Los negros manejos financieros electorales

Por Eduardo González

Si alguna duda queda sobre la oscuridad –ya no opacidad- con la que se manejan los recursos del Instituto Electoral del Estado, ésta puede quedar despejada al revisar el cumplimiento de las solicitudes de información hechas a la Dirección Administrativa del organismo, a cargo de Verónica Paola Cruz Castillo.

Y es que no se trata sólo de la ocurrencia de uno, dos o tres consejeros que piden el detalle de los movimientos financieros, el resultado de las auditorías o la justificación de los gastos, sino que a la propia Comisión de Administración se le ha negado acceso a los documentos que avalan el “transparente” uso de los recursos públicos en esa entidad electoral.

Por ejemplo, éste órgano auxiliar del Consejo General, presidido por Miguel David Jiménez López e integrado por Alicia Olga Lazcano Ponce y José Víctor Rodríguez Serrano, solicitó desde el 30 de abril del año pasado a la encargada de despacho diera cumplimiento “en un plazo no mayor a cinco días hábiles” a los acuerdos tomados en las sesiones de la comisión, pero a la fecha, esa cuestión elemental, no ha sido acatada.

Prueba de ello es que el 25 de julio de 2008 se solicitó al consejero presidente Jorge Sánchez Morales y, al director general José Antonio Bretón Betanzos, el detalle de las observaciones y solventaciones de las auditorias 2008 hechas por la Contraloría Interna, el despacho externo Freyssinier Morín y en su caso el Órgano de Fiscalización del estado.

Incluso la Dirección General por medio de los memorándums IEE/DG-352/08 y el IEE/DG-353/08 ordenó a la encargada del despacho que enviara dicha información a la comisión para su análisis, pero la encargada ni siquiera dio respuesta a los documentos que le fueron girados.

El 7 de noviembre de 2008 la Comisión Administrativa requirió el informe a detalle de los pagos realizados por el concepto de telefonía celular y de radio comunicación de acuerdo con el número de equipos que se tiene autorizados por área, personal al que le ha sido asignado, planes contratados y el importe del recurso para el pago respectivo.

Sin embargo al acuerdo no se cumplió.

Lo mismo sucedió con el análisis sobre los recursos sobrantes del presupuesto 2008 y la información correspondiente al diseño y planeación presupuestal de gasto en nómina para 2009 que se le pidieron en agosto y diciembre del año pasado.

En el mejor de los casos, si es que así se puede considerar, los acuerdos fueron acatados después de 3 meses de su firma.

El 29 de septiembre de 2008 los integrantes de la Comisión solicitaron a Verónica Paola Cruz Castillo un análisis del programa operativo anual de la dirección a su cargo, pero aunque de manera previa se le indicó que los acuerdos los respondiera en un máximo de 5 días, en el caso de éste tardó 100 días.

Para el 14 de octubre le fue requerido un informe a detalle de las transferencias realizadas para el pago de nómina, tanto ampliaciones como reducciones, e indicara a qué partidas se transfirieron los recursos, y ello lo realizó 105 días después.

Ya en el colmo de las negativas, el 16 de febrero de 2009 los consejeros pidieron a Cruz Castillo diera cumplimiento a doce acuerdos emitidos por la Comisión desde abril de 2008 a enero de 2009, pero ¿qué cree? A la fecha esta petición tampoco ha sido respondida.

¿Incapacidad? ¿Descaro? O ¿Ilegalidad?

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