Una asignatura pendiente, que la partidocracia del Pacto por México ha marginado o relegado a un segundo o tercer plano, es el prometido —desde hace muchos sexenios— combate a la corrupción.

Antes de que Enrique Peña Nieto rindiera protesta como presidente de la República se filtró a la prensa que su gobierno desparecería la inútil y fallida Secretaría de la Función Pública (antes Contraloría) para sustituirla por una Comisión o Fiscalía Nacional Anticorrupción, dotada de amplias facultades para procesar y castigar a los funcionarios y particulares que se enriquecieran ilícitamente con recursos públicos.

También se dijo que su gobierno enviaría al Congreso de la Unión algunas iniciativas de ley o de reforma para hacer pública la cosa pública y para convertir al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en un órgano ciudadano garante de la transparencia y la rendición de cuentas, no sólo del Ejecutivo y los poderes Legislativo y Judicial, sino de los gobernadores y los presidentes municipales.

Algunas de estas acciones y reformas legales incluso quedaron plasmadas en el Acuerdo Político Nacional suscrito por el presidente Peña Nieto y los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD, al día siguiente de la toma de posesión de aquél.

Ahí, los firmantes del Pacto por México estuvieron de acuerdo en impulsar una reforma constitucional para convertir al IFAI en un órgano constitucional autónomo, con facultades ante todos los poderes públicos federales (Compromiso 83), así como a establecer una Comisión Nacional Anticorrupción y un Consejo Nacional para la Ética Pública para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción (Compromisos 85 y 86).

De estas promesas se habla cada vez menos. Peña Nieto y los dirigentes del PAN, PRI y PRD han priorizado otros temas, algunos incluso estúpidos como el llamado adéndum al Pacto por México, mediante el que sus firmantes se comprometen —aunque usted no lo crea— “a sobreponer el interés del país y el de los mexicanos a cualquier interés partidario o individual”, “a cumplir con la palabra empeñada”, “a profundizar la transparencia”, y “a actuar bajo estricto apego a la Constitución y las leyes que de ella emanan”.

Es absurdo que los firmantes de este parche al Pacto, agregado tras el escándalo surgido en Veracruz por el uso partidista y electorero de los programas sociales de la Sedesol, acuerden cosas como garantizar sanciones a quienes hayan cometido o cometan delitos electorales, y se hagan de la vista gorda y mantengan un silencio cómplice frente a otros asuntos de mayor envergadura.

Tales casos serían el ofensivo enriquecimiento de los hijos de Carlos Romero Deschamps; los lujos y excesos del ex gobernador Humberto Moreira, que dejó vacías y endeudadas las arcas de Coahuila; los negocios de los dirigentes del Partido del Trabajo con los Centro de Atención y Desarrollo Infantil (Cadis); el influyentismo de la hija del titular de la Profeco, Andrea Benítez, mejor conocida como Lady Profeco; los excesos y abusos en que incurrieron, durante el ejercicio de sus funciones, el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, y la ex procuradora Marisela Morales.

Además, la corrupción de los ex gobernadores de Chiapas, Juan Sabines, y de Tabasco, Andrés Granier; los excesos en que incurrieron los ex mandatarios de Morelos, Marco Antonio Adame, y de Jalisco, Emilio González; los negocios y corruptelas de otros dirigentes sindicales como Juan Díaz de la Torre, a quien el gobierno peñista pareciera haber perdonado tras colaborar en el golpe a Elba Esther Gordillo.

Y para citar algo mucho más reciente, el supuesto fraude en que habría incurrido el ex director jurídico de Pemex y ex dirigente nacional del PAN, César Nava Vázquez, en contra de la paraestatal durante las obras de reconfiguración de la Refinería de Cadereyta.

Las buenas intenciones de Peña Nieto de emprender una cruzada nacional contra la corrupción no deben quedarse en el discurso o en el papel, sino llevarse a la práctica. Y para ello no creo necesario que deban crearse más organismos o nuevas leyes en la materia. Lo que hace falta es voluntad política y acciones de fondo —y no cosméticas, como el golpe asestado a Elba Esther Gordillo.

La clase política que ha malgobernado al país —de hecho o de derecho— también tiene que pagar factura y asumir las consecuencias de sus excesos y latrocinios, y eso no puede quedar fuera del Pacto por México o terminar en un combate selectivo y discrecional, dirigido sólo a aquellos enemigos de los firmantes del Acuerdo Político Nacional, suscrito el pasado 2 de diciembre en el Castillo de Chapultepec.

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Ley 21 (de Las 48 Leyes del Poder de Roberto Greene)

FINJA CANDIDEZ PARA ATRAPAR A LOS CÁNDIDOS; MUÉSTRESE MÁS TONTO QUE SU VÍCTIMA

“A nadie le gusta sentirse más estúpido que los demás. Por lo tanto, el truco consiste en hacer sentir sagaces e inteligentes a sus víctimas y, sobre todo, más sagaces e inteligentes que usted: Una vez que las haya convencido de esto, nunca sospecharán que usted tiene motivaciones ocultas contra ellos”.

Correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com

Twitter: @periodistasoy

Si bien es innegable que durante los últimos años se han dado avances importantes en materia de transparencia y rendición de cuentas, y se han multiplicado las leyes y las instituciones oficiales y civiles que buscan que lo público sea realmente público, los intentos por escamotear este derecho mediante reformas a leyes secundarias, vinculadas con el artículo 6º constitucional, son cada vez más frecuentes.

De ahí la importancia de que 40 organizaciones públicas, académicas, periodísticas y sociales comprometidas con la transparencia se hayan integrado en una Red por la Rendición de Cuentas (www.rendiciondecuentas.org.mx), con la intención de abatir las trabas burocráticas y resistencias políticas encaminadas a mantener la opacidad sobre ciertos asuntos públicos.

El domingo pasado, para no ir muy lejos, El Universal dio cuenta de un grupo de entidades de la República Mexicana —Campeche, Puebla, Querétaro, Sonora y Veracruz— que habían reformado sus leyes locales de transparencia en sentido contrario a lo que señala la Constitución del país.

Tal situación es preocupante, pues este supuesto logro de la alternancia política en el orden federal, lejos de consolidarse, comienza a mostrar preocupantes signos de regresión.

En Campeche, los artículos 48, 74 y tercero transitorio de la Ley de Transparencia refieren que el derecho a la información no implica la consulta directa sobre los expedientes y que las unidades de acceso pueden impugnar las resoluciones de la Comisión a través del juicio de nulidad, lo cual atenta contra el principio de expedites y de especialización, al permitir que las resoluciones del órgano garante en materia de transparencia sean revisadas por un tribunal no especializado y en plazos prolongados, en perjuicio de los solicitantes.

En Puebla y Querétaro la información pública dejó de ser gratuita.

En la nueva Ley de Acceso a la Información Gubernamental de Querétaro se estableció que la “búsqueda” de la información tiene un costo directamente relacionado con los recursos empleados.

En Puebla, los informes, contratos y convenios administrativos celebrados entre el gobierno y sus proveedores ahora se clasifican como “documentación comprobatoria del ejercicio del gasto”, lo que obliga al solicitante a pagar cientos o miles de pesos por concepto de copias certificadas. 

Adicionalmente, a propuesta de la autoridad, se incluye una cláusula mediante la cual los particulares que signan algún contrato piden que la Secretaría de Finanzas o Administración clasifiquen como información reservada su acuerdo comercial o de prestación de servicios.

En Sonora se presentó el año pasado una iniciativa que dota de más facultades al Instituto de Transparencia Informativa del estado y de atribuciones para sancionar a los servidores públicos que incumplan con las obligaciones de rendición de cuentas, pero el Congreso aún no la aprueba.

Y en el caso de Veracruz, la mayoría priísta aprobó reformas a la Ley de Transparencia que lesionan el Derecho de Acceso a la Información, la posibilidad de obtener de manera expedita documentos, y la obligatoriedad y definitividad de las resoluciones del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) para los sujetos obligados.

En suma: a pesar de las reformas constitucionales, del surgimiento de comisiones garantes del cumplimiento del 6º constitucional y de la proliferación de observatorios de transparencia en los últimos años, la rendición de cuentas en México sigue siendo una quimera.

Mientras en nuestro país los institutos y comisiones creados para garantizar la transparencia de la información pública carezcan de dientes para sancionar a los funcionarios o servidores públicos omisos o incumplidos, y los encargados de aplicar la ley sean nombrados por medio de negociaciones en lo oscurito y cuotas partidistas, la impunidad y la opacidad seguirán.

Si con la normatividad que hoy existe personajes como Humberto Moreira o Fidel Herrera fueron capaces de endeudarse hasta quebrar las finanzas de sus estados; y políticos como el gobernador Enrique Peña, los secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero, y de Educación, Alonso Lujambio, dilapidan recursos para promocionar su imagen, no quiero imaginar qué sucedería si en transparencia continúan los retrocesos.

Por eso insisto: en materia de rendición de cuentas y transparencia, ni un paso atrás.

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Trascendidos

Que este miércoles sí se dará el fallo de la licitación convocada por el ayuntamiento de Puebla para la adquisición de 4,200 uniformes del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Sin embargo, trascendió que entre los funcionarios de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información no existe mucha disposición de que el concurso sea ganado por un proveedor que viene de la pasada administración municipal, y que primero ofreció gratificaciones y luego —cuando estas no fueron aceptadas—  comenzó a descalificar a otras empresas del ramo.

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Que hace unos días se habría dado un fuerte desencuentro entre un importante funcionario del gobierno del estado y una subordinada suya, que amagó con renunciar, molesta por el trato y las presiones de que era objeto aun cuando hacía su mejor esfuerzo por sacar adelante los proyectos y tareas encomendadas.

Según una fuente confiable, la funcionaria en cuestión puso por delante su renuncia, lo que alteró de sobre manera a su jefe quien, fuera de sus casillas, le advirtió que si se mantenía en esa posición su empresa pagaría las consecuencias.

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Los más afectados con la decisión del ayuntamiento de Puebla de no permitir la presencia de ambulantes en el Centro de la Ciudad y en algunas zonas del norponiente de la capital son los líderes de la 28 de Octubre, Antorcha Campesina y la Triple A que han dejado de recibir entre 1,500 y 2,500 pesos diarios libres de polvo y paja.

De ahí su beligerancia y las marchas de protesta que en los últimos días han intensificado, en aras de que las autoridades municipales les permitan seguir cobrando entre 50 y 100 pesos diarios a los más de 20 ambulantes que cada organización tenía bajo cuota en distintos puntos de la ciudad.

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Le recuerdo que esta columna ahora también puede leerla en el portal La Silla Rota (www.lasillarota.com) todos los miércoles.

Simón dice:

“Lo oscuro acabamos viéndolo; lo completamente claro lleva más tiempo.”

Edward Roscoe Murrow (1908-1965) Comentarista y reportero estadounidense.

Que en el transcurso de los próximos días comenzarán a enviarse señales que despejarán la incertidumbre que hoy prevalece en las filas priístas sobre quién será el abanderado del PRI a la presidencia municipal de Puebla.

Y el encargado de enviarlas será el primer priísta de la entidad, y no el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, quien en los últimos días pretendió habilitar como opciones alternativas del «Plan A» (Mario Montero Serrano) a Jorge Estefan Chidiac, a Luis Alberto Arriaga Lila y a Pablo Fernández del Campo.

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Que este domingo estará por la entidad, en una gira de trabajo por los municipios de Ciudad Serdán y Tehuacán, para sumarse a la precandidatura de Rafael Moreno Valle Rosas a la gubernatura de Puebla, el senador Santiago Creel Miranda.

Con el exsecretario de Gobernación federal son tres las figuras nacionales del PAN que en menos de dos semanas se pronuncian por Moreno Valle como la mejor opción para derrotar al PRI en las próximas elecciones de julio. La primera fue el expresidente del CEN del partido, Manuel Espino Barrientos, y la segunda el coordinador de la fracción del PAN en el Senado de la República, Gustavo Madero Muñoz.

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Que la ausencia de un coordinador general de adeveras en el equipo de campaña de Javier López Zavala comienza a notarse y de fea manera, en perjuicio del propio abanderado del PRI que personalmente tiene hacerla de coordinador de avanzada, promotor al voto, jefe de prensa, coordinador de logística, maestro de ceremonias y candidato a la gubernatura.

A López Zavala le hace falta un López Zavala.

El problema del candidato priísta es que no parece candidato, sino coordinador de campaña, y que nadie de sus más cercanos operadores y colaboradores se toma en serio el nombramiento de Jesús Morales Flores como coordinador general, lo que da pie a que varios de éstos descuiden las tareas que tienen encomendadas, en aras de ocupar esa posición.

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Que la comisionada presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Jaqueline Peschard Mariscal, puso ayer nuevamente en evidencia al contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, quien hace unos días declaró que la demora para poner en funcionamiento en Puebla el sistema Infomex obedecía a problemas técnicos del organismo federal.

Jaqueline Peschard manifestó ayer que la inoperancia de la plataforma Infomex, como mecanismo para que la administración estatal reciba y responda las solicitudes de información pública que se le hagan, en realidad obedece a una cuestión de voluntad política y de deficiencias que no han querido subsanarse en la Ley de Transparencia de Puebla.

Más claro, ni el agua.

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Simón dice:

«Que siempre por señales o razones se suelen descubrir las intenciones».

Alonso de Ercilla y Zúñiga (1533-1594). Escritor español.