La intentona de remoción de Rocío García Olmedo como presidenta de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior por parte de 19 legisladores priístas, incluido su líder y presidente de la Gran Comisión, José Othón Bailleres Carriles, va más allá de una venganza política o una pugna entre grupos marinistas por la sucesión gubernamental.

Claro que estos ingredientes están presentes, pero creo que hay otras razones que aún no han sido mencionadas.

García Olmedo está lejos, pero muy lejos, de ser garante de legalidad, transparencia y pulcritud en materia de revisión y fiscalización de cuentas públicas. La legisladora priísta en poco o nada ha contribuido para que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) deje de funcionar como garrote político en contra de los enemigos del régimen o instrumento de presión para afianzar apoyos de quienes desde fuera lo controlan.

Con y sin García Olmedo, el OFS se ha conducido con discrecionalidad y opacidad en su función de máxima autoridad fiscalizadora de los recursos públicos.

El cuartelazo para destituirla de la presidencia de la Comisión Inspectora, es en realidad una pugna por hacerse del control del garrote político del Congreso del estado, por los dividendos políticos y económicos que conlleva auditar y aprobar más de 300 cuentas públicas al año.

Para nadie es un secreto que más de un aspirante del PRI a la gubernatura se ha ganado el apoyo de docenas de presidentes municipales con el prurito de que si se suman a su proyecto político y contribuyen a respaldarlo con hechos y acciones concretas, el OFS aprobará sin mayor problema sus cuentas públicas.

Cuántos legisladores priístas —y de oposición también— se valen de este mismo engaño para que los presidentes municipales de sus distritos los apoyen con contratos de asesoría, servicios y obra pública, o con aviadores y recomendados en la nómina municipal.

La verdad es que esta situación tiene en crisis al OFS, a su auditor general Víctor Manuel Hernández Quintana, y a la aún presidenta de la Comisión Inspectora, pues por un lado éstos tienen que auditar, emitir pliegos y sancionar desvíos de recursos públicos y, por otro lado, los presidentes municipales se resisten a ser revisados y a responder los pliegos de observaciones y cargos, en el entendido de que el diputado fulano o el candidato a gobernador perengano les ofrecieron protección e inmunidad.

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Uno de los principales instigadores de la remoción de Rocío García Olmedo como presidenta de la Comisión Inspectora es su compañero de partido Víctor Huerta Morales.

Este legislador priísta, plenamente identificado con el Proyecto Z, es uno de los mayores lastres políticos del Órgano de Fiscalización Superior, pues prometió a decenas de presidentes municipales protección e inmunidad, que hoy no puede refrendar, aún siendo secretario de la Comisión Inspectora.

De ahí su interés porque García Olmedo sea relevada, a la mayor brevedad.

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Un dato que vale la pena recordar es que Víctor Huerta Morales fue presidente municipal de Esperanza, en el trienio 2006-2009, y que su desempeño dejó mucho que desear, al grado que el Órgano de Fiscalización Superior lo multó y le hizo millonarias observaciones, que después derivaron en pliegos de cargos por más de 64 millones de pesos.

Del 1 enero al 30 de junio de 2007 al hoy secretario de la Comisión Inspectora le emitieron pliegos de observaciones por más de 31 millones de pesos, y del 1 de enero al 20 de julio del mismo año, por más de 65 millones de pesos.

De las primeras, derivó el pliego de cargos 3505-1C por la cantidad de 26 millones 233 mil pesos, y por las segundas el pliego de cargos 3798C por una suma de 64 millones 122 mil pesos.

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Simón dice:

“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”.
Joan Baez (1941-?). Cantante estadounidense de música folk, conocida como «La reina de la canción protesta»

Nada bien le cayó al gobernador Mario Marín Torres la actitud de la diputada local de su partido Rocío García Olmedo, quien este martes le entregó una carta de la dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priístas, Lourdes Quiñones Canales, en la cual se pronuncia en contra de las reformas a la Constitución Política del estado que bloquean la despenalización del aborto y el reconocimiento a los matrimonios gays en Puebla.

Marín acudió al edificio del Congreso del estado para encabezar una ceremonia por el Día Internacional de la Mujer. Ahí, García Olmedo aprovechó para entregarle la misiva de su dirigente nacional y cuestionar la iniciativa presentada por su coordinador de fracción, José Othón Bailleres, y por el presidente de la Comisión de Gobernación, Pablo Fernández del Campo.

El mandatario recibió la carta de manos de la legisladora priísta y, sin detenerse a mirarla, se la pasó a un ayudante suyo colocado en la parte de atrás del presidium.

La misiva dirigida al gobernador Marín dice textualmente lo siguiente: “Las mujeres de su partido, el Revolucionario Institucional, alzamos la voz para impedir que se aprueben leyes que someten, denigran, limitan y excluyen a las mujeres en México, porque dentro de nuestros Documentos Básicos del PRI se asumen las acciones afirmativas logradas en diferentes escenarios nacionales e internacionales; que reconocen los derechos de las mujeres y que están por encima de cualquier disposición gubernamental, costumbre, tradición, o creencia, comprometiéndose a hacer cumplir el ejercicio pleno de sus derechos”.

El decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política del estado —presentado el jueves pasado— propone la modificación al artículo 18, en su fracción IV para dejar establecido que, en Puebla, el Estado debe proteger la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, y que los matrimonios sólo pueden ser entre hombre y mujer, lo que implica cerrarle el paso a las llamadas sociedades de convivencia, es decir, a las uniones entre homosexuales, ya legalizadas en otras entidades, como el Distrito Federal.

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Enrique Doger Guerrero tiene ya en sus manos los resultados de una encuesta estatal encargada a la empresa Datamática de Pepe Zenteno, que lo coloca en tercer lugar, superado sólo por la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, y por el senador panista Rafael Moreno Valle Rosas.

En un estudio demoscópico anterior, efectuado por la misma firma, la alcaldesa capitalina también obtuvo el primer lugar, con el 14.4% de las preferencias, seguida por Doger (con el 11.2%), por Rafael Moreno Valle (10.5%) y por Javier López Zavala (6.4%).

En la nueva encuesta —cuyos porcentajes desconozco—, el senador panista sube al segundo lugar y Doger cae al tercero.

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El senador Melquiades Morales Flores, a quien el PRI nacional le encargó el proceso interno de Sonora, seguirá unas semanas más en aquella entidad del norte del país para preparar ahora la nominación de candidatos a presidentes municipales y diputados locales.

En los comicios internos del PRI sonorense para elegir candidato a gobernador, el senador con licencia Alfonso Elías Serrano se alzó con la victoria, al derrotar por un amplio margen al alcalde con licencia de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, en un proceso muy concurrido.

El trabajo del senador poblano fue reconocido tanto por el gobernador Eduardo Bours Castello como por el CEN del PRI, por lo que ambas instancias le pidieron ahora sacar adelante el proceso de selección de 72 candidatos a presidentes municipales y 21 candidatos a diputados de mayoría relativa.

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Simón dice:

“Cada vez que proveo una plaza vacante, creo cien descontentos y un ingrato”.
Luis XV, Rey de Francia.

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