios, sino que además incurre en una serie de conductas sancionadas por el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Como subordinado directo del auditor general del OFS, Víctor Manuel Hernández Quintana, lo menos que Andrés Morales podría hacer es asesorar a presidentes municipales en cuestiones de contabilidad, auditoría y administración pública, por el evidente conflicto de interés que ello supone.

Sin embargo, dicho impedimento ético y legal, no ha sido obstáculo para que el secretario ejecutivo del OFS establezca y opere en su terruño, Teziutlán, despachos y consultoras que sin el menor pudor publicita.

Como por ejemplo, GRU CAB, consultora ubicada en la Calle de Abasolo entre las avenidas Hidalgo y Cuauhtémoc del centro de Teziutlán, dedicada a prestar servicios administrativos, contables, jurídicos y de mercadotecnia a presidentes municipales de la región.

O el Business Center «El Condado«, que se localiza sobre la misma Avenida Hidalgo, y que en sus cuatro salones ofrece lo mismo servicios de restaurante, que de internet, y asesoría en marketing político e imagen pública, y que también tiene como principales clientes a los ayuntamientos de esa parte de la Sierra Norte.

O el despacho Publimark, especializado en publicidad, sondeos y estudios de mercado.

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Otro personaje teziuteco que también da qué pensar, tanto como su ascenso en el servicio público, pues de chofer pasó a jefe de Adquisiciones en el ayuntamiento de Teziutlán, es Mauricio Gillén García.

Este ilustre teziuteco, estrechamente ligado a Andrés Morales, comenzó como chofer y asistente del auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Víctor Manuel Hernández Quintana, pero al cabo de unos meses la fortuna le sonrió, tanto que no sólo pudo regresar a su terruño con un mejor sueldo y estatus social, sino como funcionario del alcalde priísta Jorge Camacho Foglia.

Y es que Mauricio Gillén se desempeña hoy, gracias a la recomendación de sus ex jefes del OFS, como jefe de Adquisiciones del ayuntamiento teziuteco.

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Registre usted el nombre de Carlos Raúl Alvarado Rodríguez, pues en diciembre o enero se convertirá en Secretario de Prensa y Propaganda del Comité Directivo Estatal del PRI, a invitación de su presidente, Alejandro Armenta Mier.

Raúl Alvarado se desempeña actualmente como titular de la Unidad de Promoción y Difusión Social de la Secretaría de Salud del estado.

Antes de este encargo, el licenciado en Comunicación por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), trabajó como jefe de Prensa de la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado.

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Ahora que Roberto Morales Flores se muere de ganas por comparecer ante el Congreso del estado, para explicar que nada tiene ni tuvo que ver con los malos manejos en la Secretaría de Salud, y el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Víctor Manuel Hernández Quintana, anuncia que llevará a cabo una investigación exhaustiva en la dependencia para deslindar responsabilidades, sería bueno que uno u otro explicaran el destino de 29 millones 509 mil pesos de la compra GESFAC 158/2007.

Pero como estoy seguro ni Roberto Morales, ni el auditor del Orfise, ni el contralor del estado, ni los diputados locales del PRI o del PAN nos dirán algo acerca de esa adquisición, cubierta con recursos del Seguro Popular dentro de la partida 2701, le contaré parte de esta historia que, por cierto, conocen con detalle algunos funcionarios de la Secretaría de Salud.

La GESFAC 158/2007 es, en resumen, una compra directa de ropa desechable, que la Secretaría de Salud pagó a una persona física con actividad empresarial llamada José Arturo Cedeño Díaz, pero que en realidad es un testaferro de Dionisio Rodríguez Rodríguez, proveedor de la dependencia y amigo cercanísimo de Roberto Morales.

La adquisición de esas prendas desechables –que médicos y enfermeras suelen utilizar en clínicas y hospitales durante las cirugías que practican o en las visitas que hacen a enfermos con alguna infección altamente contagiosa– ascendió a 29 millones 509 mil pesos 34 centavos.

Por increíble que parezca, dicha compra no sólo no se concursó, ni pasó por el Comité de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, sino que se asignó en forma directa y se pagó a finales de 2007 con el visto bueno del secretario Roberto Morales, y de Carlos Martínez Valeriano y Eduardo Hernández Martínez, director y subdirector del Seguro Popular, respectivamente.

Pero lo peor no es eso.

Lo grave, lo escandaloso, de esa compra identificada como GESFAC 158/2007 es que la ropa desechable jamás fue surtida, ni en los almacenes centrales de la Secretaría, ni en ninguno de los que existen en las 10 jurisdicciones sanitarias de la dependencia.

¿O sí?

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