Un serio problema con inversionistas y desarrolladores inmobiliarios está por enfrentar el debilitado ayuntamiento de San Andrés Cholula por la negativa de otorgar a éstos sus constancias de terminación de obra en Lomas de Angelópolis 2, sin las cuales no pueden tramitar permisos para el suministro de agua ante el Soapap, ni escriturar los departamentos o casas que ya vendieron en este exclusivo fraccionamiento ubicado en la lateral de la Vía Atlixcáyotl.

El problema viene desde el año pasado, pero se ha agravado en las últimas semanas porque varios de los compradores de condominios están exigiendo la entrega de los inmuebles que adquirieron, la dotación de servicios básicos como el de agua potable o la escrituración de los departamentos en que ya viven y ya pagaron, sin que los desarrolladores puedan darles una fecha.

De acuerdo con algunos inversionistas, la negativa del alcalde Leoncio Paisano Arias, y en particular de la encargada de despacho de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de San Andrés Cholula, Janeth Roxana Rivera Martínez, obedece a que los quieren presionar para que paguen una nueva cuota al ayuntamiento por las áreas de donación que les fueron exentadas por las anteriores autoridades municipales.

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He aquí algunos nombres de los empleados despedidos del Instituto Electoral del Estado (IEE) que está cerrando su ciclo en la más absoluta opacidad por la decisión de los integrantes de su Consejo General; su secretario Ejecutivo, Miguel David Jiménez López, y su director administrativo Ricardo Aguilar Ramírez.

En la relación que se presenta, como se podrá ver, no aparece el nombre de ningún funcionario del organismo, tampoco de ningún empleado adscrito a la presidencia, o el padre del presidente de la Comisión de Derechos a Humanos de Puebla, Ángel López Santamaría, quien fue contratado como jefe de Normatividad y Procedimientos, pese a sus 75 años de edad y a su inexperiencia en materia electoral.

Y ya no se diga algún asistente de los ocho consejeros electorales, que muy pronto dejarán de serlo.

En cambio, sí fueron incluidos algunos analistas de la Dirección Administrativa, pero no la consentida del director Ricardo Aguilar, Viridiana Daniela Cerezo Morales, a la que apenas en enero premió con una mejor categoría y, por supuesto, un aumento salarial que nunca puso a consideración de la Junta Ejecutiva del IEE. http://archivo.e-consulta.com/blogs/corte/?p=6227

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En el Instituto Electoral del Estado (IEE) continúan entrampados con la revisión y fiscalización de los recursos públicos entregados a los partidos políticos en 2013.

La razón, para variar, es política.

En noviembre de 2014, la Unidad de Fiscalización del IEE, a cargo de Iris del Carmen Conde Serapio, presentó en mesa de trabajo sus primeros dictámenes sobre la revisión de los gastos ordinarios y de campaña de los partidos políticos acreditados ante el organismo.

El representante del PRI, Silvino Espinoza Herrera, quien ya sabía que el dictamen venía negativo para su partido y el PVEM, pidió un receso para negociar con los consejeros electorales; el secretario ejecutivo del IEE, Miguel David Jiménez López, y la titular de la Unidad de Fiscalización, el retiro de ese punto de la orden del día.

Silvino Espinoza logró su propósito: ocultar a los miembros del Consejo General del IEE y a la opinión publica una multa por 60 mil 200 pesos derivada del no registro contable de los gastos que supuestamente hizo para la difusión de los debates protagonizados por varios de sus precandidatos a presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

La intención del representante del PRI era reducir el monto de esa multa a unos 15 mil pesos, cuestión en la que estaban de acuerdo algunos consejeros, pero no la titular de la Unidad de Fiscalización.

Y es que aparte de esa sanción, existía otra por 548 mil 528 pesos por diversas anomalías en la justificación del gasto ordinario de 2013, como el no registro de activo fijo por más de 500 mil pesos; la negativa del PRI de permitir el acceso a sus instalaciones de auditores de la Unidad de Fiscalización y la entrega de comprobantes por más de 205 mil pesos que no correspondían a gasto ordinario, sino a actividades de campaña.

El caso es que el pasado 17 de febrero el punto volvió a ponerse a la consideración de los consejeros y estos, otra vez, vacilaron en sancionar al PRI y al PVEM ante las presiones de su representante.

Silvino Espinoza consiguió nuevamente que el punto se retirara de la orden del día, pero también que otros representantes partidistas como Alfonso Rodríguez Periañez, del PT, y Jorge Luis Blancarte Morales, de Movimiento Ciudadano, negocien la reducción de las multas que por un millón de pesos pretende aplicarles la Unidad de Fiscalización por distintas irregularidades.

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A propósito.

Será a finales de mes, posiblemente el 26 de los corrientes, cuando se publique la convocatoria para la renovación de los consejeros del Instituto Electoral del Estado que, con base en las nuevas reglas electorales, se convertirá en Organismo Público Local Electoral dependiente del Instituto Nacional Electoral.

De los ocho consejeros del IEE, al menos cuatro pretenden mantenerse en el cargo, lo que explica en buena medida por qué algunos de ellos no quieren aprobar el dictamen de la Unidad de Fiscalización del IEE para que el PRI y el PVEM sean sancionados por diversas anomalías respecto a los recursos que recibieron en 2013.

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Este jueves al término de una mesa de trabajo el secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado, Miguel David Jiménez López, comunicó a los consejeros y representantes de partidos políticos la renuncia de Javier Trejo Galicia como director Jurídico.

Antes de llegar al órgano electoral del estado, el maestro Trejo fue director de Delegaciones de la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública, al comienzo de la gestión del gobernador Rafael Moreno Valle.

En su desempeño como director Jurídico del IEE, tuvo diferencias con algunos representantes de partidos políticos, en especial con Jorge Luis Blancarte Morales, de Movimiento Ciudadano, y Silvino Espinosa Herrera, del Revolucionario Institucional, quienes incluso habían pedido su cabeza.

La renuncia de Trejo Galicia tuvo el visto bueno del consejero presidente del IEE, Armando Guerrero Ramírez.

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Inconformes —y quizás con razón por el pésimo lugar que les asignaron en el Teatro de la Ciudad— 11 de los 23 regidores del Cabildo de Puebla no estuvieron presentes en el informe de los cien primeros días del alcalde capitalino, José Antonio Gali Fayad, por lo que tampoco escucharon los lineamientos y ejes del Plan Municipal de Desarrollo que ahí también se enunció y repartió a los asistentes.

Los regidores —pares del alcalde— fueron ubicados en la parte trasera del recinto, en la sección de Luneta, a diferencia de otros invitados y funcionarios del gobierno del estado que ocuparon los asientos de las primeras filas del Teatro.

Entre los regidores que se retiraron figuran cuatro del PRI: Iván Galindo Castillejos, Karina Romero Alcalá, María Esther Gámez Rodríguez, y María Juana Gabriela Báez Alarcón; el petista Zeferino Martínez Rodríguez, las perredista María de los Ángeles Ronquillo Blanco y Gabriela Viveros González, el verde ecologista Juan Pablo Kuri Carballo, y el panista Carlos Francisco Cobos Marín.

Enterado de la inconformidad de los regidores, el secretario general del ayuntamiento, Mario Riestra Piña, los alcanzó en el restaurante del Royalty, pero ya no pudo convencerlos de regresar al recinto.

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Cuentan que la lista original de candidatos a diputados de representación proporcional de la Coalición Puebla Unida registrada ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) para los comicios de julio de 2013 no incluía la referencia de la filiación partidista del propietario y suplente de cada fórmula.

Y que ese detalle fue uno de los que cuidó, en el convenio original de la Coalición, el ex secretario General de Gobierno Fernando Manzanilla Prieto para no ver afectada su imagen, pues siendo militante del PAN aparecería en la lista de candidatos como posición del partido estatal Compromiso por Puebla (CPP).

Pero que durante el desarrollo de la campaña, cuando el suplente de Manzanilla fue sustituido por Eukid Castañón Herrera, la lista original fue cambiada por otra en la que ya se incluyeron las posiciones partidistas de cada fórmula, por lo que el ex secretario General de Gobierno apareció como cuota de CCP a pesar de ser militante panista.

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Si a estas alturas del proceso me preguntaran quién creo que ganará las elecciones locales del primer domingo de julio, sin duda respondería que la coalición del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas denominada Puebla Unida conformada por el PAN, PRD, Panal y Compromiso por Puebla.

Varias son las razones que me hacen pensar lo anterior. La primera y no menos importante es que el árbitro de esta contienda -el Instituto Electoral del Estado y el Tribunal Electoral del Estado- es parcial, es decir, está cargado hacia una de las alianzas participantes.

De los nueve consejeros del Consejo General del IEE, al menos cinco son afines al gobernador Moreno Valle, y de los tres magistrados del TEE, dos responden a sus intereses.

En otras palabras los priístas y sus aliados del PVEM tienen perdida la mesa. De ahí que el Instituto se haga como que la virgen le habla ante las notables evidencias de violaciones al artículo 200 bis del Código Electoral por actos anticipados de campaña y frente a los excesivos gastos en que incurrieron los hoy candidatos de la coalición morenovallista con el inequívoco propósito de posicionarse entre los votantes.

Y de ahí también el resolutivo del TEE que obliga al PRI y al PVEM a buscarle otra denominación a su alianza y a sustituir sus spots de radio y televisión suscritos como Mover a Puebla.

Una segunda razón tiene que ver con las fracturas que se han dado en el proceso interno de selección de candidatos del PRI, como consecuencia de la imposición de fórmulas de candidatos a diputados al Congreso del estado y de planillas de regidores y síndico en decenas de municipios de la entidad, la falta de acuerdos entre los grupos priístas en disputa y la marginación de que han sido objeto los dirigentes de estos grupos por el delegado del CEN, Fernando Moreno Peña, y el delegado presidente del CDE, Pablo Fernández del Campo Espinosa.

En este contexto hay que leer las críticas que este lunes lanzó Javier López Zavala al delegado del CEN y al presidente del CDE del PRI, y la carta que 11 de los 14 diputados federales de Puebla enviaron a su secretaria general nacional, Ivonne Ortega Pacheco, advirtiéndole de la virtual derrota electoral que están por sufrir el próximo 7 de julio.

La ausencia de una operación política eficaz para zanjar diferencias o procesar los conflictos internos, con el propósito de evitar deserciones o que los precandidatos o grupos inconformes  priístas abandonen las filas del tricolor para adherirse o ser candidatos de la coalición morenovallista, es otra razón que me lleva a pensar en la derrota del PRI.

Los priístas que en esta contienda han roto o abandonado su partido para sudar la camiseta de la coalición Puebla Unida no son pocos.  Ahí están, sólo por citar algunos ejemplos, los casos de Puebla, San Pedro Cholula, Huejotzingo, Zacatlán o Amozoc.

Mientras el gobernador Moreno Valle personalmente ha encabezado la operación cicatriz al seno de los partidos integrantes de la coalición Puebla Unida, el delegado del CEN y el presidente del CDE del PRI no sólo han minimizado las protestas de los grupos inconformes de su partido, sino vilipendiado a quienes se convirtieron en abanderados de la oposición después de que el tricolor les negó esta posibilidad, pese a ser los más populares o los mejor posicionados en sus municipios y distritos.

En la mesa de trabajo del martes, Sánchez Morales primero se rehusó a ventilar el tema en público, pero ante la insistencia de los consejeros prometió someterlo a discusión y votación; y cuando estaba por hacerlo —presionado por las circunstancias—, el representante del PRI ante el IEE, José Alarcón Hernández, se lo llevó al rinconcito susurrándole algo al oído.

El caso es que después de esa conversación, el presidente del IEE olvidó lo prometido y pidió a los consejeros aguardar el dictamen del secretario general Noé Julián Corona Cabañas.

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No cabe duda que en este proceso las encuestas se han convertido en un factor de incertidumbre, pues unas dicen una cosa y otras lo contrario.

En el caso de la coalición opositora, se sabe que una encuestadora local —a la cual se le contrató un tracking diario en el municipio de Puebla— entregó resultados que en nada se parecen a los que el Gabinete de Comunicación Estratégica de Liébano Sáenz y Federico Berrueto proporcionó al equipo de campaña de Rafael Moreno Valle.

Según el tracking de esta firma, tanto Moreno Valle como Eduardo Rivera Pérez estarían en desventaja frente a sus adversarios de la Alianza Puebla Avanza.

La ventaja de Javier López Zavala sobre Moreno Valle sería de 13 puntos en la capital del estado; y la de Mario Montero sobre Eduardo Rivera, de sólo 5 puntos.

Un dato adicional: el tracking mostró una tendencia a la baja de Moreno Valle, como consecuencia del escándalo por el hoyo financiero, y a la alza en el caso de Eduardo Rivera que, entre más conocido, más confianza inspira entre los electores del municipio de Puebla.

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Simón dice:

«La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar.»

Mario Vargas Llosa (1936) Escritor, dramaturgo y periodista peruano

* Jorge Sánchez alienta denuncias en contra de la directora general

* Enrique Doger negocia la alcaldía y una diputación plurinominal

Si las relaciones entre el presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, y el anterior director general del organismo, José Antonio Bretón Betanzos, eran pésimas, las que mantiene con la actual directora Marcelina Sánchez Muñoz son francamente nocivas.

A tal grado, que uno y otra han convertido al Instituto en campo de batalla de sus confrontaciones y zancadillas políticas, en al menos cinco frentes, en perjuicio del desarrollo, organización, credibilidad y certidumbre del proceso electoral en marcha.

El primer frente de batalla lo es la investigación sobre la desaparición y venta del material electoral en buen estado, por parte de Marcelina Sánchez, en perjuicio del patrimonio del IEE.

De acuerdo con distintos oficios y memorandums que el propio presidente del Instituto ha circulado, Marcelina Sánchez sería responsable de la desaparición de urnas, mamparas y otros materiales que se adquirieron para el proceso electoral del 2007 —en alrededor de 8 millones pesos— y que en las elecciones de julio de este año serían reutilizados.

En febrero de 2009, siendo directora de Organización Electoral, Marcelina Sánchez reportó la existencia en buen estado de 5,340 urnas para la elección de miembros de ayuntamientos, de 5,440 urnas para la elección de diputados, así como otros materiales y utensilios electorales como cintas de seguridad, cajas contenedoras y tijeras.

El caso es que diciembre del mismo año, la Contraloría Interna del Instituto emitió un reporte al consejero presidente de la Comisión Administrativa, Miguel David Jiménez López, informándole que en bodega sólo se hallaron 1,700 urnas de la elección de miembros de ayuntamientos, y 1,700 mamparas, las cuales fueron vendidas al ingeniero Roberto Ruiz Ríos en 129 mil pesos.

La investigación que el representante del PAN, Rafael Guzmán Hernández, solicitó para saber qué pasó con el grueso de las urnas y mamparas que Marcelina Sánchez reportó en buen estado, sigue empantanada, por la negligencia del contralor interno del Instituto, Paul Rodríguez Barragán, y de la hoy directora general del Instituto.

Un segundo punto de conflicto entre el presidente del IEE y la directora general es la resolución de la Contraloría Interna sobre el desempeño de Verónica Paola Cruz Castillo como encargada administrativa hasta el viernes 6 de noviembre de 2009.

Marcelina Muñoz apoya la resolución del contralor Paul Rodríguez para que la exprotegida de Jorge Sánchez —a quien se le responsabiliza de la pérdida de los depósitos que el Instituto pagó por la renta de diversos inmuebles en las elecciones de 2007— sea sancionada e inhabilitada del servicio público un año, cuestión a la que el susodicho se opone, postergando el tema en las sesiones y mesas de trabajo del Consejo General.

El cambio de sede del Instituto, de las oficinas de 15 Poniente 3515 de la colonia Belisario Domínguez, al edificio del boulevard Atlixco 2103, es otro motivo de controversia.

Jorge Sánchez no sólo se abstuvo en la votación donde los consejeros decidieron cuál sería la nueva sede del Instituto, sino que ha dejado correr la especie de que ésta obedece a un pago de facturas de Marcelina con los hijos de quien fuera su jefe en el ISSSTEP, el extinto Miguel Martínez Villalpando, propietarios del edificio del boulevard Atlixco.

La jerarquía sobre algunos directores y funcionarios que noviembre de 2009 llegaron al Instituto, muchos de ellos sin antecedentes en el Servicio Electoral Profesional del IEE, es un cuarto campo de batalla entre el consejero presidente y la directora general del organismo.

A diferencia de lo que ocurría hasta noviembre de 2009, donde Jorge Sánchez hacía y deshacía en la Dirección Administrativa, con la complicidad de la entonces encargada de despacho Verónica Paola Cruz, el margen de acción del consejero presidente en esta y otras direcciones del Instituto ahora es limitado.

De entrada, el nuevo director Administrativo, Francisco Rivera Morán, no fue propuesto por él, sino enviado por la Secretaría de Finanzas y Administración para poner orden en el Instituto.

El nuevo contralor interno Paul Rodríguez Barragán —quien de 2004 a 2007 fue jefe de la Oficina de Planeación y Seguimiento de la Dirección General del IEE, de la que salió por diferencias con José Antonio Bretón — tampoco es una propuesta suya, sino de los consejeros Paul Monterrosas Román y Joel Paredes Olguín.

De la actual estructura administrativa y operativa del IEE, el consejero presidente sólo tiene como aliado al director de Organización Electoral, Miguel Cuauhtémoc Luna Mendoza, a quien incluso intentó llevar a la Dirección General, en lugar de Marcelina Sánchez Muñoz, cuyo nombramiento fue impulsado y consensuado por el representante del PRI ante el Consejo General del Instituto, José Alarcón Hernández.

El quinto frente de batalla está relacionado con la falta de códigos electorales y el atraso en la impresión de éstos, lo que afecta a los consejeros distritales, que ahora tienen que andar sacando copias para saber cómo aplicar la legislación vigente.

Uno y otra se echan la culpa.

Para que el Instituto cuente con códigos requiere convocar a una licitación pública o convocar a un concurso por invitación a un mínimo de tres proveedores, lo que de cualquier manera demorará la dotación de ejemplares a los consejos distritales y municipales por otros 30 días.

¿Sabía usted que el presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, pretende llevarse la sede del organismo a las que fueron las oficinas de Javier López Zavala, como coordinador estatal de Promoción al Voto del PRI en las elecciones locales del 2007?

¿Y sabía que el despacho donde Jorge Sánchez instalaría la oficina de la presidencia del Instituto es el mismo que tenía López Zavala en ese edificio del Boulevard Atlixco a la altura de la 19 Poniente?

¿Y sabía usted que ese capricho, de trasladar la sede del IEE a ese infuncional inmueble, propiedad de los hijos del difunto doctor Miguel Martínez Villalpando, le costará al organismo electoral la friolera de 218 mil pesos mensuales?

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Otra opción, quizás más funcional, pero aún más onerosa para las arcas del Instituto Electoral del Estado que la anterior, es el casco de hacienda ubicado en la 11 Sur y 31 Poniente, en el que hasta hace unos meses operaba una franquicia del restaurante Mi Viejo Pueblito.

Los propietarios de ese inmueble pretenden cobrar una renta de 230 mil pesos mensuales más IVA.

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¿Sabía usted que los consejeros de la Comisión Permanente Administrativa del IEE pidieron el pasado 27 de octubre que la Contraloría Interna del Instituto iniciara un procedimiento de responsabilidades a la entonces encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, por diversas anomalías contables y financieras?

¿Y sabía que entre las acusaciones que se le hicieron figura la falta de comprobación de 1 millón 96 mil pesos de una ampliación presupuestal otorgada por la Secretaría de Finanzas y la solicitud de una partida con cargo al presupuesto de 2010 para la compra de equipo de cómputo destinado al área de Consejo General, que ningún consejero o representante de partido político pidió?

¿Y sabía usted que Cruz Castillo se fue del Instituto sin que la Contraloría le abriera una investigación, tal como lo solicitaron los consejeros Miguel David Jiménez López, Alicia Olga Lazcano Ponce y José Víctor Rodríguez Serrano por Acuerdo 005/COPEAD/27-10-09, y sin que ésta explicara dónde quedó el millón 96 mil pesos que se perdió de la partida destinada a la homologación de sueldos de consejeros en 2008?

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¿Sabía usted que una de las primeras acciones del nuevo director Administrativo del IEE, Francisco Rivera Morán, fue buscar a los consejeros Miguel David Jiménez, Alicia Olga Lazcano y Fidencio Aguilar Víquez, para pedirles su voto de confianza?

¿Y sabía que en esa entrevista Francisco Rivera ofreció meter orden en el caos administrativo que le heredó su antecesora, Verónica Paola Cruz Castillo?

¿Y sabía usted que el nuevo director Administrativo no hará nada para que Cruz Castillo sea sujeta de un proceso administrativo, tendiente a fincarle responsabilidades en el ejercicio de su función?

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Simón dice:

«Algunos hay que parecen zurdos de las dos manos».

Alejandro Casona (1903-1965). Dramaturgo español.

A ocho días de la reunión privada que el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, sostuvo con un grupo de consejeros, en las instalaciones del Instituto Electoral del Estado, han comenzado a trascender las versiones no oficiales de ese vespertino encuentro.

El primer dato duro —y plenamente confirmado— acerca de la reunión, es que a ésta no asistieron los nueve consejeros del IEE, sino sólo unos cuantos, entre ellos Jorge Sánchez Morales, Juan Carlos de la Hera Bada, Miguel David Jiménez López, Paul Monterrosas Román y José Víctor Rodríguez Serrano.

Durante la charla a puerta cerrada, los consejeros electorales no se fajaron los pantalones, ni regañaron al dirigente del PRI por la abierta promoción publicitaria de algunos de sus aspirantes a la gubernatura y a la presidencia municipal de Puebla, como se publicó en ciertos medios.

Por el contrario. Los consejeros estuvieron muy condescendientes con Alejandro Armenta, por su visita al IEE, por su decisión de deslindarse de los actos anticipados de campaña de algunos militantes de su partido y por su compromiso de apoyar las gestiones que realiza el máximo órgano electoral del estado para lograr una ampliación presupuestal por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno marinista.

De acuerdo con esta versión, no oficial, de la reunión celebrada el jueves de la semana pasada, el consejero Paul Monterrosas elogió la actitud del presidente del PRI, su compromiso de respetar los tiempos electorales y su disposición para que los actos anticipados de campaña sean sancionados en términos del artículo 200 bis del Código de Instituciones y Procesos Electorales.

En el mismo tenor, el consejero Juan Carlos de la Hera afirmó que el Instituto Electoral no podía ser rehén de los medios de comunicación que exigen castigar a quienes se publicitan para un cargo de elección popular, y menos cuando el proceso formal aún no comienza.

Y, en el colmo de los colmos, el consejero Miguel Jiménez le pidió a Alejandro Armenta su apoyo para conseguir que la Secretaría de Finanzas autorice al Instituto una ampliación presupuestal.

Ahora entiende por qué esta reunión se efectuó a puerta cerrada, por qué la oficina de Prensa del IEE no difundió una versión oficial del encuentro y por qué el consejero presidente del Instituto, Jorge Sánchez Morales, se apresuró a declarar que él —y nadie más que él— se había fajado los pantalones para advertirle a Alejandro Armenta que el PRI era corresponsable de los actos anticipados de campaña de algunos de sus aspirantes.

Pura simulación.

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Simón dice:

«Se puede engañar a todos poco tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo».

John Fitzgerald Kennedy (1917-1963). Presidente de los Estados Unidos.

Fue el representante del PRI ante el Consejo General, José Alarcón Hernández, y no el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, quien cabildeó el nombramiento de Marcelina Sánchez Muñoz como directora general del organismo, en sustitución de José Antonio Bretón Betanzos.

El cabildeo de Alarcón a favor de su ahijada política tuvo dos fases: la primera se dio hacia finales de la semana pasada con el bloque de consejeros «leales» al marinismo. Y la segunda, el mismo martes, minutos antes de la sesión donde se formalizó la designación de Marcelina, con los restantes tres consejeros: Fidencio Aguilar Víquez, Alicia Olga Lazcano Ponce y Miguel David Jiménez López.

A éstos últimos, Alarcón les dijo que la designación de Marcelina ya estaba tomada, por lo que les pedía —como un favor personal hacia su persona— que apoyarán tal propuesta con su voto por la afirmativa.

En diferentes tonos, los tres consejeros le dijeron que no, pues al hacerlo estarían convalidando que las principales decisiones y nombramientos de funcionarios del Instituto Electoral del Estado no se tomarán en esta instancia, sino en ámbitos ajenos al organismo, como ocurrió precisamente con la designación de Marcelina Sánchez.

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La exsenadora Lucero Saldaña Pérez anunciará en el transcurso de las próximas horas su intención de participar en las elecciones locales del próximo año como candidata a la presidencia municipal de Puebla.

El martes 15 de septiembre, en el marco de un desayuno de trabajo con Alejandro Armenta Mier, la presidenta de la Fundación Colosio le planteó al dirigente estatal priísta su deseo de ser incluida en la lista de aspirantes del tricolor a la alcaldía de Puebla.

Armenta Mier la felicitó por su decisión y le ofreció que en las encuestas que el PRI mandará a realizar en las próximas semanas, para evaluar a los priístas que han manifestado su interés por suceder a Blanca Alcalá Ruiz, el nombre de Lucero Saldaña sería incluido en las boletas y en los reactivos de los cuestionarios que se levanten en la capital del estado.

Testigos de esa conversación, que tuvo lugar en el Camino Real, fueron la secretaria general, Claudia Hernández Medina, y los secretarios de Elecciones, Javier del Rosario; de Organización, Gerardo Pérez Marín; y de Información y Propaganda, José Tomé Cabrera, así como el nuevo presidente del ICADEP, Honorio Ojeda.

Lucero Saldaña es, hasta ahora, la única mujer en la lista 13 o 15 aspirantes del PRI a la alcaldía de Puebla.

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Este jueves, vecinos y comerciantes de la zona donde el ayuntamiento de Puebla pretende construir un viaducto elevado sobre el boulevard Atlixco, se reunirán con la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz.

El encuentro se iba a efectuar originalmente el lunes, pero por las declaraciones que los directivos del Centro Comercial Galería Las Ánimas hicieron en contra del proyecto, éste se pospuso.

A la reunión con Blanca Alcalá acudirán no sólo comerciantes de Galería Las Ánimas y El Triángulo, sino dirigentes vecinales de San José Vista Hermosa, Estrellas del Sur y Villa Magna, así como representantes de las empresas Soriana, Toks y Wal Mart, que han manifestado su rechazo a ese llamado segundo piso de 1.5 kilómetros de distancia.

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Este sábado al mediodía, en el estadio Cuauhtémoc, se echarán una cascarita futbolera la escuadra del Chelís, José Luis Sánchez Solá, conformada por él y su cuerpo técnico, y el equipo denominado Prensa Poblana, integrado por reporteros, camarógrafos, jefes de prensa y fotorreporteros de distintos medios de comunicación.

Vale aclarar, para evitar confusiones, que en la escuadra de Sánchez Solá, no participarán los jugadores de primera división del Puebla de la Franja, sino sólo los integrantes del cuerpo técnico del equipo, es decir, el Chelis y sus auxiliares.

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Simón dice:

«La incompetencia es tanto más dañina cuanto mayor sea el poder del incompetente».

Francisco Ayala García-Duarte (1906-?). Escritor español.