Si bien la ventaja de 20 puntos del panista Eduardo Rivera Pérez sobre el priísta Mario Montero Serrano en las elecciones para presidente municipal de Puebla no deja de llamar la atención, lo realmente sorprendente es el desplome del PRI.

Veamos:

En las elecciones de 2004, donde el candidato del tricolor a la alcaldía capitalina fue Enrique Doger Guerrero, el PRI obtuvo 242 mil 804 votos, equivalentes al 49.42% de la votación; y en las de 2007, con Blanca Alcalá Ruiz, 224 mil 538 sufragios, que representaron el 50.65% de la votación.

En cambio, en las elecciones del domingo pasado, la Alianza Puebla Avanza —conformada por el PRI y el PVEM— registró 192 mil 046 votos, que corresponden al 36.92% de la votación, de acuerdo con el último corte del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Con respecto a 2004, el retroceso del PRI es de más de 50 mil votos y con respecto a 2007 de más de 32 mil.

Esta caída es —en realidad— mayor, si se consideran un par de cuestiones: la primera es que en esta elección el PRI no fue solo sino en coalición con el PVEM, y que la lista nominal de electores del municipio de Puebla ha crecido al menos un 6% entre 2004 y 2010.

¿Cómo explicar este desplome?

Una primera explicación radica, sin duda, en el candidato Mario Montero Serrano, cuyos atributos, desde el comienzo de la contienda, nunca fueron bien valorados por la mayoría de los votantes.

El exsecretario de Gobernación de Mario Marín ciertamente era un priísta conocido y con trayectoria en la política, el PRI y la administración pública, pero con bajos niveles de confianza y potencial de voto.

Una segunda explicación —y creo la más relevante— es que en estos comicios el PRI no sólo sobredimensionó su voto duro y leal, sino que renunció a la conquista del elector volátil o switcher.

Mario Montero y sus estrategas creyeron que el voto duro y leal del PRI sería suficiente para ganar el proceso, en un escenario de baja participación electoral.

Es obvio que se equivocaron y que los electores volátiles o switcher fueron cachados por el candidato de la coalición Compromiso por Puebla.

Sólo así se explica la votación histórica alcanzada por Eduardo Rivera en los comicios del domingo, que rebasa con mucho la obtenida por Acción Nacional en anteriores elecciones.

En 2001, cuando ganó la alcaldía de la capital con Luis Eduardo Paredes Moctezuma, el PAN logró 170 mil 880 votos; en 2004, 198 mil 744; y en 2007, 129 mil 156.

Los más de 294 mil sufragios que Eduardo Rivera obtuvo en la jornada dominical, no sólo representan 127% más con relación a 2007, sino un crecimiento de casi 100 mil con respecto a su máximo histórico en una elección para presidente municipal.

Tres son los factores que explican la cifra alcanzada por la coalición Compromiso por Puebla en la capital: uno, es la ola generada por el candidato opositor a la gubernatura, Rafael Moreno Valle; dos, el perfil fresco, juvenil y plural de Eduardo Rivera y su planilla de regidores y síndico y; tres, la participación ciudadana del 56% o más de los inscritos en la lista nominal del municipio.

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En la sesión de hoy, efectuada en las instalaciones del OFS, los diputados aprobaron los dictámenes con las cuentas públicas de los poderes legislativo y judicial, y se espera que mañana aprueben la del titular del Poder Ejecutivo, para que el jueves pase al pleno y sea aprobada por la mayoría de los diputados de la LVII Legislatura local.

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Simón dice:

Después de un fracaso, los planes mejor elaborados parecen absurdos.

Fiodor Dostoievski (1821-1881). Novelista ruso.

La intentona de remoción de Rocío García Olmedo como presidenta de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior por parte de 19 legisladores priístas, incluido su líder y presidente de la Gran Comisión, José Othón Bailleres Carriles, va más allá de una venganza política o una pugna entre grupos marinistas por la sucesión gubernamental.

Claro que estos ingredientes están presentes, pero creo que hay otras razones que aún no han sido mencionadas.

García Olmedo está lejos, pero muy lejos, de ser garante de legalidad, transparencia y pulcritud en materia de revisión y fiscalización de cuentas públicas. La legisladora priísta en poco o nada ha contribuido para que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) deje de funcionar como garrote político en contra de los enemigos del régimen o instrumento de presión para afianzar apoyos de quienes desde fuera lo controlan.

Con y sin García Olmedo, el OFS se ha conducido con discrecionalidad y opacidad en su función de máxima autoridad fiscalizadora de los recursos públicos.

El cuartelazo para destituirla de la presidencia de la Comisión Inspectora, es en realidad una pugna por hacerse del control del garrote político del Congreso del estado, por los dividendos políticos y económicos que conlleva auditar y aprobar más de 300 cuentas públicas al año.

Para nadie es un secreto que más de un aspirante del PRI a la gubernatura se ha ganado el apoyo de docenas de presidentes municipales con el prurito de que si se suman a su proyecto político y contribuyen a respaldarlo con hechos y acciones concretas, el OFS aprobará sin mayor problema sus cuentas públicas.

Cuántos legisladores priístas —y de oposición también— se valen de este mismo engaño para que los presidentes municipales de sus distritos los apoyen con contratos de asesoría, servicios y obra pública, o con aviadores y recomendados en la nómina municipal.

La verdad es que esta situación tiene en crisis al OFS, a su auditor general Víctor Manuel Hernández Quintana, y a la aún presidenta de la Comisión Inspectora, pues por un lado éstos tienen que auditar, emitir pliegos y sancionar desvíos de recursos públicos y, por otro lado, los presidentes municipales se resisten a ser revisados y a responder los pliegos de observaciones y cargos, en el entendido de que el diputado fulano o el candidato a gobernador perengano les ofrecieron protección e inmunidad.

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Uno de los principales instigadores de la remoción de Rocío García Olmedo como presidenta de la Comisión Inspectora es su compañero de partido Víctor Huerta Morales.

Este legislador priísta, plenamente identificado con el Proyecto Z, es uno de los mayores lastres políticos del Órgano de Fiscalización Superior, pues prometió a decenas de presidentes municipales protección e inmunidad, que hoy no puede refrendar, aún siendo secretario de la Comisión Inspectora.

De ahí su interés porque García Olmedo sea relevada, a la mayor brevedad.

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Un dato que vale la pena recordar es que Víctor Huerta Morales fue presidente municipal de Esperanza, en el trienio 2006-2009, y que su desempeño dejó mucho que desear, al grado que el Órgano de Fiscalización Superior lo multó y le hizo millonarias observaciones, que después derivaron en pliegos de cargos por más de 64 millones de pesos.

Del 1 enero al 30 de junio de 2007 al hoy secretario de la Comisión Inspectora le emitieron pliegos de observaciones por más de 31 millones de pesos, y del 1 de enero al 20 de julio del mismo año, por más de 65 millones de pesos.

De las primeras, derivó el pliego de cargos 3505-1C por la cantidad de 26 millones 233 mil pesos, y por las segundas el pliego de cargos 3798C por una suma de 64 millones 122 mil pesos.

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Simón dice:

“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”.
Joan Baez (1941-?). Cantante estadounidense de música folk, conocida como «La reina de la canción protesta»

Metrics, sin calidad moral para cuestionar al OFS 
Puja líder cenecista por un poblano para goberndor

Aún no concluye el sexenio del gobernador Mario Marín Torres, y los problemas para el subsecretario del Trabajo, Carlos Hernández Hernández ya comenzaron.

Hace unos días su despacho “Chet Abogados Asociados, Asesores Jurídicos Empresariales” perdió a uno de sus mejores clientes: Grupo Wal-Mart.

Este poderoso consorcio empresarial, que en Puebla se diversifica en los restaurantes Vips y El Porton, las tiendas departamentales Suburbia y las tiendas de autoservicio Wal-Mart, Bodegas Aurrera y Superama, decidió removerlo como apoderado legal, tras una serie de escándalos laborales.

La gota que derramó el vaso fue un juicio promovido por César Navarrete Hernández en contra de Suburbia y que el despacho de Carlos Hernández perdió en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), donde se supone que es imbatible, al actuar como juez y parte en los asuntos que se ventilan en ese tribunal laboral.

El trabajador, asesorado por el despacho Jara y Navarro, no sólo logró una sentencia favorable a su demanda por despido, sino que evidenció ante los medios de comunicación que siguieron su caso —El Sol de Puebla, de manera destacada— lo que todos los abogados en la JLCyA saben: que Carlos Hernández usa su cargo para hacerse de clientes y bloquear las demandas en perjuicio de sus representados.

De ahí que los directivos de este importante consorcio empresarial hayan tomado la decisión de finiquitar su relación profesional de más de diez años con Carlos Hernández, en aras de evitar nuevos escándalos y denuncias mediáticas, como las de César Navarrete y otras extrabajadoras de Suburbia como Virginia Rodríguez y Rosalinda Zenteno, que ya también litigan sus casos en las páginas de algunos diarios locales.

INTRAMUROS

Hace unos días se publicó en algunos medios y columnas políticas una evaluación efectuada por el despacho Metrics, Gestión y Consultoría, sobre el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado.

Dicha evaluación puso por los suelos al OFS y el desempeño de su auditor general, Víctor Manuel Hernández Quintana, en materia de revisión y aprobación de más de 360 cuentas públicas de los años 2007 y 2008.

Según lo publicado en El Sol de Puebla, Poblanerías y Puebla on line, el multicitado reporte elaborado por el director general de la consultora Metrics, Rafael Zepeda Morales, obedeció a una petición del diputado local priísta Víctor Huerta Morales, en su carácter de secretario de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior.

Aquí quiero detenerme.

De entrada hay que decir que Rafael Zepeda no es un consultor cualquiera. Para nada.

Se trata de un abogado con experiencia y oficio en la materia, que prestó sus servicios para el OFS hasta noviembre de 2007, primero como director del Comité de Auditoría de Desempeño y luego como director del Comité de Fiscalización.

Pero que además cuenta información privilegiada, no sólo por lo que a él se refiere, sino porque su hermano, que en algún tiempo fue su subordinado, trabajó hasta abril de 2009 como jefe del Departamento de Fiscalización Municipal, cargo que le permitía conocer en detalle qué presidentes municipales eran auditados y cuáles eran las observaciones y cargos que se les formulaban.

De ahí que a su salida del OFS, Rafael Zepeda tomara la decisión de constituir, junto con otros exfuncionarios de esta dependencia del Poder Legislativo, como Rafael Velasco Oliver, un despacho de asesoría jurídica dirigido a presidentes y expresidentes municipales con problemas en sus cuentas públicas.

En otras palabras, Zepeda y socios pasaron en menos de un  año, de octubre de 2007 a abril de 2008, de acusadores a defensores de presidentes y expresidentes municipales, a través del bufete Fiscalización y Rendición de Cuentas.

La pregunta es: ¿se vale?

En un situación similar se encuentra el diputado Víctor Huerta Morales, secretario de la Comisión Inspectora del OFS.

Y es que como presidente municipal de Esperanza, en el trienio 2006-2009, su desempeño dejó mucho que desear, al grado que el Órgano de Fiscalización Superior lo multó y le hizo millonarias observaciones, que después derivaron en pliegos de cargos por más de 64 millones de pesos.

Del 1 enero al 30 de junio de 2007 se le hicieron observaciones por más de 31 millones de pesos, y del 1 de enero al 20 de julio del mismo año nuevas observaciones por más de 65 millones de pesos.

De las primeras, derivó el pliego de cargos 3505-1C por la cantidad de 26 millones 233 mil pesos, y por las segundas el pliego de cargos 3798C por una suma de 64 millones 122 mil pesos.

Ambos pliegos de cargos, hay que decirlo también, ya fueron solventados.

En estas condiciones y circunstancias, vale la pena preguntar: ¿Qué calidad moral puede tener la consultora Metrics para cuestionar el desempeño del OFS y su auditor general, o el diputado Víctor Huerta para proponer una unidad que supervise y evalúe la eficiencia de Hernández Quintana?

Verdad que muy poca…

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Hete aquí la respuesta a la pregunta dominical lanzada por las Angelopolitanas del diario Milenio Puebla: ¿qué alto funcionario, que aspira a la gubernatura, no resistió la indiferencia con que fue tratado por sus compañeros de partido y abandonó el acto de ayer al que fue invitado antes de que terminara?  Pista: su gente le pidió a los porristas de los candidatos a diputados lo vitoreasen, pero la respuesta fue negativa y el berrinche del personaje, mayor.

El susodicho funcionario fue el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, que fue incluso fue abucheado por algunos seguidores priístas de la profesora Julieta Marín Torres, candidata a diputada federal por el distrito 16 con cabecera en Ajalpan.

Otro detalle que llamó la atención de ese mitin sabatino fue la insistencia del dirigente nacional de la CNC, Cruz López Aguilar, en el sentido de que su organización no tiene gallo para el 2010 y que este asunto lo deben definir los poblanos.

El énfasis que puso Cruz López en la palabra poblanos pareció llevar dedicatoria para el secretario de Desarrollo Social, quien por alguna razón tampoco fue invitado a la comida que el líder nacional cenecista encabezó en el hotel Holiday Inn con algunos políticos y candidatos poblanos como Jesús Morales Flores y Alberto Jiménez Merino.

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Simón dice:

“Aquellos que padecen una indigestión o una borrachera no saben lo que es comer ni lo que es beber”.
 Anthelme Brillat-Savarín (1755-1826). Gastrónomo y escritor francés.

Si algo quedó claro ayer con la aprobación de la cuenta pública del Instituto Electoral del Estado (IEE), por parte de los miembros de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior, es que la corrupción en Puebla tiene carta de impunidad.

Gracias a la mayoría priísta del Congreso del estado, el presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales, podrá presumir —como ya lo está haciendo desde ayer a través de sus paleros en los medios de comunicación— que nada de lo cual fue acusado —compras fraccionadas, sobregiros presupuestales, daño patrimonial, pago de aviadores, desvío y malversación de recursos públicos— se le pudo comprobar.

Nada más falso que eso.

Su condición de mentiroso y corrupto ha quedado plenamente acreditada —y no por la prensa—, sino por sus propios homólogos, y las instancias encargadas de auditar su ejercicio durante el 2007. Me refiero a la Contraloría Interna del Instituto, al despacho Freyssinier Morin y al Órgano de Fiscalización Superior.

Los auditores del Orfise están al tanto de la corrupción del presidente del IEE, y del enorme esfuerzo que tuvieron que hacer para limpiar su cuenta pública, y cuadrar los números de un balance plagado de anomalías, excesos y abusos.

No en balde un ejército de auditores tomó, en la segunda quincena de mayo, las oficinas administrativas del Instituto, llevándose consigo 14 cajas que contenían todo el soporte documental de algunas partidas, que amparaban los gastos por combustible, alimentación y papelería. 

El objetivo de ese operativo fue borrar cualquier evidencia que inculpara al consejero presidente Jorge Sánchez, y a su directora administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, cuñada por cierto del director administrativo del Orfise, José Armando Sánchez Nava.

Los auditores de Freyssinier Morin, despacho que hace las veces de auditor externo del IEE, también saben de los excesos y corruptelas cometidos por Jorge Sánchez, y del desorden que priva en la Dirección Administrativa del Instituto, pero tuvieron que tragarse sus observaciones, no sólo por presiones del Orfise, sino para mantener su millonario contrato.

Pero quien también supo —y hasta pudo documentar— las anomalías en que incurrió Jorge Sánchez durante el 2007 fue la ex contralora interna del Instituto, Dalhel Lara Gómez.

Sus observaciones —que el presidente del IEE trató de acallar ofreciéndole una generosa liquidación— quedaron plasmadas en siete reportes de igual número de auditorías, que a la fecha se han mantenido bajo llave.

Estas observaciones se publicaron en este blog los días 7, 8 y 9 de mayo.

Hoy vale la pena reproducirlas, para que este jueves los diputados que seguramente aprobarán la cuenta pública del Instituto nos digan cómo se solventaron —si es que así ocurrió— y nos aclaren por qué el Orfise no observó lo que la contralora interna del Instituto catalogó como compras fraccionadas, sobregiros y hasta como daño patrimonial.

De la larga relación de anomalías documentadas por Dalhel Lara destacan las siguientes:

1. Erogaciones por más de 853 mil pesos que se cargaron a la partida «gastos de propaganda», pero que en realidad corresponden a otras partidas. Esta manipulación se hizo con el objeto ocultar sobregiros presupuestales en algunos rubros y dar suficiencia presupuestal a la partida 3601.

2. El desembolso de 96 mil 842 pesos a favor Katy Pacheco Pérez, quien supuestamente prestaba servicios de asesoría, pero con un contrato de arrendamiento. Sus servicios profesionales, los cuales cobró a tráves de los recibos de honorarios 0024 y 0025, no se cargaron a la partida 3301 de asesorías, sino a la 3901 que corresponde a penas, multas, accesorios y actualizaciones.

3. El pago no autorizado de 15 mil pesos mensuales a los representantes de partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto, con cargo a la partida 4311 que corresponde a otras transferencias.

4. El pago de compras fraccionadas y sin licitación a la empresa Target Eye, a la cual se le contrató y pagó el diseño creativo de la campaña del IEE en 287 mil pesos, otras compras por 320 mil pesos y 350 mil por la producción de spots publicitarios.

Adicionalmente a esta empresa de Jorge Espino Flores se le pagaron 450 mil pesos por la pinta de bardas, 1 millón 381 mil pesos por anuncios espectaculares, y 450 mil pesos por publicidad en autobuses, servicios que en realidad hacían proveedores particulares y otras como Publicidad Espectacular Móvil e Impactos Frecuencia.

5. El pago de compras fraccionadas de material de impresión, servicios de informática, consumibles, papalería y equipo de cómputo a empresas como Colorset y otros proveedores que ni siquiera figuraban en el padrón de proveedores del Instituto.

6. La compra de canastas navideñas a la empresa Prissa Vinos y Licores por más de 19 mil pesos y de 40 arcones navideños, un reproductor de video, un minicomponente y una pantalla plana por un total de 429 mil pesos que supuestamente se entregaron a los reporteros de cubren el Instituto como regalo de fin de año.

7. Erogaciones por 460 mil 995 pesos en gastos de representación, que en un 90% fueron ejercidos por el presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales, con cargo a la partida 3810.

El día de mañana le contaré otros sobregiros e incongruencias que aparecen en los informes admistrativos y financieros del Instituto, y los cuales fueron ignorados por el Orfise y los diputados priístas de la Comisión Inspectora —como Luis Alberto Arriaga Lila— que hoy actúan como cómplices del corrupto presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales.

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En la Secretaría de Salud del estado siguen rodando cabezas. Ayer, Antonio Marín López le pidió la renuncia a Ricardo Villa Issa y a Jorge George Sánchez, quienes venían desempeñándose como coordinador de Servicios de Salud y director de Atención a la Salud, respectivamente.

Ambos, parar variar, pidieron entrevistarse con el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, para ver si conseguían mantenerse en el cargo en lo que resta del sexenio.

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