Desfase y discrecionalidad en la aprobación de cuentas

Dos distritos podría obtener el PVEM en Puebla

El más claro ejemplo de cómo en la Auditoria Superior del Estado (ASE) y en la Comisión Inspectora del Congreso local las cuentas públicas de los sujetos obligados se aprueban o se congelan por motivos políticos es el ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.

Al ex munícipe capitalino se le advirtió que sus cuentas públicas no se aprobarían, mientras siguiera viviendo en Puebla.

Y la advertencia se ha cumplido. A más de diez meses de haber concluido su gestión, aún están pendientes de aprobación en el Poder Legislativo las cuentas de segundo y tercer año de gestión, correspondientes a los ejercicios de 2012 y 2013, así como la de los primeros 45 días de 2014.

En la historia del Congreso local, lo común era que las cuentas del Ejecutivo del estado, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y del presidente municipal de Puebla se aprobaran por lo regular en las mismas fechas y, a veces, hasta en la misma sesión.

Sin embargo, esta situación se modificó en la administración morenovallista, debido a que la revisión y aprobación de las cuentas públicas es totalmente discrecional.

Las cuentas públicas del Ejecutivo del estado de los años 2011,  2012 y 2013 se han aprobado sin demora durante el mes de julio del año siguiente; las del rector de la BUAP, que antes del morenovallismo también se autorizaban en julio del año posterior, ahora se aprueban a los dos años.

La cuenta del rector Enrique Agüera Ibáñez del ejercicio 2010 se aprobó en julio de 2012; la del ejercicio del 2011, en julio de 2013; y la del ejercicio de 2012, hasta julio de 2014.

Por lo que hace a las cuentas de los presidentes municipales de Puebla estas siempre se autorizaban al año siguiente, con excepción de las del panista Luis Eduardo Paredes Moctezuma, que fueron motivo de observaciones, pliegos de cargos, sanciones y procesos administrativos de determinación de responsabilidades. 

Sin embargo, en la actual administración estatal los tiempos de aprobación se han desfasado. Las primeras dos cuentas de la presidenta municipal Blanca Alcalá correspondientes a 2008 y 2009 se aprobaron un año después. El problema vino con la tercera, del año 2010, y con la cuarta que corresponde a los primeros 45 días del 2011, las cuales fueron revisadas por diputados  de la primera Legislatura morenovallista, la LVIII.

Ambas finalmente se autorizaron, una en diciembre 2012  y la otra en julio de 2013, es decir, dos años después.

Con la cuenta del primer año en funciones de Eduardo Rivera Pérez, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, ocurrió lo mismo: Se aprobó dos años después en julio de 2013.

Pero con la del segundo y tercer año, y la cuarta de los primeros 45 días del 2014, lo más probable es que los tiempos sigan alargándose sin ninguna explicación razonable o convincente.

Y es que el jueves pasado la LIX Legislatura del Congreso local aprobó, en su última sesión del año, 22 cuentas públicas, entre ellas las de algunos personajes controvertidos por los escándalos de delincuencia organizada y corrupción en que estuvieron envueltas sus gestiones, como el ex presidente municipal de Atlixco Eleazar Pérez Sánchez, y el ex presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, pero ninguna de las pendientes del ex alcalde capitalino Eduardo Rivera.

El asunto es a todas luces irregular, no sólo por el desfase de tres años, si es que finalmente se aprueban en 2015,  sino porque no existen motivos jurídicos, administrativos o financieros —como pliegos de observaciones o de cargos— para que sus cuentas continúen congeladas en la Auditoría Superior del Estado o sin dictaminar en la Comisión Inspectora que preside la ex contralora morenovallista Irma Patricia Leal Islas. 

La única razón es de orden político-partidista. A Eduardo Rivera le dijeron que no le querían ver en Puebla, ni metido en asuntos electorales y menos como aspirante a la minigubernatura, y que sus cuentas públicas se aprobarían una vez que se fuera a vivir fuera de Puebla en lo que resta del sexenio.

EN CORTO

Dos son los distritos que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) negocia con el PRI en el estado de Puebla rumbo a las elecciones federales del año entrante. Uno es el 13 con cabecera en Atlixco, donde los dirigentes del partido del tucán impulsan la nominación de Elieser Popócatl Castillo, y el otro es el 15 con cabecera en Tehuacán, donde la favorita es la actual diputada local Geraldine González Cervantes.

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La semana pasada fue obligado a renunciar uno de los pocos empleados del Instituto Electoral del Estado pertenecientes al Servicio Electoral Profesional: Celso Juárez Bautista, quien se desempeñaba como director de Capacitación y Educación Cívica.

Para que renunciara y su plaza fuera ocupada por otro empleado del IEE, que goza de los afectos de la directora del área, Celso Juárez comenzó a ser hostigado laboralmente, dizque porque no hacía bien las cosas, luego le aventaron a la Contraloría Interna para que lo auditara y finalmente le suspendieron el pago de su sueldo con la amenaza de que no cobraría aguinaldo.

Celso Juárez entendió el mensaje y presentó su renuncia, y por arte de magia el hostigamiento cesó y la auditoría se suspendió. Ah, y podrá cobrar la última quincena de noviembre y la primera de diciembre, junto con su aguinaldo y partes proporcionales.

De los 110 empleados del IEE, incluidos los consejeros electorales, los pertenecientes al Servicio Electoral Profesional, no rebasan los 20.

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Otro partido político nacional que en Puebla buscará mermar al PAN en las próximas elecciones es Encuentro Social que tiene como dirigente estatal a un ex panista que fue contralor en el ayuntamiento de Puebla en la gestión municipal de Gabriel Hinojosa Rivera, Raúl Barranco Tenorio, y como coordinador de Movimientos Sectoriales a otro ex panista que fue secretario de Enlace Gubernamental en la alcaldía encabezada por Luis Paredes Moctezuma, Miguel Ángel Labastida Carballeda.

Este nuevo partido que tiene como principal soporte a los pastores de las iglesias cristianas celebró el domingo pasado su primer congreso estatal, en el cual fueron electos los integrantes de su Comité Directivo y de su Comisión Política.

El regidor de Acatlán de Osorio, Abraham García Hernández, fue nombrado secretario general; José José Momox Sánchez, secretario de Organización y Estrategia Electoral, y Gloria Cortés Santiago, secretaria de Administración y Finanzas.

Al Congreso estatal acudió el dirigente nacional del partido, Hugo Eric Flores Cervantes, quien aprovechó la ocasión para reunirse en Puebla con más de 300 pastores de distintas denominaciones cristianas de la entidad.

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¿Qué tan conocedor se cree de la sucesión gubernamental, y de los personajes priístas que en ella participan como actores o aspirantes a Casa Puebla?

Para poner a prueba su sapiencia en el tema, lo invito a responder este pequeño cuestionario.

1. A qué político priísta atribuiría usted esta frase: “Si los gobernadores quieren que el PRI siga gobernando en los estados es necesario que ´saquen las manos´ del proceso de selección de candidatos a mandatarios, y que sea la sociedad la que los elija”.

a. Al exgobernador del estado Manuel Bartlett Díaz

b. Al hoy gobernador Mario Marín Torres

c. Al expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero

2. Quién diría que es el autor de esta otra frase, publicada en una entrevista concedida a La Jornada de Oriente, en su edición del 30 de abril de 2003: “Si el gobernador de Puebla, Melquiades Morales Flores, mantiene su postura de no intentar imponer al próximo candidato priista a la gubernatura estará actuando de manera sana e inteligente…”

a. El exsenador Germán Sierra Sánchez, delfín del entonces gobernador Melquiades Morales

b. El hoy gobernador Mario Marín Torres

c. El diputado federal Alberto Amador Leal

3. Ahora dígame quién habría dicho lo siguiente: “… el actual mandatario obtuvo la nominación al cargo que ocupa mediante una consulta, misma que le dio legitimidad y le ayudó hace cuatro años a ganar los comicios constitucionales”.

a. El expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero

b. El hoy gobernador Mario Marín Torres

c. El diputado federal Jesús Morales Flores

4. Ya embalado, contésteme por favor qué político priísta haría esta reflexión: en las entidades donde los gobernadores hacen valer su peso y ponen candidatos, el Revolucionario Institucional no obtendrá buenos resultados en los comicios locales.

a. La actual presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz

b. El hoy gobernador Mario Marín Torres

c. La actual presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel

Para conocer las respuestas correctas y, de paso, su nivel de conocimiento sobre la actual sucesión gubernamental, haga clic aquí, aquí o aquí. (Créame que se llevará una sorpresa)

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Dudas inocentes:

¿Por qué motivo o razón el Órgano de Fiscalización Superior del estado y la Comisión Inspectora aún no dictaminan ni aprueban la cuenta pública del primer año de gestión de la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, ni de los últimos 45 días de la administración de Enrique Doger Guerrero?

¿Acaso esta demora tiene alguna relación con el proceso de selección del candidato del PRI a la gubernatura de Puebla?

¿No que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado, no funciona como garrote político o instrumento de presión?

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Simón dice:
“Hay que tener buena memoria después de haber mentido”.
Pierre Corneille (1606-1684) Poeta y dramaturgo francés.

La intentona de remoción de Rocío García Olmedo como presidenta de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior por parte de 19 legisladores priístas, incluido su líder y presidente de la Gran Comisión, José Othón Bailleres Carriles, va más allá de una venganza política o una pugna entre grupos marinistas por la sucesión gubernamental.

Claro que estos ingredientes están presentes, pero creo que hay otras razones que aún no han sido mencionadas.

García Olmedo está lejos, pero muy lejos, de ser garante de legalidad, transparencia y pulcritud en materia de revisión y fiscalización de cuentas públicas. La legisladora priísta en poco o nada ha contribuido para que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) deje de funcionar como garrote político en contra de los enemigos del régimen o instrumento de presión para afianzar apoyos de quienes desde fuera lo controlan.

Con y sin García Olmedo, el OFS se ha conducido con discrecionalidad y opacidad en su función de máxima autoridad fiscalizadora de los recursos públicos.

El cuartelazo para destituirla de la presidencia de la Comisión Inspectora, es en realidad una pugna por hacerse del control del garrote político del Congreso del estado, por los dividendos políticos y económicos que conlleva auditar y aprobar más de 300 cuentas públicas al año.

Para nadie es un secreto que más de un aspirante del PRI a la gubernatura se ha ganado el apoyo de docenas de presidentes municipales con el prurito de que si se suman a su proyecto político y contribuyen a respaldarlo con hechos y acciones concretas, el OFS aprobará sin mayor problema sus cuentas públicas.

Cuántos legisladores priístas —y de oposición también— se valen de este mismo engaño para que los presidentes municipales de sus distritos los apoyen con contratos de asesoría, servicios y obra pública, o con aviadores y recomendados en la nómina municipal.

La verdad es que esta situación tiene en crisis al OFS, a su auditor general Víctor Manuel Hernández Quintana, y a la aún presidenta de la Comisión Inspectora, pues por un lado éstos tienen que auditar, emitir pliegos y sancionar desvíos de recursos públicos y, por otro lado, los presidentes municipales se resisten a ser revisados y a responder los pliegos de observaciones y cargos, en el entendido de que el diputado fulano o el candidato a gobernador perengano les ofrecieron protección e inmunidad.

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Uno de los principales instigadores de la remoción de Rocío García Olmedo como presidenta de la Comisión Inspectora es su compañero de partido Víctor Huerta Morales.

Este legislador priísta, plenamente identificado con el Proyecto Z, es uno de los mayores lastres políticos del Órgano de Fiscalización Superior, pues prometió a decenas de presidentes municipales protección e inmunidad, que hoy no puede refrendar, aún siendo secretario de la Comisión Inspectora.

De ahí su interés porque García Olmedo sea relevada, a la mayor brevedad.

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Un dato que vale la pena recordar es que Víctor Huerta Morales fue presidente municipal de Esperanza, en el trienio 2006-2009, y que su desempeño dejó mucho que desear, al grado que el Órgano de Fiscalización Superior lo multó y le hizo millonarias observaciones, que después derivaron en pliegos de cargos por más de 64 millones de pesos.

Del 1 enero al 30 de junio de 2007 al hoy secretario de la Comisión Inspectora le emitieron pliegos de observaciones por más de 31 millones de pesos, y del 1 de enero al 20 de julio del mismo año, por más de 65 millones de pesos.

De las primeras, derivó el pliego de cargos 3505-1C por la cantidad de 26 millones 233 mil pesos, y por las segundas el pliego de cargos 3798C por una suma de 64 millones 122 mil pesos.

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Simón dice:

“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”.
Joan Baez (1941-?). Cantante estadounidense de música folk, conocida como «La reina de la canción protesta»

Metrics, sin calidad moral para cuestionar al OFS 
Puja líder cenecista por un poblano para goberndor

Aún no concluye el sexenio del gobernador Mario Marín Torres, y los problemas para el subsecretario del Trabajo, Carlos Hernández Hernández ya comenzaron.

Hace unos días su despacho “Chet Abogados Asociados, Asesores Jurídicos Empresariales” perdió a uno de sus mejores clientes: Grupo Wal-Mart.

Este poderoso consorcio empresarial, que en Puebla se diversifica en los restaurantes Vips y El Porton, las tiendas departamentales Suburbia y las tiendas de autoservicio Wal-Mart, Bodegas Aurrera y Superama, decidió removerlo como apoderado legal, tras una serie de escándalos laborales.

La gota que derramó el vaso fue un juicio promovido por César Navarrete Hernández en contra de Suburbia y que el despacho de Carlos Hernández perdió en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), donde se supone que es imbatible, al actuar como juez y parte en los asuntos que se ventilan en ese tribunal laboral.

El trabajador, asesorado por el despacho Jara y Navarro, no sólo logró una sentencia favorable a su demanda por despido, sino que evidenció ante los medios de comunicación que siguieron su caso —El Sol de Puebla, de manera destacada— lo que todos los abogados en la JLCyA saben: que Carlos Hernández usa su cargo para hacerse de clientes y bloquear las demandas en perjuicio de sus representados.

De ahí que los directivos de este importante consorcio empresarial hayan tomado la decisión de finiquitar su relación profesional de más de diez años con Carlos Hernández, en aras de evitar nuevos escándalos y denuncias mediáticas, como las de César Navarrete y otras extrabajadoras de Suburbia como Virginia Rodríguez y Rosalinda Zenteno, que ya también litigan sus casos en las páginas de algunos diarios locales.

INTRAMUROS

Hace unos días se publicó en algunos medios y columnas políticas una evaluación efectuada por el despacho Metrics, Gestión y Consultoría, sobre el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado.

Dicha evaluación puso por los suelos al OFS y el desempeño de su auditor general, Víctor Manuel Hernández Quintana, en materia de revisión y aprobación de más de 360 cuentas públicas de los años 2007 y 2008.

Según lo publicado en El Sol de Puebla, Poblanerías y Puebla on line, el multicitado reporte elaborado por el director general de la consultora Metrics, Rafael Zepeda Morales, obedeció a una petición del diputado local priísta Víctor Huerta Morales, en su carácter de secretario de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior.

Aquí quiero detenerme.

De entrada hay que decir que Rafael Zepeda no es un consultor cualquiera. Para nada.

Se trata de un abogado con experiencia y oficio en la materia, que prestó sus servicios para el OFS hasta noviembre de 2007, primero como director del Comité de Auditoría de Desempeño y luego como director del Comité de Fiscalización.

Pero que además cuenta información privilegiada, no sólo por lo que a él se refiere, sino porque su hermano, que en algún tiempo fue su subordinado, trabajó hasta abril de 2009 como jefe del Departamento de Fiscalización Municipal, cargo que le permitía conocer en detalle qué presidentes municipales eran auditados y cuáles eran las observaciones y cargos que se les formulaban.

De ahí que a su salida del OFS, Rafael Zepeda tomara la decisión de constituir, junto con otros exfuncionarios de esta dependencia del Poder Legislativo, como Rafael Velasco Oliver, un despacho de asesoría jurídica dirigido a presidentes y expresidentes municipales con problemas en sus cuentas públicas.

En otras palabras, Zepeda y socios pasaron en menos de un  año, de octubre de 2007 a abril de 2008, de acusadores a defensores de presidentes y expresidentes municipales, a través del bufete Fiscalización y Rendición de Cuentas.

La pregunta es: ¿se vale?

En un situación similar se encuentra el diputado Víctor Huerta Morales, secretario de la Comisión Inspectora del OFS.

Y es que como presidente municipal de Esperanza, en el trienio 2006-2009, su desempeño dejó mucho que desear, al grado que el Órgano de Fiscalización Superior lo multó y le hizo millonarias observaciones, que después derivaron en pliegos de cargos por más de 64 millones de pesos.

Del 1 enero al 30 de junio de 2007 se le hicieron observaciones por más de 31 millones de pesos, y del 1 de enero al 20 de julio del mismo año nuevas observaciones por más de 65 millones de pesos.

De las primeras, derivó el pliego de cargos 3505-1C por la cantidad de 26 millones 233 mil pesos, y por las segundas el pliego de cargos 3798C por una suma de 64 millones 122 mil pesos.

Ambos pliegos de cargos, hay que decirlo también, ya fueron solventados.

En estas condiciones y circunstancias, vale la pena preguntar: ¿Qué calidad moral puede tener la consultora Metrics para cuestionar el desempeño del OFS y su auditor general, o el diputado Víctor Huerta para proponer una unidad que supervise y evalúe la eficiencia de Hernández Quintana?

Verdad que muy poca…

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Hete aquí la respuesta a la pregunta dominical lanzada por las Angelopolitanas del diario Milenio Puebla: ¿qué alto funcionario, que aspira a la gubernatura, no resistió la indiferencia con que fue tratado por sus compañeros de partido y abandonó el acto de ayer al que fue invitado antes de que terminara?  Pista: su gente le pidió a los porristas de los candidatos a diputados lo vitoreasen, pero la respuesta fue negativa y el berrinche del personaje, mayor.

El susodicho funcionario fue el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, que fue incluso fue abucheado por algunos seguidores priístas de la profesora Julieta Marín Torres, candidata a diputada federal por el distrito 16 con cabecera en Ajalpan.

Otro detalle que llamó la atención de ese mitin sabatino fue la insistencia del dirigente nacional de la CNC, Cruz López Aguilar, en el sentido de que su organización no tiene gallo para el 2010 y que este asunto lo deben definir los poblanos.

El énfasis que puso Cruz López en la palabra poblanos pareció llevar dedicatoria para el secretario de Desarrollo Social, quien por alguna razón tampoco fue invitado a la comida que el líder nacional cenecista encabezó en el hotel Holiday Inn con algunos políticos y candidatos poblanos como Jesús Morales Flores y Alberto Jiménez Merino.

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Simón dice:

“Aquellos que padecen una indigestión o una borrachera no saben lo que es comer ni lo que es beber”.
 Anthelme Brillat-Savarín (1755-1826). Gastrónomo y escritor francés.

Salvo sorpresa de última hora, pero de última hora, Blanca Lilia Ibarra Cadena será nombrada este jueves comisionada propietaria de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) del estado de Puebla.

Lo malo del asunto, que no de su persona, es que su designación no se acordó en la Gran Comisión del Congreso local, ni se negoció entre las fracciones parlamentarias de la LVII Legislatura, sino en la Secretaría de Gobernación del estado.

Ahí, en esa dependencia del Poder Ejecutivo, Mario Montero Serrano cabildeó con los panistas el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra y ahí, él y sus asesores jurídicos, minimizaron los riesgos de una eventual impugnación por parte de la comisionada saliente Josefina Buxadé Castelán, quien se registró para continuar como comisionada de la CAIP por otros seis años.

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A propósito de Montero y los panistas.

Cuentan que en el desayuno privado que el gobernador Mario Marín Torres sostuvo con los diputados locales y dirigentes estatales del PAN, Rafael Micalco Méndez sacó a relucir su antizavalismo.

Y es que al final del encuentro, el presidente del PAN le dijo al gobernador, a manera de despedida, que con Mario Montero en la Secretaría de Gobernación el diálogo y la interlocución entre su partido y el gobierno del estado habían mejorado.

El elogio hacia Montero fue tan desmedido que hasta el secretario de Gobernación se incomodó.

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Este jueves la bancada del PAN solicitará que la Comisión Inspectora y/o la Comisión de Hacienda y Patrimonio investiguen un probable daño patrimonial a las arcas del estado, derivado de los financiamientos contratados por Carreteras de Cuota de Puebla (CCP).

El diputado Manuel Janeiro Fernández cuestionará en tribuna un primer crédito contratado a Banobras en 2004 por 500 millones de pesos, con dos años de gracia. Por este préstamo, Carreteras de Cuota ha pagado a la fecha 154 millones de pesos, pero aún adeuda 445 millones de pesos.

El segundo crédito se trata de un financiamiento bursátil a 15 años por 520 millones de pesos, por el cual CCP ha pagado por concepto de refinanciamiento e intereses 240 millones de pesos, sin que su deuda original haya disminuido de manera significativa, pues ésta asciende a la fecha a 511 millones de pesos.

Pero el asunto no para ahí, pues de acuerdo con Manuel Janeiro, Carreteras de Cuota quiere se le autorice un nuevo crédito de hasta por 1,054 millones de pesos, para liquidar los otros dos y renegociar mejores condiciones de pago con el nuevo acreedor.

El problema es que Carreteras de Cuota no puede explicar por qué si las dos deudas que actualmente tiene suman 956 millones de pesos, pretende contratar un crédito de hasta 1,054 millones de pesos para cubrirlas.

La diferencia de casi 100 millones de pesos no es poca cosa, como tampoco las comisiones por prepagado que sus actuales acreedores le exigen y que rondan por los 65 millones de pesos.

Lo que Manuel Janeiro demandará este jueves es que el nuevo crédito sí se contrate, pero que éste se concurse de manera abierta para que el gobierno del estado y Carreteras de Cuota de Puebla obtengan las mejores condiciones y se eviten nuevos daños patrimoniales como los arriba descritos con los financiamientos contratados en las postrimerías del sexenio melquiadista.

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Manda a decir Roy Campos Ezquera, presidente y director de Consulta Mitofsky, que en Puebla no ha realizado ninguna encuesta electoral con miras a las elecciones de gobernador del estado, por lo que desconoce por anticipado los resultados o cifras que pudieran publicarse en estos días sobre el tema.

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Si desea hacerme algún comentario o crítica y que éstos se publiquen, haga clic aquí. De lo contrario, recibo sus mensajes en los siguientes correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx.

¿Qué pasa con la cuenta pública de Enrique Doger Guerrero, correspondiente al ejercicio del 2007?

¿Por qué ni siquiera los diputados integrantes de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior saben el estado en que ésta se encuentra?

¿Por qué se guarda con tanto sigilo?

¿Será acaso que alguna mente perversa quiere usarla como cortina de humo, o como un distractor, ahora que el Congreso del estado entre a la discusión de la polémica concesión de los parquímetros a la empresa Jajomar?

¿O es que cuenta pública del ex presidente municipal de Puebla no será sometida al pleno del Congreso en este periodo, que concluye el próximo jueves 31 de julio, sino hasta el tercer periodo ordinario de sesiones que se inicia el 15 de octubre?

¿Cuál es la intención?

¿Acaso usar esa cuenta pública como arma política para desactivar o descarrilar a Enrique Doger Guerrero como aspirante a la gubernatura en el 2010?

¿Por qué el Órgano de Fiscalización Superior decidió pasar de los pliegos de observaciones a los pliegos de cargos?

¿Por qué Enrique Doger ha guardado un prudente silencio sobre esta situación?

¿Por qué no ha salido a denunciar que desde el Orfise le están haciendo observaciones –o cargos– por diversas anomalías –reales o ficticias– que suman decenas de millones de pesos?

¿Será acaso que él también está negociando su cuenta pública e inmunidad, a cambio de abandonar, en definitiva, la puja por la sucesión gubernamental?

Que conste que son preguntas, meras preguntas.

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El secretario de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Puebla, Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras, está por enfrentar un nuevo escándalo, de abuso y autoridad y prepotencia, a causa de la golpiza que su hijo, Guillermo Alberto Hidalgo Montes, propinó el viernes por la noche a un parroquiano de San Andrés Cholula, que responde al nombre de Fernando Alberto Tepeyahuil.

De acuerdo con las primeras versiones, los hechos ocurrieron el viernes 18 de julio, luego de que la camioneta en que viajaba el hijo del secretario de Seguridad Pública embistiera el vehículo en que viajaba el cholulteca. Ambos se hicieron de palabras y luego se enfrentaron a golpes.

La golpiza que se llevó Fernando Alberto Tepeyahuil fue tan salvaje, que los vecinos a punto estuvieron de linchar al hijo del secretario de Seguridad Pública, de no ser por la intervención de la Policía que se lo llevó en una patrulla.

No está de más apuntar que el joven Hidalgo Montes, además de ser un experto en artes marciales, trabaja para el Consejo Estatal de Seguridad Pública, y que gracias a ello y a la influencia de su padre quisieron parar el asunto en el Ministerio Público, pero sin conseguirlo, pues hasta donde se sabe el afectado finalmente logró interponer una denuncia contra aquel por el delito de lesiones.

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El ex secretario general de la Asociación Sindical del Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Aspabuap), Héctor Mario Hernández Lobato, fue designado director de la Fundación BUAP, cargo que estaba vacante desde que Luis Alberto Arriaga Lila fue postulado por el PRI como candidato a diputado local, en las elecciones de noviembre de 2007.

Ojalá la gestión de Hernández Lobato al frente de la Fundación BUAP no sea tan gris como su desempeño sindical, que concluyó a mediados del 2006.

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