LA CORTE DE LOS MILAGROS

Publicaciones etiquetadas ‘Reforma energética’

Mucho ruido y pocas nueces en transparencia y rendición de cuentas

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Uno de los grandes pendientes del presidente Enrique Peña Nieto y la partidocracia mexicana es el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, más allá del discurso.

La Presidencia, por un lado, no ha rendido el informe de austeridad que desde marzo debió presentar en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el compromiso de realizar ahorros equivalentes al 5 por ciento de su gasto corriente.

Los senadores, por su parte, juegan al gato y al ratón con las millonarias partidas que reciben a través de sus bancadas. Por un lado promueven iniciativas para transparentarlas y hacerlas públicas pero, por otro, se valen de cualquier subterfugio legal o administrativo para mantenerlas bajo reserva o en la peor de las opacidades.

Y los diputados federales salientes pretenden autoasignarse para el 2014 en que dejarán sus curules un bono de desempeño por un millón  de pesos, independiente de los recursos que recibirán por concepto de fondo de ahorro, aguinaldo proporcional y demás “subvenciones extraordinarias”, como la que recibieron hace unos días por haber sacado adelante el paquete de leyes de la Reforma Energética.

En lugar de llevar a cabo ahorros presupuestales y acciones concretas en materia de austeridad, los diputados y senadores del país no sólo gastan más cada año, sino de manera menos transparente, sobre todo tratándose de recursos destinados a sus grupos parlamentarios.

En 2006 las subvenciones recibidas por los senadores en su conjunto ascendieron a 335.4 millones de pesos, en 2009 subieron a 405.5 millones y en 2013 llegaron a 487.8 millones de pesos, sin que a la fecha se conozca en forma oficial y detallada a qué exactamente se aplicaron.

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¿Cuántos de estos millones no habrán ido a parar a pachangas como las celebradas en enero pasado por el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villareal, y algunos de sus más allegados correligionarios?

¿Por qué los mexicanos tendríamos que pagar ese tipo de fiestecitas en exclusivas y lujosas mansiones de playa, con música de banda y sexoservicio incluido con exóticas bailarinas de table dance?

El presupuesto de egresos del Congreso de la Unión se ha elevado casi 30% en los últimos cuatro años. En 2010 su presupuesto autorizado fue de 9,550 millones de pesos, y el de 2014 asciende a 12,381 millones.

De esta última cantidad, 6,796 millones corresponden a la Cámara de Diputados, misma que en 2015 pretende aumentar su presupuesto a 8,821 millones, es decir en un 30 por ciento, con el propósito de incluir ahí un bono de 1 millón para cada uno de los 500 legisladores que la integran.

De las partidas o subvenciones etiquetadas para los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados poco se sabe, salvo que éstas nunca son menores a las del ejercicio anterior.

En el periodo de marzo de 2010 a febrero de 2011 tales partidas sumaron 728.6 millones de pesos, según la investigadora del CIDE María Amparo Casar Pérez en su investigación ¿Cómo y cuánto gasta la Cámara de Diputados?

¿A cuánto subirán estos opacos recursos en el presupuesto de 2015?

Los enterados aseguran que estos ya alcanzan los 1,000 millones, pero que nadie a ciencia cierta sabe a qué se aplican con todo y que el 7 de febrero el presidente Peña Nieto promulgó la reforma constitucional en materia de transparencia, por la cual todas las fracciones parlamentarias deberían informar del uso y destino de estas partidas.

En fin: mucho ruido y pocas nueces en transparencia y rendición de cuentas.

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Este jueves la Universidad Iberoamericana de Puebla será sede del foro «Pensar, decir y manifestarse; los derechos humanos y la vigilancia de las comunicaciones«.

El foro se dividirá en dos mesas: en la primera la Red en Defensa de los Derechos Digitales expondrá los 13 principios de vigilancia de las comunicaciones y los derechos humanos: y en la segunda se analizará la llamada Ley Bala y se hará un recuento de los daños que dejó el desalojo violento de pobladores de Chalchihuapan el pasado 9 de julio.

Estas dos mesas se efecuarán por la mañana y el mediodía, la primera de 9 a 11 y la segunda de 11 a 13 horas.

Como parte del foro se impartirá un taller sobre telecomunicaciones a la luz de las últimas reformas en la materia que impartirá la presidenta nacional de la Amedi, Aleida Calleja, de 15 a 19 horas.

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Reforma Electoral al vapor

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Aunque es difícil saber en qué terminará finalmente la reforma política electoral, por la premura con que trabajan los senadores en su aprobación ante la urgencia del PRI y la Presidencia de la República de sacar antes del 15 de diciembre la Reforma Energética, el dictamen que se discute ya perfila cuáles serán los principales cambios.

En términos generales podría decirse que se trata de una reforma centralista y centralizadora, que acota a los gobernadores en temas como la integración de los institutos estatales electorales y la reelección de presidentes municipales y diputados locales, y que privilegia a las burocracias partidistas al meter candados legales a la reelección de diputados y senadores, y mantener el actual sistema de representación proporcional.

La iniciativa panista, base del dictamen aprobado por las cinco comisiones de Cámara Alta que intervinieron en su elaboración, fue mochada en varios de sus puntos torales. La reforma política sí incluye la sustitución del IFE por el Instituto Nacional de Elecciones (INE), más no la desaparición de los institutos estatales que ahora tendrán un rol secundario como órganos autónomos locales, cuyos consejeros serán designados centralmente por el Consejo General del INE.

El Frankenstein electoral que aquí se anticipó —y que fue planteado por los consejeros políticos y jurídicos de la Presidencia, frente a las presiones de algunos gobernadores priístas— es una de las novedades de esta apresurada e improvisada reforma.

El INE ya no quedó como la única autoridad electoral de carácter nacional, encargada de organizar todos los procesos electorales federales, estatales y municipales, sino como autoridad rectora en materia de elecciones que designará a los consejeros locales, pero sin inmiscuirse en la preparación y organización de los comicios estatales y municipales.

Lo anterior significa que el país no tendrá una sola estructura electoral nacional, pese a que en la mayoría de los estados las elecciones federales y locales ya son concurrentes, sino un remedo de IFE para procesos federales y 32 institutos estatales para comicios locales, y 33 diferentes códigos electorales, uno de carácter federal y 32 por una cada una de las entidades que conforman la República Mexicana.

Una auténtica estupidez desde el punto de vista organizativo y presupuestal.

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¿No sería mejor mantener el IFE, aun con todas sus carencias y defectos, en lugar de un Frankenstein electoral como el INE que tiende a nacer sin el aval y reconocimiento del PRD y quién sabe de qué otros partidos con representación en el Congreso de la Unión?

Una cuestión positiva de la reforma política electoral es que esta romperá con el viejo atavismo del siglo pasado y que le permitió al PRI consolidar un sistema presidencialista de tipo autocrático y semiautoritario. La reelección de diputados y senadores hasta por un periodo de 12 años, y de alcaldes y diputados locales es, sin duda, lo más destacado de esta reforma, aunque su entrada en vigor se pospondrá hasta el 2018.

Algo que todavía no se sabe si pasará o no es el candado legal que las cúpulas partidistas quieren introducir en esta reforma —condicionando la reelección a la postulación por el mismo partido— para evitar los chantajes de sus militantes y garantizar la lealtad de sus legisladores.

En lo personal no veo mal esta condición, siempre y cuando el beneficio de la reelección se limite a  senadores y diputados de mayoría relativa, y no a los de representación proporcional. Dejarla abierta indiscriminadamente sólo fortalecerá las burocracias partidistas, su opacidad para rendir cuentas y la discrecionalidad con que manejan los recursos públicos que reciben o que se autoasignan desde el Congreso de la Unión.

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La prisa por las reformas pendientes

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La prisa que ahora muestran el gobierno de Enrique Peña Nieto y los legisladores del PRI por sacar este año la Reforma Energética y la Reforma Electoral, sin duda se debe a que ya calculan que sus dos principales aliados del PAN y PRD en el Pacto por México difícilmente se mantendrán al frente de sus respectivos partidos en el 2014.

Aunque las posibilidades de reelección de Gustavo Madero Muñoz en la presidencia del CEN de Acción Nacional no son pocas, tampoco son seguras, sobre todo mientras sigan develándose actos de corrupción o de tráfico de influencias de algunos de sus principales colaboradores y adeptos, como el coordinador de la fracción panista en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villareal García.

Madero ya declaró hace unos días que si se decide a participar por un nuevo periodo como dirigente nacional, pedirá licencia una vez que se emita la convocatoria respectiva, con el propósito de ofrecer piso parejo a los demás aspirantes y condiciones de equidad durante el proceso.

La gestión de Gustavo Madero concluye el 4 de diciembre, y entre sus probables contendientes figuran la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota, el senador Ernesto Cordero Arroyo, el exgobernador de Guanajuato Juan Manuel Oliva, y el senador Juan Carlos Romero Hicks.

Esta lista —¿o será tonta?— puede crecer, pero también reducirse a tres candidatos si los yunquistas —como parece— terminan sumándose a Vázquez Mota, extitular de Desarrollo Social y de Educación Pública durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

En las filas perredistas, el reemplazo de Jesús Zambrano se da como un hecho, así como la modificación de los estatutos de este partido —que se realizaría durante el XV Congreso Nacional que este jueves arrancará en Oaxtepec, Morelos— para permitir la reelección de su fundador, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Frente al desgaste que han sufrido “Los Chuchos” en la dirigencia nacional del PRD —que obtuvieron en 2008—, la falta de un líder que aglutine o sume a las diferentes tribus perredistas, y el inminente registro del partido de Andrés Manuel López Obrador, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la figura de Cuauhtémoc Cárdenas surge como el asidero de las fuerzas izquierdas.

Cuauhtémoc no sólo es percibido dentro del PRD como un dirigente tolerante y de consenso, sino como la única figura que garantizaría que este partido no se desfonde, política ni electoralmente, con la incursión de Morena en la arena comicial.

Si el Pacto por México subsistirá el próximo año, después de que el Congreso de la Unión vote la Reforma Energética y la Reforma Electoral, es algo todavía incierto. De lo que sí estoy seguro es de que el gobierno de Peña Nieto tendrá más complicaciones para sacar adelante sus acuerdos si, en lugar de Gustavo Madero, ahora tiene que negociar con Josefina Vázquez Mota o Ernesto Cordero, o con Cuauhtémoc Cárdenas en vez de Jesús Zambrano.

Los tres mantienen posiciones más duras y críticas. Los panistas quieren pintar su raya, desmarcarse del PRI y aprovechar los agravios del Pacto para reposicionarse con miras a las elecciones intermedias de 2015.

Con Cuauhtémoc Cárdenas el gobierno peñista mantiene mejores relaciones, pero podrían tensarse y hasta fracturarse si el fundador del PRD insiste en impulsar una consulta pública para que sean los ciudadanos, y no sólo los congresistas, quienes aprueben o rechacen la Reforma Energética planteada por el presidente de la República.

De ahí la prisa que hoy muestran los coordinadores del PRI en la Cámara de Diputados y el Senado, así como del gobierno federal, por dictaminar las iniciativas de Reforma Electoral y Reforma Energética, para que queden aprobadas antes de que concluya el año y antes de que los dirigentes del PAN y el PRD sean reemplazados por otros menos sumisos que los actuales.

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Además del presidente con licencia de San Andrés Cholula, Miguel Ángel Huepa Pérez, hay otros dos candidatos para reemplazar a Julio César Lorenzini Rangel en la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del estado.

Uno es el que este martes adelantó el periódico Central: el exdiputado federal y excandidato a gobernador de Hidalgo, su estado natal, Francisco Xavier Berganza Escorza, quien ha sido miembro del PAN, el PRI y Convergencia. Actualmente milita en el Panal.

Este excantante que en la década de los ochenta fue famoso por sus canciones románticas y por haberse hecho novio de Lucerito ha estado involucrado en líos legales por acusaciones de secuestro, por las cuales incluso estuvo desaparecido más de tres años.

El otro candidato es el actual diputado local del PVEM, Elías Abaid Kuri, yerno del presidente municipal electo de Puebla, José Antonio Gali Fayad.

Abaid Kuri, quien tampoco es poblano, estuvo a punto de ser dirigente estatal del partido Verde, pero por su parentesco con Gali Fayad esta posibilidad se canceló el 8 de enero de este año, por presiones de algunos dirigentes priístas, previo a la coalición que el PRI y el PVEM sellaron para los comicios locales de julio pasado.

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El pasado fin de semana se llevó a cabo en la George Washington University el Seminario de Comunicación Política y Campañas, “Estrategias para ganar y gobernar – Opinión Pública”.

El evento reunió expositores, profesores, renombrados políticos y consultores, tanto de Estados Unidos, como de América Latina.  Entre ellos estuvo el ex presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, así como el consultor Ralph Morphy con más de 600 campañas políticas en su haber.

Hubo dos expositores mexicanos: Ivonne Ortega, secretaria general del CEN del PRI y Margarita Zavala, ex primera dama de México.

Entre los poblanos que asistieron al Seminario figuran el consejero presidente del IEE, Armando Guerrero Ramírez; el diputados electo Sergio Salomón Céspedes Peregrina; el presidente municipal saliente de Tehuacán Eliseo Lezama; la regidora Sandra Montalvo y su esposo el priísta Jorge Ruiz Romero; el ex coordinador de Comunicación Social del ayuntamiento de Puebla, Ignacio Dávila Mora; y Alejandro Suárez, del despacho Grupo Imanagers.

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Moreno Valle, anfitrión de Cuauhtémoc Cárdenas en Casa Puebla

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El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano no se regresará al Distrito Federal después de dictar su conferencia “Reforma Energética y Soberanía Nacional”, en el salón Paraninfo del edificio Carolino de la BUAP, como inicialmente estaba previsto.

Su estancia se prolongará unas horas más, pues este lunes el gobernador Rafael Moreno Valle le hizo una invitación a comer en Casa Puebla.

El encuentro será interesante no sólo por las visiones encontradas del perredista y el mandatario estatal sobre el proyecto de Reforma Energética del presidente Enrique Peña Nieto, sino porque el exgobernador de Michoacán y primer jefe de Gobierno del Distrito Federal podría volver a dirigir el PRD a nivel nacional.

En el XV Congreso Nacional del PRD, que se llevará a cabo del 21 al 24 de noviembre en Oaxtepec, Morelos, los estatutos de este partido podrían modificarse para que Cuauhtémoc Cárdenas, que fue su primer dirigente, pueda repetir en el cargo, en sustitución de Jesús Zambrano Grijalva.

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Si a nivel nacional el presidente Enrique Peña Nieto decidió cancelar el desfile del 20 de noviembre y reducir el homenaje a la Revolución Mexicana y sus héroes a una sencilla ceremonia, en Puebla ha pasado lo mismo con el 18 de noviembre.

Durante décadas, los gobernadores priístas de Puebla siempre se ufanaron de esa fecha, por marcar —decían el ellos— el verdadero inicio de la Revolución Mexicana, con la muerte de los hermanos Serdán en la casa que éstos tenían frente al templo de Santa Clara.

Sin embargo, las nuevas autoridades le han restado importancia al grado que este lunes la ceremonia por el CIII Aniversario Luctuoso de los Hermanos Serdán –realizada en el monumento erigido en su memoria– pasó inadvertida, salvo por un par de fotos enviadas por el área de prensa de la SEP estatal debido a que su titular, Jorge Alberto Lozoya, presidió el acto oficial.

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Este lunes, el periodista Roberto Zamarripa, director de Información Nacional del periódico Reforma, hizo un interesante apunte en su entrega semanal sobre un par de políticos poblanos que, en Huauchinango, se han alternado la presidencia municipal y las diputaciones usando al PRI, al PAN y al PRD.

En su Tolvanera semanal, bajo el título de “Canallas”, Zamarripa dice que los hermanos Martínez Amador son los tipos políticos que usan sus cargos públicos para obtener beneficios personales a través de sus constructoras en Huauchinango y en otros municipios de esa región de la Sierra Norte de Puebla.

Aquí parte de su columna:

En Huauchinango, Puebla, por ejemplo, un par de hermanos son conocidos por una extraña cualidad: en una década han alternado alcaldía y diputaciones pasando de un partido a otro. Su vida es boyante. Sus negocios también.

“Los hermanos Carlos y Omar Martínez Amador han controlado el ayuntamiento de Huauchinango. Uno a otro se pasan la estafeta… y las obras.

Carlos gobernó Huauchinango, municipio cabecera de la empobrecida sierra norte poblana, entre 2005 y 2008. Fue diputado local por el PRI en 2008-2009 por la misma región. En 2012 perdió la puja interna para la candidatura a diputado federal por el PRI, su partido originario. Entonces se fue al PAN y contendió contra Guadalupe Vargas, hija del actual titular del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas.

Lupita apaleó a Carlos Martínez en la elección del 2012. Aprovechando la extraña coalición de Nueva Alianza, PAN y PRD en los comicios locales de julio pasado, Carlos fue electo diputado local. Ahora aspira a ser el coordinador parlamentario de la fracción local del PRD en la LIX Legislatura del Congreso poblano que durará ¡cuatro años!

“En un año ha pasado de ser alcalde priista a candidato panista y ahora diputado perredista.

Su hermano Omar quiso ser candidato priista a alcalde de su natal Huauchinango. No lo aceptaron en el tricolor, entonces se fue al PAN y ganó.

Ambos hacen política con mucho dinero. Y ese dinero, cuentan quienes los conocen, proviene de las obras que su empresa constructora hace en los empobrecidos municipios de la sierra Norte.

Si hay que adocretar calles pues los Martínez Amador surten a los alcaldes de la región del concreto premezclado.

“Para evitar confusiones de cualquier tipo, Carlos Martínez Amador ha llegado a instalar su oficina de gestión en el mismo inmueble donde está ubicada su empresa constructora.

Ahí, cuentan vecinos de Huauchinango, atendía a los alcaldes y supervisaba el trabajo de contadores e ingenieros a su servicio. Eficiencia sin límites.

Las dirigencias de los partidos suelen ser felices con este tipo de personajes. Inyectan recursos para campañas, derivados de las obras que como constructores obtienen al extorsionar -el término no le gusta mucho a Villarreal– o al conminar atentamente a ediles a contratar a la empresa bajo su mando.”

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Pacto por México: de la negociación de acuerdos al cambalache legislativo

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¿Habrá reforma electoral antes de la hacendaria y la energética?

La verdad es que parece complicado, no sólo por los temas que plantea la primera, sino porque los tiempos se antojan demasiado apretados, considerando que el 14 de octubre es la fecha límite que tienen los diputados para aprobar la Ley de Ingresos y las reformas fiscales enviadas por el presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Diputados.

De lo que sí estoy convencido es de que no pasarán las propuestas más relevantes del PAN y PRD en materia político-electoral (al menos en esa fecha fatal), como la transformación del IFE en Instituto Nacional Electoral (INE), con la consiguiente desaparición de los institutos y tribunales electorales estatales; la segunda vuelta en comicios presidenciales, y la obligación del presidente de la República de someter al Congreso de la Unión la ratificación de los secretarios de Estado que designe.

Quizás el PAN podría conseguir que algunas de sus propuestas electorales fueran votadas por el PRI, pero no antes de dos semanas, y menos cuando ni siquiera existe un acuerdo sobre cuál sería la Cámara que daría origen a las reformas, o un consenso mínimo sobre el dictamen que tendría que ser sometido al pleno de los diputados o los senadores.

¿Qué es lo que creo que podría obtener el PAN? Descartaría de antemano las cuestiones medulares de su iniciativa, presentada el lunes de la semana pasada ante la Cámara de Senadores. Sí veo posibilidades de que los priístas acepten la reelección inmediata de presidentes municipales y diputados locales; e incluso la autonomía del Ministerio Público y de la Comisión de Evaluación de la Política Social. Pero hasta ahí.

La duda que me asalta es si los panistas y los perredistas se conformarán con eso.

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Personalmente creo que no. Y que esto complicará la aprobación de la reforma hacendariasobre todo con los panistas, cuya clientela electoral se concentra en las clases medias, que serán las más afectadas con las modificaciones fiscales impulsadas por el secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso— y la reforma energética, que el PRI y sus aliados del PVEM y el PNA no pueden sacar por sí solos.

Tan sólo para la reforma energética, los priístas necesitan del voto de los legisladores panistas en la Cámara Alta y la Cámara Baja.

Así que atisbo un escenario complicado, en el cual los dirigentes panistas y perredistas buscarán negociar con el presidente Enrique Peña Nieto la modificación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el propósito de facilitar las coaliciones electorales y romper los candados legales que hoy las entorpecen, a cambio de que los diputados del PRD voten con el PRI la reforma fiscal, y los senadores y diputados del PAN la reforma energética.

De lo contrario, no veo cómo las reformas puedan salir y el Pacto por México pueda continuar, al menos hasta finales de año.

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A propósito del “2 de Octubre no se olvida”, este martes se presentó un interesante libro sobre el movimiento estudiantil de 1968 en el patio central del Palacio Municipal, que fue comentado por el politólogo Víctor Manuel Reynoso, la comunicadora Lilia Vélez, y el periodista Fernando Canales.

El libro “México 1968 ¡¿Otra Historia?!” fue escrito por los politólogos Manuel Díaz Cid, Jaime Ángel Chama y Alejandro Guillén Reyes, todos ellos de la UPAEP, y en él se plantea que el movimiento estudiantil no estuvo financiado por la URSS o los partidos comunistas de entonces, como reza el mito, sino que se dio en un contexto mundial y nacional de cambio de época, y que en México fue aprovechado por grupos del PRI para resolver la sucesión presidencial de Gustavo Díaz Ordaz.

El texto, a decir de los autores, es una investigación histórica y documental que busca desmitificar el movimiento del 68, a partir de una reconstrucción de los hechos, y demostrar cómo la matanza ocurrida el 2 de octubre en Plaza de Tlatelolco fue una celada contra el Ejército y uno de los escenarios de la lucha por la presidencia de la República entre grupos priístas antagónicos.

La obra de más de 860 páginas no pretende descubrir a los culpables del 68, sino explicar qué pasó, cómo pasó y el contexto mundial y nacional en que se gestó y desarrolló el movimiento y las manifestaciones estudiantiles contra el gobierno de Díaz Ordaz.

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Sí a la reforma energética, pero sin publicidad engañosa y mitos patrioteros

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Con la aclaración de que no soy especialista en el tema, pero convencido de que México necesita una reforma energética, que sirva como palanca de desarrollo a la industria petrolera y a la industria eléctrica, me permito hacer las siguientes recomendaciones a los legisladores y actores políticos que tendrán bajo su responsabilidad su aprobación.

La primera sería no centrar el debate en dogmas nacionalistas, patrioteros e ideológicos sobre el Estado incapaz, corrupto e ineficiente, o en mitos acerca de la Empresa Privada nacional y extranjera y sus afanes de lucro y ganancias desmedidas, pero tampoco en discursos propagandísticos sobre el visionario Tata Cárdenas y los grandes beneficios que casi en automático tendríamos los mexicanos si la iniciativa presidencial se aprueba tal como se envió.

Por desgracia esto es lo que leo en la prensa, escucho en la radio y veo en la televisión con sus honrosas excepciones. En las cifras y casos de éxito o fracaso que uno u otro bando manejan en torno a la reforma energética percibo más un manejo publicitario y de marketing, que un afán de razonar, ponderar y debatir cuestiones técnicas, económicas y financieras a partir de nuestras reservas probadas, probables y posibles (que no son lo mismo), pero también considerando que la situación política, social y sindical de México dista —y a veces mucho— de los países que son tomados como referencia para una reforma como la que se discute.

Algo que en principio me parece lamentable es que ninguna de las tres propuestas que hasta el momento se han presentado por parte del Presidente Peña Nieto y el PRI, el PAN y el PRD, se haya hecho acompañar de un diagnóstico técnico-científico, basado en proyecciones comprobadas y comprobables de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las ramas industriales y sectores involucrados en la reforma energética, y que cuenten con el aval de instituciones o especialistas reconocidos nacional e internacionalmente en la materia.

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No basta que el presidente Peña Nieto nos prometa que si se aprueba su iniciativa, la luz, el gas y las gasolinas bajarán de precio; que la economía familiar mejorará porque aumentarán los empleos y la inversión; o que con los contratos de utilidad compartida que el gobierno propone entre Pemex y empresas privadas, las ganancias por la explotación petrolera dejarán de ser pocas para convertirse en muchas.

Esas son mentiras, cuentas alegres, buenos deseos, marketing para engaña bobos.

Lo que el presidente Peña necesita explicar de cara a la nación es cómo, cuándo y en cuánto tiempo los beneficios que promete con la reforma energética en petróleo y gas serán como los de Brasil o Colombia, con qué empresas o inversionistas interesados se harían los primeros contratos de utilidad compartida, qué pasará con la mafia enquistada en el sindicato petrolero, y si ésta continuará siendo parte de su Consejo de Administración.

También explicar quién y cómo se tomarían las decisiones sobre los excedentes petroleros, a qué áreas o sectores estratégicos se canalizarán las ganancias, cómo se modificará el régimen fiscal de Pemex, en cuánto disminuirá la carga fiscal de la paraestatal que hoy aporta 3 de cada 10 pesos de las finanzas públicas, y qué acciones emprenderán la Federación y los estados para compensar esta baja en sus ingresos.

Por la composición que hoy tiene el Congreso en sus cámaras de Senadores y Diputados no tengo la menor duda de que la reforma peñista será aprobada por mayoría, con el voto de los legisladores del PRI, PAN y del PVEM y el PNA.

Sin embargo, creo que si el presidente además de explicar lo anterior ofrece garantías —como podrían ser la renuncia de los funcionarios nombrados por él y que no cumplan con las metas y objetivos propuestos en la iniciativa, el encarcelamiento de quienes a costa de Pemex se han enriquecido, comenzando por la mafia sindical, y la transparencia de todas las operaciones y contratos de utilidad compartidaPeña Nieto podría conseguir algo más que el apoyo cupular que hoy tiene de la iniciativa privada y los partidos a favor de la participación de empresas en las áreas de petroquímica, exploración , distribución y producción de Pemex.

Si no hay estas garantías, la iniciativa peñista seguramente saldrá, pero bajo la sospecha de que esta reforma energética no cumplirá con lo ofrecido o terminará como otras privatizaciones que en el pasado reciente se hicieron sin que cumplieran los beneficios prometidos y sin que quienes las promovieron y las aprobaron hayan sido sancionados o sujetos de alguna responsabilidad pública, administrativa o penal.

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Pacto por México, riesgos y dilema

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Ahora que cada vez es más claro que el Pacto por México no será eterno y que correrá la misma suerte de otros acuerdos políticos nacionales suscritos en el pasado, es momento de reflexionar si es mejor que salgan las otras reformas pendientes —la energética y la fiscal, entre ellas— o que el Congreso le dé prioridad a las leyes secundarias y reglamentarias de las reformas constitucionales ya aprobadas.

De poco o nada le servirán a México los cambios constitucionales aprobados en materia de educación y telecomunicaciones si no se pueden operar o aplicar ante la ausencia de leyes secundarias que los aterricen en el entramado institucional; tampoco si éstas dejan cojas, sin brazos y sin dientes a las instancias encargadas de ejecutarlos y hacerlos realidad.

Estas reformas —junto con aquellas que buscan regular y transparentar el endeudamiento de estados y municipios— pueden ser sólo buenos propósitos si el presidente Enrique Peña Nieto y los partidos firmantes del Pacto se quedan en lo general; es decir, si no dan el siguiente paso y entran a los pormenores y detalles de cada proyecto.

De entre las reformas que en diciembre pasado se aprobaron a los artículos 3 y 73 de la Carta Magna, aún están pendientes la Ley del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y diversos cambios a la Ley General de Educación. Sin éstas, como bien escribió Claudio X. González Guajardo, presidente de Mexicanos Primero, no podemos hablar de una verdadera reforma educativa sino más bien del riesgo de que aquella se diluya, o inclusive se destruya, en sus fases de reglamentación e implementación.

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Si el Pacto está sostenido por alfileres y sus cimientos son tan frágiles que no se ve cómo sus principales actores puedan mantenerse en él más allá de la discusión de la reforma energética, ¿no sería más saludable para la república que se pospusiera unos meses, sólo para que primero salieran las leyes reglamentarias de las reformas que ya están aprobadas?

¿No sería mejor, por una cuestión de sensatez y premura, que antes de esa controvertible reforma en materia energética, se antepusieran otras menos ideologizadas como aquellas que buscan fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas de los tres órdenes de gobierno y el combate a la corrupción; dotar de autonomía al IFAI; transformar el sistema bancario y crediticio; mejorar y simplificar el cobro de impuestos, aumentar la base de contribuyentes y combatir la elusión y la evasión fiscal?

¿Qué acaso Peña Nieto y sus dos principales operadores —el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso— ignoran que la reforma constitucional en materia energética reventará el Pacto?

Si el presidente saca del Pacto dicha reforma y deja que ésta transite por la vía del Poder Legislativo, lo más probable es que se apruebe por mayoría, con el voto a favor de los legisladores del PRI y el PAN. Forzar a los dirigentes y parlamentarios del PRD a respaldar esta iniciativa es un disparate, un absurdo y un despropósito que puede hacer naufragar el Acuerdo Político Nacional que tanto reconocimiento le ha ganado, sobre todo en círculos internacionales.

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Morbo

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Una pregunta recurrente entre algunos empresarios y panistas poblanos interesados en el escándalo que se generó por la donación de más de 105 vehículos a la Fundación Cáritas, y por los cuales esta institución de beneficencia privada obtuvo 200 mil pesos, cuando el avalúo de estos automotores era superior a los 3 millones de pesos, es cómo quedó la relación entre el arzobispo Rosendo Huesca Pacheco y el ex presidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero.

El tema para los empresarios está aderezado de cierto morbo, debido a que el puente o vínculo entre ambos personajes era uno de los suyos: Alejandro Carreto Ceballos, el dueño de la fábrica de candiles El Arte Francés, y que en los corrillos políticos y patronales es conocido como Don Candelabro.

Carreto Ceballos, quien fue dirigente de la Coparmex Puebla y presidente del Comité de la Feria en el sexenio de Guillermo Jiménez Morales, fue incluido en la nómina de asesores del ayuntamiento dogerista, y una de sus funciones, sino es que la principal, era servir de enlace entre Doger y Huesca.

De ahí el morbo de ciertos empresarios, ligados ideológicamente al PAN, por saber cómo Don Candelabro le hará para deshacer ese entuerto maquinado por personajes cercanísimos al ex edil que involucraron al Arzobispado y a la Iglesia Católica, vía la Fundación Cáritas, en un escándalo de corrupción.

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Muy a su pesar, Manuel Bartlett no tuvo más remedio que llegar al Club de Empresarios, donde ayer dictó la conferencia Reforma energética y sus alcances, en un automóvil deportivo, color blanco y de dos plazas, marca Mercedes Benz, conducido por su ex secretario de Gobernación y próximo dirigente municipal del PRI, Carlos Meza Viveros.

“A poco me vas a llevar en eso… voy a hacer el ridículo”, le comentó el ex gobernador al también notario público número 56 de Puebla, poco después de abandonar el edificio Carolino, para trasladarse al hotel Presidente Intercontinental.

Apenado, Carlos Meza le suplicó: “No me haga el desaire”, y entonces Bartlett no tuvo más alternativa que subirse al deportivo Mercedes, con todo y su traje de nacionalista a ultranza.

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Mientras las autoridades de Puebla y Veracruz siguen echándose la bolita sobre el lugar donde fue hallado el cadáver de  la sobrina del arzobispo de Xalapa, Karina Reyes Luna, las evidencias de que esta estudiante de la UPAEP, de la carrera de Diseño y Producción Publicitaria, pudo haber sido secuestrada en la capital poblana son crecientes.

Por lo pronto se sabe, y con certeza, que Karina Reyes asistió el jueves a clases y que ese mismo día partió con destino a Xalapa, ciudad en la que viven sus padres, y a la que ya no llegó.

Una de las líneas de investigación que siguen las autoridades veracruzanas es la del novio y su hermano, quien al parecer tendría antecedentes penales.

¿Si la sobrina del arzobispo Hipólito Reyes Larios estudiaba en Puebla, de dónde podría ser su novio?

¿Acaso también de Puebla?

¿Y si Karina Reyes estudiaba en la UPAEP?

¿Entonces…?

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