El fraude al SAT y el quebranto de 600 mdp alcanza a políticos del presente
Ahora que en el gobierno del estado se hacen supuestamente investigaciones para deslindar responsabilidades sobre el fraude cometido al SAT en la gestión de Rafael Moreno Valle, y por el cual la administración de Sergio Salomón Céspedes Peregrina tuvo que pagar 2,600 millones de pesos, y la pérdida de 600 millones de pesos transferidos a Accendo Banco que quebró y perdió su autorización como institución de banca múltiple en septiembre de 2021, aquí le dejó algunas pistas.
La contralora en el gobierno de Rafael Moreno Valle fue Irma Patricia Leal Islas, quien ejerce una gran influencia en el actual mandatario, pero sin cobrar como asesora externa como este jueves lo aclaró el propio Céspedes. El peso de la ex notaria pública entre funcionarios de la Secretaría de Administración, la Secretaría de la Función Pública y el Tribunal de Justicia Administrativa no es menor.
¿A poco el contrato y la adjudicación directa que se hizo a favor de Sistemas LAC SA de CV en 2015, para gestionar ante el SAT la devolución de 702 millones de pesos, le pasó de noche, o nunca supo que se trataba de una acción ilegal?
El secretario de Finanzas en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido fue Jorge Estefan Chidiac, quien hoy se desempeña como influyente político y coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, al grado que subordinados suyos controlan la Secretaría de Finanzas, los pagos, las compras y las contrataciones de la actual administración.
¿Por qué Estefan no arregló ese problema en 2019, a sabiendas que en la medida que la administración estatal demorara el pago y la multa ésta seguiría incrementándose, a razón de 30 millones mensuales?
Por lo que hace a la pérdida de 600 millones de pesos, una cosa es que el extinto gobernador Barbosa haya instruido esa transferencia a Accendo Banco, y otra que sus funcionarios de la Secretaría de Finanzas no le advirtieran de los altos riesgos que se corrían con esa institución que si bien tenía autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya tenía antecedentes de lavado de dinero y de operar con empresas factureras.
Dicha inversión fue ordenada por Barbosa a su secretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, pero quien la ejecutó fue Guillermina Canseco Carrera, en ese entonces directora de Tesorería, bajo la validación de Josefina Morales Guerrera, titular de la Unidad de Presupuesto.
A la muerte de Barbosa y el arribo de Sergio Salomón a la gubernatura, hubo cambios en la Secretaría de Finanzas. José Enrique Girón Zenil salió de la Subsecretaría de Egresos y en su lugar fue designada Josefina Morales Guerrera. Sí, la misma que validó la transferencia de fondos a banco Accendo.
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En lo que parece un acto de represalia a los defensores públicos que demandaron un ajuste salarial y ganar lo mismo que un ministerio público, Dulce María García Chávez, quien se quedó como encargada de despacho de la Dirección General del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial, les giró un memorándum anunciándoles que todos los días deben firmar la lista de asistencia, y cubrir una jornada laboral de las 8 de la mañana a las 17 horas, es decir de 9 horas diarias.
En el mismo memorándum, fechado el 5 de enero, pero que hasta apenas hoy les fue entregado, tres días después de su escrito de protesta, García Chávez les anticipa que la tolerancia de la hora de entrada será 15 minutos, que después de tres retardos les será descontado su salario y se levantarán actas administrativas y que la acumulación de tres de éstas será motivo de baja definitiva del Instituto.
Para que no haya dudas de que se trata de una represalia, la directora de Asuntos Penales llamó a su oficina los 37 defensores públicos que pusieron su nombre y firmaron la carta dirigida al magistrado presidente del Consejo de la Judicatura, Carlos Palafox Galeana. Personalmente les hizo saber, uno por uno, los “nuevos lineamientos oficiales”.
Otra consecuencia del escrito es que la directora general, Patricia Olarte Córdoba, se despidió del Instituto, no se sabe por decisión personal o porque su renuncia le fue requerida. De hecho, no quiso despedirse de los defensores públicos, solo lo hizo de las secretarias y a una de ellas le confió que su salida obedecía a la carta.
La favorecida con este ajuste es la méxico-cubana Dulce María García, quien llegó al Instituto de Defensoría Pública como recomendada del extinto gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, y su primo, el actual secretario de Gobernación del estado, Julio Miguel Huerta Gómez.
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