¿Y el combate a la corrupción?

Una asignatura pendiente, que la partidocracia del Pacto por México ha marginado o relegado a un segundo o tercer plano, es el prometido —desde hace muchos sexenios— combate a la corrupción.

Antes de que Enrique Peña Nieto rindiera protesta como presidente de la República se filtró a la prensa que su gobierno desparecería la inútil y fallida Secretaría de la Función Pública (antes Contraloría) para sustituirla por una Comisión o Fiscalía Nacional Anticorrupción, dotada de amplias facultades para procesar y castigar a los funcionarios y particulares que se enriquecieran ilícitamente con recursos públicos.

También se dijo que su gobierno enviaría al Congreso de la Unión algunas iniciativas de ley o de reforma para hacer pública la cosa pública y para convertir al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en un órgano ciudadano garante de la transparencia y la rendición de cuentas, no sólo del Ejecutivo y los poderes Legislativo y Judicial, sino de los gobernadores y los presidentes municipales.

Algunas de estas acciones y reformas legales incluso quedaron plasmadas en el Acuerdo Político Nacional suscrito por el presidente Peña Nieto y los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, al día siguiente de la toma de posesión de aquél.

Ahí, los firmantes del Pacto por México estuvieron de acuerdo en impulsar una reforma constitucional para convertir al IFAI en un órgano constitucional autónomo, con facultades ante todos los poderes públicos federales (Compromiso 83), así como a establecer una Comisión Nacional Anticorrupción y un Consejo Nacional para la Ética Pública para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción (Compromisos 85 y 86).

De estas promesas se habla cada vez menos. Peña Nieto y los dirigentes del PAN, PRI y PRD han priorizado otros temas, algunos incluso estúpidos como el llamado adéndum al Pacto por México, mediante el que sus firmantes se comprometen —aunque usted no lo crea— “a sobreponer el interés del país y el de los mexicanos a cualquier interés partidario o individual”, “a cumplir con la palabra empeñada”, “a profundizar la transparencia”, y “a actuar bajo estricto apego a la Constitución y las leyes que de ella emanan”.

Es absurdo que los firmantes de este parche al Pacto, agregado tras el escándalo surgido en Veracruz por el uso partidista y electorero de los programas sociales de la Sedesol, acuerden cosas como garantizar sanciones a quienes hayan cometido o cometan delitos electorales, y se hagan de la vista gorda y mantengan un silencio cómplice frente a otros asuntos de mayor envergadura.

Tales casos serían el ofensivo enriquecimiento de los hijos de Carlos Romero Deschamps; los lujos y excesos del ex gobernador Humberto Moreira, que dejó vacías y endeudadas las arcas de Coahuila; los negocios de los dirigentes del Partido del Trabajo con los Centro de Atención y Desarrollo Infantil (Cadis); el influyentismo de la hija del titular de la Profeco, Andrea Benítez, mejor conocida como Lady Profeco; los excesos y abusos en que incurrieron, durante el ejercicio de sus funciones, el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y la ex procuradora Marisela Morales.

Además, la corrupción de los ex gobernadores de Chiapas, Juan Sabines, y de Tabasco, Andrés Granier; los excesos en que incurrieron los ex mandatarios de Morelos, Marco Antonio Adame, y de Jalisco, Emilio González; los negocios y corruptelas de otros dirigentes sindicales como Juan Díaz de la Torre, a quien el gobierno peñista pareciera haber perdonado tras colaborar en el golpe a Elba Esther Gordillo.

Y para citar algo mucho más reciente, el supuesto fraude en que habría incurrido el ex director jurídico de Pemex y ex dirigente nacional del PAN, César Nava Vázquez, en contra de la paraestatal durante las obras de reconfiguración de la Refinería de Cadereyta.

Las buenas intenciones de Peña Nieto de emprender una cruzada nacional contra la corrupción no deben quedarse en el discurso o en el papel, sino llevarse a la práctica. Y para ello no creo necesario que deban crearse más organismos o nuevas leyes en la materia. Lo que hace falta es voluntad política y acciones de fondo —y no cosméticas, como el golpe asestado a Elba Esther Gordillo.

La clase política que ha malgobernado al país —de hecho o de derecho— también tiene que pagar factura y asumir las consecuencias de sus excesos y latrocinios, y eso no puede quedar fuera del Pacto por México o terminar en un combate selectivo y discrecional, dirigido sólo a aquellos enemigos de los firmantes del Acuerdo Político Nacional, suscrito el pasado 2 de diciembre en el Castillo de Chapultepec.

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Ley 21 (de Las 48 Leyes del Poder de Roberto Greene)

FINJA CANDIDEZ PARA ATRAPAR A LOS CÁNDIDOS; MUÉSTRESE MÁS TONTO QUE SU VÍCTIMA

“A nadie le gusta sentirse más estúpido que los demás. Por lo tanto, el truco consiste en hacer sentir sagaces e inteligentes a sus víctimas y, sobre todo, más sagaces e inteligentes que usted: Una vez que las haya convencido de esto, nunca sospecharán que usted tiene motivaciones ocultas contra ellos”.

 

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