Facundo: Bye, bye

Después de la comparecencia del secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo más seguro es que pronto sea removido del cargo antes de que su continuidad siga dañando la imagen y credibilidad del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.

Por lo pronto este miércoles el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, ya lo exhibió en conferencia de prensa, al destacar que Don Facundo se rehusó a proporcionar nombres de los policías y jefes que participaron en el desalojo de pobladores de Chalchihuapan, el pasado 9 de julio, y otros informes relevantes sobre el operativo realizado en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

El problema para el gobierno del estado es que la inminente remoción del secretario de Seguridad Pública no atenuará la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala, que este fin de semana cumplirá un mes. Si Don Facundo hubiera sido separado del cargo, una vez que trascendió la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, mientras se hacían las investigaciones del caso y se deslindaban responsabilidades, el escenario quizás hoy sería diferente.

La marcha de protesta que para este domingo se anuncia del Triángulo de Las Ánimas a la Fuente de Los Frailes sobre el bulevar Atlixco, y de ahí al zócalo de la ciudad por la Avenida Juárez y la avenida Reforma será un buen termómetro para prever cuál será el derrotero que siga esta crisis y cuáles serán sus alcances en el corto y mediano plazo.

Si la marcha, inicialmente convocada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) que encabeza Francisco Hernández Juárez, logra reunir a miles de manifestantes y ciudadanos agraviados por el gobierno de Moreno Valle, lo más seguro es que la cabeza del secretario de Seguridad Pública sea insuficiente para contener la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala.

Pero si, por el contrario, la protesta resulta poco nutrida o se convierte en un mitin de radicales en el que los reclamos de justicia por la muerte del menor asesinado, la restitución de los servicios del registro civil en las juntas auxiliares y la derogación de la Ley Bala, degenera en la exigencia de que Moreno Valle renuncie o sea llevado a juicio político, entonces lo más probable es que el conflicto se desinfle.

Una cosa es que los ciudadanos no aprueben y hasta se manifiesten en contra los abusos del gobierno del estado, y otra muy diferente que la mayoría de los poblanos quieran la renuncia de Moreno Valle.

De ahí la importancia de la marcha de este domingo en la capital del estado.

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Entre algunos regidores del ayuntamiento de Nopalucan de la Granja no ha caído nada bien la disposición del edil priísta Rogelio Roque Torres de retener los sueldos de los miembros de su cabildo y de sus principales funcionarios, para cubrir el anticipo de la Arrolladora Banda El Limón que se presentará el 21 de septiembre en el marco de los festejos de la feria.

Tampoco que el ayuntamiento tenga que invertir 200 mil pesos en la pinta de bardas y la elaboración de carteles anunciando su presentación, no obstante que la banda fue contratada por una empresa de espectáculos denominada Abaco, que pretende vender cerca de 10 mil boletos a un costo de 200 y 250 pesos cada uno, y en la que tiene fuertes intereses los hermanos Arturo y Leobardo Soto Martínez, este último dirigente estatal de la CTM.

Y tampoco que el negocio de la venta de comida y bebidas alcohólicas durante el show de la Arrolladora Banda El Limón tenga como beneficiario al regidor de Industria y Comercio de Nopalucan, Andrés Torres, cómplice y soltador del munícipe de Nopalucan, Rogelio Roque.

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