Pacto por México, riesgos y dilema

Ahora que cada vez es más claro que el Pacto por México no será eterno y que correrá la misma suerte de otros acuerdos políticos nacionales suscritos en el pasado, es momento de reflexionar si es mejor que salgan las otras reformas pendientes —la energética y la fiscal, entre ellas— o que el Congreso le dé prioridad a las leyes secundarias y reglamentarias de las reformas constitucionales ya aprobadas.

De poco o nada le servirán a México los cambios constitucionales aprobados en materia de educación y telecomunicaciones si no se pueden operar o aplicar ante la ausencia de leyes secundarias que los aterricen en el entramado institucional; tampoco si éstas dejan cojas, sin brazos y sin dientes a las instancias encargadas de ejecutarlos y hacerlos realidad.

Estas reformas —junto con aquellas que buscan regular y transparentar el endeudamiento de estados y municipios— pueden ser sólo buenos propósitos si el presidente Enrique Peña Nieto y los partidos firmantes del Pacto se quedan en lo general; es decir, si no dan el siguiente paso y entran a los pormenores y detalles de cada proyecto.

De entre las reformas que en diciembre pasado se aprobaron a los artículos 3 y 73 de la Carta Magna, aún están pendientes la Ley del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y diversos cambios a la Ley General de Educación. Sin éstas, como bien escribió Claudio X. González Guajardo, presidente de Mexicanos Primero, no podemos hablar de una verdadera reforma educativa sino más bien del riesgo de que aquella se diluya, o inclusive se destruya, en sus fases de reglamentación e implementación.

Si el Pacto está sostenido por alfileres y sus cimientos son tan frágiles que no se ve cómo sus principales actores puedan mantenerse en él más allá de la discusión de la reforma energética, ¿no sería más saludable para la república que se pospusiera unos meses, sólo para que primero salieran las leyes reglamentarias de las reformas que ya están aprobadas?

¿No sería mejor, por una cuestión de sensatez y premura, que antes de esa controvertible reforma en materia energética, se antepusieran otras menos ideologizadas como aquellas que buscan fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas de los tres órdenes de gobierno y el combate a la corrupción; dotar de autonomía al IFAI; transformar el sistema bancario y crediticio; mejorar y simplificar el cobro de impuestos, aumentar la base de contribuyentes y combatir la elusión y la evasión fiscal?

¿Qué acaso Peña Nieto y sus dos principales operadores —el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso— ignoran que la reforma constitucional en materia energética reventará el Pacto?

Si el presidente saca del Pacto dicha reforma y deja que ésta transite por la vía del Poder Legislativo, lo más probable es que se apruebe por mayoría, con el voto a favor de los legisladores del PRI y el PAN. Forzar a los dirigentes y parlamentarios del PRD a respaldar esta iniciativa es un disparate, un absurdo y un despropósito que puede hacer naufragar el Acuerdo Político Nacional que tanto reconocimiento le ha ganado, sobre todo en círculos internacionales.

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