Cuentan que la primera opción para sustituir a Armando Guerrero Ramírez como presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE) no fue la doctora en antropología Alicia Olga Lazcano Ponce sino el consejero Paul Monterrosas Román, pero que éste declinó el ofrecimiento para no hacerse cargo del proceso de entrega-recepción del organismo y de solventar los pendientes que dejó aquél tras su intempestiva renuncia.

Según esta versión los consejeros habían decidido dos cosas: una, no proponer como sustituto a alguno de los consejeros que llegaron a la etapa final del proceso de selección de consejeros para el Organismo Público Local Electoral (OPLE) –Fidencio Aguilar Víquez, Dalhel Lara Gómez y José Luis Martínez López– y, dos, que el sucesor de Armando Guerrero saliera por amplio consenso.

Fue así que los consejeros salientes del IEE eligieron a Paul Monterrosas como presidente, tras lo cual éste declinó el nombramiento, sin explicar públicamente las causas de su negativa. Y digo públicamente porque se sabe que éste llegó a comentar con algunos empleados y funcionarios del Instituto que su decisión obedeció a que no quería estar sujeto a ningún proceso administrativo por el desorden que dejó Armando Guerrero tras renunciar el pasado domingo 26 de julio.

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Si ya se sabe que desde la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado se controla el presupuesto, los salarios y prestaciones de los funcionarios, jueces y magistrados del Poder Judicial de Puebla, al menos estos deberían guardar las formas y no ventilarlo en documentos como el signado por el secretario de Acuerdos del pleno del Tribunal Superior de Justicia, Álvaro Bernardo Villar Osorio, y que apareció en el portal electrónico de esta instancia gubernamental.

Según este documento fue la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas la que mediante oficio SFA/SA/0001/2015 le hizo saber al pleno del Poder Judicial del estado los días inhábiles correspondiente del 1 de enero al 31 de julio, y las fechas en que los empleados y funcionarios adscritos al Tribunal Superior de Justicia tendrían su primer periodo vacacional del año 2015.

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Tómelo con reserva pero una fuente confiable me asegura que el escándalo de los policías chupa ductos, que ya le costó la cabeza al secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, aún podría escalar y afectar a mandos medios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado, coludidos con las bandas dedicadas al robo de combustible en la entidad.

Según esta fuente, que dice tener información privilegiada de la PGR, uno de los funcionarios de la PGJ involucrados en la protección del robo y la venta ilegal de combustible de Pemex sería el comandante de la Policía Ministerial, José Luis Briones.

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Aunque la senadora Blanca Alcalá Ruiz ha dicho que ella preferiría ser gobernadora de seis años y no de un año ocho meses, también ha dejado en claro a la dirigencia nacional de su partido que está puesta para la elección del 2016 si es que se le requiere.

En ese sentido valdría la pena no descartarla como una de las posibles contendientes en los comicios locales del próximo año, considerando que hoy por hoy es la mejor carta del PRI, según diversas encuestas electorales.

Blanca Alcalá fue entrevistada este martes en la Cámara Alta y ahí precisó que lo importante es la unidad del PRI y que ella hará lo necesario para construirla, ya sea sumándose al candidato o candidata que elijan los priístas o aceptando la postulación si es que fuera la nominada para contender por la gubernatura de Puebla en el 2016.

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Despedirán no al 30, sino al 40% del personal del IEE

José Antonio Quintana Gómez, futuro líder de Coparmex

Si algo revela la lista de plurinominales del PRI por la cuarta circunscripción que comprende al estado de Puebla, junto con el Distrito Federal, Guerrero, Morelos y Tlaxcala, es el menosprecio de la dirigencia nacional hacia los priístas poblanos.

El hecho de que la Comisión Política Permanente del PRI haya otorgado a priístas poblanos las posiciones 6 (la única con posibilidades), 11, 16, 19, 29, 36 y 39, confirma lo que todo mundo sabe: el escaso o nulo peso político de los cuadros locales del tricolor en la toma de decisiones nacionales.

Con excepción de Antorcha Campesina, que amarró la posición 6, los demás grupos políticos del priísmo poblano fueron marginados, por no decir ninguneados. Y eso incluye a los últimos gobernadores emanados del tricolor: Mario Marín Torres y Melquiades Morales Flores, y a los aspirantes a la gubernatura de Puebla para el 2016: la senadora Blanca Alcalá Ruiz, cuyo yerno fue enviado a la posición 29; al diputado federal Enrique Doger Guerrero, y al subsecretario de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós, cuyo ahijado político ocupa el lugar 39 de la lista de plurinominales de la cuarta circunscripción.

Otra cuestión que también pone de manifiesto esa relación es el cobijo del gobierno de Enrique Peña Nieto hacia el líder nacional de Antorcha Campesina, Aquiles Córdova Morán, quien otra vez volvió a privilegiar a los miembros de su amplia familia en la repartición de cargos de elección popular.

Así hay que leer la inclusión de la profesora Hersilia Córdova Morán en la sexta posición de la lista de candidatos a diputados federales de representación proporcional por la cuarta circunscripción.

La dirigente del movimiento magisterial antorchista es hermana del líder nacional de esta organización y de la diputada federal saliente —también por la vía plurinominal— Frine Soraya Córdova Morán, así como tía del diputado federal saliente por el distrito 16 con cabecera en Ajalpan, Lisandro Campos Córdova.

Originalmente la profesora Hersilia iba a ser candidata de mayoría por el distrito 13 de la entidad, con cabecera en Atlixco, pero ahora esa posición será para su cuñado, el dirigente estatal antorchista, Juan Manuel Celis Aguirre.

Juan Manuel Celis es esposo de la diputada federal Frine Soraya Córdova, y por tanto cuñado de Aquiles y Hersilia, y tío de Lisandro Campos Córdova.

¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia!

EN CORTO

Con tal de conservar a sus asistentes, que son los que muchas veces hacen su chamba, los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) no recortarán al 30%, sino al 40% del personal del organismo.

En reunión de trabajo celebrada el pasado miércoles 25 de febrero, los consejeros definieron los nombres de quiénes dejarán de laborar en el IEE, para dar cumplimiento a la exigencia de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado.

Durante la reunión el consejero José Luis Martínez López propuso que el ajuste incluya al funcionario electoral con más experiencia y conocimientos jurídicos en la materia: Noé Julián Corona Cabañas, quien hasta hoy funge como director técnico del Secretariado del IEE.

Trascendió que el recorte llegará al 40% del personal, debido a que el sueldo de un asistente de consejero equivale al doble de lo que gana un analista o un jefe de departamento en el Instituto.

De los ocho consejeros que aún quedan en el IEE, los únicos que regularmente asisten a trabajar y medio cumplen con el horario asignado son tres: el presidente Armando Guerrero Ramírez, Alicia Olga Lazcano Ponce y Fidencio Aguilar Víquez. Los otros cinco son una especie de ninis: ni van, ni trabajan.

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Esta semana se hará oficial el nombre del próximo presidente del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex), que a finales de marzo relevará a José Carlos Montiel Solana en la dirigencia de este sindicato patronal.

Se trata del constructor José Antonio Quintana Gómez, quien se desempeña como tesorero en el Consejo Directivo de la Coparmex Puebla.

Quintana Gómez es arquitecto egresado de la UPAEP de la generación 1992-1997, director de Proyectos de la constructora Quintana de Puebla, vocal de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación de Puebla (Implan) como representante de organismos sociales, e hijo del que fuera presidente del Patronato y Junta de Gobierno de la UPAEP, José Antonio Quintana Fernández.

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Como aquí se lo adelanté hace ocho días, Ana Teresa Aranda Orozco declinó ser candidata externa de la coalición PRI-PVEM por el distrito 11 de Puebla capital. En su lugar será nominada otra panista, muy lastimada y resentida con el morenovallismo, pero que además tiene sus raíces políticas en el partido verde: la ex diputada federal Violeta del Pilar Lagunes Viveros.

Violeta Lagunes es abogada, con maestría en derecho constitucional, y ha ocupado diversos cargos como secretaria de Estudio y Cuenta del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del estado de Puebla; coordinadora de Reglamentos y Dictámenes, y asesora jurídica del Ayuntamiento de Puebla; diputada federal en la LX Legislatura de 2006 a 2009; y delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El otro candidato de la coalición PRI-PVEM que aún estaba pendiente por el distrito 13 con cabecera en Atlixco será, como de lo comenté líneas arriba, Juan Manuel Celis Aguirre, dirigente estatal de Antorcha Campesina.

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Entre algunos miembros del PRI no cayó nada bien la nominación de José Mario Conde Rodríguez, coordinador jurídico del Comité Directivo Estatal en la lista de candidatos a diputados federales de representación proporcional por la cuarta circunscripción.

Los inconformes aseguran que si bien no tiene ninguna posibilidad de ocupar una curul en la próxima legislatura, al aparecer en el lugar 19 de la lista, su nominación no deja de resultar controversial, pues al mismo tiempo que es coordinador jurídico del PRI es asesor legal de algunos candidatos de Morena.

Entre ellos el sobrino político del ex gobernador Manuel Bartlett Díaz, Rodrigo Abdala Dartigues, candidato a diputado federal de Morena por el distrito 12 de Puebla y candidato del mismo partido por la vía plurinominal en la posición 3 de la cuarta circunscripción, y con quien se reunió el pasado viernes en el Centro Mexicano Libanés de Puebla.

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Ignora los transitorios de la Ley General de Partidos

Priístas de Tehuacán podrían llevarse doble descalabro

Las autoridades electorales de Puebla podrían ser objeto de un nuevo revés, ahora por los nuevos partidos políticos nacionales después de que el Instituto Electoral del Estado (IEE) se rehusó a reconocerlos con el prurito de que el plazo para acreditarse venció enero de 2014, cuando todavía no obtenían su registro del Instituto Nacional Electoral.

El presidente del IEE, Armando Guerrero Ramírez, y la consejera Alicia Olga Lazcano Ponce, argumentan que el artículo 31 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado de Puebla establece que los partidos nacionales sólo pueden acreditarse ante el Consejo General del Instituto durante el mes de enero del año correspondiente a las elecciones.

Lo anterior efectivamente consta en el Código Electoral de Puebla, pero ha quedado rebasado por la nueva Ley General de Partidos Políticos que en sus artículos séptimo y noveno transitorios mantiene a salvo los derechos de estas organizaciones políticas en todo el país y deroga todas aquellas disposiciones que se opongan a la nueva legislación.

Frente a esta negativa del presidente del IEE y la consejera Olga Lazcano, que no del Consejo General del Instituto, que ni siquiera fue enterado de la solicitud de los tres partidos políticos nacionales, las representaciones de estos se inconformaron ante diferentes instancias.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) promovió un juicio de revisión constitucional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y los partidos Humanista y Encuentro Social una apelación ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).

No es difícil suponer cuál será el resultado de estas inconformidades, y menos a sabiendas de dos cuestiones elementales ya enunciadas: que el Código Electoral de Puebla no puede estar por encima de la Ley General de Partidos, y que el noveno transitorio de esta claramente establece que toda disposición que se le oponga se dará por derogada.

Los enterados del tema aseguran que la negativa del IEE obedece en realidad a una cuestión económica o presupuestal, para ahorrarse el financiamiento público correspondiente a estos partidos por los últimos cuatro meses de 2014.

EN CORTO

Los priístas de Tehuacán, promotores de las aspiraciones del síndico de ese ayuntamiento, Miguel Ángel Romero Calderón, podrían llevarse un doble descalabro en el proceso de selección de candidatos a diputados federales rumbo a los comicios de 2015.

El primero sería que no lograran la candidatura en ese distrito, por apoyar a un personaje que tiene poco que presumir más allá de su nepotismo, sus escándalos familiares y media docena de denuncias penales por fraude específico como asesor jurídico de la Caja de Ahorro y Servicios Bampeco.

Y el segundo sería que él y sus promotores pierdan la partida frente al hombre fuerte del PRI poblano en el gobierno federal, el subsecretario de la Sedesol Juan Carlos Lastiri Quirós, quien es el principal impulsor de la diputada local del PVEM, Geraldine González Cervantes.

El viernes 17 de octubre el síndico de Tehuacán ya se destapó como aspirante a la diputación federal en el marco de una comilona de Mole de Caderas, a la que llegaron cerca de 500 invitados entre los que destacaron sus tres principales promotores: el ex secretario de Salud, José Alfredo Arango García, su ex compañero de aulas en la segundaria; el diputado federal de Ajalpan Lisandro Campos Córdova, en representación de los antorchistas; y la actual diputada federal María del Carmen García de la Cadena, quien hace algunas semanas se lo recomendó a su líder de bancada Manlio Fabio Beltrones.

En la ciudad de las granadas, el abogado Miguel Ángel Romero no goza precisamente de popularidad, aunque en el círculo rojo pocos dudan de su influencia en la conducción del ayuntamiento de Tehuacán, el más importante gobernado por el PRI en la entidad, y en el Tribunal Superior de Justicia que lo tiene blindado de las demandas que pesan en su contra por parte de defraudados de la Caja de Ahorro y Servicios Bampeco.

Como asesor jurídico de esta financiera, el síndico de Tehuacán ha librado todas las órdenes de aprehensión que se han librado contra sus directivos, algunos de los cuales ya fueron aprehendidos, como el que fuera presidente de su Consejo de Administración, Samuel Cruz Rodríguez, ya fallecido.

Otros funcionarios de Bampeco que al igual que Romero Calderón fueron denunciados por fraude, pero que a diferencia de éste andan prófugos o litigando en juzgados las órdenes de aprehensión libradas en su contra son el gerente José de Jesús Rojas; la ejecutiva Diana Robles García; la contadora general, María del Pilar Hernández Muñoz; y la jefa de inversiones, Saraí Jiménez Huerta.

Aquí los números de algunas de esas averiguaciones:

Averiguación Previa.- 1714 / 2013 / TEHUA, que se constituye en el proceso penal 404 / 2013.

Averiguación Previa.- 1794 / 2013 / TEHUA, que se constituye en el proceso penal 399 / 2013

Averiguación Previa.- 2373 / 2013 / TEHUA, que se constituye en el proceso penal 411 / 2013

Averiguación Previa.- 2217 / 2013 / TEHUA, que se constituye en el proceso penal 359 / 2013

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A propósito de Tehuacán y candidatos.

Cuentan que el Partido Acción Nacional o, mejor dicho, el morenovallismo ya tiene candidato a diputado federal por Tehuacán, pero que se trata de una mujer que cobra en el DIF Estatal como directora de Asistencia y Rehabilitación, María de las Mercedes Bulás Montoro, quien ya también se promociona en anuncios espectaculares como el resto de los candidatos del grupo en el poder pero en la ciudad de las granadas.

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Mañana le platico de algunas quejas en contra del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Rodolfo Reyes Coria, por hostigamiento laboral, abusos y discriminación en contra de mujeres con más de 15 o 20 años de servicio.

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¿Sabía usted que el presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, pretende llevarse la sede del organismo a las que fueron las oficinas de Javier López Zavala, como coordinador estatal de Promoción al Voto del PRI en las elecciones locales del 2007?

¿Y sabía que el despacho donde Jorge Sánchez instalaría la oficina de la presidencia del Instituto es el mismo que tenía López Zavala en ese edificio del Boulevard Atlixco a la altura de la 19 Poniente?

¿Y sabía usted que ese capricho, de trasladar la sede del IEE a ese infuncional inmueble, propiedad de los hijos del difunto doctor Miguel Martínez Villalpando, le costará al organismo electoral la friolera de 218 mil pesos mensuales?

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Otra opción, quizás más funcional, pero aún más onerosa para las arcas del Instituto Electoral del Estado que la anterior, es el casco de hacienda ubicado en la 11 Sur y 31 Poniente, en el que hasta hace unos meses operaba una franquicia del restaurante Mi Viejo Pueblito.

Los propietarios de ese inmueble pretenden cobrar una renta de 230 mil pesos mensuales más IVA.

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¿Sabía usted que los consejeros de la Comisión Permanente Administrativa del IEE pidieron el pasado 27 de octubre que la Contraloría Interna del Instituto iniciara un procedimiento de responsabilidades a la entonces encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, por diversas anomalías contables y financieras?

¿Y sabía que entre las acusaciones que se le hicieron figura la falta de comprobación de 1 millón 96 mil pesos de una ampliación presupuestal otorgada por la Secretaría de Finanzas y la solicitud de una partida con cargo al presupuesto de 2010 para la compra de equipo de cómputo destinado al área de Consejo General, que ningún consejero o representante de partido político pidió?

¿Y sabía usted que Cruz Castillo se fue del Instituto sin que la Contraloría le abriera una investigación, tal como lo solicitaron los consejeros Miguel David Jiménez López, Alicia Olga Lazcano Ponce y José Víctor Rodríguez Serrano por Acuerdo 005/COPEAD/27-10-09, y sin que ésta explicara dónde quedó el millón 96 mil pesos que se perdió de la partida destinada a la homologación de sueldos de consejeros en 2008?

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¿Sabía usted que una de las primeras acciones del nuevo director Administrativo del IEE, Francisco Rivera Morán, fue buscar a los consejeros Miguel David Jiménez, Alicia Olga Lazcano y Fidencio Aguilar Víquez, para pedirles su voto de confianza?

¿Y sabía que en esa entrevista Francisco Rivera ofreció meter orden en el caos administrativo que le heredó su antecesora, Verónica Paola Cruz Castillo?

¿Y sabía usted que el nuevo director Administrativo no hará nada para que Cruz Castillo sea sujeta de un proceso administrativo, tendiente a fincarle responsabilidades en el ejercicio de su función?

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Simón dice:

«Algunos hay que parecen zurdos de las dos manos».

Alejandro Casona (1903-1965). Dramaturgo español.

Fue el representante del PRI ante el Consejo General, José Alarcón Hernández, y no el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, quien cabildeó el nombramiento de Marcelina Sánchez Muñoz como directora general del organismo, en sustitución de José Antonio Bretón Betanzos.

El cabildeo de Alarcón a favor de su ahijada política tuvo dos fases: la primera se dio hacia finales de la semana pasada con el bloque de consejeros «leales» al marinismo. Y la segunda, el mismo martes, minutos antes de la sesión donde se formalizó la designación de Marcelina, con los restantes tres consejeros: Fidencio Aguilar Víquez, Alicia Olga Lazcano Ponce y Miguel David Jiménez López.

A éstos últimos, Alarcón les dijo que la designación de Marcelina ya estaba tomada, por lo que les pedía —como un favor personal hacia su persona— que apoyarán tal propuesta con su voto por la afirmativa.

En diferentes tonos, los tres consejeros le dijeron que no, pues al hacerlo estarían convalidando que las principales decisiones y nombramientos de funcionarios del Instituto Electoral del Estado no se tomarán en esta instancia, sino en ámbitos ajenos al organismo, como ocurrió precisamente con la designación de Marcelina Sánchez.

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La exsenadora Lucero Saldaña Pérez anunciará en el transcurso de las próximas horas su intención de participar en las elecciones locales del próximo año como candidata a la presidencia municipal de Puebla.

El martes 15 de septiembre, en el marco de un desayuno de trabajo con Alejandro Armenta Mier, la presidenta de la Fundación Colosio le planteó al dirigente estatal priísta su deseo de ser incluida en la lista de aspirantes del tricolor a la alcaldía de Puebla.

Armenta Mier la felicitó por su decisión y le ofreció que en las encuestas que el PRI mandará a realizar en las próximas semanas, para evaluar a los priístas que han manifestado su interés por suceder a Blanca Alcalá Ruiz, el nombre de Lucero Saldaña sería incluido en las boletas y en los reactivos de los cuestionarios que se levanten en la capital del estado.

Testigos de esa conversación, que tuvo lugar en el Camino Real, fueron la secretaria general, Claudia Hernández Medina, y los secretarios de Elecciones, Javier del Rosario; de Organización, Gerardo Pérez Marín; y de Información y Propaganda, José Tomé Cabrera, así como el nuevo presidente del ICADEP, Honorio Ojeda.

Lucero Saldaña es, hasta ahora, la única mujer en la lista 13 o 15 aspirantes del PRI a la alcaldía de Puebla.

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Este jueves, vecinos y comerciantes de la zona donde el ayuntamiento de Puebla pretende construir un viaducto elevado sobre el boulevard Atlixco, se reunirán con la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz.

El encuentro se iba a efectuar originalmente el lunes, pero por las declaraciones que los directivos del Centro Comercial Galería Las Ánimas hicieron en contra del proyecto, éste se pospuso.

A la reunión con Blanca Alcalá acudirán no sólo comerciantes de Galería Las Ánimas y El Triángulo, sino dirigentes vecinales de San José Vista Hermosa, Estrellas del Sur y Villa Magna, así como representantes de las empresas Soriana, Toks y Wal Mart, que han manifestado su rechazo a ese llamado segundo piso de 1.5 kilómetros de distancia.

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Este sábado al mediodía, en el estadio Cuauhtémoc, se echarán una cascarita futbolera la escuadra del Chelís, José Luis Sánchez Solá, conformada por él y su cuerpo técnico, y el equipo denominado Prensa Poblana, integrado por reporteros, camarógrafos, jefes de prensa y fotorreporteros de distintos medios de comunicación.

Vale aclarar, para evitar confusiones, que en la escuadra de Sánchez Solá, no participarán los jugadores de primera división del Puebla de la Franja, sino sólo los integrantes del cuerpo técnico del equipo, es decir, el Chelis y sus auxiliares.

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Simón dice:

«La incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor sea el poder del incompetente».

Francisco Ayala García-Duarte (1906-?). Escritor español.

El Instituto Electoral del Estado (IEE) podría convertirse en el talón de Aquiles de los próximos comicios locales para gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado, por el desgaste de su presidente Jorge Sánchez Morales y la desconfianza que sobre él tienen consejeros electorales y representantes de partidos políticos.

No por nada en el proyecto de reformas electorales que este día harán llegar a la LVII Legislatura local los miembros del Consejo General del IEE hay varias propuestas con clara dedicatoria al presidente del Instituto, como aquella que plantea que éste debe integrar a sus informes anuales las auditorias internas y externas que se realicen a la presidencia y a las direcciones ejecutivas del organismo.

O aquella otra que lo hace responsable no sólo del ejercicio presupuestal y financiero del Instituto, sino de vigilar y velar por el patrimonio del organismo y los recursos humanos y materiales a su cargo.

Jorge Sánchez no es ninguna garantía para sacar adelante el proceso electoral del año entrante, pues no sólo carece de la confianza y estima de sus compañeros consejeros —en particular de Alicia Olga Lazcano Ponce, Fidencio Aguilar Víquez y Miguel David Jiménez López— sino de la menguada estructura operativa del Instituto, comandada por el director general José Antonio Bretón Betanzos, cuya ratificación o salida tendrá que analizarse en un par de meses.

Además, mantiene una abierta confrontación con dirigentes y representantes de partidos políticos acreditados ante el Consejo General del IEE, entre los que destacan Rafael Guzmán Hernández, del PAN y Jorge Luis Blancarte Morales, de Convergencia.

Pero por si eso no fuera suficiente, hay que agregar que una buena parte de las direcciones ejecutivas y demás oficinas del aparato operativo del Instituto están desmanteladas o sin titular. En el mejor de los casos funcionan con un encargado de despacho.

A la fecha están vacantes la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Contraloría Interna, la Oficina del Área de Trámite de la Secretaría General, y la Oficina de Planeación y Seguimiento de la Dirección General. Y otras como la Dirección Administrativa y la Unidad del Servicio Electoral Profesional operan desde hace más de dos años con encargados de despacho.

De ahí, la fundada preocupación de no pocos actores políticos sobre el riesgo de que Jorge Sánchez Morales se mantenga como organizador y árbitro del adelantado proceso electoral del año próximo.

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Simón dice:

“Mala cosa es tener un lobo cogido por las orejas, pues no sabes cómo soltarlo ni cómo continuar aguantándolo”.
Publio Terencio Afer (195 AC-159 AC). Autor cómico latino.

El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, ha dejado de conducir las mesas del trabajo del Consejo General del organismo; desde la semana anterior estas reuniones son coordinadas y moderadas por el secretario general Noé Julián Corona Cabañas.

De quién fue la decisión, es algo que nadie en el Instituto quiere aclarar.

Lo que sí sabe es que después de que Julián Corona asumió la conducción de las mesas de trabajo del Consejo General del IEE, los tres consejeros que habían decidido abandonarlas —Fidencio Aguilar Víquez, Miguel David Jiménez López y Alicia Olga Lazcano Ponce—, argumentado falta de garantías y condiciones, se reintegraron a las mismas.

Quienes aún no se reincorporan a tales reuniones son los representantes del PAN, Rafael Guzmán Hernández y de Convergencia Jorge Luis Blancarte Morales.

Sin embargo, es probable que este día lo hagan, si es que Julián Corona sigue moderando y coordinando esas mesas de trabajo del Consejo General del IEE.

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Poco gana la Secretaría de Finanzas y Administración tratando de ridiculizar a los legisladores del PAN que —a través de solicitudes de acceso a información pública—tratan de obtener datos y cifras acerca de obras, fondos y fideicomisos que reciben u obtienen financiamiento público estatal o federal.

De entrada, es absurdo que un funcionario de medio pelo de la Secretaría de Finanzas le diga a un diputado del PAN o de cualquier partido político que la información que requiere la gestione en términos del artículo 54 del Reglamento Interno del Congreso del estado, y no por medio de una solicitud de información pública.

Como si ese reglamento estuviera por encima de la carta magna.

Su argumento es tan baladí que cualquiera diría que el artículo octavo constitucional, que consagra el derecho petición, no sirve para nada.

Pero lo peor de todo es que la Secretaría de Finanzas interpreta la Ley de Acceso a la Información Pública como mejor le conviene.

La petición que hace unos días hicieron los diputados panistas sobre el Fondo Metropolitano fue respondida de manera diferente hace siete meses. En noviembre de 2008 la ingeniera Paola Flores solicitó esa información y le dijeron que ésta estaba reservada, y ahora que los legisladores del PAN requieren los mismos datos, les responden que tal información ya está publicada en la página web de la dependencia.

¿Por fin?

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A quienes el fin de semana filtraron la especie —publicada en algunos medios, como El Sol de Puebla— de que un subdelegado federal de la Secretaría de Desarrollo Social había sido detenido luego de provocar un accidente la madrugada del viernes, en el boulevard Vicente Guerrero a la altura del retorno a La Calera, por conducir en estado de ebriedad, les salió el tiro por la culata.

Y es que el susodicho personaje, Humberto Wilfrido Mendiola Medina, resultó no ser funcionario federal de la Sedesol, sino subdelegado sí, pero del DIF estatal, en contra de quien se integró la averiguación previa 678/2009/ECNTE como presunto responsable de daños y lesiones causadas a los pasajeros de un taxi con el cual se fue a impactar.

Los lesionados, según la nota publicada el lunes por Joel Árcega en El Sol de Puebla, responden a los nombres de Olga Mendoza Vázquez, Juan Jesús Guzmán Santos y Abraham Guzmán Santos.

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Simón dice:
“Un poco de rebelión de vez en cuando es buena cosa”.
Thomas Jefferson (1743-1826). Tercer presidente en la historia de los Estados Unidos.

Por Eduardo González

Si alguna duda queda sobre la oscuridad –ya no opacidad- con la que se manejan los recursos del Instituto Electoral del Estado, ésta puede quedar despejada al revisar el cumplimiento de las solicitudes de información hechas a la Dirección Administrativa del organismo, a cargo de Verónica Paola Cruz Castillo.

Y es que no se trata sólo de la ocurrencia de uno, dos o tres consejeros que piden el detalle de los movimientos financieros, el resultado de las auditorías o la justificación de los gastos, sino que a la propia Comisión de Administración se le ha negado acceso a los documentos que avalan el “transparente” uso de los recursos públicos en esa entidad electoral.

Por ejemplo, éste órgano auxiliar del Consejo General, presidido por Miguel David Jiménez López e integrado por Alicia Olga Lazcano Ponce y José Víctor Rodríguez Serrano, solicitó desde el 30 de abril del año pasado a la encargada de despacho diera cumplimiento “en un plazo no mayor a cinco días hábiles” a los acuerdos tomados en las sesiones de la comisión, pero a la fecha, esa cuestión elemental, no ha sido acatada.

Prueba de ello es que el 25 de julio de 2008 se solicitó al consejero presidente Jorge Sánchez Morales y, al director general José Antonio Bretón Betanzos, el detalle de las observaciones y solventaciones de las auditorias 2008 hechas por la Contraloría Interna, el despacho externo Freyssinier Morín y en su caso el Órgano de Fiscalización del estado.

Incluso la Dirección General por medio de los memorándums IEE/DG-352/08 y el IEE/DG-353/08 ordenó a la encargada del despacho que enviara dicha información a la comisión para su análisis, pero la encargada ni siquiera dio respuesta a los documentos que le fueron girados.

El 7 de noviembre de 2008 la Comisión Administrativa requirió el informe a detalle de los pagos realizados por el concepto de telefonía celular y de radio comunicación de acuerdo con el número de equipos que se tiene autorizados por área, personal al que le ha sido asignado, planes contratados y el importe del recurso para el pago respectivo.

Sin embargo al acuerdo no se cumplió.

Lo mismo sucedió con el análisis sobre los recursos sobrantes del presupuesto 2008 y la información correspondiente al diseño y planeación presupuestal de gasto en nómina para 2009 que se le pidieron en agosto y diciembre del año pasado.

En el mejor de los casos, si es que así se puede considerar, los acuerdos fueron acatados después de 3 meses de su firma.

El 29 de septiembre de 2008 los integrantes de la Comisión solicitaron a Verónica Paola Cruz Castillo un análisis del programa operativo anual de la dirección a su cargo, pero aunque de manera previa se le indicó que los acuerdos los respondiera en un máximo de 5 días, en el caso de éste tardó 100 días.

Para el 14 de octubre le fue requerido un informe a detalle de las transferencias realizadas para el pago de nómina, tanto ampliaciones como reducciones, e indicara a qué partidas se transfirieron los recursos, y ello lo realizó 105 días después.

Ya en el colmo de las negativas, el 16 de febrero de 2009 los consejeros pidieron a Cruz Castillo diera cumplimiento a doce acuerdos emitidos por la Comisión desde abril de 2008 a enero de 2009, pero ¿qué cree? A la fecha esta petición tampoco ha sido respondida.

¿Incapacidad? ¿Descaro? O ¿Ilegalidad?

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Cometarios y quejas a los correos: eduardogsoto@hotmail.com y egonzalez@e-consulta.com