Rodolfo Ruiz R.

La decisión de Andrés Manuel López Obrador de abrirse a una alianza electoral con el PRD, partido del que fue dirigente nacional de 1996 a 1999, sólo se entiende en el contexto de la sucesión presidencial.

El fundador y dirigente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) parece que por fin entendió que el PAN podría volver a derrotarlo en 2018, si éste amarra una alianza con el PRD.

Si uno revisa los resultados de las últimas elecciones en varias entidades del país lo primero que salta a la luz es que el PRI no habría perdido siete de las doce gubernaturas sino nueve, si el PAN y el PRD se hubieran aliado en Hidalgo y Tlaxcala, como ocurrió en Quintana Roo.

Si el PAN mantiene la intención de voto que hoy le dan las encuestas y el PRD también, no hay la menor duda que ambos institutos podrían vencer a López Obrador y al PRI junto con sus partidos satélites.

Y esa parece ser la preocupación de AMLO y la razón por la que éste reconsideró su negativa a un acuerdo electoral entre Morena y el PRD.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Andrés Manuel planteó por primera vez desde 2012, cuando abandonó las filas del PRD, la posibilidad de un acercamiento con ese partido «si el PRD se deslinda del PAN, el gobierno y lo que representa el Pacto por México y si mantiene una clara distancia con el régimen».

Los comicios del año entrante en el Estado de México (EdoMex) juegan, en este contexto, un rol fundamental, pues lo que ahí suceda tendrá repercusiones para todo el país.

El PAN y PRD podrían aliarse para la gubernatura del Estado de México, el bastión por excelencia del PRI de Peña Nieto, como un ensayo previo de las elecciones presidenciales; pero también podrían hacerlo el PRD y Morena, ahora que López Obrador anda queriendo acercarse con los del sol azteca.

En tal coyuntura no habría que perder de vista al senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, quien a pesar de haber abandonado las filas perredistas podría convertirse en un factor de peso a favor de una alianza PAN-PRD o PRD-Morena.

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Al ponerle un plazo de 120 días al Congreso de la Unión para aprobar las reformas impulsadas por su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto también firmó —quizás sin proponérselo— el acta de defunción del Pacto por México.

Sobre todo cuando en su mensaje de ayer, desde la residencia oficial de Los Pinos con motivo de su primer informe de labores, asentó: “las minorías deben respetar la democracia”, en clara alusión a los opositores de la reforma educativa que, bajo las siglas de la CNTE, tienen sitiada la Ciudad de México y acorralado a su gobierno.

Si para la reforma educativa y sus tres leyes secundarias, los diputados, senadores y dirigentes de los partidos representados en el Pacto por México han requerido más de ocho meses, ¿qué le hace pensar al presidente Peña que en cuatro meses saldrán las reformas energética, hacendaria, financiera y político-electoral, además de las leyes reglamentarias en telecomunicaciones y competitividad económica?

Su exhorto a que “durante las siguientes semanas —o 120 días—debemos poner lo mejor de nuestra parte para construir un amplio consenso político y social que las haga realidad” hay que leerlo más bien como una advertencia de que, si las reformas no se aprueban a finales de año, su gobierno “usará todos los instrumentos del Estado democrático” para sacarlas adelante.

O que, si siguen atoradas por culpa de la oposición, su administración desechará la ruta del consenso y el acuerdo que alentó con el PAN y el PRD para echar mano de su mayoría y de sus aliados parlamentarios, así como de las facultades constitucionales y metaconstitucionales del presidente de la República, en los primeros meses del año entrante.

Eso, en otras palabras, significa que el Pacto por México como foro de análisis y discusión e instrumento de negociación y cabildeo cupular de la partidocracia mexicana, por encima de las cámaras de senadores y diputados, se habrá agotado.

Pero también que el camino por recorrer para Peña Nieto, durante los cinco años que le restan, será aún más complicado, pues no sólo habrá perdido un año valioso sino también el impulso de la fuerza motivacional que mostró al rendir protesta y el voto de confianza de quienes lo eligieron y creyeron en él como un político eficaz y de resultados que, a diferencia de sus antecesores panistas, sabía qué hacer y cómo hacerlo.

La realidad y sus pobres resultados, al llegar a su primer informe de gobierno, nos hablan de un presidente distinto al construido por sus publicistas en la televisión.

¿O me equivoco?

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Ahora que cada vez es más claro que el Pacto por México no será eterno y que correrá la misma suerte de otros acuerdos políticos nacionales suscritos en el pasado, es momento de reflexionar si es mejor que salgan las otras reformas pendientes —la energética y la fiscal, entre ellas— o que el Congreso le dé prioridad a las leyes secundarias y reglamentarias de las reformas constitucionales ya aprobadas.

De poco o nada le servirán a México los cambios constitucionales aprobados en materia de educación y telecomunicaciones si no se pueden operar o aplicar ante la ausencia de leyes secundarias que los aterricen en el entramado institucional; tampoco si éstas dejan cojas, sin brazos y sin dientes a las instancias encargadas de ejecutarlos y hacerlos realidad.

Estas reformas —junto con aquellas que buscan regular y transparentar el endeudamiento de estados y municipios— pueden ser sólo buenos propósitos si el presidente Enrique Peña Nieto y los partidos firmantes del Pacto se quedan en lo general; es decir, si no dan el siguiente paso y entran a los pormenores y detalles de cada proyecto.

De entre las reformas que en diciembre pasado se aprobaron a los artículos 3 y 73 de la Carta Magna, aún están pendientes la Ley del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y diversos cambios a la Ley General de Educación. Sin éstas, como bien escribió Claudio X. González Guajardo, presidente de Mexicanos Primero, no podemos hablar de una verdadera reforma educativa sino más bien del riesgo de que aquella se diluya, o inclusive se destruya, en sus fases de reglamentación e implementación.

Si el Pacto está sostenido por alfileres y sus cimientos son tan frágiles que no se ve cómo sus principales actores puedan mantenerse en él más allá de la discusión de la reforma energética, ¿no sería más saludable para la república que se pospusiera unos meses, sólo para que primero salieran las leyes reglamentarias de las reformas que ya están aprobadas?

¿No sería mejor, por una cuestión de sensatez y premura, que antes de esa controvertible reforma en materia energética, se antepusieran otras menos ideologizadas como aquellas que buscan fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas de los tres órdenes de gobierno y el combate a la corrupción; dotar de autonomía al IFAI; transformar el sistema bancario y crediticio; mejorar y simplificar el cobro de impuestos, aumentar la base de contribuyentes y combatir la elusión y la evasión fiscal?

¿Qué acaso Peña Nieto y sus dos principales operadores —el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso— ignoran que la reforma constitucional en materia energética reventará el Pacto?

Si el presidente saca del Pacto dicha reforma y deja que ésta transite por la vía del Poder Legislativo, lo más probable es que se apruebe por mayoría, con el voto a favor de los legisladores del PRI y el PAN. Forzar a los dirigentes y parlamentarios del PRD a respaldar esta iniciativa es un disparate, un absurdo y un despropósito que puede hacer naufragar el Acuerdo Político Nacional que tanto reconocimiento le ha ganado, sobre todo en círculos internacionales.

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Como consecuencia de los resultados electorales que en Puebla fueron desastrosos para el PRI y la coalición 5 de Mayo, que integró con el PVEM, el nombre del gobernador Rafael Moreno Valle se ha colocado en diversas columnas políticas como uno de los posibles abanderados de su partido, el PAN, a la presidencia de la República en el 2018.

En reuniones en corto, el propio mandatario estatal ha salido al paso de estas versiones para aclarar que esa posibilidad se encuentra muy alejada de la realidad, además de que las condiciones en que se encuentra ahora su partido —dividido y fracturado entre grupos o corrientes aparentemente antagónicas— no garantizan un buen resultado.

Moreno Valle ha dicho —incluso se sabe que al mismo presidente Enrique Peña Nieto— que, por pragmatismo, mejor se concentrará en pasar a la historia como el mejor gobernador de Puebla para, al final de su sexenio, buscar otros espacios que le permitan mantenerse activo en la política nacional, mientras los escenarios de competencia electoral para su partido se componen o al menos no son tan adversos como en la actualidad.

¿Debemos creerle al gobernador?

Yo diría que sí, pero no del todo, pues en el fondo creo que el mandatario estatal no renunciará a su aspiración, aunque tampoco la forzará.

Es más: estoy convencido que su intención de pedir que lo borren de la listas de posibles aspirantes presidenciales del 2018 es más estratégica que real, pues sabe que si el presidente Enrique Peña Nieto lo registra desde ahora como un futuro adversario, no dudará en echar mano de la fuerza y los instrumentos legales y extralegales del Estado para anularlo, antes de que lleguen los tiempos de su sucesión.

Moreno Valle sabe también que el Presidente necesita hoy del PAN y el PRD, así como de los gobernadores de los estados, para asegurar la continuidad del Pacto por México y sacar adelante sus reformas estructurales (entre ellas la fiscal y la energética), con el fin de cumplir sus compromisos de campaña y hacerse de más recursos para lograr tasas de crecimiento similares a los de algunas economías asiáticas emergentes, así como la generación de un millón de empleos anuales.

De ahí que el mandatario estatal aprovechará su arribo, en agosto próximo, a la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para congraciarse con el presidente Peña Nieto y convertirse en un efectivo operador de sus reformas, no sólo entre sus homólogos de los estados, sino entre los dirigentes y legisladores del PAN y PRD que lo han respaldado, primero para ganar la gubernatura de Puebla en 2010 y luego para derrotar al PRI en los comicios locales del pasado 7 de julio.

Del éxito o del fracaso de las gestiones de Moreno Valle, en este momento coyuntural, dependerá su futuro político nacional. Si éste consigue o contribuye a las reformas que el Presidente quiere en el marco del Pacto por México, no dude que el de Puebla sea uno de los gobernadores consentidos, como lo fue durante el sexenio calderonista.

Ni tampoco excluya la posibilidad de que Moreno Valle convenza a los dirigentes del PAN y PRD de apoyar las reformas de Peña Nieto, a cambio de una reforma política y electoral que facilite las alianzas, las coaliciones y las candidaturas comunes que en varios estados de la república han sido veneno puro contra el PRI.

En tal escenario, creo que las aspiraciones presidenciales del gobernador poblano estarían más vivas que nunca, aunque en corto diga lo contrario.

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Este martes tomó posesión como nueva integrante de la bancada federal poblana Liliana Castillo Terreros, quien es esposa del diputado local electo y presidente municipal de San Andrés Cholula, Miguel Ángel Huepa Pérez.

Liliana Castillo ocupará la curul que dejó vacante Julio César Lorenzini Rangel, tras su designación como secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial en el gabinete estatal del gobernador Moreno Valle.

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A propósito. Un rumor creciente en los corrillos políticos cholultecas es que Miguel Ángel Huepa seguirá los mismos pasos de Mario Rincón González, quien este día fue designado por el gobernador como secretario de Desarrollo Social del estado.

Es decir, que a pesar de haber sido electo como diputado local por el distrito de San Andrés Cholula, no tomará posesión de su cargo, sino su suplente, el primo del mandatario estatal: Sergio Moreno Valle Germán.

El trascendido me parecía poco verosímil, hasta antes del nombramiento del diputado electo Mario Rincón como titular de la Sedeso. Ahora creo que puede ser realidad, aun cuando se trate de una acción política legal, pero poco ortodoxa y aséptica.

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A pesar del ruido mediático y las declaraciones de los dirigentes del PAN y PRD, y de algunos de sus coordinadores parlamentarios, que ponen en duda la vigencia o continuidad del Pacto por México, este Acuerdo Político Nacional no se romperá, al menos hasta finales de año.

Sustento mi hipótesis en los resultados que arrojó la jornada electoral del pasado domingo en catorce estados del país, en la que no hubo un ganador absoluto, con todo y que se diga que el PRI se llevó la rebanada más grande del pastel.

Si la gubernatura de Baja California la hubiese ganado el PRI, a través de su candidato, Fernando Castro Trenti, y sus aliados en esta entidad —el PVEM y el PT—, entonces el Pacto por México sí habría tronado como ejote, ya fuera por el sonado descalabro electoral que hubieran sufrido los dirigentes nacionales del PAN y PRD, que apoyaron con todo a Francisco “Kiko” Vega, o por la necesaria renuncia que ambos habrían tenido que presentar tras esa hipotética derrota.

Aunque el PRI logró hacerse de la mayoría de los municipios en disputa, aumentar su cuota de ciudades y capitales estatales que serán gobernadas por alcaldes surgidos de sus filas, lo cierto es que también perdió ayuntamientos importantes en Aguascalientes, Baja California, Coahuila y Tlaxcala.

Hasta esta noche, en la víspera de los cómputos en los consejos o comités municipales electorales, el PRI y sus aliados se perfilaban como victoriosos en ocho de las 13 capitales que estuvieron en juego: Benito Juárez (Quintana Roo), Culiacán (Sinaloa), Chihuahua (Chihuahua), Ciudad Victoria (Tamaulipas), Durango (Durango), Oaxaca(Oaxaca), Xalapa (Veracruz), y Zacatecas (Zacatecas).

En cambio, el PAN y el PRD consiguieron mantener la ciudad de Puebla y ganar las capitales de Aguascalientes (Aguascalientes) y de Baja California (Mexicali). Además, el PAN por sí sólo se hizo de Saltillo (Coahuila) y de Tlaxcala (Tlaxcala), que estaban en poder del PRI.

Tales victorias —sumadas a las de otras ciudades importantes como Boca del Río, Huamantla, Juchitán, Monclova, Nuevo Laredo, San Martín Texmelucan, Teziutlán y Torreón— representan un salvavidas, un tanque de oxígeno, para Gustavo Madero y Jesús Zambrano, sobre todo para el primero, que ha perdido liderazgo y convocatoria entre los cuadros y legisladores de su partido como resultado de su lucha interna contra los calderonistas y su decisión de poner en la coordinación de los senadores panistas a un personaje tan gris como Jorge Luis Preciado.

Para ganar la legitimidad que no obtuvo en las urnas, el presidente Enrique Peña Nieto necesita conservar como aliados a los dirigentes de las dos principales fuerzas opositoras al PRI, por lo que creo que, al menos en el primer año de su sexenio, hará todo lo que esté a su alcance para que éstos no abandonen la mesa del Pacto por México.

En suma: mientras Peña Nieto no logre sacar adelante las reformas que tiene pendientes—entre ellas la fiscal y la energética— será condescendiente con sus adversarios del PAN y PRD (dirigentes y gobernadores), un dique de los duros de su partido y hasta con el verdugo de algunos de sus candidatos en estas elecciones locales.

La historia será diferente cuando estas reformas llamadas estructurales se hayan aprobado y estén en puerta las elecciones federales intermedias. Y si no, al tiempo.

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¿Hasta qué punto el Pacto por México depende de los resultados electorales del primer domingo de julio en catorce estados del país?

¿Qué tan real es la versión sobre un supuesto arreglo electoral en Baja California entre el presidente Enrique Peña Nieto y el dirigente nacional panista Gustavo Madero Muñoz?

¿O la historia de que en Puebla hay también negociaciones en lo oscurito para que el PRI recupere el gobierno de la capital y la coalición morenovallista se quede con la mayoría parlamentaria del Congreso del estado?

Tales interrogantes reflejan, en mi opinión, la desconfianza que aún priva en amplios sectores de la población sobre el respeto a la voluntad popular expresada en el sufragio efectivo y sobre la supuesta imparcialidad de los gobiernos y las autoridades electorales, así como el fuerte arraigo de la creencia de que en México los pactos políticos están por encima de la Constitución y de cualquier ley.

No tengo la menor duda de que los resultados de los comicios locales del 7 de julio tendrán efectos y repercusiones casi inmediatas sobre los actores y negociaciones del Pacto por México.

Lo que suceda en las elecciones para gobernador de Baja California —que el PAN gobierna de manera ininterrumpida desde hace 24 años, o cuatro sexenios— y en la contienda por las alcaldías y el Congreso de Puebla marcarán, sin duda, el derrotero de Gustavo Madero al frente de la dirigencia nacional del blanquiazul.

Nadie en su sano juicio apostaría por la permanencia de Gustavo Madero si el candidato de su partido, Francisco “Kiko” Vega, fuera derrotado por el priísta Fernando Castro Trenti; o si en la Angelópolis, su candidato a presidente municipal, José Antonio Gali, mordiera el polvo frente al ex rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez.

Si eso ocurriera, Madero presentaría de inmediato su renuncia, lo que provocaría cambios dentro del Pacto por México, pues seguramente otro panista llegaría a ocupar el asiento que hoy ocupa dentro de su Consejo Rector. Peña Nieto perdería, por lo tanto, a un interlocutor cómodo. Algo similar podría suceder con el dirigente nacional perredista, Jesús Zambrano Grijalva, cuyo partido va como aliado del PAN en nueve de las catorce entidades donde habrá elecciones locales.

Tanto en Baja California como en Puebla no existe un favorito claro, pues la competencia es muy pareja y cerrada entre las dos coaliciones.

Dicho escenario tiene inquietos no sólo a Gustavo Madero y Jesús Zambrano, sino también al presidente Enrique Peña y sus dos principales operadores políticos: el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz.

Y es que si el PRI gana, aunque sea por un estrechísimo margen, el presidente de la República podría perder a sus interlocutores del PAN y el PRD, y estos dirigentes podrían aprovechar la situación para chantajear o forzar una negociación en perjuicio de los priístas, en la que Peña Nieto tendría que optar entre ceder posiciones políticas a sus adversarios o garantizar la continuidad del Pacto por México.

Vaya dilema.

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Una asignatura pendiente, que la partidocracia del Pacto por México ha marginado o relegado a un segundo o tercer plano, es el prometido —desde hace muchos sexenios— combate a la corrupción.

Antes de que Enrique Peña Nieto rindiera protesta como presidente de la República se filtró a la prensa que su gobierno desparecería la inútil y fallida Secretaría de la Función Pública (antes Contraloría) para sustituirla por una Comisión o Fiscalía Nacional Anticorrupción, dotada de amplias facultades para procesar y castigar a los funcionarios y particulares que se enriquecieran ilícitamente con recursos públicos.

También se dijo que su gobierno enviaría al Congreso de la Unión algunas iniciativas de ley o de reforma para hacer pública la cosa pública y para convertir al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en un órgano ciudadano garante de la transparencia y la rendición de cuentas, no sólo del Ejecutivo y los poderes Legislativo y Judicial, sino de los gobernadores y los presidentes municipales.

Algunas de estas acciones y reformas legales incluso quedaron plasmadas en el Acuerdo Político Nacional suscrito por el presidente Peña Nieto y los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, al día siguiente de la toma de posesión de aquél.

Ahí, los firmantes del Pacto por México estuvieron de acuerdo en impulsar una reforma constitucional para convertir al IFAI en un órgano constitucional autónomo, con facultades ante todos los poderes públicos federales (Compromiso 83), así como a establecer una Comisión Nacional Anticorrupción y un Consejo Nacional para la Ética Pública para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción (Compromisos 85 y 86).

De estas promesas se habla cada vez menos. Peña Nieto y los dirigentes del PAN, PRI y PRD han priorizado otros temas, algunos incluso estúpidos como el llamado adéndum al Pacto por México, mediante el que sus firmantes se comprometen —aunque usted no lo crea— “a sobreponer el interés del país y el de los mexicanos a cualquier interés partidario o individual”, “a cumplir con la palabra empeñada”, “a profundizar la transparencia”, y “a actuar bajo estricto apego a la Constitución y las leyes que de ella emanan”.

Es absurdo que los firmantes de este parche al Pacto, agregado tras el escándalo surgido en Veracruz por el uso partidista y electorero de los programas sociales de la Sedesol, acuerden cosas como garantizar sanciones a quienes hayan cometido o cometan delitos electorales, y se hagan de la vista gorda y mantengan un silencio cómplice frente a otros asuntos de mayor envergadura.

Tales casos serían el ofensivo enriquecimiento de los hijos de Carlos Romero Deschamps; los lujos y excesos del ex gobernador Humberto Moreira, que dejó vacías y endeudadas las arcas de Coahuila; los negocios de los dirigentes del Partido del Trabajo con los Centro de Atención y Desarrollo Infantil (Cadis); el influyentismo de la hija del titular de la Profeco, Andrea Benítez, mejor conocida como Lady Profeco; los excesos y abusos en que incurrieron, durante el ejercicio de sus funciones, el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y la ex procuradora Marisela Morales.

Además, la corrupción de los ex gobernadores de Chiapas, Juan Sabines, y de Tabasco, Andrés Granier; los excesos en que incurrieron los ex mandatarios de Morelos, Marco Antonio Adame, y de Jalisco, Emilio González; los negocios y corruptelas de otros dirigentes sindicales como Juan Díaz de la Torre, a quien el gobierno peñista pareciera haber perdonado tras colaborar en el golpe a Elba Esther Gordillo.

Y para citar algo mucho más reciente, el supuesto fraude en que habría incurrido el ex director jurídico de Pemex y ex dirigente nacional del PAN, César Nava Vázquez, en contra de la paraestatal durante las obras de reconfiguración de la Refinería de Cadereyta.

Las buenas intenciones de Peña Nieto de emprender una cruzada nacional contra la corrupción no deben quedarse en el discurso o en el papel, sino llevarse a la práctica. Y para ello no creo necesario que deban crearse más organismos o nuevas leyes en la materia. Lo que hace falta es voluntad política y acciones de fondo —y no cosméticas, como el golpe asestado a Elba Esther Gordillo.

La clase política que ha malgobernado al país —de hecho o de derecho— también tiene que pagar factura y asumir las consecuencias de sus excesos y latrocinios, y eso no puede quedar fuera del Pacto por México o terminar en un combate selectivo y discrecional, dirigido sólo a aquellos enemigos de los firmantes del Acuerdo Político Nacional, suscrito el pasado 2 de diciembre en el Castillo de Chapultepec.

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Ley 21 (de Las 48 Leyes del Poder de Roberto Greene)

FINJA CANDIDEZ PARA ATRAPAR A LOS CÁNDIDOS; MUÉSTRESE MÁS TONTO QUE SU VÍCTIMA

“A nadie le gusta sentirse más estúpido que los demás. Por lo tanto, el truco consiste en hacer sentir sagaces e inteligentes a sus víctimas y, sobre todo, más sagaces e inteligentes que usted: Una vez que las haya convencido de esto, nunca sospecharán que usted tiene motivaciones ocultas contra ellos”.

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En este momento, más que blindar los programas sociales para que no se utilicen con fines partidistas o electoreros, o llamar a un diálogo a los partidos que han condicionado su permanencia en el Pacto por México, para bajar las tensiones y resolver las diferencias coyunturales propias de la política, el presidente Enrique Peña Nieto debe dar muestras fehacientes de que su gobierno no sólo rechaza prácticas como las denunciadas por el PAN en Veracruz, sino también sancionar a los funcionarios federales involucrados.

Hasta ahora, el discurso presidencial sobre los audios y videos exhibidos por el PAN —que documentan una supuesta complicidad entre operadores del PRI y funcionarios públicos para convertir los programas sociales de la Sedesol en votos para las próximas elecciones—, ha sido ambivalente.

El viernes, en Chiapas, Peña Nieto le dijo a la titular de la Sedesol, Rosario Robles, que no se preocupe y que aguante las críticas y descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones. Pero hoy, en Puebla, sostuvo que su gobierno no tolerará que nadie lucre o use electoralmente los programas sociales.

¿Cuál es, entonces, el mensaje verdadero?

Me parece que, hasta antes del fin de semana, el presidente no había dimensionado el alcance de la protesta panista, respaldada por los dirigentes del PRD que se sumaron a exigir la remoción de Rosario Robles y el inicio de un juicio político al gobernador veracruzano Javier Duarte. Tampoco consideró la posibilidad de que éstos abandonarían el Pacto por México después del espaldarazo que públicamente le dio a su secretaria de Desarrollo Social.

A partir de ahí vino el giro de 180 grados en sus palabras y el llamado que ahora hace a los dirigentes del PAN y PRD para entablar un diálogo franco y abierto, que baje las tensiones propias del momento electoral y permita encontrar mecanismos que no sólo blinden las acciones y programas sociales encaminados a combatir la pobreza o desterrar el hambre en México, sino también a evitar su uso electoral.

Si ésta hubiera sido la arenga presidencial después de que el pasado miércoles Gustavo Madero balconeó la manera en que los programas de la Sedesol se manipulan a favor del PRI, seguramente el dirigente panista no se habría levantado de la mesa del Pacto por México ni tampoco su contraparte del PRD, Jesús Zambrano Grijalva.

Pero Peña Nieto se equivocó y ahora este importante Acuerdo Político Nacional, a través del cual estaban transitando sus principales reformas y proyectos de gobierno, está atorado o en riesgo de suspenderse, situación que quiere ser aprovechada por algunos actores políticos, como el gobernador Rafael Moreno Valle, para congraciarse con el presidente de la República.

Dentro de ese contexto debe ser leído el mensaje que este martes pronunció el mandatario estatal como anfitrión del Foro Sectorial de Consulta Ciudadana “México Incluyente”, para la conformación del Plan Nacional de Desarrollo encabezado por Peña Nieto.

Moreno Valle afirmó que, desde su primer día de mandato, el presidente ha tenido el acierto de convocar, sin distinción de ideologías o emblemas políticos, a la construcción de acuerdos y consensos, lo que ha permitido encauzar las reformas que por décadas fueron postergadas, privilegiando el interés superior de la nación.

Luego enfatizó que el espíritu del Pacto por México demuestra que es posible construir una agenda de coincidencias para proyectar el rumbo y el ritmo de los cambios profundos que el país requiere y la sociedad demanda, y que los mexicanos no podemos permitir que las diferencias ideológicas o políticas se conviertan en un obstáculo para el desarrollo del país ni para frenar programas como la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Lo que Moreno Valle no dijo, pero quedó implícito en su mensaje, es que él buscará que el dirigente nacional panista regrese a la mesa del Pacto por México, en espera de que el presidente Peña regrese a Puebla y lo apoye con recursos, sin que tengan pasar otros 143 días para su próxima visita a la entidad.

¿O me equivocó?

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Ley 24 (de Las 48 Leyes del Poder de Robert Grenne)

DESEMPEÑE EL PAPEL DEL CORTESANO PERFECTO

“El cortesano perfecto, adulador e intrigante, prospera y alcanza su plenitud en un mundo en el cual todo gira en torno del poder y la habilidad política. Domina a la perfección el arte de la oblicuidad. Adula, se somete a sus superiores y reafirma su poder sobre los demás de la forma más encantadora y graciosamente indirecta y falsa. Aprenda a aplicar las leyes del cortesano, y su ascenso dentro de la corte no conocerá límites”.

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Conforme el presidente Enrique Peña Nieto se va asentando en el gobierno federal, algunas de sus iniciativas y promesas enunciadas en su discurso de toma de posesión, han ido diluyéndose, olvidándose.

Hoy, por ejemplo, ya nadie habla de combatir o acotar a los poderes fácticos que impiden el desarrollo del país, o ponen en entredicho la rectoría del Estado en la esfera económica, educativa, social y política. Quizás porque el nuevo grupo gobernante ha ido entendiéndose con ellos bajo la premisa de que más vale un mal acuerdo que un buen pleito.

El pasado 1 de febrero, en el marco del inicio de un nuevo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, el presidente tuvo la oportunidad de presentar un par de iniciativas preferentes, y sin embargo no lo hizo. No ejerció ese derecho. Las causas no se han explicado, aunque algunas voces sugieren que se trató de un acto de cortesía hacia los partidos firmantes del Pacto por México, lo que tampoco acabo de comprender.

En su primer discurso como presidente de la República, y más tarde en la firma del referido Acuerdo Nacional, Peña Nieto ofreció impulsar reformas encaminadas a perfeccionar el sistema de rendición de cuentas contables en los tres órdenes de gobierno y homologar los criterios sobre la comprobación del gasto público; dotar al IFAI y a los órganos estatales de autonomía y de nuevas facultades ante los poderes públicos; y crear una Comisión Nacional Anticorrupción que combata el desvío de recursos públicos y termine con la impunidad prevaleciente.

De esos compromisos sólo se ha cumplido el primero. Los otros están pendientes. Y no hay fecha de cuándo podrán cumplirse, pues los tiempos y ritmos de los congresistas son desesperadamente lentos y torpes, en contraste con la prisa que mostraron sus dirigentes nacionales para suscribir el pasado 2 de diciembre el Pacto por México.

Para dar pruebas fehacientes de su compromiso con la transparencia y la honestidad, no creo que el presidente tenga necesidad de reformar la Constitución federal y las constituciones estatales a fin de fortalecer a los órganos garantes de la rendición de cuentas, tampoco de crear nuevas instituciones que reemplacen a la Secretaría de la Función Pública o las contralorías estatales, que no han funcionado.

Peña Nieto puede ahorrarse todas esas aduanas legislativas.

¿Cómo?

Una acción inmediata y efectiva sería metiendo a la cárcel a dos o tres peces gordos, como el ex secretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna —a quien no sería difícil acreditarle pruebas de sus abusos y excesos— o ex gobernadores corruptos como Andrés Granier Melo, de Tabasco, y Juan Sabines Guerrero, de Chiapas, a los que tampoco sería complicado demostrarles sus corruptelas.

Con eso mandaría un mensaje claro y contundente a los funcionarios federales, estatales y municipales, pero sobre a los gobernadores, de que los tiempos donde podrían enriquecerse y despacharse con la cuchara grande se fueron para nunca más volver.

Pero si no hay voluntad política de hacer pública la cosa pública, de nada va a servir el Pacto por México ni las reformas legales encaminadas a fortalecer al IFAI y a los institutos y comisiones estatales de transparencia, pues puede suceder —como ya ocurre en algunos estados, como Puebla— que las leyes en la materia sean de las más avanzadas y vanguardistas, pero que resulten letra muerta porque no se aplican, porque los comisionados encargados de hacerlas valer están maniatados o subordinados al Ejecutivo o porque las entidades públicas se reservan, con la complicidad de aquéllos, contratos, permisos, montos y formas de pago.

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El secretario de Transportes del estado, Bernardo Huerta Couttolenc, mintió el viernes pasado en su comparecencia ante los diputados del Congreso del estado. A pregunta expresa, afirmó que la dependencia a su cargo sí contaba con las autorizaciones del INAH para llevar a cabo las obras de cimentación del Teleférico en el inmueble donde se ubicada la Casa del Torno, y que si éstas no se habían hecho públicas es porque nadie las había pedido.

Entre quienes han solicitado vía los órganos de transparencia información sobre las obras, montos de inversión, permisos del INAH, estudios de impacto ambiental y urbano, y empresas involucradas en la construcción y adjudicación de los trabajos del Teleférico en el tramo que va de la zona histórica de Los Fuertes al Centro de Convenciones figuran los periodistas José Francisco Zerón Rivas, Lilia Vélez Iglesias y Xóchitl Ramírez Rangel.

Aquí copia de sus solicitudes de información.

Respuesta a solicitud de información 01

Respuesta a solicitud de información 02

Respuesta a solicitud de información 03

Respuesta a solicitud de información 04

¿Se atreverán los diputados locales a sancionar al secretario de Transportes, Bernardo Huerta, que el viernes pasado les vio la cara durante su comparecencia, que forma parte de la glosa del segundo informe del gobernador Rafael Moreno Valle?

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El miércoles de la semana pasada el delegado sindical del Hospital del Sur, Guillermo Arza, en complicidad con algunos funcionarios de la Secretaría de Salud, intentó destituir al director del  nosocomio, José Antonio Martínez García, pero fracasó de manera rotunda en su intento.

Éste, que es hijo del extinto doctor Miguel Martínez Villalpando, tuvo el apoyo de los médicos, paramédicos y enfermeras, así como del personal sindicalizado que ese miércoles le dio la espalda a su representante sindical, y a los funcionarios de la Secretaría de Salud implicados en el complot, entre ellos el jefe de Recursos Humanos, Gerardo de la Fuente Sandoval, y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Puebla, Genaro Ramírez Rojas.

La asamblea fue tan bochornosa para Guillermo Arza, que éste no sólo abandonó el auditorio con lágrimas en los ojos, por el coraje que le hicieron pasar sus representados, sino que fue destituido como delegado sindical.

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Este viernes 22 de febrero la dirigencia en pleno de la Confederación Nacional Campesina (CNC) estará en Puebla para arropar a su presidenta local, Maritza Marín Marcelo.

La intención de la dirigencia nacional cenecista, encabezada por el senador Gerardo Sánchez García, es mandar un mensaje a la cúpula priísta y a los grupos locales de esta organización de que Maritza Marín cuenta con todo el apoyo.

La CNC, por cierto, pujará por encabezar unas cien candidaturas a presidente municipal por igual número de municipios de la entidad.

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Simón dice:

“El ejemplo es una lección que todos los hombres pueden leer.”

Morris West (1916-1999) Escritor australiano.

Si la apuesta del presidente Enrique Peña Nieto al proponer el Pacto por México fue legitimarse en el poder con el aval de las principales oligarquías partidistas, no veo cómo el PRI, el PAN y el PRD vayan a ponerse de acuerdo en una reforma política o electoral que los acote en aras de terminar con la partidocracia prevaleciente.

No dudo que, como resultado del Pacto por México, los partidos firmantes saquen por la vía del consenso una reforma que ponga énfasis en la fiscalización de los gastos de campaña y los recursos públicos y privados que obtienen, y hasta sancione de manera ejemplar a los candidatos y partidos que rebasen los topes de campaña. A toro pasado, eso sería fácil.

Tampoco que los partidos resuelvan desaparecer el descreditado Instituto Federal Electoral para sustituirlo por un Instituto Nacional de Elecciones, con nuevos consejeros aparentemente plurales y apartidistas que se encarguen de organizar a un menor costo las elecciones federales y locales. Y ni siquiera que las tres principales organizaciones partidistas mexicanas cambien el Cofipe para impedir la proliferación de mini partidos que sólo andan a la caza de prerrogativas y prebendas.

De lo que sí desconfío, a diferencia de algunos ilusos que hoy le queman incienso al mentado Pacto, es que los partidos firmantes del acuerdo nacional peñista vayan a impulsar una reforma política que restrinja su margen de operación y limite sus millonarias prerrogativas por concepto de financiamiento público, con el propósito de acabar con la partidocracia que hoy tiene secuestrada a la República, sus poderes e instituciones.

Ni el PRI ni el PAN, ni el PRD, tienen vocación de mártires o de samuráis democráticos como para hacerse el harakiri legislativo con una reforma que afecte sus intereses y cotos de poder. Podrán modificar la Constitución y cambiar el Código Federal Electoral en perjuicio de otros partidos y organizaciones que hoy buscan su registro, pero de ninguna manera atentarán contra sí mismos, y menos mientras Peña Nieto los necesite para sacar adelante los 95 acuerdos, acciones y reformas constitucionales contenidos en el Pacto por México.

La República sí necesita —y de manera urgente— una reforma política que privilegie a los ciudadanos por encima de los partidos; que facilite a los líderes sociales su acceso al poder y a los cargos directivos de las instituciones públicas, sin que las oligarquías o burocracias partidistas los maniaten o secuestren.

Es urgente una reforma electoral que termine con los partidos que viven a costa de otros por la vía de las alianzas o coaliciones; y que dificulte a las 50 organizaciones que hoy buscan su registro como partidos políticos nacionales beneficiarse con 200 millones de pesos del erario en caso de que el IFE les permite participar y postular candidatos propios en las elecciones federales del 2015.

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Aunque en los días que corren columnistas y comentaristas dirán que el CEN del PRI ya definió quién será su candidato a la presidencia municipal de Puebla, lo cierto, lo verdaderamente cierto, es que la decisión se conocerá hasta finales de febrero.

Y eso lo saben, mejor que nadie, los dos finalistas del proceso interno del PRI: el rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, y el empresario José Chedraui Budib, ex coordinador financiero de la campaña de Enrique Peña Nieto en Puebla.

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Este miércoles se anunciará la creación de una nueva ONG que pretende ser la competencia de Actívate x Puebla. Se trata de la asociación Sé Puebla que preside el empresario León Felipe Hermoso, que entre otras cosas buscará participar en la solución de los problemas sociales de la ciudad a partir de la práctica de ciertos hábitos y valores.

Sé Puebla tiene el propósito de convertirse en un referente social, mediante acciones que apuntalen el desarrollo humano y fomenten una cultura política de armonía, civilidad, respeto al medio ambiente y a la imagen urbana sobre la base de la unidad, la justicia, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la honestidad, la tolerancia y la solidaridad.

Para conseguirlo pondrá una marcha una campaña de posicionamiento de valores y buenos hábitos en escuelas públicas y privadas, parques y zonas de afluencia, que irá acompañada de actividades lúdicas, que fomenten la participación y motiven a los ciudadanos a mejorar su entorno.

La presentación de Sé Puebla tendrá lugar este miércoles a las 10:30 horas en el patio de la Casona de San Antonio,en el Centro Histórico de la Ciudad, con la presencia de académicos, empresarios y directivos de instituciones de educación superior.

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Simón dice:

“En esta vida algunos hombres nacen mediocres, otros logran mediocridad y a otros la mediocridad les cae encima.”

Joseph Heller (1923-1999) Escritor norteamericano.

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