Presionada por el escándalo que envuelve al presidente del Consejo Distrital número 4, Raúl Manuel Flores Muñoz, y por las evidencias testimoniales y documentales que echan por tierra el supuesto secuestro del que habría sido víctima la madrugada del domingo 18 de abril, la Contraloría Interna del Instituto Electoral del Estado no tuvo más remedio que suspenderlo de sus funciones y abrirle un proceso administrativo.

Y es que hoy se sabe con toda claridad lo que aquí le habíamos anticipado desde el 21 de abril: Flores Muñoz no fue víctima de un asalto ni de un secuestro —como lo declaró ante el Ministerio Público y sus superiores jerárquicos—, sino de una borrachera que lo llevó a destruir una camioneta oficial y a poner en riesgo la vida de una subordinada suya, a la que abandonó después del trágico accidente.

Así consta en la declaración ministerial, de la capturista de capacitación del Consejo Distrital número 4, Denisse Huerta Rosas, y en la comparecencia que ésta rindió ante la Contraloría Interna del Instituto el pasado 7 de mayo.

En esta última actuación, Denisse Huerta declaró que, la noche previa al accidente, Raúl Manuel Flores la invitó al bar La Cantinera de Cholula, donde estuvieron bebiendo, junto con otros funcionarios electorales, hasta las tres de la madrugada del domingo 18 de abril. Posteriormente, éste pasó a su domicilio por una camioneta del IEE para seguir la juerga en Atlixco, donde desayunaron antes de regresar a Puebla.

Según Denisse, el accidente ocurrió en el trayecto hacia la ciudad de Puebla. El presidente del Consejo Distrital perdió el control de la unidad por el exceso de velocidad con que conducía. En su declaración, la funcionaria electoral dice que durante el accidente perdió el conocimiento y, cuando lo recobró, estaba debajo de la Nissan tipo estaquitas y pudo ver cómo salía corriendo del lugar su acompañante, abandonándola en la carretera.

Sobre estos mismos hechos, Raúl Méndez Flores declaró ante el Ministerio Público, dentro de la averiguación previa AP-875/2010/SUR, que la noche de ese sábado se encontraba laborando en tareas electorales; que el secuestro ocurrió cuando conducía un vehículo del IEE en compañía de su capturista, a quien llevaba a su casa; que un sujeto lo amagó con una pistola, le robó sus pertenencias, lo golpeó y luego — quién sabe cómo ni por qué— perdió el control de la camioneta y se salió de la carretera. El vehículo dio varias volteretas que lo llevaron a perder el conocimiento y a caer sobre unas milpas, bañado en sangre, fuera de la unidad.

Resulta inconcebible que el Instituto Electoral del Estado (IEE) vaya a gastarse alrededor de 10 millones de pesos en la compra de casi 7 mil paquetes de material electoral (urnas y mamparas principalmente), cuando el año pasado este mismo organismo desincorporó 2 mil de estos paquetes —algunos de los cuales jamás se usaron— en la irrisoria cantidad de 129 mil 407 pesos.

A poco más de seis meses que representantes y consejeros electorales exigieron al presidente del IEE, Jorge Sánchez Morales; a la directora general, Marcelina Sánchez Muñoz, y a la Contraloría Interna, una explicación sobre el destino de 5 mil paquetes de material electoral, que al término del proceso de 2007 fueron clasificados como reutilizables para esta elección, es la hora que nadie quiere hablar del tema.

Unos y otros se echan la pelotita de ese robo, de ese daño patrimonial. Pero ninguno aclara cómo es que 5 mil paquetes —en buen estado— desaparecieron de las bodegas del Instituto o por qué 2 mil de éstos —que nunca se abrieron, ni se utilizaron— se vendieron en sólo 129 mil pesos.

Otras cuestiones que también se han mantenido en secreto es quién fue el particular o la empresa que adquirió esas dos mil urnas y mamparas, quién o quiénes autorizaron su desincorporación, por qué la Contraloría Interna del Instituto aún no entrega el informe que desde noviembre del año pasado se le requirió sobre esta transacción, y por qué ahora existe tanta prisa por la licitación del nuevo material electoral.

¿No será que tal concurso está amañado, o qué la empresa a la cual se intenta favorecer viene recomendada por un influyente junior, en complicidad con algunos consejeros electorales, o que es la misma a la que se le vendieron en 129 mil pesos los 2 mil paquetes nuevos de urnas y mamparas desincorporados por el Instituto en octubre del año pasado?

Son preguntas, que conste.

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Si el debate que este lunes protagonizaron los dirigentes estatales del PRI y el PAN en los micrófonos de Oro Noticias es el preámbulo del que sostendrán Javier López Zavala y Rafael Moreno Valle, a instancias del Instituto Electoral del Estado, entonces creo que nada cambiará.

La polémica entre Alejandro Armenta Mier y Juan Carlos Mondragón Quintana francamente dejó mucho que desear, en términos de argumentos, acusaciones y propuestas concretas.

Ambos se dijeron lo que se han dicho siempre, uno acusó a Zavala de rehuir el debate y otro a Moreno Valle de soberbio, y ambos defendieron a sus gobiernos y atacaron a sus contrapartes. Armenta criticó a Felipe Calderón y defendió a Marín, y Mondragón exculpó al primero y atacó al segundo.

En suma: nada extraordinario.

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Simón dice:

«Los espíritus mediocres suelen condenar todo aquello que está fuera de su alcance.»

François de la Rochefoucauld (1613-1680). Escritor francés.

La venta del material electoral utilizado en las elecciones locales del 2007 se ha convertido en un asunto espinoso entre directores, consejeros y representantes de partidos políticos del Instituto Electoral del Estado.

Las sospechas de que algo turbio se esconde tras la desincorporación de ese material son crecientes, sobre todo después de que la Contraloría Interna del Instituto volvió a posponer este jueves la entrega del informe que se le requirió para saber qué destino tuvieron los casi 7 mil paquetes de urnas y mamparas adquiridos hace dos años, en cuánto se vendieron, y qué empresa o particular los había comprado.

Una primera duda que inquieta a más de un representante partidista, es por qué se vendió todo el material, si existían algunas urnas y mamparas que no presentaban ningún daño o deterioro, ya que ni siquiera se habían abierto.

Para el proceso electoral de 2007, el IEE adquirió un 10% más de urnas y mamparas como reserva, reserva que jamás se utilizó. En aquella ocasión, se acordó no rotular el material electoral con el año de esa elección, con el propósito de que éste se reutilizara en la siguiente elección, es decir, la del 4 de julio del 2010.

Sin embargo, algo extraño pasó con ese material embalado y embodegado. De los 7 mil paquetes de urnas y mamparas que se compraron en 8 millones de pesos, más de 5 mil fueron clasificados como reutilizables al término del proceso del 2007.

Pero cuando hace tres meses la Comisión Permanente de Organización, que preside el consejero José Víctor Rodríguez Serrano, acordó la desincorporación del material inservible, la cifra de paquetes se redujo sin ninguna explicación a 2 mil. ¿Dónde y cuándo se perdieron los paquetes restantes?, es algo que nadie sabe, como tampoco el destino que tuvieron los paquetes nuevos, los de reserva. Otra cosa que también se desconoce es ¿en cuánto se vendió el material supuestamente inservible y a quién o a quiénes?

Frente a todas esas dudas, que nadie en el IEE quiere responder, y que tienen muy inquietos a la directora general Marcelina Sánchez Muñoz –quien tuvo a su cargo la elaboración del inventario del material cuando fue directora de Organización-, y al consejero José Víctor Rodríguez, es que se pidió hace más de tres semanas un reporte a la Contraloría Interna del Instituto, informe que este jueves sería entregado, pero que por angas o mangas se pospuso indefinidamente.

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Simón dice:

«Para investigar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas».

René Descartes (1596-1650). Filósofo y matemático francés.

Que la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, ya le fue a decir al hombre más poderoso de México, Carlos Salinas de Gortari, lo que aquí no ha querido reconocer de manera abierta: que sí quiere ser gobernadora de la entidad después de Mario Marín Torres.

El encuentro con Carlos Salinas —aunque también se ha reunido con Raúl y Sergio Salinas de Gortari— se dio en los primeros días de octubre, en un despacho del expresidente de México allá por el sur de la ciudad de México.

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Que en Casa Puebla y el PRI tienen dos encuestas sobre el estudio demoscópico realizado por la empresa Demotecnia de María de las Heras, entre el 16 y el 18 de octubre en la entidad.

Uno, el que ha trascendido, y en el que fueron evaluados Enrique Doger Guerrero, Javier López Zavala, Jesús Morales Flores, Alberto Amador Leal y Víctor Hugo Islas Hernández y, otro en el que también se incluyó a la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá.

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Que este lunes a la media noche el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, quedó obligado a entregar al representante de Convergencia, Jorge Luis Blancarte Morales, los resultados de las auditorías practicadas a su gestión por la Contraloría Interna del organismo y el despacho auditor externo Freyssinier Morin.

Considerando que el viernes se recibió tanto en el Tribunal Electoral del Estado como el IEE la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que fija un término de tres días para la entrega de los expedientes al representante de Convergencia y, que iniciado el proceso electoral ordinario todos los días son hábiles, el plazo fatal se venció este lunes a las 24 horas.

Pero por cualquier cosa, se sabe que Blancarte Morales ya tiene listó un nuevo recurso, en caso de Jorge Sánchez persista en su negativa de proporcionar los informes de las auditorías a su gestión, en el cual exigirá su destitución por desacato.

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Que el viernes por la madrugada policías del Grupo Táctico de la Policía Municipal de Puebla golpearon y detuvieron a tres jóvenes, a las puertas de un fraccionamiento ubicado a un costado de la Pirámide de Spersa y, que pertenece al municipio de San Pedro Cholula.

Entre los jóvenes golpeados —y que esa noche habían acudido a una discoteca— figuran los hijos de los empresarios Guillermo López Vázquez y Guadalupe Sánchez Lozada, así como de Alfredo Rivera Espinoza.

La actitud de los agentes policíacos de Puebla provocó que los empresarios se comunicaran esa misma madrugada con el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano y, con el director de la Policía Judicial del estado, Adolfo Karam Beltrán, para reclamarles el abuso de los uniformados.

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Simón dice:

“Si las íntimas preocupaciones de cada cual se leyeran escritas sobre su frente ¡Cuántos que causan envidia nos moverían lástima!”
Pietro Metastasio (1698-1782). Poeta italiano.

– Hugo Campos Cabrera, jefe de Departamento de Prerrogativas (Fiscalización) de la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación.

– Liliana Sosa Ayuso, presidenta del Consejo Distrital local del IEE en Zacatlán.

– Paul Rodríguez Barragán, exjefe de la Oficina de Planeación y Seguimiento de la Dirección General del IEE de 2004 a 2007.

Éste último era el favorito del consejero presidente, pero el representante de Convergencia cuestionó este jueves su probidad, pues siendo funcionario electoral actuó como apoderado legal de varias empresas, violando con ello la normatividad vigente.

Ante tal escenario, ahora la favorita para llegar a la Contraloría Interna es la presidenta del Consejo Distrital de Zacatlán, con el respaldo del consejero electoral José Víctor Rodríguez Serrano.

Organización Electoral

Miguel Cuauhtémoc Luna Mendoza, titular de la Unidad de Docencia y Capacitación del Tribunal Electoral del Estado.

César Augusto Muñoz Ortiz, jefe de Apoyo a Procesos Electorales, Convenios y Acuerdos del Registro Federal de Electores.

Daniel Rosas Sánchez, jefe de Departamento Operativo Regional de la Dirección de Organización Electoral.

El favorito para quedarse con esta posición es el funcionario del TEE, quien funge como asesor jurídico ex oficio de Jorge Sánchez. Este incluso ha intentado contratarlo en un par de ocasiones, la última de ellas proponiéndolo en la terna de candidatos a la Dirección General del IEE.

Capacitación Electoral y Educación Cívica

Jesús Israel León Navarro, exjefe de Departamento Operativo Regional de la Dirección de Organización Electoral.

Juan Martín Marín Lozano, director de Mercadotenia del Sicom con maestría en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

Jesús Miranda Rodríguez, abogado bancario y de empresas, jefe de Normatividad y Procedimientos del Servicio Profesional Electoral del IEE de marzo 2004 a enero de 2005 y, actual supervisor de personal de la Dirección Tránsito municipal.

Para este cargo, el consejero presidente buscará inclinar la balanza a favor del director de Mercadotecnia del Sicom y exfuncionario de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, aun cuando su experiencia electoral no va más allá de haber fungido como secretario de casilla.

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Este viernes se reencontrarán para renovar su alianza política el senador Rafael Moreno Valle Rosas y el exdiputado federal Alfonso Bello Pérez, en una gira de trabajo por la comunidad de Portes Gil, en el municipio de San Nicolás Buenos Aires.

La invitación a Poncho Bello tiene el propósito de atajar algunas versiones sobre un eventual rompimiento entre ambos, luego de que el exdiputado federal fue vetado para ocupar la Delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y de que éste rechazó la Delegación del Instituto Fonacot que Moreno Valle le había gestionado con el secretario del ramo Javier Lozano Alarcón.

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A propósito.

Me aclaran que el veto presidencial que impidió que Alfonso Bello fuera nombrado delegado de la Secretaría del Trabajo, en sustitución de Carlos Ortiz Rosas, no obedeció tanto a que éste votara en contra del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por Felipe Calderón Hinojosa a la Cámara de Diputados a finales de 2007, sino a las críticas y acusaciones que hizo en contra del presidente de la República después de que Antonio Sánchez Díaz de Rivera perdió las elecciones para presidente municipal de Puebla.

Y es que en esa ocasión el entonces legislador federal atribuyó la derrota de su candidato a la alcaldía poblano a un contubernio entre el presidente Felipe Calderón, y el gobernador Mario Marín Torres, en el contexto del escándalo provocado por la difusión de la conversación entre el Ejecutivo estatal y el empresario Kamel Nacif Borge sobre la detención y encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

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Simón dice:

«De todas las formas de engañar a los demás, la pose de seriedad es la que hace más estragos».

Santiago Rusiñol i Prats (1861-1931). Pintor y escritor español.

Por Eduardo González

Si alguna duda queda sobre la oscuridad –ya no opacidad- con la que se manejan los recursos del Instituto Electoral del Estado, ésta puede quedar despejada al revisar el cumplimiento de las solicitudes de información hechas a la Dirección Administrativa del organismo, a cargo de Verónica Paola Cruz Castillo.

Y es que no se trata sólo de la ocurrencia de uno, dos o tres consejeros que piden el detalle de los movimientos financieros, el resultado de las auditorías o la justificación de los gastos, sino que a la propia Comisión de Administración se le ha negado acceso a los documentos que avalan el “transparente” uso de los recursos públicos en esa entidad electoral.

Por ejemplo, éste órgano auxiliar del Consejo General, presidido por Miguel David Jiménez López e integrado por Alicia Olga Lazcano Ponce y José Víctor Rodríguez Serrano, solicitó desde el 30 de abril del año pasado a la encargada de despacho diera cumplimiento “en un plazo no mayor a cinco días hábiles” a los acuerdos tomados en las sesiones de la comisión, pero a la fecha, esa cuestión elemental, no ha sido acatada.

Prueba de ello es que el 25 de julio de 2008 se solicitó al consejero presidente Jorge Sánchez Morales y, al director general José Antonio Bretón Betanzos, el detalle de las observaciones y solventaciones de las auditorias 2008 hechas por la Contraloría Interna, el despacho externo Freyssinier Morín y en su caso el Órgano de Fiscalización del estado.

Incluso la Dirección General por medio de los memorándums IEE/DG-352/08 y el IEE/DG-353/08 ordenó a la encargada del despacho que enviara dicha información a la comisión para su análisis, pero la encargada ni siquiera dio respuesta a los documentos que le fueron girados.

El 7 de noviembre de 2008 la Comisión Administrativa requirió el informe a detalle de los pagos realizados por el concepto de telefonía celular y de radio comunicación de acuerdo con el número de equipos que se tiene autorizados por área, personal al que le ha sido asignado, planes contratados y el importe del recurso para el pago respectivo.

Sin embargo al acuerdo no se cumplió.

Lo mismo sucedió con el análisis sobre los recursos sobrantes del presupuesto 2008 y la información correspondiente al diseño y planeación presupuestal de gasto en nómina para 2009 que se le pidieron en agosto y diciembre del año pasado.

En el mejor de los casos, si es que así se puede considerar, los acuerdos fueron acatados después de 3 meses de su firma.

El 29 de septiembre de 2008 los integrantes de la Comisión solicitaron a Verónica Paola Cruz Castillo un análisis del programa operativo anual de la dirección a su cargo, pero aunque de manera previa se le indicó que los acuerdos los respondiera en un máximo de 5 días, en el caso de éste tardó 100 días.

Para el 14 de octubre le fue requerido un informe a detalle de las transferencias realizadas para el pago de nómina, tanto ampliaciones como reducciones, e indicara a qué partidas se transfirieron los recursos, y ello lo realizó 105 días después.

Ya en el colmo de las negativas, el 16 de febrero de 2009 los consejeros pidieron a Cruz Castillo diera cumplimiento a doce acuerdos emitidos por la Comisión desde abril de 2008 a enero de 2009, pero ¿qué cree? A la fecha esta petición tampoco ha sido respondida.

¿Incapacidad? ¿Descaro? O ¿Ilegalidad?

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Cometarios y quejas a los correos: eduardogsoto@hotmail.com y egonzalez@e-consulta.com

Si algo quedó demostrado ayer, durante la presentación del informe financiero del presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, ante los integrantes del Consejo General del organismo, es su falta de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

En la mesa de trabajo del martes, Sánchez Morales se había comprometido, ante sus pares en el IEE, a entregar por escrito el informe financiero del 2008 la tarde del miércoles, a fin de que éstos pudieran revisarlo antes de que se presentara al pleno.

El consejero presidente no lo hizo, y trató de justificar su incumplimiento en la negativa del director general del Instituto, José Antonio Bretón Betanzos, de avalar y supervisar las cifras y datos contenidos en éste.

A su vez, Bretón Betanzos le mandó a decir por oficio que no era competencia suya la supervisión del informe financiero, sino de la Contraloría Interna, en términos del artículo 109 fracción IV del Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla, y del artículo 7 fracción XI del Manual de los Funcionarios de la Contraloría del Instituto Electoral del Estado.

La sesión en la que Sánchez Morales rindió su informe financiero correspondiente al año 2008 debió iniciar a las 14 horas de este jueves, pero se pospuso hasta las 18 horas porque el documento aún no estaba concluido.

El presidente del IEE se presentó con un informe de nueve hojas, que a esa hora leyó y distribuyó a los miembros del Consejo General.

Éstos para variar le criticaron que en el documento no se incluyeran los reportes de la Contraloría Interna, ni del auditor externo, el despacho Freyssinier Morín, así como las contradicciones entre lo informado por él y la encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, sobre el monto total de las ampliaciones presupuestales hechas por la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado al Instituto.

Sánchez Morales quiso salirse por peteneras. Sobre las auditorías internas dijo que éstas no se incluyeron pues todavía estaban en proceso, y acerca de los reportes del auditor externo apuntó que éstos no podían difundirse por cuestiones de normatividad interna y la Ley de Transparencia.

Sus excusas y argumentos fueron tan malos que en la sesión de este jueves nadie, pero absolutamente nadie, salió a defenderlo. Vaya, ni siquiera el representante del PRI, José Alarcón Hernández, para quien los consejeros electorales sólo están para votar y cobrar.

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Simón dice:

“Es desgracia habitual en los ineptos la de engañarse al elegir profesión, al elegir amigos y al elegir casa”.
Baltasar Gracián (1601-1658). Escritor español.

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Los consejeros del Instituto Electoral del Estado empezaron a discutir un proyecto de reformas al Código Electoral vigente, sin mayores alcances que corregir algunos aspectos operativos del organismo.

Entre otras cosas, los consejeros pretenden modificar el nombre del IEE, añadiéndole las palabras “de Puebla”, pues actualmente no se sabe si pertenece a ésta o alguna otra entidad; tampoco si es Instituto Estatal o Instituto Electoral del Estado.

En el anteproyecto, que ya comenzó a discutirse en mesas de trabajo, los consejeros también quieren proponer la creación de una Dirección de Planeación; eliminar el concepto de reelección para el cargo de director general del Instituto y, en su lugar, precisar que quien ocupe tal puesto puede ser ratificado por un único periodo de seis años.

Adicionalmente, los consejeros quieren que en el Código Electoral del estado se  establezca un mínimo de documentos que deben entregar los candidatos al momento de su registro, pues hoy ––según ellos–– basta con presentar una hoja con su nombre y su intención expresa de participar en una elección para que sean registrados.

Otra cuestión que también quieren incorporar en la reforma es la delimitación y alcance de las atribuciones, facultades y obligaciones del presidente del Instituto, del director general, de la Junta Ejecutiva y de la Contraloría Interna, pues la ambigüedad que hoy prevalece en la normatividad que rige a estas figuras propicia abusos, malos entendidos y una gran discrecionalidad, en perjuicio del patrimonio del máximo órgano electoral del estado.

El proyecto, se estima, estará listo dentro de dos o tres meses, para ser presentado al pleno de la LVII Legislatura del Congreso del estado.

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Este día se definirán las fechas, horas y prácticas del diplomado en campañas electorales que ofrecerán, a partir del 26 de marzo, la Universidad George Washington y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Por lo pronto puedo adelantarles que el diplomado constará de más de 60 horas, que  será teórico y práctico los días jueves y viernes, durante cinco semanas por lo menos.

El costo rondará los 15 mil pesos y será impartido por profesores de la Universidad George Washington, así como por docentes e investigadores de la BUAP, a partir del último jueves de marzo.

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Trivia:

¿Quién es el político poblano, que llora lágrimas negras, por haber resultado afectado con el megafraude cometido por Stanford Fondos (unidad local de Stanford Financial Group)?
Un tip:

Su situación es tan incómoda que no está en condiciones de demandar o hacer público su caso, pues no sabría como justificar su inexplicable fortuna en dólares.

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Simón dice:
“La fortuna se cansa de llevar siempre a un mismo hombre sobre las espaldas”
Baltasar Gracián, escritor español.

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Por Eduardo González

El Congreso del estado de Puebla siguió los pasos tomados por los legisladores priístas de Colima y aprobó una reforma en materia electoral que no asumió en su totalidad los cambios dictados a nivel federal.

La homologación de las elecciones para 2010, en el mes de julio, es de entrada el punto más cuestionado y meterá en un brete al poder legislativo en caso de que una controversia constitucional prospere en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los abogados que conocen de derecho electoral, que en Puebla son muy pocos, sostienen que las posibilidades de que ganen los partidos de oposición -que han anunciado su intención por impugnar la reforma- son amplias y eso obligará a que se aborte la fecha de los comicios.

De acuerdo con un artículo transitorio incluido por la bancada del PRI, en 2010 la contienda fue propuesta para noviembre y no para el mes de julio.

¿Pero qué pasaría si los cambios a la constitución en Puebla van para atrás, se obliga a realizar la elección en julio, y el proceso electoral comienza en noviembre de 2009?

De entrada el arranque de los comicios se empatarán con el proceso de renovación de la dirección general del Instituto Electoral del Estado previsto para el mes de septiembre.

En caso de que el actual titular –José Antonio Bretón Betanzos– no sea ratificado en el cargo, el nuevo funcionario apenas ingrese deberá ya estar al frente de la organización de los comicios estatales.

Además al interior del organismo debería existir preocupación de acercarse al tercer año de gestión de los actuales consejeros electorales y a un nuevo proceso estatal, con cuatro funcionarios como encargados de despacho, sin que se haya convocado a un concurso para seleccionar a sus titulares.

En esta situación se encuentra la Unidad del Servicio Electoral Profesional, la Dirección Administrativa, la Contraloría Interna y la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Al paso que va, no sería extraño que el Consejo General organice otra elección y termine su periodo de gestión con un encargado de la presidencia.

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Este jueves sesionará el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, encuentro del que surgirán las tres propuestas de candidatos a diputados plurinominales.

Augusta Valentina Díaz de Rivera -también conocida como “Tití”- y Pablo Rodríguez Regordosa están asegurados, pero aunque se mencionó en tercer lugar el arribo de Óscar Anguiano Martínez, su lugar será ocupado por otra figura del partido.

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En la misma sesión se integrarán como miembros del Comité Directivo Estatal el ex diputado federal Guillermo Velázquez Gutiérrez y el actual encargado de prensa de la bancada del PAN en el Congreso local, Ignacio Dávila Mora.

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En la colonia Del Valle, ubicada en el distrito 6 del municipio de Puebla, se presentó el precandidato a diputado por parte del PRI, Francisco Ramos Montaño, ex director del Instituto Poblano de la Juventud.

Con tal de hacerse de la simpatía de los vecinos, vociferó que gracias al PRI se lleva a cabo la urbanización de la avenida Valle Nacional, sin embargo al priísta le pasó por alto que la obra enfrenta un severo retraso y para rematar está mal hecha.

Al enfrentar los reclamos de los colonos, el joven Ramos sólo atinó a decir que las irregularidades se originaron por las gestiones del ayuntamiento. Por fin, ¿la obra la gestionó el PRI o la Comuna?

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Javier Jaramillo, asesor de Pérez Salazar
Antonio Marín quiere fuera a monteristas

El representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), José Alarcón Hernández, pudo comprobar el martes pasado lo difícil que será avalar el manejo administrativo y financiero del presidente del organismo, Jorge Sánchez Morales, por más gestiones y cabildeos que hagan o hagan a su favor.

Y es que las cuentas del IEE no cuadran, y las justificaciones que se hacen para aclarar las inconsistencias sobre determinadas partidas presupuestales o no checan o, simplemente, contradicen anteriores reportes emitidos por la aún encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo.

Lo más grave del asunto es que los tiempos se agotan, sobre todo por la intención de la mayoría priísta del Congreso del estado de aprobar en las primeras sesiones del tercer periodo ordinario ––que se inicia el próximo 15 de octubre–– la cuenta pública del IEE correspondiente al ejercicio 2007.

El martes pasado, por ejemplo, Jorge Sánchez se hizo bolas para explicar a los miembros del Consejo General del IEE el tema de los depósitos en garantía de 30 inmuebles alquilados por el Instituto el año pasado, y para aclarar por qué los 327 mil pesos que se pagaron por ese concepto ahora eran irrecuperables.

Con la ayuda del titular de la Unidad Jurídica, Rubén Gutiérrez Rosas y del encargado de la Contraloría Interna, Juan Ignacio López Caso, Jorge Sánchez dijo que para el Instituto iba a resultar más oneroso iniciar juicios para recuperar los 327 mil pesos destinados a depósitos que dar por perdida esa cantidad.

Sin embargo, lo que el presidente del IEE ya no pudo explicar ––y tampoco su administrativa–– fue por qué si él mismo reconocía que el Instituto había pagado 327 mil pesos en depósitos, el 25 de abril de 2008 planteó mediante un oficio al secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo Pérez Salazar, la necesidad de que esa suma le fuera reintegrada por ser parte de los adeudos que aún tenía el Instituto de 2007.

¿Cómo puede justificarse como pasivo una cantidad que ya se pagó?, fue el cuestionamiento que en distintos tonos le hicieron los consejeros Miguel David Jiménez López, Fidencio Aguilar Víquez y Olga Lazcano Ponce.

El representante del PRI, José Alarcón Hernández ––quien al comienzo de la mesa de trabajo pugnó por zanjar ese diferendo con una especie de borrón y cuenta nueva–– registró las contradicciones y terminó abandonando la causa de Sánchez Morales.

Y no sólo eso: se sumó a la iniciativa del consejero Joel Paredes Olguín para que tales inconsistencias fueran investigadas y aclaradas por la Contraloría Interna mediante una auditoría al consejero presidente y a las áreas involucradas.

El anterior pasaje es sólo un anticipo, una advertencia, de lo que puede llegar a suceder en las próximas semanas cuando el Órgano de Fiscalización Superior (Orfise), la Comisión Inspectora y la mayoría priísta del Congreso del estado traten de aprobar la cuenta pública del IEE correspondiente a 2007.

De entrada, los auditores del Orfise y los diputados del PRI tendrán que valorar el riesgo de aprobar una cuenta pública llena de contradicciones y que en cualquier momento saldrán a la luz pública, comenzando por un segundo informe financiero  —que nada tiene que ver con el que Sánchez Morales entregó a sus homólogos en marzo de este año—, en el que se detallan los gastos del consejero presidente y su oficina en alimentación, víaticos, telefonía y radiocomunicación.

Dichos gastos —que Sánchez Morales maquilló y disfrazó— rebasan en porcentajes de escándalo, las cantidades que el Consejo General le aprobó para el ejercicio 2007.

Pronto los detalles.

EN CORTO
Tras la destitución de su asesorado  —el rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres —, Javier Jaramillo González ya está de regreso en Puebla, ahora como asesor —válgame de Dios— del secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, José María Pérez Salazar.

Vale aclarar que la nueva asesoría de Javier Jaramillo no es en ámbitos financieros o administrativos, sino en materia política electoral, ya que su actual jefe anda promoviéndose como candidato del PRI a diputado federal por el distrito de Atlixco.

A ver si Pérez Salazar corre con mejor suerte que Rafael Moreno Valle Rosas, de quien Javier Jaramillo fue un estrecho colaborador cuando éste pretendía la gubernatura de la entidad en el sexenio melquiadista.

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El jueves o viernes de la semana pasada, el secretario de Salud del estado, Antonio Marín López, le pidió a Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes su renuncia como director de Administración y Finanzas de la dependencia. Éste no se la entregó y se fue a ver al secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, para que intentara persuadir a Marín López de la conveniencia de manterlo en el cargo.

Otros que también podrían correr la misma suerte de Patricio Viñuela son el director de Operación e Infraestructura, Leopoldo Eusa Dobbie, y la directora de Protección Social en Salud (o Seguro Popular), Sandra González de Yta.

A quien no le pidió la renuncia, pero la quitó como subordinada del coordinador de Servicios de Salud, Ricardo Villa Issa, y enlace con las diez jurisdicciones sanitarias del estado es a Martha Vargas González.

Martha Vargas aún mantiene el puesto de jefa del Departamento de Enlace y Seguimiento Operativo, pero ahora en lugar de reportarle a quien la puso en el cargo lo hace con María Cruz Corona Aguilar.

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Este fin de semana recibí una carta del abogado Fernando Castillo Pacheco en la que me hace saber, primero, que ya no promovió un juicio de amparo a favor del presidente de la CAIP, para echar abajo el proceso administrativo iniciado por el Congreso del estado tendiente a la remoción y destitución de Antonio Juárez Acevedo y, segundo, que fue a otro “respetadísimo abogado” al que solicitó su asesoría jurídica.

Lo cierto es que Juárez Acevedo decidió no ampararse, aunque tenía la intención de hacerlo en los términos que Castillo Pacheco le sugería, sino aguantar el golpeteo hasta diciembre o enero, una vez que concluya la gestión de cuatro años de la comisionada Josefina Buxadé Castelán.

Sobre el respetadísimo abogado que desde el anonimato promueve la permanencia y defensa jurídica de Juárez Acevedo como presidente de la CAIP, trascendió que éste es el notario público José Bustos Jiménez, socio de la Escuela Libre de Derecho.

La réplica de Fernando Castillo a este columnista la encuentra en la sección de comentarios del blog.

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Este lunes habrá de efectuarse una importante reunión político electoral social en el salón Los Faroles de Zacapoaxtla, en la cual estarán presentes, de acuerdo con fuentes confiables, el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier y el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

La comida se efectuará después de las 15 horas, para no hacerla en horario de oficinas, y a ella acudirán alrededor de 400 personas entre operadores políticos, funcionarios de la SDS y activistas del PRI.

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Y hasta la próxima.

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