Antes de que concluya esta semana los diputados de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado tendrán en su escritorio copia de la denuncia que su compañero de curul José Manuel Janeiro Fernández formuló por el probable delito de evasión fiscal en contra del secretario de Finanzas del gobierno del estado, Gerardo María Pérez Salazar.

La intención del legislador panista es, por un lado, evidenciar la labor de fiscalización del OFS y su auditor general Víctor Manuel Hernández Quintana, a quien le pasó de noche un hoyo fiscal de alrededor de 3,500 millones de pesos y, por otro lado, cuestionar la prisa de los legisladores priístas por aprobar al vapor la cuenta pública del gobernador Mario Marín Torres correspondiente al 2010.

Para el diputado Janeiro tanto el auditor externo como el auditor general del OFS son corresponsables del probable delito de evasión fiscal en que incurrieron diversos funcionarios de la Secretaría de Finanzas, al callar u omitir en sus dictámenes el no pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) respecto a los ingresos de carácter extraordinario pagados a la burocracia estatal entre 2005 y 2010.

«El gobierno del estado de Puebla, como cualquier patrón, tenía (y tiene) la obligación de retener el ISR a sus trabajadores y entregarlo al Servicio de Administración Tributaria (SAT)», se lee en uno de los párrafos de la denuncia presentada por el legislador panista ante la Administración Local de Asistencia al Contribuyente Puebla Norte, en los primeros días de octubre.

En su querella, que sirvió de base para que la Secretaría de Hacienda iniciara una auditoría fiscal al gobierno del estado, Janeiro Fernández cuestiona: «con qué autoridad la Secretaría de Finanzas puede cobrar impuestos si es la primera en evadir sumas millonarias… es indignante que el mismo gobierno fortalezca la visión de que es tonto el contribuyente cumplido».

La denuncia formulada por el diputado panista se acompaña de dos anexos, uno que contiene un informe del OFS sobre la cuenta pública del ejercicio 2007, donde se reconoce que el gobierno del estado no retiene a sus trabajadores el ISR de las compensaciones (J1 a J9) que paga a sus trabajadores y, una respuesta de la Secretaría de Finanzas en la que reconoce que al 23 de agosto de 2010 no se había adherido al decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008.

El propósito de la denuncia de Janeiro es, como ya se dijo, poner en tela de duda la labor de fiscalización del OFS e impedir que la cuenta pública del gobernador Mario Marín correspondiente a su último año de gestión se apruebe fast track, a partir de cuestionar por qué si el gobierno estatal recibió entre 2005 y 2010 más de 30 mil millones de pesos de recursos extras, no pudo destinar el 10% de esa cantidad para cumplir con sus obligaciones fiscales.

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Simón dice:

«Se conocen infinitas clases de necios; la más deplorable es la de los parlanchines empeñados en demostrar que tienen talento.»

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)　Médico español.

Si bien la ventaja de 20 puntos del panista Eduardo Rivera Pérez sobre el priísta Mario Montero Serrano en las elecciones para presidente municipal de Puebla no deja de llamar la atención, lo realmente sorprendente es el desplome del PRI.

Veamos:

En las elecciones de 2004, donde el candidato del tricolor a la alcaldía capitalina fue Enrique Doger Guerrero, el PRI obtuvo 242 mil 804 votos, equivalentes al 49.42% de la votación; y en las de 2007, con Blanca Alcalá Ruiz, 224 mil 538 sufragios, que representaron el 50.65% de la votación.

En cambio, en las elecciones del domingo pasado, la Alianza Puebla Avanza —conformada por el PRI y el PVEM— registró 192 mil 046 votos, que corresponden al 36.92% de la votación, de acuerdo con el último corte del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Con respecto a 2004, el retroceso del PRI es de más de 50 mil votos y con respecto a 2007 de más de 32 mil.

Esta caída es —en realidad— mayor, si se consideran un par de cuestiones: la primera es que en esta elección el PRI no fue solo sino en coalición con el PVEM, y que la lista nominal de electores del municipio de Puebla ha crecido al menos un 6% entre 2004 y 2010.

¿Cómo explicar este desplome?

Una primera explicación radica, sin duda, en el candidato Mario Montero Serrano, cuyos atributos, desde el comienzo de la contienda, nunca fueron bien valorados por la mayoría de los votantes.

El exsecretario de Gobernación de Mario Marín ciertamente era un priísta conocido y con trayectoria en la política, el PRI y la administración pública, pero con bajos niveles de confianza y potencial de voto.

Una segunda explicación —y creo la más relevante— es que en estos comicios el PRI no sólo sobredimensionó su voto duro y leal, sino que renunció a la conquista del elector volátil o switcher.

Mario Montero y sus estrategas creyeron que el voto duro y leal del PRI sería suficiente para ganar el proceso, en un escenario de baja participación electoral.

Es obvio que se equivocaron y que los electores volátiles o switcher fueron cachados por el candidato de la coalición Compromiso por Puebla.

Sólo así se explica la votación histórica alcanzada por Eduardo Rivera en los comicios del domingo, que rebasa con mucho la obtenida por Acción Nacional en anteriores elecciones.

En 2001, cuando ganó la alcaldía de la capital con Luis Eduardo Paredes Moctezuma, el PAN logró 170 mil 880 votos; en 2004, 198 mil 744; y en 2007, 129 mil 156.

Los más de 294 mil sufragios que Eduardo Rivera obtuvo en la jornada dominical, no sólo representan 127% más con relación a 2007, sino un crecimiento de casi 100 mil con respecto a su máximo histórico en una elección para presidente municipal.

Tres son los factores que explican la cifra alcanzada por la coalición Compromiso por Puebla en la capital: uno, es la ola generada por el candidato opositor a la gubernatura, Rafael Moreno Valle; dos, el perfil fresco, juvenil y plural de Eduardo Rivera y su planilla de regidores y síndico y; tres, la participación ciudadana del 56% o más de los inscritos en la lista nominal del municipio.

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En la sesión de hoy, efectuada en las instalaciones del OFS, los diputados aprobaron los dictámenes con las cuentas públicas de los poderes legislativo y judicial, y se espera que mañana aprueben la del titular del Poder Ejecutivo, para que el jueves pase al pleno y sea aprobada por la mayoría de los diputados de la LVII Legislatura local.

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Simón dice:

Después de un fracaso, los planes mejor elaborados parecen absurdos.

Fiodor Dostoievski (1821-1881). Novelista ruso.

Que este miércoles estará en Puebla, para respaldar la precandidatura de Rafael Moreno Valle Rosas a la gubernatura de la entidad, el expresidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Manuel de Jesús Espino Barrientos.

La presencia del también presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América tiene dos claros propósitos: por un lado, echar por tierra la especie de que Moreno Valle carece del apoyo de El Yunque y, por otro, evidenciar que los dirigentes de esta organización no avalan la postulación de Ana Teresa Aranda Orozco como candidata a gobernadora.

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Que el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, no tiene ningún problema para acreditar ante la Comisión de Procesos Internos del PRI una militancia de más de una década, ya que su credencial como miembro del tricolor data de hace 22 años.

La credencial de Enrique Doger está firmada por Jorge de la Vega Domínguez, quien fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI entre 1986 y 1988.

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Que las críticas del diputado federal Pablo Rodríguez Regordosa en contra de Ana Teresa Arada, acusándola de recibir dinero del gobernador Mario Marín Torres para financiar su precampaña a la gubernatura, generaron molestia en el dirigente nacional panista César Nava Vázquez, y en la coordinadora del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota.

En la reunión que este martes ambos sostuvieron con el dirigente estatal del panista, Juan Carlos Mondragón Quintana, y los dos precandidatos del PAN a la gubernatura —Ana Teresa Aranda y Rafael Moreno Valle—, César Nava no sólo reprobó tales declaraciones, en contra de los figuras más emblemáticas del partido en Puebla, sino que las calificó de tontas y estúpidas.

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Que este miércoles los dos principales directivos de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación (Femexfut), Justino Compeán y Decio de María, se reunirán en Puebla con el gobernador Mario Marín Torres, para tratar de resolver los problemas que enfrentan los dos principales socios del Puebla de la Franja: Francisco Bernat Cid y Ricardo Henaine Mezher.

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Que el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado, Víctor Manuel Hernández Quintana, ha dejado de acudir con regularidad a sus oficinas de la 7 Sur entre 11 y 13 Poniente, sin que nadie sepa bien a bien el motivo de sus cada vez más prolongadas ausencias.

En los hechos, el OFS es hoy dirigido por el secretario ejecutivo Andrès Morales Hernández y el director administrativo, José Armando Sánchez Nava.

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Simón dice:

«La mejor crítica es la que no responde a la voluntad de ofensa, sino a la libertad de juicio».

Fernando Sánchez Dragó (1936-?) Escritor español.

La intentona de remoción de Rocío García Olmedo como presidenta de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior por parte de 19 legisladores priístas, incluido su líder y presidente de la Gran Comisión, José Othón Bailleres Carriles, va más allá de una venganza política o una pugna entre grupos marinistas por la sucesión gubernamental.

Claro que estos ingredientes están presentes, pero creo que hay otras razones que aún no han sido mencionadas.

García Olmedo está lejos, pero muy lejos, de ser garante de legalidad, transparencia y pulcritud en materia de revisión y fiscalización de cuentas públicas. La legisladora priísta en poco o nada ha contribuido para que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) deje de funcionar como garrote político en contra de los enemigos del régimen o instrumento de presión para afianzar apoyos de quienes desde fuera lo controlan.

Con y sin García Olmedo, el OFS se ha conducido con discrecionalidad y opacidad en su función de máxima autoridad fiscalizadora de los recursos públicos.

El cuartelazo para destituirla de la presidencia de la Comisión Inspectora, es en realidad una pugna por hacerse del control del garrote político del Congreso del estado, por los dividendos políticos y económicos que conlleva auditar y aprobar más de 300 cuentas públicas al año.

Para nadie es un secreto que más de un aspirante del PRI a la gubernatura se ha ganado el apoyo de docenas de presidentes municipales con el prurito de que si se suman a su proyecto político y contribuyen a respaldarlo con hechos y acciones concretas, el OFS aprobará sin mayor problema sus cuentas públicas.

Cuántos legisladores priístas —y de oposición también— se valen de este mismo engaño para que los presidentes municipales de sus distritos los apoyen con contratos de asesoría, servicios y obra pública, o con aviadores y recomendados en la nómina municipal.

La verdad es que esta situación tiene en crisis al OFS, a su auditor general Víctor Manuel Hernández Quintana, y a la aún presidenta de la Comisión Inspectora, pues por un lado éstos tienen que auditar, emitir pliegos y sancionar desvíos de recursos públicos y, por otro lado, los presidentes municipales se resisten a ser revisados y a responder los pliegos de observaciones y cargos, en el entendido de que el diputado fulano o el candidato a gobernador perengano les ofrecieron protección e inmunidad.

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Uno de los principales instigadores de la remoción de Rocío García Olmedo como presidenta de la Comisión Inspectora es su compañero de partido Víctor Huerta Morales.

Este legislador priísta, plenamente identificado con el Proyecto Z, es uno de los mayores lastres políticos del Órgano de Fiscalización Superior, pues prometió a decenas de presidentes municipales protección e inmunidad, que hoy no puede refrendar, aún siendo secretario de la Comisión Inspectora.

De ahí su interés porque García Olmedo sea relevada, a la mayor brevedad.

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Un dato que vale la pena recordar es que Víctor Huerta Morales fue presidente municipal de Esperanza, en el trienio 2006-2009, y que su desempeño dejó mucho que desear, al grado que el Órgano de Fiscalización Superior lo multó y le hizo millonarias observaciones, que después derivaron en pliegos de cargos por más de 64 millones de pesos.

Del 1 enero al 30 de junio de 2007 al hoy secretario de la Comisión Inspectora le emitieron pliegos de observaciones por más de 31 millones de pesos, y del 1 de enero al 20 de julio del mismo año, por más de 65 millones de pesos.

De las primeras, derivó el pliego de cargos 3505-1C por la cantidad de 26 millones 233 mil pesos, y por las segundas el pliego de cargos 3798C por una suma de 64 millones 122 mil pesos.

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Simón dice:

“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”.
Joan Baez (1941-?). Cantante estadounidense de música folk, conocida como «La reina de la canción protesta»

Metrics, sin calidad moral para cuestionar al OFS 
Puja líder cenecista por un poblano para goberndor

Aún no concluye el sexenio del gobernador Mario Marín Torres, y los problemas para el subsecretario del Trabajo, Carlos Hernández Hernández ya comenzaron.

Hace unos días su despacho “Chet Abogados Asociados, Asesores Jurídicos Empresariales” perdió a uno de sus mejores clientes: Grupo Wal-Mart.

Este poderoso consorcio empresarial, que en Puebla se diversifica en los restaurantes Vips y El Porton, las tiendas departamentales Suburbia y las tiendas de autoservicio Wal-Mart, Bodegas Aurrera y Superama, decidió removerlo como apoderado legal, tras una serie de escándalos laborales.

La gota que derramó el vaso fue un juicio promovido por César Navarrete Hernández en contra de Suburbia y que el despacho de Carlos Hernández perdió en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), donde se supone que es imbatible, al actuar como juez y parte en los asuntos que se ventilan en ese tribunal laboral.

El trabajador, asesorado por el despacho Jara y Navarro, no sólo logró una sentencia favorable a su demanda por despido, sino que evidenció ante los medios de comunicación que siguieron su caso —El Sol de Puebla, de manera destacada— lo que todos los abogados en la JLCyA saben: que Carlos Hernández usa su cargo para hacerse de clientes y bloquear las demandas en perjuicio de sus representados.

De ahí que los directivos de este importante consorcio empresarial hayan tomado la decisión de finiquitar su relación profesional de más de diez años con Carlos Hernández, en aras de evitar nuevos escándalos y denuncias mediáticas, como las de César Navarrete y otras extrabajadoras de Suburbia como Virginia Rodríguez y Rosalinda Zenteno, que ya también litigan sus casos en las páginas de algunos diarios locales.

INTRAMUROS

Hace unos días se publicó en algunos medios y columnas políticas una evaluación efectuada por el despacho Metrics, Gestión y Consultoría, sobre el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado.

Dicha evaluación puso por los suelos al OFS y el desempeño de su auditor general, Víctor Manuel Hernández Quintana, en materia de revisión y aprobación de más de 360 cuentas públicas de los años 2007 y 2008.

Según lo publicado en El Sol de Puebla, Poblanerías y Puebla on line, el multicitado reporte elaborado por el director general de la consultora Metrics, Rafael Zepeda Morales, obedeció a una petición del diputado local priísta Víctor Huerta Morales, en su carácter de secretario de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior.

Aquí quiero detenerme.

De entrada hay que decir que Rafael Zepeda no es un consultor cualquiera. Para nada.

Se trata de un abogado con experiencia y oficio en la materia, que prestó sus servicios para el OFS hasta noviembre de 2007, primero como director del Comité de Auditoría de Desempeño y luego como director del Comité de Fiscalización.

Pero que además cuenta información privilegiada, no sólo por lo que a él se refiere, sino porque su hermano, que en algún tiempo fue su subordinado, trabajó hasta abril de 2009 como jefe del Departamento de Fiscalización Municipal, cargo que le permitía conocer en detalle qué presidentes municipales eran auditados y cuáles eran las observaciones y cargos que se les formulaban.

De ahí que a su salida del OFS, Rafael Zepeda tomara la decisión de constituir, junto con otros exfuncionarios de esta dependencia del Poder Legislativo, como Rafael Velasco Oliver, un despacho de asesoría jurídica dirigido a presidentes y expresidentes municipales con problemas en sus cuentas públicas.

En otras palabras, Zepeda y socios pasaron en menos de un  año, de octubre de 2007 a abril de 2008, de acusadores a defensores de presidentes y expresidentes municipales, a través del bufete Fiscalización y Rendición de Cuentas.

La pregunta es: ¿se vale?

En un situación similar se encuentra el diputado Víctor Huerta Morales, secretario de la Comisión Inspectora del OFS.

Y es que como presidente municipal de Esperanza, en el trienio 2006-2009, su desempeño dejó mucho que desear, al grado que el Órgano de Fiscalización Superior lo multó y le hizo millonarias observaciones, que después derivaron en pliegos de cargos por más de 64 millones de pesos.

Del 1 enero al 30 de junio de 2007 se le hicieron observaciones por más de 31 millones de pesos, y del 1 de enero al 20 de julio del mismo año nuevas observaciones por más de 65 millones de pesos.

De las primeras, derivó el pliego de cargos 3505-1C por la cantidad de 26 millones 233 mil pesos, y por las segundas el pliego de cargos 3798C por una suma de 64 millones 122 mil pesos.

Ambos pliegos de cargos, hay que decirlo también, ya fueron solventados.

En estas condiciones y circunstancias, vale la pena preguntar: ¿Qué calidad moral puede tener la consultora Metrics para cuestionar el desempeño del OFS y su auditor general, o el diputado Víctor Huerta para proponer una unidad que supervise y evalúe la eficiencia de Hernández Quintana?

Verdad que muy poca…

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Hete aquí la respuesta a la pregunta dominical lanzada por las Angelopolitanas del diario Milenio Puebla: ¿qué alto funcionario, que aspira a la gubernatura, no resistió la indiferencia con que fue tratado por sus compañeros de partido y abandonó el acto de ayer al que fue invitado antes de que terminara?  Pista: su gente le pidió a los porristas de los candidatos a diputados lo vitoreasen, pero la respuesta fue negativa y el berrinche del personaje, mayor.

El susodicho funcionario fue el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, que fue incluso fue abucheado por algunos seguidores priístas de la profesora Julieta Marín Torres, candidata a diputada federal por el distrito 16 con cabecera en Ajalpan.

Otro detalle que llamó la atención de ese mitin sabatino fue la insistencia del dirigente nacional de la CNC, Cruz López Aguilar, en el sentido de que su organización no tiene gallo para el 2010 y que este asunto lo deben definir los poblanos.

El énfasis que puso Cruz López en la palabra poblanos pareció llevar dedicatoria para el secretario de Desarrollo Social, quien por alguna razón tampoco fue invitado a la comida que el líder nacional cenecista encabezó en el hotel Holiday Inn con algunos políticos y candidatos poblanos como Jesús Morales Flores y Alberto Jiménez Merino.

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Simón dice:

“Aquellos que padecen una indigestión o una borrachera no saben lo que es comer ni lo que es beber”.
 Anthelme Brillat-Savarín (1755-1826). Gastrónomo y escritor francés.

Dígase lo que diga, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del estado de Puebla sigue operando como garrote político, ya sea para afianzar apoyos de quienes desde fuera lo controlan, como hoy sucede, o como instrumento de presión o castigo en contra los enemigos del régimen.

De ahí la importancia de aprovechar las reformas que se pretenden hacer a la Constitución Política del estado y a la Ley que norma el funcionamiento y operación del OFS para cambiar el estatus constitucional y jurídico de este órgano fiscalizador.

La reforma más importante que a mi juicio se debe hacer al OFS radica en su autonomía.

El Órgano de Fiscalización Superior no sólo debe tener autonomía técnica y de gestión, que ya las tiene, sino autonomía constitucional, para que deje de ser una instancia dependiente y subordinada del Poder Legislativo.

Esta falta de autonomía es lo que provoca que el OFS y su auditor general estén más preocupados en servir a la fracción que manda en el Congreso local —en este caso, la del PRI— o a los políticos que controlan a los diputados de la fracción mayoritaria —como Javier López Zavala o Mario Montero Serrano— que en revisar y auditar el manejo y aplicación de recursos públicos de los poderes del estado y los ayuntamientos.

Sin autonomía constitucional, el OFS seguirá siendo lo que es, una instancia gubernamental poco seria y poco valorada en materia de control y fiscalización, incapaz de frenar la corrupción, el tráfico de influencias y de castigar a los políticos y funcionarios que se enriquecen a costa del erario público, trienio tras trienio y sexenio tras sexenio.

¿O sabe usted de algún pez gordo que gracias a esta instancia dependiente del Congreso del estado haya sido enviado a la cárcel u obligado a reponer el monto de su peculado en los casi nueve años que tiene de existir y de la aprobación de la Ley que lo creó en junio de 2001?

Verdad que no.

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Simón dice:
“La finalidad del castigo es asegurarse de que el culpable no reincidirá en el delito y lograr que los demás se abstengan de cometerlo”.

Cesare Beccaria (1738-1794). Criminólogo, economista y jurista italiano.

Una renuncia de la poco o nada se ha informado, no obstante haberse dado hace poco más de un mes, es la de Roberto Díaz Sáenz, como director jurídico del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado.

Su salida estuvo precedida de un escándalo, que hoy tiene contra las cuerdas al Poder Legislativo, pero sobre todo al OFS, en caso de que decida iniciar pliegos de cargos o abrir procesos de determinación de responsabilidades en contra de algún presidente municipal o servidor público.

Y es que a Roberto Díaz Sáenz se le vencieron los plazos legales que éste tenía como director jurídico del OFS para notificar pliegos de observaciones y pliegos de cargos a más de una centena de presidentes municipales y otros sujetos obligados, de cuentas públicas que corresponden a los ejercicios fiscales de 2007 y 2008.

La omisión quiso ser subsanada por el auditor general del OFS, Víctor Manuel Hernández Quintana, y el presidente de la Gran Comisión, el diputado José Othón Bailleres Carriles, a través de un acuerdo del propio Congreso del estado.

Pero advertidos de la ilegalidad de ese acuerdo, y de que cualquier presidente municipal o servidor público que se inconformara podría echarlo abajo con un amparo, optaron por ir al origen del conflicto, deshaciéndose del responsable del lamentable descuido o la inexcusable negligencia.

Y fue así como Roberto Díaz fue relevado de la Dirección Jurídica del Órgano de Fiscalización Superior, para dejar en su lugar, en calidad de interino, a José de Jesús Pérez Fortunio, quien ya ocupó este cargo a la salida de Rafael Velasco Oliver.

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Aun cuando hasta sus propios compañeros de partido ven como muy lejana la posibilidad de que se cuele a la Cámara Baja del Congreso de la Unión, yendo en el lugar número 15 de la lista de candidatos plurinominales del PAN por la cuarta circunscripción electoral del país, que comprende al Distrito Federal y a los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, la verdad es que José Luis Carmona Ruiz “El Chango” podría dar la sorpresa.

Y no porque el PAN vaya a perder por un reducido margen la mayoría de los distritos de esta demarcación territorial frente al PRI o porque la dirigencia nacional panista haya decidido cambiarlo al quinto o al décimo lugar, sino porque hay nueve candidatos que lo anteceden que van por las dos vías, es decir como candidatos uninominales y plurinominales.

Una de ellas es su paisana por el distrito 9 de Puebla, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, quien va en el lugar cinco de la lista de plurinominales del PAN por la cuarta circunscripción.

Según las cuentas de “El Chango” Carmona y sus seguidores, bastaría que tres de estos nueve candidatos del PAN ganarán su elección de mayoría relativa, para que él lograra hacerse de una curul en la Cámara de Diputados por la vía plurinominal.

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Simón dice:

“La suerte no es más que la habilidad de aprovechar las ocasiones favorables”.
Orison Swett Marden (1850-1924). Escritor de libros de autoayuda.

Por Eduardo González Soto

He aquí dos visiones de la rendición de cuentas públicas:

A diferencia del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del estado con las cuentas públicas del gobernador Mario Marín Torres, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí reveló el resultado de la revisión que hizo a los recursos ejercidos por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa durante 2007.

Los resultados no fueron muy halagadores para la administración federal, pues le fueron detectadas irregularidades por 60 mil 723.5 millones de pesos.

Sin embargo en Puebla la discrecionalidad con que se manejan los recursos públicos es una constante, pese a que de acuerdo con el OFS, todas las entidades salen limpias y corrigen las observaciones que en un principio les son hechas.

El 22 de julio de 2008 el Congreso  del estado aprobó la cuenta pública del gobierno del estado respecto al ejercicio fiscal de 2007, en el que se manejaron más de 44 mil millones de pesos.

Pero al informe de la revisión que el OFS publicó en su portal de internet le fueron recortados los capítulos I, II y IV, precisamente aquellos en los que se mencionaban los montos, ya no dígase detallados, sino generales de las observaciones hechas a las diferentes instancias de la administración estatal.

e-consulta solicitó el 22 de octubre de 2008 el informe completo sobre la revisión al Poder Ejecutivo a través de la solicitud de transparencia 171/2008, pero la información fue clasificada por el OFS como reservada por 7 años , y además, se argumentó que su divulgación comprometería la “estabilidad” y “gobernabilidad” de la entidad.

A través de un trabajo periodístico , se publicó en diciembre de 2008 en este mismo medio que el monto de las observaciones hechas por el OFS a la administración de Mario Marín Torres ascendió a 13 mil 809 millones de pesos, aunque todas y cada una de las partidas fue justificada hasta llegar a cero.

Entonces, ¿cuál era el riesgo que corría el estado por dar a conocer los montos en cada dependencia?

Y una vez que se publicaron, ¿ocurrió algún incidente que puso en peligro la estabilidad y gobernabilidad en Puebla?

Si estos argumentos se trasladaran a la administración federal, ¿entonces nos quedaremos sin presidente “del empleo” en los 3 años y medio que restan del sexenio?

¿Una ola de inestabilidad e ingobernabilidad lo derrocará?

¿Por qué el titular de la AFS cuyo sueldo es pagado con recursos públicos sí puede publicar las irregularidades en la administración de Calderón Hinojosa, y el titular del OFS en Puebla –que recibe un salario con el mismo origen- no quiere develar las de la administración estatal?

¿No acaso el concepto de transparencia gubernamental es el mismo en Puebla que en el resto del país?

Al parecer no.

¿Es acaso una cuestión de discrecionalidad en el manejo del erario público, de protección a funcionarios y de nula independencia de los poderes de gobierno?

Al parecer sí.

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Comentarios y críticas a los correos: eduardogsoto@hotmail.com y eduardogsoto@yahoo.com.mx

Al presidente municipal de Zacapoaxtla, Justino Guerrero Lillo, la crisis parece hacerle los mandados, y el Órgano Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado también.

A un año de su gestión, el munícipe priísta ha estrenado dos camionetas último modelo: una Ford Lobo de lujo, que adquirió con recursos del ayuntamiento en febrero de 2008 y que ahora es propiedad del constructor Alberto Alvarado, y otra camioneta de la misma marca y tipo, pero modelo 2009.

Además ha incorporado a su parentela a la nómina municipal, comenzando por su sobrino político, Jorge Hernández Tepanhuey ––que de wey no tiene nada––, a quien nombró contralor del ayuntamiento.

Lejos de combatir la corrupción, Hernández Tepanhuey es su principal promotor, pues con el consentimiento de su tío se encarga de cobrar el “diezmo” a los proveedores, constructores y materialistas que prestan o venden sus productos y servicios a la presidencia municipal, así como de cambiar por efectivo los vales de gasolina y diesel adquiridos por el ayuntamiento de Zacapoaxtla, dizque para el parque vehicular de la comuna.

Hay que decir que la fama de pillo del contralor municipal no es reciente: lo acompaña desde que fue despedido, por malos manejos administrativos, de las oficinas regionales de la Secretaría de Salud, dependencia contra la que promovió un juicio por despido injustificado, por el cual logró su reinstalación.

Las arbitrariedades de Justino y familia han llegado a tal extremo que hasta los priístas zacapoaxtecos han integrado un frente para defenderse de los abusos y excesos de su presidente municipal.

Y el Frente Priísta Zacapoaxteco ha sido tan bien recibido que, a escasos cuatro meses de su creación, ya tiene presencia y representantes en 10 de las 28 comunidades del municipio.

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El presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, ha comenzado a distanciarse ya no sólo de sus pares (los consejeros electorales), sino de los representantes partidistas acreditados ante al máximo órgano electoral del estado.

Su distanciamiento es consecuencia de la crisis económica, la estrechez presupuestal y la retención de algunas partidas por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado.

En concreto: la mayoría de los representantes de los partidos políticos están inconformes porque a estas alturas del año no han recibido los 15 mil pesos de dieta o compensación que venían cobrando mensualmente y porque, además, ya les avisaron que esta prebenda podría cancelarse debido a los ajustes presupuestales del Instituto Electoral del Estado.

Anoche, al cierre de este blog, recibì un correo con información interesante sobre futuros cambios y enroques en la gestión de Blanca Alcalá Ruiz. Le recomiendo revisarlo en la sección de comentarios.

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Simón dice:

“El dinero es como el estiércol: no es bueno, a no ser que se esparza”
Sir Francis Bacon, filósofo y estadista británico.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Hay que abrir la puerta a la reelección de presidentes y diputados 

La redistritación del estado, favorece la inequidad en la representación

¿Qué aspectos políticos y electorales debe considerar la reforma electoral?

Aunque hasta ahora la discusión de la reforma electoral en Puebla se ha centrado en la fecha, me parece que hay aspectos más importantes que adelantar las elecciones locales del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio del 2010, y que están siendo marginados del debate.

En concreto, me refiero a la importancia de llevar a cabo una redistritación que haga más equitativa la representación; a revisar la conveniencia de que el estado tenga 217 municipios, muchos de los cuales ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos para ser considerados como tales; a modificar la fecha de los comicios locales, para empatarlos con los federales, pero también a cambiar los periodos de gobierno, de suerte que éstos empiecen y terminen con el año fiscal; y a introducir la figura de la reelección, en el caso de presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

Uno de los mayores problemas que enfrenta la división territorial del estado por distritos locales, es la subrepresentación de unos, como los seis que tienen por cabecera el municipio de Puebla, y la sobrerrepresentación de otros, como algunos de la Mixteca, que tienen hasta tres veces menos electores que uno de la capital.

La reforma electoral debe corregir esa falta de equidad, que el PRI ha solapado bajo la premisa —hoy a todas luces falsa— de que en los distritos urbanos y de alta densidad poblacional, el voto de los electores tiende a beneficiar al PAN.

A la par de esta situación, los diputados deben corregir de una buena vez la fórmula de asignación de diputados y regidores de representación proporcional, en aras de una mayor equidad. La composición del Congreso del estado y los Cabildos de cada municipio debe reflejar los resultados del proceso del cual surgieron, de suerte que si un partido obtuvo el 40% de los votos efectivos, tenga también el 40% de los diputados o regidores. La equidad debe favorecer por igual al partido mayoritario que a los partidos minoritarios.

En la iniciativa de reformas al Código Electoral del estado, el PAN propuso empatar los comicios locales con los federales hasta julio de 2015, mediante la elección —por primera y única vez— de un gobernador cuyo periodo no fuera de seis años, sino de cuatro años ocho meses.

El proyecto no está mal, pero creo que podría ir más a fondo, si se modifican además las fechas de comienzo y terminación de las administraciones entrantes y salientes.

Actualmente el gobernador electo entra en funciones el 1 de febrero, y los presidentes municipales 15 días después, lo que en no pocas ocasiones es motivo de abusos por parte de los gobiernos salientes, que se gastan en un mes o 45 días hasta un tercio del presupuesto del año fiscal que corre, amén de que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) debe revisar 218 cuentas públicas adicionales por esos 30 ó 45 días.

Lo ideal sería que los comicios se realizaran el primer domingo de julio, como ya lo aprobó el Congreso de la Unión, pero que a nivel local se legislara para que las nuevas autoridades estatales y municipales entraran en funciones el primer día de enero del año siguiente.

Así las cosas, el gobernador, los presidentes municipales y los diputados al Congreso del estado que fuesen electos en julio de 2010, entrarían en funciones 1 de enero de 2011, pero concluirían su gestión —por primera y única vez—el 31 de diciembre de 2015, es decir, a los cinco años de haber protestado el cargo.

Una reforma adicional que los legisladores locales también deberían impulsar en materia electoral, es la reelección de presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, a partir del 2015.

Ambas autoridades serían electas para un periodo de tres años, pero tendrían derecho a reelegirse de manera inmediata. Ello, sin duda, haría que los presidentes y legisladores se pusieran a trabajar más y mejor, pues su nominación ya no estaría sujeta a los caprichos o veleidades del gobernador en turno, sino de sus electores.

Los presidentes municipales tendrían entonces un incentivo adicional, la reelección inmediata, para hacer buenos gobiernos, y los legisladores igual, amén que muchos de ellos dejarían de ser políticos chapulines —al saltar de un cargo a otro— para hacer carrera legislativa, algo que mucha falta le hace al Congreso del estado donde la improvisación es moneda de uso corriente.

EN CORTO
Las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública no deberían desatender las denuncias de familiares de internos del Centro de Redaptación Social de Puebla, mejor conocido como penal de San Miguel, sobre las cuotas de 20 mil pesos que se están cobrando a cada uno de los sentenciados, para evitar su traslado al penal de Tepexi de Rodríguez.

La denuncia parece seria, por lo que las autoridades deberían tomar cartas en el asunto, para por lo menos desmentirla y terminar con esta zozobra que invade a internos y familiares del Cereso de Puebla.

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Y hasta la próxima.

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