Hace un par de días le decía que el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, había logrado vender la idea del empate técnico que supuestamente mantiene con el secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, Javier López Zavala, a partir de la difusión parcial —y a veces amañada— de los resultados de algunos estudios de opinión.

El primero es la publicación de la encuesta telefónica del despacho Gabinete de Comunicación Estratégica, de Liébano Sáenz y Federico Berrueto, en el periódico Cambio el lunes 9 de noviembre.

En su edición de ese día, Cambio destacó el tema en su portada bajo el siguiente titular «Cuádruple empate técnico: GCE», presentando resultados del rubro de conocimiento positivo y negativo de cuatro aspirantes a la gubernatura: Rafael Moreno Valle Rosas, Blanca Alcalá Ruiz, Javier López Zavala y Enrique Doger Guerrero.

En planas interiores se publicaron otras gráficas y cuadros; no así la que aparece en la página 12 del estudio demoscópico, que desde este martes GCE abrió al público en su portal electrónico.

La gráfica que Cambio y/o Enrique Doger omitieron publicar es justamente aquella en la que el expresidente municipal de Puebla aparece con porcentajes que lo ubican por abajo de Javier López Zavala y Rafael Moreno Valle en la pregunta: ¿Quién le gustaría que fuera el próximo gobernador de Puebla?

López Zavala obtuvo una intención de voto de 9.5%, Moreno Valle de 6.2% y Doger Guerrero de 4.2%.

¿Cómo un dato tan relevante en la encuesta estatal del GCE se le pudo ir a un periodista tan avezado y perspicaz como Arturo Rueda?

Pero ésta, no es la única omisión y/o manipulación en la que Rueda y Enrique Doger han incurrido.

En la encuesta de Mas Data, publicada por Cambio los días 19 y 20 del mes anterior, ocurrió lo mismo con la página 11 del Reporte Ejecutivo que José Zenteno —excompañero de estudios del diputado Jorge Alfonso Ruiz Romero en el Colegio Americano— entregó al expresidente municipal de Puebla en la tercera semana octubre.

La página omitida se refiere a la pregunta: ¿Usted sabe o ha escuchado mencionar el nombre de alguna persona para candidato a gobernador de Puebla?

En esa misma pregunta López Zavala aparece con 4.4% en segunda mención y Enrique Doger con 4.3%.

Lo extraño de este apartado, no son los porcentajes sino la contradicción en las cifras, pues más adelante los porcentajes de segunda opción, ya no son 6.6 y 4.3, sino de 10.7 y 9.5. del estado obtuvo 11.4% en primera mención espontánea, mientras el expresidente municipal 6.6%.

¿A qué obedece esta diferencia en porcentajes? ¿Por qué no coinciden si se trata, en ambos casos, de la segunda mejor opción? ¿Acaso esta contradicción llevó a Cambio a omitir estas dos páginas?

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Muy a pesar suyo, el presidente Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, tendrá que entregarle al representante de Convergencia, Jorge Luis Blancarte Morales, los resultados de las auditorías practicadas al organismo, y que aquel siempre se negó a proporcionar bajo el pretexto de ser información reservada.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió este miércoles que Jorge Sánchez tiene un plazo de 24 horas para entregarle al representante de Convergencia las auditorías a su gestión han realizado la Contraloría Interna y el despacho Freyssinier Morin.

Tal resolución llega en el peor momento para el consejero presidente del IEE, pues saldrán a relucir muchas de las irregularidades y excesos en que ha incurrido con cargo a las finanzas y el patrimonio del organismo, ahora que pretende un presupuesto de 414 millones de pesos para el proceso electoral del 2010.

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Me cuentan que entre los vocales ejecutivos distritales del IFE –y con la complacencia de Luis Garibi Harper y Ocampo, presidente de la Junta Local—vienen dándose una serie de despidos en los módulos de credencialización del Registro Federal de Electores.

Los despidos tienen el propósito de que esas vacantes sean ocupadas por familiares, amigos y amantes de los vocales distritales, que se inventaron un «convocatoria» para concursar dichas posiciones, al margen de los lineamientos y procedimientos establecidos por la Comisión Nacional de Vigilancia del RFE.

Entre los despedidos figuran chicas que no cedieron a las propuestas indecorosas de algún vocal distrital, que pronto será evidenciado.

El hecho ya llegó a oídos de los órganos centrales del IFE, donde han empezado a investigar quiénes mataron la vaca, pero también quienes le jalaron la pata.

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Simón dice

«Lo malo cuando se finge bueno, es pésimo».
Sir Francis Bacon. 1561-1626. Filósofo y estadista británico.

Por Eduardo González

Si alguna duda queda sobre la oscuridad –ya no opacidad- con la que se manejan los recursos del Instituto Electoral del Estado, ésta puede quedar despejada al revisar el cumplimiento de las solicitudes de información hechas a la Dirección Administrativa del organismo, a cargo de Verónica Paola Cruz Castillo.

Y es que no se trata sólo de la ocurrencia de uno, dos o tres consejeros que piden el detalle de los movimientos financieros, el resultado de las auditorías o la justificación de los gastos, sino que a la propia Comisión de Administración se le ha negado acceso a los documentos que avalan el “transparente” uso de los recursos públicos en esa entidad electoral.

Por ejemplo, éste órgano auxiliar del Consejo General, presidido por Miguel David Jiménez López e integrado por Alicia Olga Lazcano Ponce y José Víctor Rodríguez Serrano, solicitó desde el 30 de abril del año pasado a la encargada de despacho diera cumplimiento “en un plazo no mayor a cinco días hábiles” a los acuerdos tomados en las sesiones de la comisión, pero a la fecha, esa cuestión elemental, no ha sido acatada.

Prueba de ello es que el 25 de julio de 2008 se solicitó al consejero presidente Jorge Sánchez Morales y, al director general José Antonio Bretón Betanzos, el detalle de las observaciones y solventaciones de las auditorias 2008 hechas por la Contraloría Interna, el despacho externo Freyssinier Morín y en su caso el Órgano de Fiscalización del estado.

Incluso la Dirección General por medio de los memorándums IEE/DG-352/08 y el IEE/DG-353/08 ordenó a la encargada del despacho que enviara dicha información a la comisión para su análisis, pero la encargada ni siquiera dio respuesta a los documentos que le fueron girados.

El 7 de noviembre de 2008 la Comisión Administrativa requirió el informe a detalle de los pagos realizados por el concepto de telefonía celular y de radio comunicación de acuerdo con el número de equipos que se tiene autorizados por área, personal al que le ha sido asignado, planes contratados y el importe del recurso para el pago respectivo.

Sin embargo al acuerdo no se cumplió.

Lo mismo sucedió con el análisis sobre los recursos sobrantes del presupuesto 2008 y la información correspondiente al diseño y planeación presupuestal de gasto en nómina para 2009 que se le pidieron en agosto y diciembre del año pasado.

En el mejor de los casos, si es que así se puede considerar, los acuerdos fueron acatados después de 3 meses de su firma.

El 29 de septiembre de 2008 los integrantes de la Comisión solicitaron a Verónica Paola Cruz Castillo un análisis del programa operativo anual de la dirección a su cargo, pero aunque de manera previa se le indicó que los acuerdos los respondiera en un máximo de 5 días, en el caso de éste tardó 100 días.

Para el 14 de octubre le fue requerido un informe a detalle de las transferencias realizadas para el pago de nómina, tanto ampliaciones como reducciones, e indicara a qué partidas se transfirieron los recursos, y ello lo realizó 105 días después.

Ya en el colmo de las negativas, el 16 de febrero de 2009 los consejeros pidieron a Cruz Castillo diera cumplimiento a doce acuerdos emitidos por la Comisión desde abril de 2008 a enero de 2009, pero ¿qué cree? A la fecha esta petición tampoco ha sido respondida.

¿Incapacidad? ¿Descaro? O ¿Ilegalidad?

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Cometarios y quejas a los correos: eduardogsoto@hotmail.com y egonzalez@e-consulta.com

Hace un par de semanas, la consejera electoral Olga Lazcano Ponce le dio las gracias a su asistente Salvador Jiménez Martínez, por una falta no menor: traición.

Y es que el susodicho fue sorprendido por su supuesta jefa en varios actos de deslealtad, ante los cuales ésta no tuvo más remedio que pedirle la renuncia, el pasado 9 de julio, por pérdida de confianza.

Antes de laborar en el Instituto Electoral del Estado (IEE), Salvador Jiménez lo hizo en el Tribunal Electoral del Estado (TEE), donde conoció y entabló amistad con Jorge Sánchez Morales.

De hecho, fue éste último, ya en su calidad de presidente del IEE, quien se lo recomendó a Olga Lazcano, sin imaginarse siquiera los problemas que tendría después.

Salvador Jiménez se convirtió en el espía del consejero presidente, y Olga Lazcano en la espiada.

Jorge Sánchez le prometió, a cambio de sus servicios, promoverlo como director de Capacitación Electoral y Educación Cívica a la salida de Ana Silvia Santillana García, pero no le cumplió o no pudo cumplirle.

La razón ya la expliqué: Olga Lazcano descubrió a su asistente pasándole información y datos sobre sus actividades al consejero presidente, quien –hay que decirlo– expuso de más a su infiltrado con las consecuencias ya conocidas, pues lo citaba en su oficina del Instituto o la salida del estacionamiento propiedad de Álvaro Guillermo de la Vía Arnaiz, donde guarda su lujosa camioneta Suburban que le costó al IEE 434 mil 508 pesos.

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A propósito.

Entre algunos consejeros electorales y funcionarios del Comité de Adquisiciones causó sorpresa un detalle que omití sobre el reporte de observaciones del despacho Freyssinier Morin a la encargada de la Dirección Administrativa del Instituto Electoral del Estado, Verónica Paola Cruz Castillo.

Me refiero al punto 8 del pliego de 25 observaciones, donde se advierte la “falta de procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas por parte del Comité de Adquisiciones y contrato a nombre de Álvaro Guillermo de la Vía Arnaiz, sobre arrendamiento de estacionamiento”.

La duda de algunos consejeros es por qué se asienta una cantidad de 28,637 pesos, si en el contrato que se les pasó para revisión la renta pactada era de 8,000 pesos más IVA, como se puede ver en la página 2 de este archivo electrónico

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La tarde del domingo falleció Humberto Pacheco, padre de Luis Pacheco Cervantes, ex secretario particular de Javier Sánchez Galicia en la Dirección de Comunicación Social y actual gerente de Proyectos Especiales de la agencia Kratos. Desde aquí un abrazo y nuestro más sentido pésame.

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Freyssinier Morin descubre nuevas anomalías de JSM
López Zavala ofrece protección, a cambio de apoyos

Por si los abusos y excesos cometidos en 2007 por el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, no fueran suficientes, el despacho Freyssinier Morin acaba de hacerle llegar una nueva relación de 25 observaciones correspondientes sólo al mes de abril de 2008. (Ver hoja 1, ver hoja 2)

Entre las observaciones figuran –para variar– excesos en servicio de telefonía celular y radiocomunicación; compras fraccionadas en papelería; adjudicaciones directas en impresión, servicios de fotocopiado y arrendamiento de estacionamiento; la asignación de viáticos fuera de norma; errores en la clasificación de diversos gastos por concepto de mensajería, difusión e información, mantenimiento de equipo y el cobro de cheques supuestamente cancelados.

El reporte del auditor externo del IEE, enviado en junio pasado a la encargada de despacho de la Dirección Administrativa del Instituto, Verónica Paola Cruz Castillo, detalla tres observaciones al consejero presidente por rebasar los límites establecidos en telefonía celular y servicio de Nextel en el acuerdo IEE/JE-008/08.

Se trata de las observaciones 2, 9 y 17; en las primeras dos, Hermilo García Carreón, del despacho Freyssinier Morin, asienta que Jorge Sánchez se gastó 2,447 pesos y 2,518 pesos en el teléfono móvil que tiene asignado cuando su límite mensual es de 1,295 pesos. En el punto 17, se repite la misma situación pero con su equipo de radiocomunicación: tiene un límite autorizado de 534 pesos, pero se gastó 1,115 pesos.

Las 25 observaciones suman un total de 844 mil pesos, y de éstas las de mayor cuantía se refieren a contratos asignados sin concurso o licitación pública.

En el punto 12 se cuestiona la falta de justificantes para arrendar una bodega a nombre de Comercializadora MP S.A. de C.V., en 73 mil 600 pesos; en el punto 15, la falta de al menos tres cotizaciones para el suministro de bienes y servicios de los contratos D04/040 y D04/044 por un monto 183,831 pesos; en el punto 16, la asignación a Sistemas Contino S.A. de C.V. de un contrato por 62,016 pesos para el arrendamiento de equipo de fotocopiado, y en el punto 20, la ausencia de cotizaciones y tabla comparativa de los invitados a proveer los bienes y servicios que se describen en el contrato D04/068 por un monto de 83,921 pesos.

Otra irregularidad destacada por los auditores del despacho Freyssinier Morin es la enumerada en el punto 24, la cancelación de un cheque por 33,250 pesos, que, no obstante, fue considerado en el gasto y descargado de la cuenta bancaria del Instituto Electoral del Estado.

Las compras fraccionadas de papelería continúan siendo motivo de observaciones. En el reporte se menciona el caso de dos compras de papel de seguridad a la empresa Carbopapel S.A. de C.V. por 9,269 pesos.

Otra constante en el reporte son los errores cometidos por el encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz, en la clasificación del gasto. La póliza E04/146 se registró a la cuenta 3103 cuando debió hacerse a la 3101 por tratarse de un servicio de mensajería y no telefónico; lo mismo con que las pólizas B04/003, por un monto de 148,350 pesos, que se cargó la cuenta 3602 cuando en realidad correspondía a la 3605 denominada Otros Gastos de Difusión e Información, y la D04/032, por un monto de 7,192 pesos, que se registró a la cuenta 3504 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles cuando en realidad debería asentarse en la cuenta 3503 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo por tratarse de un servicio a la camioneta asignada del presidente del Instituto.

La pregunta es: ¿hasta cuándo se tolerarán los abusos y excesos del consejero presidente del IEE y su encargada de Administración, Verónica Paola Cruz Castillo, integrante de una influyente familia en el ámbito del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado, de la que pronto, pronto, nos ocuparemos?

EN CORTO
Los aspirantes del PRI a la gubernatura del estado se han encontrado con una queja recurrente, cuando en sus giras de trabajo se reúnen con ex presidentes municipales de su partido y les piden su apoyo: que muchos de éstos no se quieren comprometer por el temor de que sus cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2007 no se aprueben o el Congreso les finque responsabilidades.

Y es que se sabe que el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, ha prometido a no pocos ex munícipes que si lo apoyan con gente y recursos él sabrá corresponder esos respaldos, cuando en el Congreso del estado y el Órgano de Fiscalización Superior se revisen y discutan sus cuentas públicas.

Según esta versión, López Zavala ha ofrecido gestionar la aprobación de algunas cuentas públicas de ex presidentes municipales siempre que éstos también lo ayuden a posicionarse en las comunidades y poblaciones que gobernaron hasta febrero de 2008.

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La posición que ayer fijó Blanca Alcalá Ruiz sobre la polémica concesión de los parquímetros a la empresa Jajomar refleja en buena medida el estilo de gobernar de la primera alcaldesa de Puebla: esquivar broncas y remitir al Congreso los asuntos calientes.
Así ocurrió con la cuenta pública de su antecesor en el cargo, Enrique Doger Guerrero, y con las observaciones y anomalías detectadas durante el proceso de entrega-recepción de la administración municipal.
Sobre la papa caliente de los parquímetros, la presidenta municipal explica en su comunicado que ella ya hizo lo que debía –¿o lo que le ordenaron?– y que ahora toca al Congreso del estado, sin prisas ni precipitaciones analizar y en su caso aprobar la concesión a la empresa Jajomar.
En su comunicado, Blanca Alcalá exhorta “de manera respetuosa a los diputados a no precipitarse en la decisión; a considerar el tiempo a su favor; a actuar con autonomía y libertad; a que de manera serena y sensata se revisen los contenidos y los alcances;  a cuidar los intereses colectivos; a privilegiar el diálogo, a lograr que en el debate se construya el mejor futuro para Puebla”.
Pregunta: ¿por qué ella no actuó en consecuencia, es decir, sin prisas, ni precipitaciones, revisando –de nueva cuenta– y con plena autonomía, los contenidos y los alcances de la concesión; cuidando los intereses colectivos, contra la segunda tarifa más cara del país, y privilegiando el Centro Histórico, pero también la economía de cientos o miles de poblanos que por necesidad usan la vía pública como estacionamiento y que ahora deberán destinar una cuarta o tercera parte de sueldo en beneficio de la empresa Jajomar y sus padrinos políticos?

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El miércoles pasado, después de reunirse con Javier López Zavala y con Beatriz Paredes Rangel en la ciudad de México, Antonio Hernández y Genis, secretario técnico del Consejo Político Estatal del PRI logró amarrar la vicepresidencia de la mesa de Estatutos de la XX Asamblea Nacional, que tendrá lugar el próximo 23 de agosto en Aguascalientes.
López Zavala, quien también forma parte del Consejo Político Nacional del PRI, participará —en cambio— en la mesa de Declaración de Principios.

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Desde aquí envío mis condolencias al doctor Felipe Burgos Ochoategui, decano de la Escuela de Negocios y Economía de la Universidad de las Américas (UDLA), por el lamentable fallecimiento de su hijo, ocurrido el viernes pasado en Acapulco.

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Este día, en conferencia de prensa, en el salón Los Girasoles de Cholula, se anunciará la designación de un nuevo secretario de Desarrollo Económico y Social en el ayuntamiento de San Andrés Cholula, luego de que quien ocupara esta cartera, el ex diputado local y ex candidato a la presidencia de Atlixco, Jorge Gutiérrez Ramos fuera nombrado subdelegado de Desarrollo Social.

En el evento también se anunciará la puesta en marcha de un programa de vinculación laboral, capacitación para el trabajo y de recursos humanos que aplicará el ayuntamiento de San Andrés Cholula en colaboración con algunas empresas sanandreseñas y de la región, denominado Chambandrés.

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Por si los documentos que en su edición de ayer publicó El Sol de Puebla no fuera suficientes para echar a Antonio Juárez Acevedo de la Comisión para el Acceso de la Información Pública (CAIP) este día e-consulta y este blog reproducen un directorio de agrupaciones políticas nacionales, de agosto de 2004, elaborado por la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral (IFE).

En dicho directorio, que e-consulta ya había publicado en julio de 2007, se puede apreciar cómo todavía en agosto de 2004, Antonio Juárez Acevedo aparecía como secretario general de Plataforma Cuatro, y Marco Tulio Zárate Luna como presidente de esta agrupación política nacional.

Marco Tulio Zárate, para más datos, se inscribió en enero de 2007 como compañero de fórmula de Aischa Vallejo Utrilla para dirigir el Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Mantener al frente de la CAIP a Juárez Acevedo no sólo es un acto terquedad política por parte de los diputados priístas y el gobernador Mario Marín Torres, sino afrenta la legalidad y legitimidad del proceso donde aquel fue designado.

Y es que el presidente de la CAIP no sólo incumplía con uno de los requisitos de la convocatoria, no haber formado parte de un partido o agrupación política nacional, sino porque falseó su curriculum vitae al omitir ese importante dato a los diputados de la LV que revisaron y aprobaron su expendiente.

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De cómic las últimas declaraciones del presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, en el sentido de que su homóloga Olga Lazcano Ponce podría ser relevada del máximo organismo electoral por andarlo acusando de corrupto, con sumas y restas que no cuadran, y por meterse a fiscalizar los recursos públicos asignados al IEE cuando, según él, esa no cuestión no forma parte de sus facultades y atribuciones.

Lo que a Jorge Sánchez se le olvida es que fue él mismo, quien después de presentar su polémico informe sobre el ejercicio presupuestal de 2007 y frente a las críticas y cuestionamientos que recibió de consejeros y representantes de partidos políticos, él mismo aceptó someterlo a glosa, cosa que a la fecha se ha negado a realizar.

El consejero presidente tampoco ha querido proporcionar a los consejeros, entre ellos a Olga Lazcano que forma parte de la Comisión Permante de Administración, los cinco informes de auditoría que dejó la anterior contralora interna, Dalhel Lara Gómez, y los resultados de la auditoría del despacho externo Freyssinier Morin, y tampoco a ofrecer una explicación del por qué no cuadran los informes financieros parciales que los consejeros han recibido con el que rindió en marzo del 2008.

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Aun cuando la consejera Olga Lazcano Ponce no ha tenido acceso a las auditorías de la Contraloría Interna del Instituto Electoral del Estado (IEE), ni a la realizada por el auditor externo Freysinier Morin, en el análisis que el viernes pasado presentó sobre el ejercicio presupuestal del 2007, resulta que llegó a las mismas conclusiones que éstos, en el sentido de que la administración del organismo es un fiasco nauseabundo.

Y es que la peste de la corrupción, según su reporte, está presente en varias partidas, transferencias, cuentas y compras.

Un ejemplo es la partida 2201 denominada Alimentación para el personal de las dependencias y entidades del IEE.

El presupuesto original autorizado para esta partida fue de 5 millones 44 mil pesos. Sin embargo, al término del 2007, el monto ejercido ascendió 7 millones 90 mil pesos, lo que refleja un sobregiro del 40.56%.

Pero el gasto por consumo de alimentos del Instituto Electoral del Estado y en particular de la oficina del consejero presidente Jorge Sánchez Morales, fue aún mayor, sólo que éste –como ayer se lo comenté– se dispersó en otras partidas, como la 3601 “Gastos de Propaganda e Imagen Institucional”, la 3702 “Viáticos nacionales” y la 3810 “Gastos de representación”.

Me explico.

De la partida 3601, por un monto de 13 millones 174 mil pesos, 145 mil 925 pesos, es decir el 15%, también corresponden a gastos de alimentación.

Lo mismo sucede con la partida 3810 para Gastos de representación que se autorizó por un monto de 220 mil pesos, pero que a diciembre de 2007 llegó a 460 mil. De éstos, se estima que 213 mil pesos se justificaron con facturas de comida y restaurantes.

En suma: de los 5 millones 44 mil pesos que el Consejo General del IEE aprobó para el gasto de comida, resulta que el monto que al final se ejerció rebasó los 7.5 millones de pesos, lo que representa un sobrejercicio presupuestal de 3.4 millones o, si se prefiere, de 54.5%

Otro ejemplo que ilustra con creces la forma en que se manejaron los recursos del IEE en 2007 es la partida 2101 “Materiales y útiles de oficina”, por un total de 1 millón 559 mil pesos.

Según los registros contables de esta partida, hubo 2246 compras menores a 10 mil pesos, 33 por arriba de los 10 mil y una superior a los 100 mil pesos.

Lo anterior significa que la Dirección de Administración fraccionó intencionalmente estas compras para evitar pasarlas por el Comité de Adquisiciones del IEE.

De otra manera no se entiende cómo de los 2280 asientos contables en números negros, únicamente 33 sean por cantidades mayores de 10 mil pesos y sólo una superior a los 100 mil pesos.

Lo más curioso de estas compras fraccionadas es que el nombre del proveedor de los materiales y artículos de oficina del IEE no más no aparece.

¿Por qué será?

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Un velo de misterio envuelve la sorpresiva visita que hace un par de semanas realizaron auditores del Órgano Superior de Fiscalización al Instituto Electoral del Estado (IEE), pero sobre todo su decisión de llevarse de la Dirección de Administración 14 cajas con el soporte documental de las partidas destinadas a combustible y alimentación el año pasado.

De acuerdo con una fuente confiable, los auditores solicitaron a la encargada de la Dirección de Administración acceso a las pólizas, facturas, cheques y contratos de esas partidas presupuestales, como consecuencia de una serie de inconsistencias entre el informe financiero del consejero presidente Jorge Sánchez Morales, el reporte del auditor externo —el despacho Freyssinier Morin— y el expediente entregado al Orfise con el estado de origen y aplicación de recursos del IEE durante el 2007.

La gran duda que existe sobre la decisión del Orfise de llevarse 14 cajas de documentos es si la intención en fincarle responsabilidades al presidente del Instituto, Jorge Sánchez, o a ayudarlo a cuadrar las cifras de la cuenta pública antes de que ésta sea revisada por los diputados integrantes de la Comisións Inspectora del Congreso del estado.

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Don José Yitani Maccise me hizo saber ayer que ni él, ni sus hermanos —Jorge, Antonio y Emilio— andan metidos en el proceso de sucesión gubernamental, por lo que no asistirán mañana sábado a la comida de apoyo a Jesús Morales Flores en el Centro Mexicano Libanés.

También me aclaró que su sobrino, Miguel Ángel Yitani, quien es el actual presidente del Centro Mexicano Libanés, tampoco se dejará ver en el evento.

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Una trivia: ¿Con quién de sus más cercanos colaboradores en el ayuntamiento de Puebla, Enrique Doger Guerrero, se molestó y discutió por el escándalo de corrupción en que se enuentra envuelto por la forma en que se operó la donación de autos, supuestamente chatarra, a la Fundación Cáritas?

Tres tips:

1.- Al susodicho le echó en cara el nombramiento del último tesorero de la gestión dogerista, José María Esquivel Silva, principal implicado en dicho fraude.

2.- El personaje en cuestión terminó peleado al final de la administración municipal con dos de sus principales operadores: Arnoldo Ruiz Arreola “El Ate”, y Miguel Quiroz Escalona.

3.- Gracias a él, Enrique Doger entró en contacto, primero en la UAP, y luego en el ayuntamiento de Puebla, con Gabino Carrandi, un personaje clave en sus negocios, propiedades e inversiones dentro y fuera del país.

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Desde hace un par de semanas, la columna política que tiene a la vista se transformó en blog, con el propósito de lograr una mayor interacción con sus lectores y cibernautas.

En la parte final de cada entrega, después de los tags –etiquetas que sirven para ubicar los asuntos y personajes de cada columna– aparece un apartado para comentarios que usted puede utilizar para manifestar sus puntos de vista o aportar mayor información sobre el tema o los temas abordados.

Lo único que tiene que hacer es escribir su nombre, correo electrónico y opinión, y ésta se publicará de inmediato.

No omito decirle que por política editorial, todo comentario redactado con lenguaje soez, difamatorio o irrespetuoso, que involucre cuestiones de vida privada, lesione la dignidad de las personas o se escude en el anonimato para  dañar honras o reputaciones, será editado.

Así es que adelante y bienvenidos sus comentarios.

Una de las empresas favorecidas por el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, en el ejercicio del gasto del 2007 fue Target Eye SA de CV, de la que Jorge Espino Flores es su principal accionista.  A esta compañía no sólo se contrató el concepto creativo de la campaña publicitaria del IEE durante el pasado proceso electoral por un monto de 287 mil pesos, sin licitación de por medio, sino el pago de diversos servicios que van desde la pinta de bardas y la producción de spots publicitarios hasta la colocación de anuncios móviles y espectaculares.

En las auditorías realizadas por la Contraloría Interna y el despacho de Freyssinier Morin, Target Eye fue objeto de diversas observaciones, debido a sus contratos nunca pasaron por el Comité de Adquisiciones, y a que sus servicios y productos fueron fraccionados, en franca violación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

Con la complicidad del consejero presidente, a Target Eye —“empresa de reciente creación y sin experiencia en material electoral”— se le contrataron compras fraccionadas de abril a noviembre de 2007 por 320 mil pesos, amén de otros servicios que supuestamente ofrecían otros proveedores como Garabed Nathael Hernández, quien cobró 350 mil pesos por la producción de spots publicitarios, y un pintor de bardas que entregó facturas por 450 mil y 500 mil pesos más IVA.

Lo curioso, en el caso de la rotulación de bardas, es que Target Eye facturó en una primera etapa 90 bardas cuando en realidad sólo había pintado 26.

Otras empresas que también fueron utilizadas para favorecer a Jorge Espino fueron Publicidad Espectacular Móvil e Impactos Frecuencias, a las cuales se les adjudicaron de manera directa —y por recomendación del consejero presidente Jorge Sánchez Morales y la entonces encargada de Comunicación Social, Adriana Álvarez Hernández— la contratación de anuncios móviles y espectaculares por un monto de 1 millón 381 mil pesos.

El presidente del IEE y la hoy titular de la Unidad de Acceso a la Información del organismo electoral argumentaron que tales compañías no sólo tenían los derechos de los anuncios móviles y espectaculares de mayor impacto visual (cuestión que nunca se justificó mediante un estudio), sino que ofrecían los mejores precios del mercado.

Comentarios a periodistasoy@hotmail.com