Cuántos diputados del PRI y PAN lo apoyarán; necesita 27 votos

Ningún panista de Puebla impugna las designaciones del CEN

Juan Carlos Mondragón invitado a foro económico en Alemania

 
Este lunes comparecerán ante los diputados integrantes de la Gran Comisión del Congreso del estado ocho de los 11 aspirantes que se inscribieron como candidatos para el cargo de auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (OFS). Las comparecencias iniciarán a las 11 de la mañana, aunque las interesantes serán las dos últimas. Me refiero a las de Francisco José Romero Serrano y David Villanueva Lomelí, que tendrán lugar en la Sala de Comisiones a las 14 y 14:30 horas, respectivamente.

Durante las comparecencias trascenderán varias noticias a favor y en contra del proceso de designación del nuevo auditor.

Una es que el favorito de Casa Puebla para quedarse con la silla que dejó vacante Víctor Manuel Hernández Quintana cuenta ya con el apoyo de organismos empresariales, como los presidentes de la Cámara de la Construcción, la Cámara Textil, la Cámara de Comercio y el Club de Empresarios.

Otra es que uno de los tres aspirantes descalificados por supuestamente entregar incompleto su expediente, Rigoberto Cordero y Bernal, impugnará el procedimiento seguido por la Gran Comisión del Congreso del estado por considerar que la convocatoria es tendenciosa a fin de favorecer al subdirector de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

Rigoberto Cordero dirá que el proceso seguido para remover a Hernández Quintana —y en el que participaron el ex gobernador Mario Marín Torres y su ex secretario de Gobernación Valentín Meneses Rojas para pedirle que renunciara— es una marranada de principio a fin, y que en la designación de su sucesor no hay ningún interés genuino por combatir la corrupción y fiscalizar las cuentas públicas de los tres poderes del estado, los ayuntamientos y demás organismos autónomos, sino el afán del morenovallismo por controlar esta instancia del Poder Legislativo para usarla como garrote político.

Una cuestión adicional que llamará la atención de las comparecencias de este lunes será lo que digan y prometan David Villanueva y Francisco José Romero, en caso de ser nombrados.

La verdad es que será interesante saber cómo el yerno del ex gobernador Melquiades Morales justificará ante los diputados de la Gran Comisión del Congreso su experiencia en materia de auditorías y fiscalización de recursos públicos y conocer hasta qué grado está dispuesto a reabrir las cuentas del ex gobernador Mario Marín, como ya lo ofreció su contraparte.

Y también analizar qué tan real es el compromiso del ex presidente del Colegio de Contadores Públicos Francisco José Romero por investigar y sancionar a quienes en el pasado reciente se corrompieron y abusaron de su cargo o si este discurso es sólo un ardid para ganar adeptos y descalificar a su contrincante, sabedor de que éste jamás podrá comprometerse a ello.

Una cuestión final que de igual manera resultará importante analizar es el sentido del voto de los 41 diputados que integran la LVIII Legislatura local.

El nombramiento del auditor general debe aprobarse por mayoría calificada, es decir, con el voto de las dos terceras partes de los diputados.

¿Quiénes serán los 27 diputados del PAN y el PRI que inclinarán la balanza hacia el favorito de Casa Puebla?

¿La votación será abierta o se hará en forma secreta a través de papeletas depositadas en una urna?

¿Cuántos y quiénes de los legisladores panistas votarán por Francisco José Romero, el aspirante apoyado por Actívate x Puebla, la UDLAP, la Upaep, la Coparmex y la Canacintra?

La respuesta a estas interrogantes pronto se sabrá, pues la idea es que el sucesor de Hernández Quintana sea designado a más tardar el 15 de los corrientes.

EN CORTO
Este sábado sesionó en Morelia, Michoacán, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN en un ambiente de optimismo por el resultado favorable que esperan en las elecciones del domingo entrante en esa entidad, cuna del presidente Felipe Calderón Hinojosa y su hermana Luisa María, quien es la candidata de su partido a la gubernatura, en alianza con Nueva Alianza de la profesora Elba Esther Gordillo.

Tal situación reviste una importancia singular para Puebla, ya que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas no sólo es artífice de esa coalición, sino uno de los impulsores y patrocinadores de la exitosa campaña de Cocoa Calderón a través de operadores financieros y electorales como Eukid Castañón Herrera, Omar Blancarte Montaño y Gerardo Islas Maldonado.

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En la sesión del CEN del PAN, por cierto, se presentó un detallado informe sobre las decenas de impugnaciones que miembros de esta organización partidista promovieron en contra de la decisión de sus dirigentes nacionales de designar a la mayoría de los candidatos a diputados y senadores para las elecciones federales del año entrante.

La sorpresa en el caso de Puebla es que ninguno de sus militantes se inconformó con la decisión, a diferencia de lo que ocurrió con los panistas de Nuevo León, el Distrito Federal y el Estado de México que impugnaron casi en bloque ese acuerdo del último Consejo Nacional del blanquiazul.

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El dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón Quintana, será uno de los dos invitados mexicanos a participar en el Foro sobre el futuro del desarrollo global, convocado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y de Desarrollo de Alemania los días 13 y 14 de noviembre en la ciudad de Berlín.

A dicho evento, organizado en el marco del 50 aniversario de la creación de este Ministerio del gobierno alemán, acudirán un centenar de personalidades del mundo económico, financiero y político, así como académicos, empresarios, artistas, parlamentarios y líderes religiosos. Entre los invitados que han confirmado su asistencia figuran Muhammad Yunus, fundador del Banco Grameen, pionero en el préstamo de microcréditos como instrumento en la superación de la pobreza, y Robert B. Zoellick, presidente del Banco Mundial.

Los representantes de México en el Foro serán Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, y el ya citado Juan Carlos Mondragón.

Alemania es uno de los países que más invierte en innovación y cooperación internacional. Anualmente se estima que destina unos 6 mil millones de dólares a la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras fundaciones y organizaciones civiles dedicadas a la generación de proyectos productivos, la protección del ambiente y la estabilización política y económica de los países subdesarrollados.

Los invitados al Foro que estarán llegando a finales de la próxima semana serán recibidos por Christian Wulff, presidente de la República Federal de Alemania, así como por el ministro anfitrión, Dirk Niebel.

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Palestina, Historias de asedio es la exposición fotográfica que este lunes se inaugurará y presentará en la Universidad Iberoamericana de Puebla en el lobby del Instituto de Innovación Tecnológica. Entre los comentaristas de la exposición estarán María Eugenia Sánchez Díaz de Rivera, fundadora de la Cátedra Alain Touraine en la Ibero; el fotoperiodista Rodolfo Pérez Munguía, de e-consulta, Intolerancia y la agencia Enfoque; y el autor de las imágenes motivo de la exposición Alejandro Saldívar Chávez, fotógrafo y reportero del semanario Proceso.

Los organizadores de la exposición, que será inaugurada a las 11 horas, son el Departamento de Humanidades de la Ibero, coordinado por Ana Lidya Flores Marín, y el Departamento de Difusión Universitaria de la Ibero.

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El LXVII Congreso y Campeonato Nacional Charro que tiene como sede la ciudad de Puebla aún no termina, pero sus organizadores ya enfrentan algunas denuncias, como la que hace unos días presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) Sergio Morales Maxil en contra del presidente de la Asociación de Charros de Puebla, Jerónimo Bernardo Treviño Musalem, por los delitos de especulación, fraude y uso ilegal de marca.

La denuncia quedó asentada en la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE-VIII/1036/2011.

Según el afectado los organizadores del Congreso y Campeonato Nacional Charro usaron su marca, diseños y slogans en diversas campañas publicitarias después de rescindirle unilateralmente el contrato de prestación de servicios que habían suscrito con él desde el mes de abril.

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Simón dice:

Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien.
Víctor Hugo (1802-1885) Novelista francés.

Lecciones

1. En política, los amigos son de mentiras y los enemigos de verdad

Para muestra, las críticas de Enrique Doger Guerrero a su otrora aliado Rafael Moreno Valle. O las buenas relaciones que hasta antes de la campaña mantenía el aspirante panista con Jorge Estefan Chidiac, quien incluso lo invitó a cenar, junto con su concuño Antonio Galy Fayad, a su residencia en el fraccionamiento La Vista.

2. Nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira

Nada mejor para probarlo que los diputados de la LV Legislatura del Congreso del estado , que sin chistar aprobaron la cuenta pública de 2002 del gobernador Melquiades Morales y Rafael Moreno Valle, a la sazón secretario de Finanzas y Desarrollo Social, y hoy —siete años después— vienen a descubrir abusos, excesos y transferencias ilegales en esa gestión gubernamental.

3. Rendir cuentas ante el Congreso del estado es como hacerlo ante la carabina de Ambrosio.

Como botón de muestra, las ilegales inversiones realizadas por Rafael Moreno Valle en instrumentos de alto riesgo en el extranjero, avaladas y solventadas en su momento por la Sedecap y el Órgano de Fiscalización Superior del Poder Legislativo , pese a que el artículo 117 de la Constitución señala que las entidades federativas no pueden, en ningún caso, «contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional».

4. La discrecionalidad en la toma de decisiones y la asignación de recursos da pie a la corrupción

Un ejemplo claro es la partida denominada «Apoyo a Instituciones sin Fines de Lucro«, creada durante la gestión de Moreno Valle como secretario de Finanzas y de la cual se liberaron más de 193 millones de pesos, de los cuales 24 millones se canalizaron a una sola organización: Academia Metropolitana, a cargo de Luis Maldonado Venegas, exdirigente nacional de Convergencia.

Dicha partida secreta desapareció en 2002, un mes antes de que Moreno Valle dejara la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social.

5. El que escupe para arriba, en la cara le cae

Las críticas de Enrique Doger y Jorge Estefan al desempeño de su otrora aliado, el candidato de la coalición opositora, Rafael Moreno Valle, pueden convertirse en un boomerang, pues no sólo han puesto en entredicho la gestión de Melquiades Morales sino abierto la caja de Pandora para que la administración de Mario Marín sea medida con el mismo rasero que aquél.

Lo que significa que el actual mandatario tendría que explicar también cuánto se gasta o cuánto se ha gastado en asesorías, estudios de investigación, imagen y comunicación social; por qué las obras de su gobierno son tan caras y no se terminan en los tiempos previstos; y por qué la resistencia a adoptar como sistema de rendición de cuentas el Infomex, que él mismo se comprometió a implementar desde diciembre de 2008.

 Propuestas

1. Que el próximo secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado se comprometa a hacer pública su declaración patrimonial al tomar posesión del cargo, y al despedirse de él.

2. Que el próximo gobernador se comprometa a enviar una iniciativa de Ley al Congreso para unificar en una sola instancia —que goce de autonomía financiera— a todos los órganos y dependencias encargados de vigilar a los servidores públicos y de fiscalizar los recursos públicos bajo su responsabilidad, como la Contraloría, la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión para el Acceso a la Información Pública y el Órgano de Fiscalización que, visto está, no sirven para nada.

3. Que el futuro contralor o auditor general de esta instancia no sea designado por el Ejecutivo del estado, sino que surja de una terna de reconocidos y prestigiados especialistas en la materia propuesta por la fracción que se convierta en la primera minoría dentro del Poder Legislativo.

4. Que las cuentas públicas del Ejecutivo y demás Poderes y organismos de gobierno se publiquen completas, es decir con las observaciones de los auditores externos y los reportes de cómo fueron solventadas, si es que así ocurrió.

5. Que se implemente de inmediato el Infomex como sistema de rendición de cuentas y como plataforma para que las autoridades respondan las solicitudes de información pública que se les hacen, en lugar del inútil y obsoleto Módulo de Acceso a la Información Pública del estado de Puebla (Maipep), a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.

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Simón dice:

«Son siempre más sinceras las cosas que decimos cuando el ánimo se siente airado que cuando está tranquilo.»

Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC). Escritor, orador y político romano.

¿Qué tan conocedor se cree de la sucesión gubernamental, y de los personajes priístas que en ella participan como actores o aspirantes a Casa Puebla?

Para poner a prueba su sapiencia en el tema, lo invito a responder este pequeño cuestionario.

1. A qué político priísta atribuiría usted esta frase: “Si los gobernadores quieren que el PRI siga gobernando en los estados es necesario que ´saquen las manos´ del proceso de selección de candidatos a mandatarios, y que sea la sociedad la que los elija”.

a. Al exgobernador del estado Manuel Bartlett Díaz

b. Al hoy gobernador Mario Marín Torres

c. Al expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero

2. Quién diría que es el autor de esta otra frase, publicada en una entrevista concedida a La Jornada de Oriente, en su edición del 30 de abril de 2003: “Si el gobernador de Puebla, Melquiades Morales Flores, mantiene su postura de no intentar imponer al próximo candidato priista a la gubernatura estará actuando de manera sana e inteligente…”

a. El exsenador Germán Sierra Sánchez, delfín del entonces gobernador Melquiades Morales

b. El hoy gobernador Mario Marín Torres

c. El diputado federal Alberto Amador Leal

3. Ahora dígame quién habría dicho lo siguiente: “… el actual mandatario obtuvo la nominación al cargo que ocupa mediante una consulta, misma que le dio legitimidad y le ayudó hace cuatro años a ganar los comicios constitucionales”.

a. El expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero

b. El hoy gobernador Mario Marín Torres

c. El diputado federal Jesús Morales Flores

4. Ya embalado, contésteme por favor qué político priísta haría esta reflexión: en las entidades donde los gobernadores hacen valer su peso y ponen candidatos, el Revolucionario Institucional no obtendrá buenos resultados en los comicios locales.

a. La actual presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz

b. El hoy gobernador Mario Marín Torres

c. La actual presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel

Para conocer las respuestas correctas y, de paso, su nivel de conocimiento sobre la actual sucesión gubernamental, haga clic aquí, aquí o aquí. (Créame que se llevará una sorpresa)

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Dudas inocentes:

¿Por qué motivo o razón el Órgano de Fiscalización Superior del estado y la Comisión Inspectora aún no dictaminan ni aprueban la cuenta pública del primer año de gestión de la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, ni de los últimos 45 días de la administración de Enrique Doger Guerrero?

¿Acaso esta demora tiene alguna relación con el proceso de selección del candidato del PRI a la gubernatura de Puebla?

¿No que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado, no funciona como garrote político o instrumento de presión?

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Simón dice:
“Hay que tener buena memoria después de haber mentido”.
Pierre Corneille (1606-1684) Poeta y dramaturgo francés.

La intentona de remoción de Rocío García Olmedo como presidenta de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior por parte de 19 legisladores priístas, incluido su líder y presidente de la Gran Comisión, José Othón Bailleres Carriles, va más allá de una venganza política o una pugna entre grupos marinistas por la sucesión gubernamental.

Claro que estos ingredientes están presentes, pero creo que hay otras razones que aún no han sido mencionadas.

García Olmedo está lejos, pero muy lejos, de ser garante de legalidad, transparencia y pulcritud en materia de revisión y fiscalización de cuentas públicas. La legisladora priísta en poco o nada ha contribuido para que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) deje de funcionar como garrote político en contra de los enemigos del régimen o instrumento de presión para afianzar apoyos de quienes desde fuera lo controlan.

Con y sin García Olmedo, el OFS se ha conducido con discrecionalidad y opacidad en su función de máxima autoridad fiscalizadora de los recursos públicos.

El cuartelazo para destituirla de la presidencia de la Comisión Inspectora, es en realidad una pugna por hacerse del control del garrote político del Congreso del estado, por los dividendos políticos y económicos que conlleva auditar y aprobar más de 300 cuentas públicas al año.

Para nadie es un secreto que más de un aspirante del PRI a la gubernatura se ha ganado el apoyo de docenas de presidentes municipales con el prurito de que si se suman a su proyecto político y contribuyen a respaldarlo con hechos y acciones concretas, el OFS aprobará sin mayor problema sus cuentas públicas.

Cuántos legisladores priístas —y de oposición también— se valen de este mismo engaño para que los presidentes municipales de sus distritos los apoyen con contratos de asesoría, servicios y obra pública, o con aviadores y recomendados en la nómina municipal.

La verdad es que esta situación tiene en crisis al OFS, a su auditor general Víctor Manuel Hernández Quintana, y a la aún presidenta de la Comisión Inspectora, pues por un lado éstos tienen que auditar, emitir pliegos y sancionar desvíos de recursos públicos y, por otro lado, los presidentes municipales se resisten a ser revisados y a responder los pliegos de observaciones y cargos, en el entendido de que el diputado fulano o el candidato a gobernador perengano les ofrecieron protección e inmunidad.

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Uno de los principales instigadores de la remoción de Rocío García Olmedo como presidenta de la Comisión Inspectora es su compañero de partido Víctor Huerta Morales.

Este legislador priísta, plenamente identificado con el Proyecto Z, es uno de los mayores lastres políticos del Órgano de Fiscalización Superior, pues prometió a decenas de presidentes municipales protección e inmunidad, que hoy no puede refrendar, aún siendo secretario de la Comisión Inspectora.

De ahí su interés porque García Olmedo sea relevada, a la mayor brevedad.

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Un dato que vale la pena recordar es que Víctor Huerta Morales fue presidente municipal de Esperanza, en el trienio 2006-2009, y que su desempeño dejó mucho que desear, al grado que el Órgano de Fiscalización Superior lo multó y le hizo millonarias observaciones, que después derivaron en pliegos de cargos por más de 64 millones de pesos.

Del 1 enero al 30 de junio de 2007 al hoy secretario de la Comisión Inspectora le emitieron pliegos de observaciones por más de 31 millones de pesos, y del 1 de enero al 20 de julio del mismo año, por más de 65 millones de pesos.

De las primeras, derivó el pliego de cargos 3505-1C por la cantidad de 26 millones 233 mil pesos, y por las segundas el pliego de cargos 3798C por una suma de 64 millones 122 mil pesos.

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Simón dice:

“Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella”.
Joan Baez (1941-?). Cantante estadounidense de música folk, conocida como «La reina de la canción protesta»

Metrics, sin calidad moral para cuestionar al OFS 
Puja líder cenecista por un poblano para goberndor

Aún no concluye el sexenio del gobernador Mario Marín Torres, y los problemas para el subsecretario del Trabajo, Carlos Hernández Hernández ya comenzaron.

Hace unos días su despacho “Chet Abogados Asociados, Asesores Jurídicos Empresariales” perdió a uno de sus mejores clientes: Grupo Wal-Mart.

Este poderoso consorcio empresarial, que en Puebla se diversifica en los restaurantes Vips y El Porton, las tiendas departamentales Suburbia y las tiendas de autoservicio Wal-Mart, Bodegas Aurrera y Superama, decidió removerlo como apoderado legal, tras una serie de escándalos laborales.

La gota que derramó el vaso fue un juicio promovido por César Navarrete Hernández en contra de Suburbia y que el despacho de Carlos Hernández perdió en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), donde se supone que es imbatible, al actuar como juez y parte en los asuntos que se ventilan en ese tribunal laboral.

El trabajador, asesorado por el despacho Jara y Navarro, no sólo logró una sentencia favorable a su demanda por despido, sino que evidenció ante los medios de comunicación que siguieron su caso —El Sol de Puebla, de manera destacada— lo que todos los abogados en la JLCyA saben: que Carlos Hernández usa su cargo para hacerse de clientes y bloquear las demandas en perjuicio de sus representados.

De ahí que los directivos de este importante consorcio empresarial hayan tomado la decisión de finiquitar su relación profesional de más de diez años con Carlos Hernández, en aras de evitar nuevos escándalos y denuncias mediáticas, como las de César Navarrete y otras extrabajadoras de Suburbia como Virginia Rodríguez y Rosalinda Zenteno, que ya también litigan sus casos en las páginas de algunos diarios locales.

INTRAMUROS

Hace unos días se publicó en algunos medios y columnas políticas una evaluación efectuada por el despacho Metrics, Gestión y Consultoría, sobre el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado.

Dicha evaluación puso por los suelos al OFS y el desempeño de su auditor general, Víctor Manuel Hernández Quintana, en materia de revisión y aprobación de más de 360 cuentas públicas de los años 2007 y 2008.

Según lo publicado en El Sol de Puebla, Poblanerías y Puebla on line, el multicitado reporte elaborado por el director general de la consultora Metrics, Rafael Zepeda Morales, obedeció a una petición del diputado local priísta Víctor Huerta Morales, en su carácter de secretario de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior.

Aquí quiero detenerme.

De entrada hay que decir que Rafael Zepeda no es un consultor cualquiera. Para nada.

Se trata de un abogado con experiencia y oficio en la materia, que prestó sus servicios para el OFS hasta noviembre de 2007, primero como director del Comité de Auditoría de Desempeño y luego como director del Comité de Fiscalización.

Pero que además cuenta información privilegiada, no sólo por lo que a él se refiere, sino porque su hermano, que en algún tiempo fue su subordinado, trabajó hasta abril de 2009 como jefe del Departamento de Fiscalización Municipal, cargo que le permitía conocer en detalle qué presidentes municipales eran auditados y cuáles eran las observaciones y cargos que se les formulaban.

De ahí que a su salida del OFS, Rafael Zepeda tomara la decisión de constituir, junto con otros exfuncionarios de esta dependencia del Poder Legislativo, como Rafael Velasco Oliver, un despacho de asesoría jurídica dirigido a presidentes y expresidentes municipales con problemas en sus cuentas públicas.

En otras palabras, Zepeda y socios pasaron en menos de un  año, de octubre de 2007 a abril de 2008, de acusadores a defensores de presidentes y expresidentes municipales, a través del bufete Fiscalización y Rendición de Cuentas.

La pregunta es: ¿se vale?

En un situación similar se encuentra el diputado Víctor Huerta Morales, secretario de la Comisión Inspectora del OFS.

Y es que como presidente municipal de Esperanza, en el trienio 2006-2009, su desempeño dejó mucho que desear, al grado que el Órgano de Fiscalización Superior lo multó y le hizo millonarias observaciones, que después derivaron en pliegos de cargos por más de 64 millones de pesos.

Del 1 enero al 30 de junio de 2007 se le hicieron observaciones por más de 31 millones de pesos, y del 1 de enero al 20 de julio del mismo año nuevas observaciones por más de 65 millones de pesos.

De las primeras, derivó el pliego de cargos 3505-1C por la cantidad de 26 millones 233 mil pesos, y por las segundas el pliego de cargos 3798C por una suma de 64 millones 122 mil pesos.

Ambos pliegos de cargos, hay que decirlo también, ya fueron solventados.

En estas condiciones y circunstancias, vale la pena preguntar: ¿Qué calidad moral puede tener la consultora Metrics para cuestionar el desempeño del OFS y su auditor general, o el diputado Víctor Huerta para proponer una unidad que supervise y evalúe la eficiencia de Hernández Quintana?

Verdad que muy poca…

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Hete aquí la respuesta a la pregunta dominical lanzada por las Angelopolitanas del diario Milenio Puebla: ¿qué alto funcionario, que aspira a la gubernatura, no resistió la indiferencia con que fue tratado por sus compañeros de partido y abandonó el acto de ayer al que fue invitado antes de que terminara?  Pista: su gente le pidió a los porristas de los candidatos a diputados lo vitoreasen, pero la respuesta fue negativa y el berrinche del personaje, mayor.

El susodicho funcionario fue el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, que fue incluso fue abucheado por algunos seguidores priístas de la profesora Julieta Marín Torres, candidata a diputada federal por el distrito 16 con cabecera en Ajalpan.

Otro detalle que llamó la atención de ese mitin sabatino fue la insistencia del dirigente nacional de la CNC, Cruz López Aguilar, en el sentido de que su organización no tiene gallo para el 2010 y que este asunto lo deben definir los poblanos.

El énfasis que puso Cruz López en la palabra poblanos pareció llevar dedicatoria para el secretario de Desarrollo Social, quien por alguna razón tampoco fue invitado a la comida que el líder nacional cenecista encabezó en el hotel Holiday Inn con algunos políticos y candidatos poblanos como Jesús Morales Flores y Alberto Jiménez Merino.

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Simón dice:

“Aquellos que padecen una indigestión o una borrachera no saben lo que es comer ni lo que es beber”.
 Anthelme Brillat-Savarín (1755-1826). Gastrónomo y escritor francés.

Dígase lo que diga, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del estado de Puebla sigue operando como garrote político, ya sea para afianzar apoyos de quienes desde fuera lo controlan, como hoy sucede, o como instrumento de presión o castigo en contra los enemigos del régimen.

De ahí la importancia de aprovechar las reformas que se pretenden hacer a la Constitución Política del estado y a la Ley que norma el funcionamiento y operación del OFS para cambiar el estatus constitucional y jurídico de este órgano fiscalizador.

La reforma más importante que a mi juicio se debe hacer al OFS radica en su autonomía.

El Órgano de Fiscalización Superior no sólo debe tener autonomía técnica y de gestión, que ya las tiene, sino autonomía constitucional, para que deje de ser una instancia dependiente y subordinada del Poder Legislativo.

Esta falta de autonomía es lo que provoca que el OFS y su auditor general estén más preocupados en servir a la fracción que manda en el Congreso local —en este caso, la del PRI— o a los políticos que controlan a los diputados de la fracción mayoritaria —como Javier López Zavala o Mario Montero Serrano— que en revisar y auditar el manejo y aplicación de recursos públicos de los poderes del estado y los ayuntamientos.

Sin autonomía constitucional, el OFS seguirá siendo lo que es, una instancia gubernamental poco seria y poco valorada en materia de control y fiscalización, incapaz de frenar la corrupción, el tráfico de influencias y de castigar a los políticos y funcionarios que se enriquecen a costa del erario público, trienio tras trienio y sexenio tras sexenio.

¿O sabe usted de algún pez gordo que gracias a esta instancia dependiente del Congreso del estado haya sido enviado a la cárcel u obligado a reponer el monto de su peculado en los casi nueve años que tiene de existir y de la aprobación de la Ley que lo creó en junio de 2001?

Verdad que no.

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Simón dice:
“La finalidad del castigo es asegurarse de que el culpable no reincidirá en el delito y lograr que los demás se abstengan de cometerlo”.

Cesare Beccaria (1738-1794). Criminólogo, economista y jurista italiano.

Una renuncia de la poco o nada se ha informado, no obstante haberse dado hace poco más de un mes, es la de Roberto Díaz Sáenz, como director jurídico del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado.

Su salida estuvo precedida de un escándalo, que hoy tiene contra las cuerdas al Poder Legislativo, pero sobre todo al OFS, en caso de que decida iniciar pliegos de cargos o abrir procesos de determinación de responsabilidades en contra de algún presidente municipal o servidor público.

Y es que a Roberto Díaz Sáenz se le vencieron los plazos legales que éste tenía como director jurídico del OFS para notificar pliegos de observaciones y pliegos de cargos a más de una centena de presidentes municipales y otros sujetos obligados, de cuentas públicas que corresponden a los ejercicios fiscales de 2007 y 2008.

La omisión quiso ser subsanada por el auditor general del OFS, Víctor Manuel Hernández Quintana, y el presidente de la Gran Comisión, el diputado José Othón Bailleres Carriles, a través de un acuerdo del propio Congreso del estado.

Pero advertidos de la ilegalidad de ese acuerdo, y de que cualquier presidente municipal o servidor público que se inconformara podría echarlo abajo con un amparo, optaron por ir al origen del conflicto, deshaciéndose del responsable del lamentable descuido o la inexcusable negligencia.

Y fue así como Roberto Díaz fue relevado de la Dirección Jurídica del Órgano de Fiscalización Superior, para dejar en su lugar, en calidad de interino, a José de Jesús Pérez Fortunio, quien ya ocupó este cargo a la salida de Rafael Velasco Oliver.

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Aun cuando hasta sus propios compañeros de partido ven como muy lejana la posibilidad de que se cuele a la Cámara Baja del Congreso de la Unión, yendo en el lugar número 15 de la lista de candidatos plurinominales del PAN por la cuarta circunscripción electoral del país, que comprende al Distrito Federal y a los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, la verdad es que José Luis Carmona Ruiz “El Chango” podría dar la sorpresa.

Y no porque el PAN vaya a perder por un reducido margen la mayoría de los distritos de esta demarcación territorial frente al PRI o porque la dirigencia nacional panista haya decidido cambiarlo al quinto o al décimo lugar, sino porque hay nueve candidatos que lo anteceden que van por las dos vías, es decir como candidatos uninominales y plurinominales.

Una de ellas es su paisana por el distrito 9 de Puebla, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, quien va en el lugar cinco de la lista de plurinominales del PAN por la cuarta circunscripción.

Según las cuentas de “El Chango” Carmona y sus seguidores, bastaría que tres de estos nueve candidatos del PAN ganarán su elección de mayoría relativa, para que él lograra hacerse de una curul en la Cámara de Diputados por la vía plurinominal.

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Simón dice:

“La suerte no es más que la habilidad de aprovechar las ocasiones favorables”.
Orison Swett Marden (1850-1924). Escritor de libros de autoayuda.

Por Eduardo González Soto

He aquí dos visiones de la rendición de cuentas públicas:

A diferencia del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del estado con las cuentas públicas del gobernador Mario Marín Torres, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sí reveló el resultado de la revisión que hizo a los recursos ejercidos por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa durante 2007.

Los resultados no fueron muy halagadores para la administración federal, pues le fueron detectadas irregularidades por 60 mil 723.5 millones de pesos.

Sin embargo en Puebla la discrecionalidad con que se manejan los recursos públicos es una constante, pese a que de acuerdo con el OFS, todas las entidades salen limpias y corrigen las observaciones que en un principio les son hechas.

El 22 de julio de 2008 el Congreso  del estado aprobó la cuenta pública del gobierno del estado respecto al ejercicio fiscal de 2007, en el que se manejaron más de 44 mil millones de pesos.

Pero al informe de la revisión que el OFS publicó en su portal de internet le fueron recortados los capítulos I, II y IV, precisamente aquellos en los que se mencionaban los montos, ya no dígase detallados, sino generales de las observaciones hechas a las diferentes instancias de la administración estatal.

e-consulta solicitó el 22 de octubre de 2008 el informe completo sobre la revisión al Poder Ejecutivo a través de la solicitud de transparencia 171/2008, pero la información fue clasificada por el OFS como reservada por 7 años , y además, se argumentó que su divulgación comprometería la “estabilidad” y “gobernabilidad” de la entidad.

A través de un trabajo periodístico , se publicó en diciembre de 2008 en este mismo medio que el monto de las observaciones hechas por el OFS a la administración de Mario Marín Torres ascendió a 13 mil 809 millones de pesos, aunque todas y cada una de las partidas fue justificada hasta llegar a cero.

Entonces, ¿cuál era el riesgo que corría el estado por dar a conocer los montos en cada dependencia?

Y una vez que se publicaron, ¿ocurrió algún incidente que puso en peligro la estabilidad y gobernabilidad en Puebla?

Si estos argumentos se trasladaran a la administración federal, ¿entonces nos quedaremos sin presidente “del empleo” en los 3 años y medio que restan del sexenio?

¿Una ola de inestabilidad e ingobernabilidad lo derrocará?

¿Por qué el titular de la AFS cuyo sueldo es pagado con recursos públicos sí puede publicar las irregularidades en la administración de Calderón Hinojosa, y el titular del OFS en Puebla –que recibe un salario con el mismo origen- no quiere develar las de la administración estatal?

¿No acaso el concepto de transparencia gubernamental es el mismo en Puebla que en el resto del país?

Al parecer no.

¿Es acaso una cuestión de discrecionalidad en el manejo del erario público, de protección a funcionarios y de nula independencia de los poderes de gobierno?

Al parecer sí.

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Comentarios y críticas a los correos: eduardogsoto@hotmail.com y eduardogsoto@yahoo.com.mx

Hay que abrir la puerta a la reelección de presidentes y diputados 

La redistritación del estado, favorece la inequidad en la representación

¿Qué aspectos políticos y electorales debe considerar la reforma electoral?

Aunque hasta ahora la discusión de la reforma electoral en Puebla se ha centrado en la fecha, me parece que hay aspectos más importantes que adelantar las elecciones locales del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio del 2010, y que están siendo marginados del debate.

En concreto, me refiero a la importancia de llevar a cabo una redistritación que haga más equitativa la representación; a revisar la conveniencia de que el estado tenga 217 municipios, muchos de los cuales ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos para ser considerados como tales; a modificar la fecha de los comicios locales, para empatarlos con los federales, pero también a cambiar los periodos de gobierno, de suerte que éstos empiecen y terminen con el año fiscal; y a introducir la figura de la reelección, en el caso de presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

Uno de los mayores problemas que enfrenta la división territorial del estado por distritos locales, es la subrepresentación de unos, como los seis que tienen por cabecera el municipio de Puebla, y la sobrerrepresentación de otros, como algunos de la Mixteca, que tienen hasta tres veces menos electores que uno de la capital.

La reforma electoral debe corregir esa falta de equidad, que el PRI ha solapado bajo la premisa —hoy a todas luces falsa— de que en los distritos urbanos y de alta densidad poblacional, el voto de los electores tiende a beneficiar al PAN.

A la par de esta situación, los diputados deben corregir de una buena vez la fórmula de asignación de diputados y regidores de representación proporcional, en aras de una mayor equidad. La composición del Congreso del estado y los Cabildos de cada municipio debe reflejar los resultados del proceso del cual surgieron, de suerte que si un partido obtuvo el 40% de los votos efectivos, tenga también el 40% de los diputados o regidores. La equidad debe favorecer por igual al partido mayoritario que a los partidos minoritarios.

En la iniciativa de reformas al Código Electoral del estado, el PAN propuso empatar los comicios locales con los federales hasta julio de 2015, mediante la elección —por primera y única vez— de un gobernador cuyo periodo no fuera de seis años, sino de cuatro años ocho meses.

El proyecto no está mal, pero creo que podría ir más a fondo, si se modifican además las fechas de comienzo y terminación de las administraciones entrantes y salientes.

Actualmente el gobernador electo entra en funciones el 1 de febrero, y los presidentes municipales 15 días después, lo que en no pocas ocasiones es motivo de abusos por parte de los gobiernos salientes, que se gastan en un mes o 45 días hasta un tercio del presupuesto del año fiscal que corre, amén de que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) debe revisar 218 cuentas públicas adicionales por esos 30 ó 45 días.

Lo ideal sería que los comicios se realizaran el primer domingo de julio, como ya lo aprobó el Congreso de la Unión, pero que a nivel local se legislara para que las nuevas autoridades estatales y municipales entraran en funciones el primer día de enero del año siguiente.

Así las cosas, el gobernador, los presidentes municipales y los diputados al Congreso del estado que fuesen electos en julio de 2010, entrarían en funciones 1 de enero de 2011, pero concluirían su gestión —por primera y única vez—el 31 de diciembre de 2015, es decir, a los cinco años de haber protestado el cargo.

Una reforma adicional que los legisladores locales también deberían impulsar en materia electoral, es la reelección de presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, a partir del 2015.

Ambas autoridades serían electas para un periodo de tres años, pero tendrían derecho a reelegirse de manera inmediata. Ello, sin duda, haría que los presidentes y legisladores se pusieran a trabajar más y mejor, pues su nominación ya no estaría sujeta a los caprichos o veleidades del gobernador en turno, sino de sus electores.

Los presidentes municipales tendrían entonces un incentivo adicional, la reelección inmediata, para hacer buenos gobiernos, y los legisladores igual, amén que muchos de ellos dejarían de ser políticos chapulines —al saltar de un cargo a otro— para hacer carrera legislativa, algo que mucha falta le hace al Congreso del estado donde la improvisación es moneda de uso corriente.

EN CORTO
Las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública no deberían desatender las denuncias de familiares de internos del Centro de Redaptación Social de Puebla, mejor conocido como penal de San Miguel, sobre las cuotas de 20 mil pesos que se están cobrando a cada uno de los sentenciados, para evitar su traslado al penal de Tepexi de Rodríguez.

La denuncia parece seria, por lo que las autoridades deberían tomar cartas en el asunto, para por lo menos desmentirla y terminar con esta zozobra que invade a internos y familiares del Cereso de Puebla.

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Y hasta la próxima.

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Un personaje que da qué pensar por su doble cachucha como funcionario del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado, y consultor privado en asuntos de administración pública, contabilidad, fiscalización y mercadotecnia, es Andrés Morales Hernández.

El susodicho, quien formalmente cobra como secretario ejecutivo del OFS, no sólo se vale de su cargo para hacer pingues negocios, sino que además incurre en una serie de conductas sancionadas por el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Como subordinado directo del auditor general del OFS, Víctor Manuel Hernández Quintana, lo menos que Andrés Morales podría hacer es asesorar a presidentes municipales en cuestiones de contabilidad, auditoría y administración pública, por el evidente conflicto de interés que ello supone.

Sin embargo, dicho impedimento ético y legal, no ha sido obstáculo para que el secretario ejecutivo del OFS establezca y opere en su terruño, Teziutlán, despachos y consultoras que sin el menor pudor publicita.

Como por ejemplo, GRU CAB, consultora ubicada en la Calle de Abasolo entre las avenidas Hidalgo y Cuauhtémoc del centro de Teziutlán, dedicada a prestar servicios administrativos, contables, jurídicos y de mercadotecnia a presidentes municipales de la región.

O el Business Center «El Condado«, que se localiza sobre la misma Avenida Hidalgo, y que en sus cuatro salones ofrece lo mismo servicios de restaurante, que de internet, y asesoría en marketing político e imagen pública, y que también tiene como principales clientes a los ayuntamientos de esa parte de la Sierra Norte.

O el despacho Publimark, especializado en publicidad, sondeos y estudios de mercado.

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Otro personaje teziuteco que también da qué pensar, tanto como su ascenso en el servicio público, pues de chofer pasó a jefe de Adquisiciones en el ayuntamiento de Teziutlán, es Mauricio Gillén García.

Este ilustre teziuteco, estrechamente ligado a Andrés Morales, comenzó como chofer y asistente del auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Víctor Manuel Hernández Quintana, pero al cabo de unos meses la fortuna le sonrió, tanto que no sólo pudo regresar a su terruño con un mejor sueldo y estatus social, sino como funcionario del alcalde priísta Jorge Camacho Foglia.

Y es que Mauricio Gillén se desempeña hoy, gracias a la recomendación de sus ex jefes del OFS, como jefe de Adquisiciones del ayuntamiento teziuteco.

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Registre usted el nombre de Carlos Raúl Alvarado Rodríguez, pues en diciembre o enero se convertirá en Secretario de Prensa y Propaganda del Comité Directivo Estatal del PRI, a invitación de su presidente, Alejandro Armenta Mier.

Raúl Alvarado se desempeña actualmente como titular de la Unidad de Promoción y Difusión Social de la Secretaría de Salud del estado.

Antes de este encargo, el licenciado en Comunicación por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), trabajó como jefe de Prensa de la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado.

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