Reforma Electoral al vapor

Aunque es difícil saber en qué terminará finalmente la reforma política electoral, por la premura con que trabajan los senadores en su aprobación ante la urgencia del PRI y la Presidencia de la República de sacar antes del 15 de diciembre la Reforma Energética, el dictamen que se discute ya perfila cuáles serán los principales cambios.

En términos generales podría decirse que se trata de una reforma centralista y centralizadora, que acota a los gobernadores en temas como la integración de los institutos estatales electorales y la reelección de presidentes municipales y diputados locales, y que privilegia a las burocracias partidistas al meter candados legales a la reelección de diputados y senadores, y mantener el actual sistema de representación proporcional.

La iniciativa panista, base del dictamen aprobado por las cinco comisiones de Cámara Alta que intervinieron en su elaboración, fue mochada en varios de sus puntos torales. La reforma política sí incluye la sustitución del IFE por el Instituto Nacional de Elecciones (INE), más no la desaparición de los institutos estatales que ahora tendrán un rol secundario como órganos autónomos locales, cuyos consejeros serán designados centralmente por el Consejo General del INE.

El Frankenstein electoral que aquí se anticipó —y que fue planteado por los consejeros políticos y jurídicos de la Presidencia, frente a las presiones de algunos gobernadores priístas— es una de las novedades de esta apresurada e improvisada reforma.

El INE ya no quedó como la única autoridad electoral de carácter nacional, encargada de organizar todos los procesos electorales federales, estatales y municipales, sino como autoridad rectora en materia de elecciones que designará a los consejeros locales, pero sin inmiscuirse en la preparación y organización de los comicios estatales y municipales.

Lo anterior significa que el país no tendrá una sola estructura electoral nacional, pese a que en la mayoría de los estados las elecciones federales y locales ya son concurrentes, sino un remedo de IFE para procesos federales y 32 institutos estatales para comicios locales, y 33 diferentes códigos electorales, uno de carácter federal y 32 por una cada una de las entidades que conforman la República Mexicana.

Una auténtica estupidez desde el punto de vista organizativo y presupuestal.

¿No sería mejor mantener el IFE, aun con todas sus carencias y defectos, en lugar de un Frankenstein electoral como el INE que tiende a nacer sin el aval y reconocimiento del PRD y quién sabe de qué otros partidos con representación en el Congreso de la Unión?

Una cuestión positiva de la reforma política electoral es que esta romperá con el viejo atavismo del siglo pasado y que le permitió al PRI consolidar un sistema presidencialista de tipo autocrático y semiautoritario. La reelección de diputados y senadores hasta por un periodo de 12 años, y de alcaldes y diputados locales es, sin duda, lo más destacado de esta reforma, aunque su entrada en vigor se pospondrá hasta el 2018.

Algo que todavía no se sabe si pasará o no es el candado legal que las cúpulas partidistas quieren introducir en esta reforma —condicionando la reelección a la postulación por el mismo partido— para evitar los chantajes de sus militantes y garantizar la lealtad de sus legisladores.

En lo personal no veo mal esta condición, siempre y cuando el beneficio de la reelección se limite a  senadores y diputados de mayoría relativa, y no a los de representación proporcional. Dejarla abierta indiscriminadamente sólo fortalecerá las burocracias partidistas, su opacidad para rendir cuentas y la discrecionalidad con que manejan los recursos públicos que reciben o que se autoasignan desde el Congreso de la Unión.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy