De la fallida reforma al Poder Judicial y la impunidad gubernamental con disfraz de armonía
La implementación de la Reforma al Poder Judicial que tanto cacarearon los panegíricos del desaparecido gobernador Luis Miguel Barbosa —los mismos que ahora proclaman con bombo y platillo el inicio de la era salomónica— sigue dando dolores de cabeza tanto al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, como al magistrado presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, Carlos Palafox Galeana.
A las protestas de trabajadores eventuales y de confianza que se quejan de ínfimos salarios, el no pago de prestaciones y largas jornadas laborales, así como de la contratación de gente de nuevo ingreso con percepciones mayores al personal de mayor antigüedad que hace las mismas funciones, se suman los defensores públicos que este martes reclamaron ser homologados salarialmente con los agentes del Ministerio Público.
Lo hicieron a través de un escrito dirigido al presidente del Consejo de la Judicatura con copia al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Congreso del Estado, que aprobó la cuestionada reforma constitucional al Poder Judicial y a distintas leyes secundarias. El texto se entregó y se selló con fecha de hoy a las 14:20 horas.
En su parte medular los 37 defensores públicos que firmaron el escrito de siete hojas reclaman una homologación salarial con los ministerios públicos adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que en términos llanos significa que sus sueldos pasen de 19 mil pesos a 31 mil o 35 mil pesos mensuales.
Con la reforma al Poder Judicial los defensores públicos en materia penal, familiar, civil, laboral y de justicia cívica, dejaron de pertenecer a la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo para depender ahora de un Instituto adscrito al Consejo de la Judicatura.
“Es importante destacar que la actividad del Defensor Público es y ha sido una de las más nobles tareas que se tienen encomendadas en el ámbito Institucional, se ha otorgado el apoyo a hombres, mujeres, adolescentes y niños en igualdad de circunstancias, apoyando en todas las áreas del derecho, a la población necesitada, es decir brindamos asesoría y defensa totalmente gratuita, a todos los ciudadanos que así lo solicitan, velando siempre por los derechos y prerrogativas establecidas en la Constitución, los Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte de todas y cada una de las Leyes vigentes para el Estado, aplicables al caso concreto de que se trate”.
“En esta ocasión, nos dirigimos a ustedes, haciendo propicio el momento de que se reconozca en equidad y justicia, con base a la reforma implementada, la función que como defensores públicos desempeñamos, es importante destacar que tanto la función que desempeña el Ministerio Público como la que nos corresponde, debe ser de forma equitativa, para lograr lo que se afirma en la exposición de motivos a la reforma recientemente implementada si no es equitativa, no es justicia”.
“Atendiendo el concepto de equidad, es menester hacer mención que las percepciones de los Defensores Públicos deben ser iguales a las que perciben los Agentes del Ministerio Público. Hacemos de su conocimiento que la remuneración que percibimos los Defensores Públicos, es y ha sido inferior, a la que perciben los Agentes del Ministerio Público, hecho que denota una marcada inequidad y que hace imposible, una equitativa impartición de justicia”.
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Si bien la política del gobernador Sergio Salomón Céspedes de no continuar con la persecución legal que emprendió su antecesor en contra de sus críticos y adversarios ha sido elogiada y bien recibida por la sociedad, ésta tampoco debe ser tan laxa como para dejar en la impunidad daños patrimoniales, peculados y millonarios desvíos de recursos públicos.
Sobre todo cuando los responsables de tales abusos y excesos en perjuicio de la hacienda estatal siguen activos o disfrutando su ilícito e ilegal enriquecimiento.
Lo anterior viene a cuento no sólo por el hoyo financiero de 2,600 millones de pesos que el Gobierno del Estado pagó a la Secretaría de Hacienda por haber engañado al SAT, reclamando una devolución de impuestos de más de 700 millones de pesos, y por haber desistido de un juicio que ya tenía más de cuatro años, sino por la instrucción al más alto nivel de congelar los procesos penales y las órdenes de aprehensión giradas en contra de ex funcionarios de Rafael Moreno Valle, José Antonio Gali Fayad, Guillermo Pacheco Pulido y el propio Miguel Barbosa.
Céspedes Peregrina debería saber que tan malas son las actuaciones judiciales vendetta o venganza política, como la impunidad de que gozan decenas de funcionarios de pasadas y la actual administración estatal que desviaron recursos públicos, pagaron obras que no se ejecutaron o no se han concluido y contrataron la adquisición de bienes y servicios con sobrecostos o que no cumplieron los objetivos y acciones que se firmaron.
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