De la reinstalación de César Huerta en el IEE y la breve salida de Siriako Guillén del Cereso
Que las posibilidades de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordene la reposición del procedimiento por el cual fue destituido César Huerta Méndez de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado (IEE) e instruya su reinstalación, van de medianas a altas.
César Huerta tiene a su favor el razonamiento que en lo particular hizo la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), Norma Angélica Sandoval Sánchez, al votar en contra de la remoción de aquél, al considerar que el Consejo General del IEE vulneró su presunción de inocencia al no ratificarlo en el cargo por presuntas conductas irregulares que nunca fueron sujetas a procedimientos administrativos.
La inconformidad de César Huerta por la resolución del TEEP que avaló su destitución del IEE se presentó el 31 de marzo, y el lunes 3 de abril fue remitida a la Sala Superior del TEPJF para que ésta determine si el juicio lo estudian y atienden sus magistrados o si por una cuestión de competencia lo resuelven los magistrados de la Sala Regional de la Ciudad de México.
Si el TEPJF confirma la resolución del TEEP su remoción de la Secretaría Ejecutiva del IEE quedaría firme, pero si la revoca entonces César Huerta tendría que ser restituido.
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Que este lunes se le permitió salir del Cereso de San Miguel, para ir al velorio de la que fuera su esposa, al exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Alfonso Siriako Guillén Almaguer, detenido a mediados de mayo de 2021 por la Fiscalía General del Estado por una denuncia de desvío de recursos públicos a su paso por la entonces Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT), de la que fue coordinador general jurídico.
Siriako habría autorizado en 2017 el pago de un laudo por 107.2 millones de pesos a tres constructoras que concluyeron los trabajos del Centro Expositor de Puebla, obra que se realizó en el sexenio de Mario Marín Torres, dejando fuera a una cuarta que fue la que promovió la denuncia.
Otro personaje que también acudió a la funeraria Valle de los Ángeles fue el exdirector de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), Alfredo Ávila Salazar, quien supuestamente estaba prófugo por un proceso penal que le inició el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, por pagar obras como la construcción de un drenaje y un colector de aguas residuales en la zona del aeropuerto Hermanos Serdán y Parque industrial Ciudad Textil de Huejotzingo que jamás se concluyeron.
Dichos trabajos se pagaron a las empresas GER Construcciones del Centro SA de CV y OLI Construcciones SA de CV, que en 2019 intentaron finiquitar las obras, lo que ya no fue posible debido a la inconformidad de la comunidad de Santa María Zacatepec, del municipio de Juan C. Bonilla, que quemó los tubos instalados y apilados en el lugar.
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