Un tema al que las autoridades estatales están dando poca importancia pese a que podría complicarles el cierre de la administración en el último año del sexenio son los juicios y resoluciones que viene posponiendo.

Entre ellos el cumplimiento a cabalidad de las once recomendaciones que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Chalchihuapan, del que este jueves se cumple un año sin que a los afectados y víctimas de aquel violento desalojo les hayan aun reparado los daños u ofrecido una disculpa pública conforme a los estándares internacionales.

Las decenas de juicios penales abiertos en contra críticos y opositores al régimen que se litigan en juzgados estatales y federales, y por los cuales algunos de estos se encuentran recluidos en diferentes cárceles de la entidad (Rubén Sarabia Simitrio, Israel Pacheco, los Xicale, los ex alcaldes auxiliares de Canoa y Chalchihuapan) y otros en libertad bajo caución como Miguel Guerra Castillo, Juan Carlos Flores Solís, Enedina Rosas Vélez y Félix Montes Xelhua, entre otros.

Y las centenas de demandas laborales que siguen acumulándose en el Tribunal de Arbitraje del estado y en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje promovidas por burócratas y empleados despedidos, algunos con 25 y 30 años de servicio en el servicio público, y por las cuales el gobierno estatal tarde o temprano tendrá que responder ya sea reinstalando a los trabajadores, liquidándolos o pagándoles salarios caídos.

Da la impresión que el gobierno no visualiza que se encuentra en la recta final del sexenio o que el año entrante será el más complicado y difícil de todos, no solo por el desgaste natural de cualquier administración sino porque habrá elecciones y poco dinero para hacer frente a las deudas y compromisos contraídos.

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A propósito de despedidos.

Cuentan que en el ayuntamiento de Puebla dos funcionarios de alto nivel han entrado en conflicto por control de la dirigencia sindical y el manejo de las cuotas sindicales, y que en el meollo del diferendo está un despacho de contadores que representa legalmente al Sindicato Benito Juárez.

Se trata del despacho Amaro Reyna y Herrero Consultores SC, cuyo titular, el contador Germán Reyna y Herrero, es un viejo conocido de Rafael Ruiz Cordero desde el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El conflicto está relacionado con el monto del contrato y los honorarios que el despacho cobra al Sindicato Benito Juárez por asesorarlo y representarlo jurídicamente ante el ayuntamiento de Puebla y otras instancias en las que sean requeridos sus servicios y acciones judiciales y extrajudiciales.

Según esta versión el contrato de prestación de servicios entre el recomendado del secretario de Administración del ayuntamiento y la dirigencia sindical asciende a unos 6.7 millones de pesos, es decir a unos 150 mil 800 pesos mensuales durante casi cuatro años.

Cuestión esta que no es del agrado del síndico municipal Héctor Sánchez Sánchez, que no entiende por qué si él puso a los dirigentes del Sindicato Benito Juárez ahora él no puede opinar sobre el despacho que los puede representar.

Los enterados aseguran que las últimas protestas de trabajadores sindicalizados exigiendo rendición de cuentas a la dirigencia del gremio encabezada por Daniel Ortiz Acevedo no son ajenas a este conflicto entre el secretario de Administración y el síndico municipal.

¿Será?

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En la última reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) celebrada en el vecino estado de Tlaxcala el mandatario poblano Rafael Moreno Valle fue relegado en la foto oficial del evento, ya que fue ubicado en la segunda fila y hasta el final.

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En el caso de Chalchihuapan, el gobierno del estado ha venido jugando al filo de la navaja y esos riesgos comienzan a pasarle factura.

Lo ocurrido este jueves en el marco del Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia con la presencia de la madre del menor fallecido en Chalchihuapan, Elia Tamayo Montes, era previsible.

Su simple presencia — y la torpe decisión de algunos funcionarios locales de echarla del Centro Expositor, sede del Congreso— no sólo llamó la atención de varios de los congresistas internacionales, sino que puso al gobierno del estado contra la pared, por la insensibilidad que ha mostrado frente a este crimen no esclarecido.

Si la intención de la administración morenovallista sobre este Congreso Mundial era borrar del imaginario colectivo las imágenes del niño de Chalchihuapan, José Luis Tehuatlie, víctima fatal del desalojo del pasado 9 de julio en la autopista Puebla-Atlixco, el tiro le salió por la culata.

La bruta decisión de pedirle a Elia Tamayo que abandonara el Centro Expositor, pese a que ahí había sido citada para reunirse con activistas y defensores de los derechos de la infancia que acuden a este Congreso internacional, sólo hizo más grande el escándalo.

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En el transcurso de la próxima semana el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, podría hacer saber al gobierno del estado su insatisfacción por el supuesto cumplimiento de las once recomendaciones que emitió sobre el caso Chalchihuapan, el pasado 11 de septiembre.

El nuevo ombudsman tiene por delante retos muy complicados, por lo que no sería nada raro que en aras de ganar legitimidad comience enmendándole la plana al gobernador Rafael Moreno Valle, por el evidente incumplimiento de algunas recomendaciones, como la tercera, la quinta o la sexta que textualmente dicen:

“TERCERA. Instruya a quien corresponda para que se reparen los daños causados a las víctimas y a sus familiares en los términos más amplios y de manera integral, acorde con lo que establecen los estándares internacionales en la materia y la Ley General de Víctimas, con motivo de los actos y omisiones en que incurrieron los servidores públicos de la instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del Estado de Puebla que participaron en los hechos del 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla; elabore para ello un registro que permita identificar adecuadamente a cada una de las víctimas, el tipo de reparación que se le otorgará, los tiempos y las condiciones para que la misma se encuentre debidamente solventada, y envíe a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

“QUINTA. En el contexto anterior, instruya a quien corresponda para implementar una estrategia para la atención de demandas sociales en el estado de Puebla que contemple la solución pacífica de conflictos, se abstenga de criminalizar la protesta social y prevea acciones efectivas y eficaces de coordinación institucional para el tratamiento de manifestaciones públicas, privilegiando en todo momento el diálogo y reduciendo los riesgos que pudiera representar el uso de la fuerza.

“SEXTA. Instruya a quien corresponda para que se ofrezca una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo, se den a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron origen a esta Recomendación, y se informe a esta Comisión Nacional sobre las acciones que se lleven a cabo para tal efecto”.

Es obvio que la mayor víctima del caso Chalchihuapan, la señora Elia Tamayo, no sólo no ha recibido una disculpa institucional, ni la reparación del daño por la muerte de su hijo de 13 años, sino que la administración estatal sigue empeñada en la criminalización de la protesta social, como se ha demostrado con el encarcelamiento de seis vecinos de Chalchihuapan y de los presidentes auxiliares de La Resurrección y Canoa, quienes encabezaron las protestas por el retiro de los servicios del Registro Civil a las juntas auxiliares de la entidad.

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Otra queja contra los organizadores del Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia partió de quienes recibieron becas para asistir sin costo al evento, ya que no recibieron audífonos para escuchar las intervenciones de los ponentes extranjeros.

Los inconformes, procedentes de universidades y dependencias estatales, indicaron además que no tienen derecho a una constancia de participación y ni siquiera a un pase para alimentos.

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Francisco Martínez, nuevo secretario de Investigación en la FDCS de la BUAP

Finalmente Paulino Arellanes Jiménez no fue designado secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, sino Francisco Martínez Alpízar.

El ex candidato a director de la Facultad de Derecho es un conocido litigante laboralista, que hasta hoy se desempeñaba como asesor del Centro de Vinculación de la BUAP, lo que antes era el Bufete Jurídico Universitario.

Martínez Alpízar es doctor en Derecho, fue socio de Alejandro Gallardo Arroyo y amigo del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Velázquez Cruz.

Tiene 27 años como docente y entre los catedráticos de la Facultad es conocido como La Gripa, en alusión a su estatura: «el hombre del cuerpo cortado».

La designación de Martínez Alpízar, en sustitución de César Cansino Ortiz, fue hecha por el director de la Facultad, Carlos Antonio Moreno Sánchez con base en el artículo 115 fracción VIII del Estatuto Universitario.

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Hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha llegado una queja colectiva por despidos masivos, acoso y discriminación por edad y género (mobbing laboral) en contra del delegado y el jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Rodolfo Reyes Coria y Alejandro Minor Castillo, respectivamente.

La queja fechada el 10 de octubre del año en curso quedó radicada con el número de folio 107653 y entre quienes la interpusieron figuran Claudia Francisco Morales Juárez, Gabriela Huerta Carrasco, Anabel Michinami Espíndola, María Lourdes Barba Ruiz, Norma Hernández Hernández, Silvia Emilia Marrufo Carrasco, Yolanda Alvarado Camacho, Diana Lizbeth Macías Hernández, María de las Nieves Vázquez Hernández y Alicia Jiménez Torres.

Como puede observarse, la queja la presentan sólo damas, pues a decir de las firmantes al delegado del IMSS no le gusta trabajar con mujeres, por lo que se vale de cualquier argucia para despedirlas u hostigarlas laboralmente, hasta conseguir su renuncia o cese, en complicidad con el jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación.

En la queja presentada contra Reyes Coria y Minor Castillo —y que este lunes la senadora panista del estado de Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández ventiló en la Cámara Alta en el marco de las entrevistas y negociaciones sobre el futuro presidente de la CNDH—se dice que ambos funcionarios han seguido despidiendo y acosando a mujeres, entre ellas ocho que laboraban en la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente y el Departamento de Relaciones Contractuales, y a la jefa de Prestaciones Médicas, Martha Leticia Valdés Martínez.

Esta última, según se asienta en el escrito dirigido a la senadora Adriana Dávila, también ha interpuesto una queja ante el Órgano de Control Interno del IMSS por las trabas que se le ponen para el cumplimiento de sus funciones, no obstante haber conseguido para la delegación Puebla algunos reconocimientos nacionales.

Sobre estas quejas, la Delegación del IMSS rechazó que Reyes Coria hubiese pedido a la jefa de Prestaciones Médicas su renuncia, y aclaró que si hubo liquidaciones en la Coordinación de Atención al Derechohabiente es porque tres de las personas que estaban contratadas —Marisol Magaly Garrido Benítez, Gabriela Martínez Sánchez y Pamela Berenice Segura Vázquez— no obtuvieron los resultados esperados.

Finalmente precisó que la queja promovida por Yolanda Alvarado Camacho en contra del delegado y el jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación obedece a las investigaciones que se le siguen a nivel central desde enero de 2013, tras la auditoría que se le practicó y por la que fue encontrada responsable de ejercicio indebido de servicio público, y por operar una red de complicidades en las Subdelegaciones del IMSS de Puebla, a partir del Departamento de Auditoría a Patrones en la Jefatura de Afiliación y Cobranza, de la cual fue titular.

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Aunque la causa principal por la que no fueron reconocidos ni acreditados los representantes de los tres nuevos partidos políticos nacionales ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) es económica o presupuestal, lo más probable es que a pesar de eso tendrán que romper el cochinito y entregarles el equivalente a tres meses de financiamiento público estatal.

Y es que en esta materia hay tesis y jurisprudencias que indican todos los partidos políticos con registro nacional tienen que recibir financiamiento para el desarrollo de sus actividades, aun cuando en las elecciones locales no hubiesen obtenido al menos el dos por ciento de la votación.

En ese tenor, lo más probable es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla terminen fallando a favor de los tres nuevos partidos nacionales que buscaron acreditarse en el IEE, pero que les mandaron a decir que mejor se esperen hasta enero del próximo año.

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Tome esta hipótesis con reserva, pero se la transmito en virtud de la creciente violencia en varias entidades del país, como consecuencia de los vínculos y complicidades de autoridades municipales, estatales y federales con la delincuencia organizada, y que ha puesto a México en la mira internacional tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y el descubrimiento de una decena de tumbas con cuerpos que no corresponden a los de los estudiantes secuestrados por el narco en Iguala, Guerrero.

Debo aclarar que este análisis se lo escuché a un experto en temas de geopolítica y seguridad nacional que por razones profesionales está vinculado con algunas agencias y despachos de inteligencia de los Estados Unidos, mejor conocidos think tanks (tanques pensantes).

Desde su perspectiva, algunas acciones del gobernador Rafael Moreno Valle encaminadas a sacar adelante diversas obras y proyectos tanto energéticos como de infraestructura y a contener la oposición de ciertos activistas y grupos opositores locales que han manifestado su rechazo a la construcción de hidroeléctricas y gasoductos, así como a la perforación de minas o yacimientos en la Sierra Norte de Puebla, han tenido el propósito de llamar la atención de políticos e inversionistas de los Estados Unidos.

Para el mandatario estatal es importante demostrar de cara a la próxima sucesión presidencial que es un gobernante confiable, abierto a la inversión extranjera, dispuesto a que las reformas del presidente Peña Nieto en materia energética y de telecomunicaciones se traduzcan en proyectos concretos y al que no le temblaría la mano para aplacar a los grupos de presión que se opusieran a ellos o intentaran impedirlos.

De ahí, según el experto, la decisión de Moreno Valle de encarcelar a los activistas que se han opuesto al Gasoducto Morelos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a las obras carreteras del Arco Poniente, a las reformas a la Ley Orgánica Municipal por las cuales los presidentes auxiliares perdieron los ingresos del Registro Civil y a los que han bloqueado carreteras o quemado patrullas de la policía.

De ahí su actitud y posición, poco o nada sensible y hasta impopular, frente a los hechos violentos del Chalchihuapan del pasado 9 de julio, la muerte del menor de 13 años José Luis Tehuatlie Tamayo, los reclamos de su madre Elia Tamayo Montes, y las once recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y su decisión de mantener al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, y a otros funcionarios de su gabinete que actuaron con negligencia o fueron parte del montaje de la teoría del cohetón y la onda expansiva.

Frente a la debilidad que ha mostrado el presidente Enrique Peña Nieto y algunos de sus secretarios ante los acontecimientos violentos de Iguala y Chilpancingo, Guerrero; y Tlatlaya, Estado de México; la beligerancia del narco, las evidencias de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad; así como de las crecientes movilizaciones estudiantiles y de organizaciones y movimientos sociales en varios estados del país, la mano dura y talante de Moreno Valle no han pasado inadvertidos para ciertos observadores y analistas de Estados Unidos, preocupados por la inestabilidad de su vecino de la frontera sur.

Y eso, de acuerdo con nuestro especialista, también lo sabe el propio gobernador y sus consultores estadounidenses, de los que en una futura entrega ya nos ocuparemos.

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Desde hace unos 40 días, cuando en este espacio hice público un oficio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al procurador de Justicia de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, sobre la indolencia y las omisiones en que han incurrido ministerios públicos, peritos, policías ministeriales y demás funcionarios de la dependencia, involucrados en las investigaciones y la integración de la averiguación previa por el allanamiento y robo en las oficinas del periódico digital e-consulta, he recibido una docena de citatorios.

El asalto a las instalaciones de e-consulta ocurrió en la madrugada del 25 de julio 2013, es decir, hace casi 15 meses, y durante más de 13 meses el tema estuvo prácticamente olvidado por las autoridades, no obstante los videos que en este portal se difundieron del delincuente, irrumpiendo en nuestras oficinas, y en un negocio de ropa infantil de la zona de Las Ánimas.

Como ya lo apunté, el repentino interés de la Procuraduría de Puebla por esclarecer el atraco de dos computadoras –la mía y la de mi socia, Blanca Galindo Tello—se dio después de lo que escribí el 11 de septiembre bajo el título Negligencia y dolosas omisiones de la PGJ en el robo a e-consulta.

Desde entonces distintos agentes ministeriales han desfilado por las instalaciones del periódico, en la colonia Bella Vista, para citarme a diferentes diligencias con el propósito de que acredite la propiedad de las dos laptops que se robaron, para que presente a mi socia a declarar y para que haga lo propio con el personal que labora en el portal.

Frente a tal acoso, este lunes decidí presentar un escrito a la Procuraduría General de Justicia para dejar en claro por qué no compareceré y por qué considero ociosos los citatorios que se me hacen con el propósito no de esclarecer el hurto, sino de acallar las críticas de la CNDH respecto a la actuación de una docena de funcionarios de la dependencia.

A continuación los cinco puntos de mi alegato:

1.- Por la negligencia y dolosas omisiones en que han incurrido los ministerios públicos, peritos, policías ministeriales y demás funcionarios de la Procuraduría General de Justicia a cargo de las investigaciones e integración de la averiguación que por allanamiento y robo a las instalaciones del periódico digital e-consulta presenté el 25 de julio de 2013, es decir, hace casi 15 meses.

Negligencias y omisiones que, a decir del Quinto Visitador General de la CNDH, Fernando Batista Jiménez, “evidencian una falta de compromiso de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia con la cultura de la legalidad, así como un incumplimiento a la obligación que tienen de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” y una desatención a la Recomendación General número 20 de la CNDH sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante.

2.- Porque después de casi 15 meses no se va a esclarecer un extraño y violento robo cometido en mi agravio si las pruebas, huellas y otras periciales a las que tuvieron acceso los agentes, policías y peritos que estuvieron en las oficinas del periódico, las entregaron al Ministerio Público con ocho meses de atraso o nunca se integraron a la averiguación, porque la perito en dactiloscopia, Jasive Osorio García, dejó de laborar en la Procuraduría General de Justicia.

3.- Porque resulta inconcebible que los videos proporcionados por un servidor a los agentes investigadores, en distintos momentos, no se hayan integrado a la averiguación, no obstante que estos contienen valiosas imágenes del asaltante, captadas la madrugada del 25 de julio, y de otro robo cometido por este delincuente en una tienda de ropa de Las Ánimas.

Ambos videos son públicos y pueden verse en los siguientes links:

Video del asalto a e-consulta

Video de asalto a tienda en Las Animas

4.- Porque tales videos ni siquiera son del conocimiento de la agente Guadalupe Francisca Baxin Xolot, a quien supuestamente se asignó la investigación del caso, según se desprende de las dos comparecencias que tuvo ante el Ministerio Público los días 9 de enero y 17 de marzo de 2014, situación que a juicio de la CNDH “pone en evidencia una investigación, además de tardía y deficiente, pues en ninguna de las referidas comparecencias la agente de la Policía Ministerial precisó los datos sobre el día y hora que realizó esas diligencias, la cantidad de vecinos que entrevistó o sus nombres y la ubicación de los lugares a los que acudió”.

5.- Porque la Procuraduría General de Justicia se niega a explorar, como línea o hipótesis de investigación, que la sustracción de los equipos de cómputo estuviera estrechamente vinculada con mi actividad profesional, mis columnas periodísticas o con futuras publicaciones a partir de los archivos de información política, noticiosa y confidencial que en ellos almacenaba.

No omito precisar que desde el 25 de julio de 2013 en que presenté mi denuncia, colaboré en todo momento con las autoridades, hasta percatarme que no existía voluntad política de llegar al fondo del asunto, sino sólo la intención de guardar las formas y simular una investigación que, como bien ha documentado la CNDH, ha sido negligente y dolosa.

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Cumple recomendaciones violando derechos humanos

Su supuesto cumplimiento raya en el cinismo y la desfachatez

Si las once recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobernador Rafael Moreno Valle sobre el caso Chalchihuapan resultaron tibias y anodinas respecto a la dimensión del conflicto y al montaje creado por el propio gobierno estatal para responsabilizar a los habitantes de esta junta auxiliar de Santa Clara Ocoyucan de la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, su supuesto cumplimiento raya en los límites del cinismo y la desfachatez.

El ombusdman nacional, Raúl Villanueva Plascencia, instruyó al mandatario estatal no sólo a ofrecer una disculpa institucional a las víctimas y familiares de Chalchihuapan que padecieron los excesos y atropellos policiacos que se cometieron durante el enfrentamiento del pasado 9 de julio en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, sino garantías de que estos abusos jamás volverían a repetirse.

Sin embargo, el gobierno de Moreno Valle se limitó a enviar el viernes por la noche a su consejero jurídico, José Montiel Rodríguez, al salón Oriental 1 del Centro de Convenciones de Puebla, para leer un comunicado de disculpa pública “a todas las víctimas que vieron vulnerados sus derechos humanos”, en la más absoluta opacidad. Al acto ni siquiera fueron convocados los medios supeditados al gobierno estatal.

Del hecho sólo se supo por un insulso comunicado de prensa emitido la mañana del sábado, después que por la madrugada del mismo sábado fueron detenidos, con lujo de violencia en sus domicilios, cinco vecinos de Chalchihuapan: Florentino Tamayo Ponce, 39 años; Raúl Contreras Montes, 36 años; Fausto Montiel García, 31 años; Vicente Juárez Varela, 57 años, y Álvaro García Xelhua, 32 años.

Los uniformados se presentaron a las 4 de la madrugada, armados y con la cara cubierta con pasamontañas para ejecutar las órdenes de aprehensión y cateo —obsequiadas por el Juzgado Tercero de lo Penal de Puebla—, rompieron puertas, chapas y cristales en las casas de los detenidos, quienes fueron recluidos en el penal de San Miguel.

Paradójicamente, el gobierno del estado únicamente multó y amonestó —sin que se revelara el monto de la sanción, ni los términos de la amonestación— al secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, señalado por la CNDH como el principal responsable del fallido operativo y para quien la Comisión instruyó abrir un procedimiento de responsabilidad “con motivo de las violaciones graves a los derechos humanos” observadas en la recomendación número 2VG/2014.

Este doble rasero está lejos de atender el fondo del resolutivo de la CNDH. Más bien parece una burla a los agraviados, a las organizaciones, partidos y actores políticos que han exigido el cumplimiento cabal de las 11 recomendaciones.

Cómo puede el gobierno de Moreno Valle decir que ya cumplió lo que instruyó el ombusdman nacional el pasado 11 de septiembre, si la Fiscalía Especial creada para investigar el caso —dependiente de la Procuraduría General de Justicia— ni siquiera ha revelado el alcance de sus pesquisas.

Si su titular, José Antonio Pérez Bravo, aún no explica quién de los policías que participaron en el operativo —o de los que el viernes por la noche fueron aprehendidos— fue el que disparó el proyectil que causó la muerte del niño José Luis Tehuatlie; quién o quiénes fueron los autores intelectuales de la teoría del cohetón y/o la onda expansiva a la que recurrió la gestión morenovallista para evadir su responsabilidad; y qué responsabilidad tienen quienes montaron y financiaron las maniobras para inculpar a los vecinos y detenidos del fallecimiento del hijo menor de Elia Tamayo Montes.

Cómo puede el gobierno presumir el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH si las víctimas y familiares a quienes les fueron violados sus derechos humanos aún no reciben la reparación de los daños que sufrieron en los términos más amplios posibles y conforme a los estándares internacionales en la materia y la Ley General de Víctimas.

Una cosa es que la administración estatal haya creado un Fideicomiso para hacer frente a esos compromisos e indemnizar a las víctimas que perdieron un hijo, un ojo, el habla, los dedos de la mano o resultaron gravemente lesionados, y otra muy diferente que estos daños se hayan solventado.

Con qué autoridad el gobierno morenovallista puede decir que ya ofreció una disculpa pública a las víctimas de sus excesos de San Bernardino Chalchihuapan, si estos fueron citados con todo sigilo a una reunión la noche del viernes en el Centro de Convenciones de Puebla, y horas más tarde sus familiares fueron detenidos con lujo de violencia y llevados al Cereso de Puebla acusados de diversos delitos.

¿Es así como se da cumplimiento a la cuarta y quinta recomendaciones de la CNDH en el sentido de que el gobierno estatal debe implementar mecanismos efectivos que privilegien el diálogo y el respeto de los derechos humanos, y eviten la criminalización de la protesta social?

La CNDH está en condiciones de rechazar este falso cumplimiento y exhibir a las autoridades y al fiscal especial del caso, José Antonio Pérez Bravo, por esta simulación que sólo polariza los ánimos de los agraviados, ridiculiza al ombusdman nacional, y deja a los poblanos en estado de indefensión frente a los abusos y excesos del Ejecutivo estatal.

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En el Comité Ejecutivo Nacional del PAN está pendiente desde hace dos sesiones la discusión del Reglamento de Afiliación, asunto que posiblemente se aborde el lunes de la semana entrante, en medio de la polémica que existe en Puebla por la afiliación corporativa de más de 14 mil ciudadanos a las filas del blanquiazul.

Se sabe que desde el viernes de hace ocho días cuando el coordinador jurídico del Comité Directivo Estatal del PAN, Jorge Jiménez Calderón, fue desalojado de las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) —con el pretexto de una amenaza de bomba, pero con la intención de que no pudiera interponer más de 14 mil juicios de revisión constitucional contra esas afiliaciones—, el tema se conoció en el CEN.

Rafael Micalco Méndez, dirigente estatal del PAN, se entrevistó desde día con algunos miembros de la dirigencia nacional, y otros personajes lo han buscado para pedirle informes sobre cómo se dieron estas afiliaciones, ya que lo ocurrido en Puebla se ha repetido en otras entidades del país.

Uno de estos personajes es el senador por Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien podría tomar el caso Puebla como una bandera nacional para echar abajo los registros masivos de militantes en varias entidades del país.

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El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, pronto se dará cuenta que el apoyo que algunos prominentes panistas le prometieron —entre ellos el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle— para asegurar su reelección, se quedará corto o será insuficiente para mantenerse como ombusdman nacional.

De los 38 senadores panistas, los que podrían respaldar la reelección de Raúl Plascencia no llegan ni a diez, entre ellos el poblano Javier Lozano Alarcón, la comadre de Plascencia Mariana Gómez del Campo, Roberto Gil Zuarth y Francisco García Cabeza de Vaca.

En el PRD los números para Plascencia Villanueva son aún peores, no sólo porque Los Chuchos –es decir, los pertenecientes a la corriente Nueva Izquierda— son minoría, sino porque la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Angélica de la Peña Gómez, lo tiene vetado.

Y eso que Angélica de la Peña es esposa del líder moral de Los Chuchos, Jesús Ortega Martínez, y que algunos senadores de esta corriente, en la que se supone tiene influencias el gobernador Moreno Valle, supuestamente lo apoyarían.

Visto está que no.

De los cincuenta y tantos senadores del PRI ya mejor ni hablamos, pues es obvio que no lo apoyarán, después de los escándalos internacionales de violencia y violación de derechos humanos en que México está envuelto por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, y de un menor de 13 años en Chalchihuapan, Puebla.

¡Lástima Margarito, ya será para la otra!

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Este sábado 18 de octubre la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y la Casa de los Derechos de Periodistas A.C. ofrecerán un taller gratuito a periodistas, reporteros gráficos y caricaturistas de la zona metropolitana de Puebla, en el salón Luis Cabrera de la Casa de la Cultura.

El taller es totalmente gratuito, comenzará las 9 de la mañana y concluirá ocho horas después, y tendrá como principales ponentes a Saúl Maldonado Espinoza, director de Comunicación Interna de la FEADLE, y Luis Alberto Jiménez Martínez, jefe de Departamento de Atención a Denuncias y Seguimientos al Sistema de Alerta Temprana de la misma Fiscalía.

Durante el taller los participantes serán capacitados sobre los alcances y límites de la libertad de  expresión, las diferentes maneras de prevenir los delitos en agravio de periodistas, los factores y zonas de riesgo, y las acciones a las que pueden recurrir los comunicadores para proteger su integridad y las de su familia en caso de amenazas u otras situaciones de mayor peligro.

Los interesados en participar en el taller pueden solicitar su inscripción al correo clausya007@hotmail.com o mediante una llamada a Claudia Martínez Sánchez, coordinadora en Puebla de la Casa de los Derechos de Periodistas, al celular 2221643804.

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A la luz de las conclusiones e investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el desalojo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y el enfrentamiento entre policías y manifestantes en el operativo del pasado 9 de julio en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, las recomendaciones giradas al gobernador Rafael Moreno Valle parecen insignificantes.

El ombudsman nacional es omiso en un punto central del conflicto, al no señalar a un autor intelectual de la fallida estrategia para ocultar y distorsionar la refriega; para inculpar y criminalizar a los pobladores de Chalchihuapan de la muerte de José Luis Tehuatlie Tamayo, que exigían la restitución de los servicios del registro civil a la presidencia auxiliar; y para construir un montaje basado en una mentira oficial: la onda expansiva como causa del fallecimiento del menor.

O es que el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, ignora que los policías que participaron en el operativo fueron aleccionados para acusar ante el Ministerio Público a los manifestantes del homicidio del hijo de Elia Tamayo; que el gobierno de Puebla manipuló y editó a su antojo los videos y el escenario del enfrentamiento, y que hasta mandó a traer cabezas de cochino para demostrar que había sido un cohetón, y no un cilindro de gas, lo que mató al niño de Chalchihuapan.

No deja de resultar extraño que en ninguna de las once recomendaciones emitidas por el ombudsman al gobernador Moreno Valle se haga alusión al autor intelectual de las evidentes transgresiones a la verdad; al artífice de la publicitada versión oficial financiada con recursos públicos; y al orquestador del malogrado montaje instrumentado por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia y el aparato de comunicación social del morenovallismo.

¿Qué funcionario de los involucrados en el caso tuvo o tiene la influencia no sólo para justificar el uso indebido y excesivo de la fuerza pública, para criminalizar a los cuatro detenidos de Chalchihuapan e inculparlos del homicidio de José Luis Tehuatlie, aunque el proyectil que provocó su fatal desenlace se haya disparado después, o para manosear los diagnósticos y peritajes médicos de los especialistas que atendieron al menor?

¿Qué autoridad pudo ser capaz de ocultar los peritajes de los neurólogos y cirujanos que no encontraron en la fractura craneal de Tehuatlie Tamayo heridas que tuvieran un aspecto desgarrado o estrellado por la acción de gases, quemaduras por una llama, cabellos quemados o granos de pólvora incrustados en la epidermis, o para mandar al procurador Víctor Carrancá a los noticiarios de la capital del país a insistir en la versión del cohetón o la onda expansiva como los causantes de la muerte del menor de Chalchihuapan?

¿A poco no hubo una estrategia y una serie de acciones concertadas para apuntalar la hipótesis de que los propios pobladores habían asesinado a José Luis Tehuatlie?

¿O es el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, tan ingenuo que cree que en Puebla los secretarios, el procurador y los voceros del gobierno se mandan solos o actúan motu proprio?

¿O que Moreno Valle es totalmente ajeno a los hechos de Chalchihuapan y que tras sus once recomendaciones —que hoy mismo fueron aceptadas por la administración estatal— se creará una fiscalía especial que investigará a fondo y de manera transparente e imparcial lo ocurrido aquel 9 de julio, y que los verdaderos responsables de la muerte de José Luis Tehuatlie y de otras víctimas del violento desalojo serán llevados a juicio y castigados por sus abusos, mentiras y excesos?

¡Por favor!

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He aquí un resumen que documenta y explica por qué en Puebla no se resuelven, ni se resolverán los asaltos y robos de equipo de cómputo cometidos en agravio de una decena de figuras públicas, entre las que sobresalen periodistas, empresarios, ex jueces, activistas y políticos en activo.

Lo que expondré a continuación es un oficio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigido al procurador de Justicia de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, a propósito del robo con violencia ocurrido en las instalaciones del periódico digital  e-consulta la madrugada del 25 de julio de 2013.

Para la CNDH la investigación efectuada por el personal de la PGJ de Puebla sobre el robo de dos laptops en e-consulta fue tan deficiente que evidencia “trasgresiones al derecho humano y la seguridad jurídica” de Rodolfo Ruiz y su socia Blanca Patricia Galindo, pues “durante la integración de la averiguación previa 4057/2013/SUR/DMS-V ocurrieron diversas omisiones y negligencias”.

Entre estas irregularidades reportadas por el quinto visitador general de la CNDH, Fernando Batista Jiménez, al procurador Víctor Carrancá destacan las siguientes:

Que entre el asalto a las oficinas de e-consulta y el informe requerido por el director general de la Policía Ministerial, Juan Luis Galán Ruiz, a la agente a la cual se le asignó el caso, Guadalupe Francisca Baxin Xolot, para conocer el resultado de sus pesquisas, pasaron más de cinco meses.

El asalto ocurrió el 25 de julio de 2013, y el informe se entregó hasta el 9 de enero de 2014, después de tres oficios distintos dirigidos a la policía encargada de la investigación: 701/13/DMS-V fechado el 30 de agosto; 810/2013/DMS-V, del día 4 de octubre; y 1004/2013/DMS-V del 17 de diciembre, todos de 2013.

En sus dos comparecencias ante el Ministerio Público, el 9 de enero y el 17 de marzo de 2014, Guadalupe Francisca Baxin no aportó nuevos elementos que contribuyeran el esclarecimiento del robo, lo que a juicio de la CNDH “pone en evidencia una investigación, además de tardía y deficiente, pues en ninguna de las referidas comparecencias la agente de la Policía Ministerial precisó los datos sobre el día y hora que realizó esas diligencias, la cantidad de vecinos que entrevistó o sus nombres y la ubicación de los lugares a los que acudió”.

“Pero lo más grave: lo anterior ocurrió con la aparente complacencia del Representante Social, toda vez que se apercibió la imposición de una multa de treinta días de salario mínimo, en caso de que no se rindiera el informe respectivo en un plazo de cinco días y se advirtió que se daría vista a la Visitaduría General respecto del retraso en atender la instrucción; sin embargo, no obra en el expediente de la averiguación previa constancia alguna con que se acredite que dicha medida fue impuesta, ni que efectivamente se haya dado vista a la referida visitaduría”.

“Tampoco se cuenta con evidencia alguna con que se acredite que el director general de la Policía Ministerial realizó acciones para remediar la demora e ineficacia de su subordinada en atender la instrucción”.

Otra negligencia de la PGJ sobre el asalto a las oficinas de e-consulta se dio en la presentación de los dictámenes periciales en materia de criminalística y dactiloscopia, solicitados desde el 25 de julio de 2013 por la directora general de Servicios Periciales, Luz María Reyna Carrillo Fabela, a los peritos que ese día acudieron a realizar sus investigaciones a las oficinas del periódico digital.

El dictamen pericial en criminalística emitido por Jonhy Hernández Matlacuatzi se integró a la averiguación previa hasta el 29 de mayo de 2014, es decir 10 meses después de la inspección ocular.

“Lo anterior pone de manifiesto un grave retraso y entorpecimiento de las funciones de investigación y procuración de justicia, atribuible no solo al Representante Social, sino también a la referida directora general de Servicios Periciales, quien, en respuesta al referido oficio 706/2013/DMS-V de 3 de septiembre de 2013, en que se le reitera la petición, se limitó a señalar que no tenía conocimiento del requerimiento inicial, sin realizar acción alguna para solventar la solicitud ministerial de la que ya tenía conocimiento”.

El dictamen pericial en dactiloscopia, a cargo de la licenciada Jasive Osorio García, nunca se integró a la averiguación, ya que la perito que debía realizarlo dejó de laborar en la PGJ.

Las grabaciones solicitadas al Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata (CERI) de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla también llegaron con demora. Se solicitaron al día siguiente del asalto y se integraron a la averiguación hasta el 10 de enero de 2014, es decir, cinco meses después, “circunstancia que revela ineficiencia y retraso en la función de investigación y procuración de justicia”.

En el oficio del quinto visitador general de la CNDH al procurador Víctor Carrancá se destaca que los servidores públicos involucrados en la investigación del asalto a e-consulta “omitieron indagar si las actividades y línea periodística del referido medio de comunicación pudo haber representado circunstancia que propiciara la comisión del delito”.

Tales negligencias y omisiones, concluye el visitador Fernando Batista, “evidencian una falta de compromiso de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia con la cultura de la legalidad, así como un incumplimiento a la obligación que tienen de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” y una desatención a la Recomendación General número 20 de la CNDH sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante.

¿No que en Puebla nadie estaría por encima de ley?

¿Qué pasó con el compromiso de hacer de Puebla un estado de derecho y seguridad pronta y accesible?

¿No que habría cero tolerancia a la corrupción policiaca y respeto irrestricto a los derechos humanos?

Sí, cómo no.

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Esta semana se conocerá el resolutivo de la CNDH

Actores emergentes y damnificados de la Ley Bala

Chalchihuapan es sin duda el parteaguas del sexenio morenovallista.

Independiente de las acciones que vaya a tomar el gobernador Rafael Moreno Valle después de que esta semana se conozca la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es evidente que este conflicto ha modificado la percepción de la ciudadanía de Puebla hacia el gobierno del estado y también la actuación de las autoridades.

La aplicación de la llamada Ley Bala, el desalojo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y de otras juntas auxiliares del kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco y la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo constituyen algo más que una crisis de coyuntura para el grupo gobernante.

Antes de Chalchihuapan el morenovallismo parecía invencible, se veía avasallador y con escasísimos opositores de peso al frente, ya sea porque sus críticos habían sido vencidos, cooptados u optado –ante el riesgo de ser exterminados por completo– de replegarse y ceder la plaza en espera de mejores tiempos.

A dos meses del operativo y 50 días de la muerte del menor de Chalchihuapan, como consecuencia de un proyectil disparado por los granaderos que participaron en el desalojo, la percepción política y social del gobierno de Moreno Valle es diferente.

De entrada, en las redes sociales el juicio hacia el mandatario estatal es adverso, no sólo por el dinero que se gastó primero para ocultar el hecho y luego para contrarrestar la percepción de soberbia, autoritarismo e insensibilidad que proyectó, después de las imágenes y testimonios que dieron cuenta del uso excesivo de fuerza y del empleo de los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia en la criminalización de la protesta social, sino por evadir su responsabilidad en el conflicto, culpar a los pobladores de la violencia y jamás condolerse de la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie.

En el terreno político y electoral, Moreno Valle ha sufrido el mayor deterioro tanto en lo que respecta a su proyecto presidencial rumbo al 2018, como en la intención de dejar sucesor en la persona de su secretario de Infraestructura, José Cabalán Macari Álvaro, y consolidar un político transexenal de aquí al 2024.

El desgaste del morenovallismo es de tal magnitud que el mandatario estatal ha tenido que incorporar o ceder posiciones a políticos ajenos a su grupo compacto (Juan Pablo Piña Kurczyn y Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz); planear el reemplazo de algunos secretarios del gabinete, aunque no inmediatamente después de que se conozca la resolución de la CNDH (Facundo Rosas Rosas y Luis Maldonado Venegas); y perfilar a nuevos secretarios para engordar la lista de aspirantes a la sucesión gubernamental de 2016 (Mario Rincón González).

Pero no sólo eso. Como resultado de la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala, es probable que la coalición amplia que el gobernador Moreno Valle construyó con el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla, así como con Pacto Social de Integración, por la vía de las candidaturas comunes, no vuelva repetirse, al menos con todos los partidos mencionados; y que la Constitución política del estado tenga que volver a modificarse para que el próximo gobernador no sea de 22 meses sino de 4 años ocho meses, en aras de que el delfín del grupo gobernante sea el alcalde capitalino José Antonio Gali Fayad.

Otra consecuencia del caso Chalchihuapan es el resurgimiento del marinismo, con todo lo que ello implica, el rompimiento de algunos grupos y actores priístas que antes fueron aliados del morenovallismo, como el diputado federal Enrique Doger Guerrero, y el activismo de otros que quieren aprovechar la coyuntura y posicionarse en el ánimo de los votantes, léase la senadora Blanca Alcalá Ruiz o el subsecretario de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri.

A pesar de lo anterior no creo, a diferencia de otros colegas, que el proyecto presidencial de Moreno Valle y la continuidad de su grupo después del 2016 deban descartarse o desdeñarse.

Creo que ambos se complicaron, mas no que sean inviables.

Para reencausarlos, el gobernador debe cambiar de rumbo, preocuparse más por los asuntos domésticos que por la sucesión presidencial; acercarse a la ciudadanía, a sus dirigentes y organizaciones, haya o no elecciones; dejar su actitud arrogante, intolerante y hasta autoritaria hacia los medios de comunicación y actores que no comparten su política, métodos y forma de gobierno; y entender que su futuro no depende de los millones que invierta en imagen y en el duopolio televisivo, sino de la percepción y aprobación de la población que gobierna y de la transparencia de sus obras y acciones.

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