Esta semana se conocerá el resolutivo de la CNDH

Actores emergentes y damnificados de la Ley Bala

Chalchihuapan es sin duda el parteaguas del sexenio morenovallista.

Independiente de las acciones que vaya a tomar el gobernador Rafael Moreno Valle después de que esta semana se conozca la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), es evidente que este conflicto ha modificado la percepción de la ciudadanía de Puebla hacia el gobierno del estado y también la actuación de las autoridades.

La aplicación de la llamada Ley Bala, el desalojo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y de otras juntas auxiliares del kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco y la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo constituyen algo más que una crisis de coyuntura para el grupo gobernante.

Antes de Chalchihuapan el morenovallismo parecía invencible, se veía avasallador y con escasísimos opositores de peso al frente, ya sea porque sus críticos habían sido vencidos, cooptados u optado –ante el riesgo de ser exterminados por completo– de replegarse y ceder la plaza en espera de mejores tiempos.

A dos meses del operativo y 50 días de la muerte del menor de Chalchihuapan, como consecuencia de un proyectil disparado por los granaderos que participaron en el desalojo, la percepción política y social del gobierno de Moreno Valle es diferente.

De entrada, en las redes sociales el juicio hacia el mandatario estatal es adverso, no sólo por el dinero que se gastó primero para ocultar el hecho y luego para contrarrestar la percepción de soberbia, autoritarismo e insensibilidad que proyectó, después de las imágenes y testimonios que dieron cuenta del uso excesivo de fuerza y del empleo de los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia en la criminalización de la protesta social, sino por evadir su responsabilidad en el conflicto, culpar a los pobladores de la violencia y jamás condolerse de la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie.

En el terreno político y electoral, Moreno Valle ha sufrido el mayor deterioro tanto en lo que respecta a su proyecto presidencial rumbo al 2018, como en la intención de dejar sucesor en la persona de su secretario de Infraestructura, José Cabalán Macari Álvaro, y consolidar un político transexenal de aquí al 2024.

El desgaste del morenovallismo es de tal magnitud que el mandatario estatal ha tenido que incorporar o ceder posiciones a políticos ajenos a su grupo compacto (Juan Pablo Piña Kurczyn y Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz); planear el reemplazo de algunos secretarios del gabinete, aunque no inmediatamente después de que se conozca la resolución de la CNDH (Facundo Rosas Rosas y Luis Maldonado Venegas); y perfilar a nuevos secretarios para engordar la lista de aspirantes a la sucesión gubernamental de 2016 (Mario Rincón González).

Pero no sólo eso. Como resultado de la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala, es probable que la coalición amplia que el gobernador Moreno Valle construyó con el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla, así como con Pacto Social de Integración, por la vía de las candidaturas comunes, no vuelva repetirse, al menos con todos los partidos mencionados; y que la Constitución política del estado tenga que volver a modificarse para que el próximo gobernador no sea de 22 meses sino de 4 años ocho meses, en aras de que el delfín del grupo gobernante sea el alcalde capitalino José Antonio Gali Fayad.

Otra consecuencia del caso Chalchihuapan es el resurgimiento del marinismo, con todo lo que ello implica, el rompimiento de algunos grupos y actores priístas que antes fueron aliados del morenovallismo, como el diputado federal Enrique Doger Guerrero, y el activismo de otros que quieren aprovechar la coyuntura y posicionarse en el ánimo de los votantes, léase la senadora Blanca Alcalá Ruiz o el subsecretario de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri.

A pesar de lo anterior no creo, a diferencia de otros colegas, que el proyecto presidencial de Moreno Valle y la continuidad de su grupo después del 2016 deban descartarse o desdeñarse.

Creo que ambos se complicaron, mas no que sean inviables.

Para reencausarlos, el gobernador debe cambiar de rumbo, preocuparse más por los asuntos domésticos que por la sucesión presidencial; acercarse a la ciudadanía, a sus dirigentes y organizaciones, haya o no elecciones; dejar su actitud arrogante, intolerante y hasta autoritaria hacia los medios de comunicación y actores que no comparten su política, métodos y forma de gobierno; y entender que su futuro no depende de los millones que invierta en imagen y en el duopolio televisivo, sino de la percepción y aprobación de la población que gobierna y de la transparencia de sus obras y acciones.

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La resolución recaerá en el procurador Carrancá y Facundo Rosas

Asaltan (¿otra vez?) las oficinas de Enrique Doger Guerrero

El próximo martes 9 de septiembre dictará conferencia en la UPAEP el dr. Jon Elster

No será esta semana, sino hasta la siguiente cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rinda su informe sobre el desalojo violento de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, y emita sus recomendaciones a las autoridades estatales por las violaciones graves en que incurrieron durante el operativo, y la posterior refriega entre manifestantes y policías.

Hasta donde se sabe, la CNDH sí emitirá sendas recomendaciones al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, y al procurador de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget. Al primero por uso excesivo de fuerza y empleo desproporcionado de armas no letales; por incumplir con los protocolos para disolver manifestaciones, y por violar diversas disposiciones de la Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla, mejor conocida como Ley Bala.

Y al procurador Víctor Carrancá por la detención y criminalización de cuatro de los pobladores de Chalchihuapan enviados al penal de Cholula, por solapar la falsedad de declaraciones de policías que acusaron por órdenes superiores a los detenidos, y por consignar a estos últimos por delitos excesivos y que jamás cometieron.

Inicialmente los detenidos de Chalchihuapan Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras, Santiago Pérez Tamayo y Sergio Clemente Jiménez Tecalero habían sido acusados de motín, desobediencia y resistencia de particulares; así como de delitos cometidos contra funcionarios públicos, como privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso, todos los cuales se desvanecieron.

De todos los delitos por los fueron encarcelados, al final sólo dos quedaron en firme: ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, por los cuales tuvieron que pagar una fianza para obtener su libertad caucional.

Los trascendidos que el viernes y sábado se publicaron en los periódicos La Razón y Milenio, en el sentido de que la CNDH daría por cierta la versión gubernamental de que al menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, lo mató un cohetón lanzado por alguna persona que formaba parte del grupo que se enfrentó a policías el pasado 9 de julio, o que el dictamen de la Comisión será exculpatorio del gobierno de Moreno Valle, son sólo eso: trascendidos sin ningún fundamento.

De hecho, puedo asegurarle que en la administración estatal ya se preparan para una resolución negativa del ombudsman nacional dirigida al gobernador Rafael Moreno Valle; al secretario de Seguridad, Facundo Rosas y al procurador  Víctor Carrancá.

En dicha recomendación, lo más probable es que el gobierno sea instruido a indemnizar a las víctimas del desalojo, entre ellas la madre del menor muerto, Elia Tamayo Montes.

Para dar la impresión de que el gobierno acatará las recomendaciones de la CNDH, que posiblemente se hagan públicas entre el 8 y el 12 de septiembre, el gobierno morenovallista podría relevar a ciertos mandos policíacos, como a la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Flores Ramos, y suspender a otros uniformados que participaron en el operativo; así como remover a algunos agentes ministeriales que se prestaron o manipularon declaraciones de policías para inculpar a manifestantes de la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie.

EN CORTO

Este fin de semana se registró otro asalto con tintes políticos. La víctima fue el diputado federal priísta Enrique Doger Guerrero, de cuyas oficinas en la colonia Chula Vista de la capital poblana se llevaron dos computadoras de escritorio, la suya y la de su secretaria y asistente personal, dinero y diversos documentos, entre ellos su padrón de seguidores.

De acuerdo con algunas fuentes, este sería el segundo asalto cometido a oficinas o propiedades del también aspirante a la gubernatura de Puebla, Enrique Doger, ya que uno anterior se había registrado en un inmueble que antes albergó una sucursal bancaria en las inmediaciones del Circuito Juan Pablo II y la 11 Sur.

En lo que va de la actual administración estatal se han registrado por lo menos ocho robos similares a oficinas o domicilios de figuras públicas locales, en donde los delincuentes sólo han sustraído computadoras y documentos personales.

Las víctimas han sido periodistas, personalidades políticas y activistas. La madrugada del 25 de julio de 2013 fueron asaltadas las oficinas del periódico digital e-consulta, de las cuales se llevaron dos laptops, la de un servidor, y la de mi socia Blanca Patricia Galindo. El 23 de junio, también en la madrugada, fueron robadas las oficinas del líder sindical de los telefonistas, Marco Antonio Mazatle Rojas, ubicadas en el boulevard 5 de Mayo y 13 Oriente, en pleno Centro Histórico. Este mismo dirigente sufrió antes tres robos similares en su domicilio particular.

A la lista se suman la panista Ana Teresa Aranda, a quien le robaron su computadora y documentos el 25 de julio; el director del portal Poblanerías, Luis Enrique Sánchez Fernández, que fu visitado por los amigos de los ajeno el 27 de julio; el caricaturista del periódico Cambio, Elmer Sosa, a quien el 17 de agosto le robaron en su domicilio dos computadoras portátiles, memorias USB y un iPad, y el ex juez Enrique Romero Razo, la noche del 23 de agosto en su casa del fraccionamiento El Ángel.

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El próximo martes 9 de septiembre el doctor en Ciencias Sociales Jon Elster dictará una conferencia magistral en la UPAEP, con motivo del 41 aniversario de la licenciatura en Ciencias Políticas.

¿Qué son y para qué sirven las constituciones? es el título de la conferencia de este profesor de la Universidad de Columbia, autor de diferentes libros entre los que destacan «Tuercas y tornillos», «Explicando el comportamiento social» y «El cemento de la sociedad».

Su conferencia se realizará en el Aula Magna del edificio central de la UPAEP a partir de las 17 horas. La entrada será libre a todo el público.

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Después de la comparecencia del secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo más seguro es que pronto sea removido del cargo antes de que su continuidad siga dañando la imagen y credibilidad del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.

Por lo pronto este miércoles el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, ya lo exhibió en conferencia de prensa, al destacar que Don Facundo se rehusó a proporcionar nombres de los policías y jefes que participaron en el desalojo de pobladores de Chalchihuapan, el pasado 9 de julio, y otros informes relevantes sobre el operativo realizado en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

El problema para el gobierno del estado es que la inminente remoción del secretario de Seguridad Pública no atenuará la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala, que este fin de semana cumplirá un mes. Si Don Facundo hubiera sido separado del cargo, una vez que trascendió la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, mientras se hacían las investigaciones del caso y se deslindaban responsabilidades, el escenario quizás hoy sería diferente.

La marcha de protesta que para este domingo se anuncia del Triángulo de Las Ánimas a la Fuente de Los Frailes sobre el bulevar Atlixco, y de ahí al zócalo de la ciudad por la Avenida Juárez y la avenida Reforma será un buen termómetro para prever cuál será el derrotero que siga esta crisis y cuáles serán sus alcances en el corto y mediano plazo.

Si la marcha, inicialmente convocada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) que encabeza Francisco Hernández Juárez, logra reunir a miles de manifestantes y ciudadanos agraviados por el gobierno de Moreno Valle, lo más seguro es que la cabeza del secretario de Seguridad Pública sea insuficiente para contener la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala.

Pero si, por el contrario, la protesta resulta poco nutrida o se convierte en un mitin de radicales en el que los reclamos de justicia por la muerte del menor asesinado, la restitución de los servicios del registro civil en las juntas auxiliares y la derogación de la Ley Bala, degenera en la exigencia de que Moreno Valle renuncie o sea llevado a juicio político, entonces lo más probable es que el conflicto se desinfle.

Una cosa es que los ciudadanos no aprueben y hasta se manifiesten en contra los abusos del gobierno del estado, y otra muy diferente que la mayoría de los poblanos quieran la renuncia de Moreno Valle.

De ahí la importancia de la marcha de este domingo en la capital del estado.

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Entre algunos regidores del ayuntamiento de Nopalucan de la Granja no ha caído nada bien la disposición del edil priísta Rogelio Roque Torres de retener los sueldos de los miembros de su cabildo y de sus principales funcionarios, para cubrir el anticipo de la Arrolladora Banda El Limón que se presentará el 21 de septiembre en el marco de los festejos de la feria.

Tampoco que el ayuntamiento tenga que invertir 200 mil pesos en la pinta de bardas y la elaboración de carteles anunciando su presentación, no obstante que la banda fue contratada por una empresa de espectáculos denominada Abaco, que pretende vender cerca de 10 mil boletos a un costo de 200 y 250 pesos cada uno, y en la que tiene fuertes intereses los hermanos Arturo y Leobardo Soto Martínez, este último dirigente estatal de la CTM.

Y tampoco que el negocio de la venta de comida y bebidas alcohólicas durante el show de la Arrolladora Banda El Limón tenga como beneficiario al regidor de Industria y Comercio de Nopalucan, Andrés Torres, cómplice y soltador del munícipe de Nopalucan, Rogelio Roque.

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Si el gobernador Rafael Moreno Valle no sale ya a ofrecer una disculpa pública, y destituye por lo menos a un secretario de su gabinete, la crisis que enfrenta por el caso Chalchihuapan, la Ley Bala y la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, puede tornarse en un escándalo que arruine no sólo su proyecto presidencial, sino a toda su administración en lo que resta de su sexenio.

A juzgar por las acciones y el discurso de sus operadores políticos, de medios de comunicación y redes sociales, da la impresión que el Ejecutivo estatal no ha dimensionado el tamaño de la crisis, ni identificado las causas que la originaron, ni los costos políticos y sociales que tendrá en el mediano y largo plazos en términos de su credibilidad e imagen pública.

Mientras más tarde el gobernador Moreno Valle en disculparse y atender las causas reales que la originaron —su intolerancia y modo autocrático de gobernar— sus márgenes de maniobra y operación se harán cada vez más estrechos.

La crisis de la Ley Bala ya pasó de una fase aguda, caracterizada por la presión de los medios, las redes sociales y la espectacularización de la información, a una fase crónica en la cual los acontecimientos y el repudio de la opinión pública y publicada lo están obligando a pagar los efectos políticos, jurídicos y administrativos que propiciaron el desalojo violento de la autopista Puebla-Atlixco, con un saldo de 40 policías lesionados, un número similar de pobladores y la muerte de un niño de escasos 13 años de edad.

La abrogación de la Ley Bala es apenas el principio. Sin embargo esta acción resulta insuficiente dada la evolución de la crisis y los actores que se han involucrado en el conflicto que, dicho sea de paso, no se resolverá con millonarias gacetillas en medios nacionales, cuantiosas campañas o videos patrocinados en redes sociales, y la propagación de la insostenible versión oficial en medios locales carentes no sólo de lectores, radioescuchas o televidentes, sino de credibilidad y legitimidad.

Moreno Valle debe verse en el espejo de Mario Marín y el escándalo propiciado por la detención y encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho por presiones del empresario Kamel Nacif.

Los errores que cometió el llamado Góber Precioso, los está repitiendo Moreno Valle y su equipo de asesores y operadores pero sin dimensionar que en ese caso hay una víctima en extremo sensible: un niño pobre, indígena y de apenas 13 años de edad, cuyo único pecado fue acompañar a su madre a una manifestación para reclamar la restitución de los servicios del registro civil a la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.

Otro factor fundamental que el gobernador no está valorando, y que es el mayor detonante del escándalo en que se encuentra inmerso, son los agraviados que ha dejado su administración: miles de burócratas despedidos; decenas de empresarios excluidos de los contratos de obra pública y prestación de servicios, o de concesiones de transporte público o centros de verificación vehicular;  decenas de activistas presos y periodistas amenazados; y millones de ciudadanos afectados por las elevadísimas fotomultas, las nuevas tarifas de agua, los retenes viales y los operativos alcoholímetro del fin de semana, el pésimo estado de los pavimentos y la realización de obras faraónicas carentes de sentido social.

Estas son las verdaderas causas de la crisis. La lamentable y trágica muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo fue sólo el detonante.

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Antes de que el Congreso del estado decida abrogar la Ley Bala —que oficialmente se denomina Ley para proteger los derechos humanos  y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla— por petición del mismo gobernador Rafael Moreno Valle, bien valdría la pena revisar qué tanto se cumplió en el desalojo de pobladores de Chalchichuapan, el pasado 9 de julio.

Hay que decir que la legislación enviada al Congreso del estado el pasado 7 de mayo, tenía el propósito de regular el uso legítimo de la fuerza para restaurar la estabilidad social y el orden colectivo, una vez agotados otros mecanismos como el diálogo, la persuasión o la advertencia.

Para su aplicación, el Congreso dispuso que las policías y sus mandos se apegaran a los principios de legalidad; racionalidad  (La fuerza será empleada atendiendo a los elementos lógico-objetivos en relación con el evento); necesidad (El uso de la fuerza resulta la última alternativa para evitar la lesión de bienes jurídicamente protegidos, al haberse empleado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor); proporcionalidad (El nivel de uso de la fuerza debe ser acorde con la amenaza, las características personales del agresor, sus antecedentes, armamento y la resistencia u oposición que presenta); congruencia (Implica que haya relación de equilibrio entre el nivel de uso de fuerza y el detrimento o daño que se cause al agresor); oportunidad; eficiencia; profesionalismo (Los elementos policiales deben estar capacitados para el correcto desempeño de su función); y honradez.

¿Cuántos de estos principios del artículo 3 de la Ley Bala se aplicaron de manera correcta en el desalojo violento de la autopista Puebla-Atlixco, el miércoles 9 de julio?

Lo dispuesto por los artículos 5, 6 y 8 de la legislación tampoco parece haberse respetado, aquella azarosa tarde.

Artículo 5.- Los elementos policiales cumplirán en todo momento con los deberes que les impone la presente Ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, preservando la vida, la integridad física y la libertad, evitando conductas que importen la denigración del ser humano, abuso de autoridad, lesiones innecesarias o desproporcionadas, tortura, penas o tratos crueles, las cuales se sancionarán en términos de las leyes penales y administrativas aplicables.

Artículo 6.- El uso legítimo de la fuerza por parte del elemento policial se realizará siempre como última medida en los siguientes casos:

I.- Para lograr el sometimiento de una persona que se resista a la detención ordenada por una autoridad competente o luego de haber infringido alguna ley o reglamento…

Artículo 8.- El uso de la fuerza por parte de los elementos policiales deberá ser gradual, atendiendo a los niveles en el uso de la fuerza y al amparo de los principios de legalidad, racionalidad, necesidad, proporcionalidad, congruencia, oportunidad, eficiencia, profesionalismo y honradez en los términos establecidos en la presente Ley.

En los videos que el propio gobierno ha elaborado y patrocinado para inculpar a los pobladores nunca se aprecia que las acciones del gobierno hayan ido de menos a más, que se hubiera garantizado la protección de los menores que participaban en el bloqueo —si así hubiera sido seguramente José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo aún seguiría vivo— que los detenidos opusieran gran resistencia o que antes del empleo de bombas y granadas lacrimógenas los inconformes hubieran lanzado bombas molotov.

Estos, los inconformes, sí arrojaron bombas molotov, pero hasta media hora después de los primeros enfrentamientos y una vez que fueron gaseados.

Las autoridades tenían la obligación, en términos del artículo 12 fracción V, de dar parte a la Comisión de Derechos Humanos del desalojo que iban realizar, antes de ejecutarlo y no después de sucedido.

En los artículos 17  y 19 de la Ley Bala se dice que los elementos policiales antes de ser enviados a operativos como el efectuado en la autopista Puebla-Atlixco tuvieron que ser entrenados en el uso de armas no letales, y en técnicas de solución pacífica de conflictos, como la persuasión, el diálogo y la mediación.

¿Cuántos de los granaderos y jefes policíacos que fueron enviados a desalojar a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y otras juntas auxiliares recibieron esta capacitación?

Textualmente el artículo 24 de la legislación de marras establece que “en todo momento el elemento policial deberá evitar el uso excesivo o desproporcional de las armas no letales. La contravención a lo anterior será sancionada por las disposiciones penales y administrativas que correspondan”.

¿Sabe usted de algún efectivo o jefe policíaco que haya sido sancionado por disparar a quemarropa cilindros de gas lacrimógeno a los manifestantes? ¿A poco el gobierno, con los videos que ya tiene, ignora qué policías incurrieron esta práctica desproporcionada de armas no letales?

Pero si todo lo anterior no fuera suficiente para acreditar que en el desalojo violento de los vecinos de Chalchihuapan no se cumplió con el protocolo, ni existió coordinación interinstitucional, cheque lo que se especifica en los artículos 41 y 42 de la Ley Bala en el caso de manifestaciones o bloqueos carreteros.

Artículo 41.- En la planeación de los operativos en caso de manifestaciones se tomarán en cuenta las siguientes circunstancias:

I.- Factores que impliquen riesgo en el desarrollo de la manifestación;

II.- Estrategias para repeler posibles agresiones o actos violentos en contra de los manifestantes;

III.- Estrategias para enfrentar posibles agresiones o acciones violentas por parte de los manifestantes;

IV.- Identificación de posibles agresores dentro del grupo, con el fin de aislar los hechos violentos que pudieran ocasionar; y

V.- Omitir acciones que pudieran ocasionar respuestas violentas por parte de los manifestantes o grupos contrarios.

Artículo 42.- De manera enunciativa, se consideran factores que deben ser tomados en cuenta en los operativos:

I.- El poder numérico de los manifestantes;

II.- Las circunstancias de tiempo y lugar en las que se lleven a cabo las manifestaciones;

III.- El fin que persigue la manifestación, ya sea de confrontación o mera manifestación de ideas;

IV.- Los aspectos políticos o socioeconómicos imperantes en el momento de la manifestación; y

V.- La cobertura a la manifestación.

¿Usted considera que si el operativo se hubiera estudiado y planeado como se especifica en la Ley Bala no se hubiera evitado que más de 40 de granaderos resultaran lesionados?

¿Qué el enfrentamiento entre pobladores y efectivos se prolongara por más de una hora?

¿Que hubieran tenido que llegar en auxilio de los granaderos otro número igual de efectivos que los que inicialmente participaron en el desalojo?

¿Que los granaderos se hubieran tenido que quedar sin parque (gas lacrimógeno) y el helicóptero de la policía ir al estado de Tlaxcala y al Distrito Federal por más bombas lacrimógenas?

¿Pues de qué tipo de planeación y estrategias estamos hablando?

Por eso insisto que antes que los diputados abroguen este martes la Ley Bala primero se evalúe su implementación y cumplimiento, pues no se vale que después del niño muerto ahora las autoridades quieran tapar el pozo y cubrir con manto de impunidad a los autores intelectuales y materiales de esta fatídica y autoritaria legislación.

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