Un tema al que las autoridades estatales están dando poca importancia pese a que podría complicarles el cierre de la administración en el último año del sexenio son los juicios y resoluciones que viene posponiendo.

Entre ellos el cumplimiento a cabalidad de las once recomendaciones que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Chalchihuapan, del que este jueves se cumple un año sin que a los afectados y víctimas de aquel violento desalojo les hayan aun reparado los daños u ofrecido una disculpa pública conforme a los estándares internacionales.

Las decenas de juicios penales abiertos en contra críticos y opositores al régimen que se litigan en juzgados estatales y federales, y por los cuales algunos de estos se encuentran recluidos en diferentes cárceles de la entidad (Rubén Sarabia Simitrio, Israel Pacheco, los Xicale, los ex alcaldes auxiliares de Canoa y Chalchihuapan) y otros en libertad bajo caución como Miguel Guerra Castillo, Juan Carlos Flores Solís, Enedina Rosas Vélez y Félix Montes Xelhua, entre otros.

Y las centenas de demandas laborales que siguen acumulándose en el Tribunal de Arbitraje del estado y en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje promovidas por burócratas y empleados despedidos, algunos con 25 y 30 años de servicio en el servicio público, y por las cuales el gobierno estatal tarde o temprano tendrá que responder ya sea reinstalando a los trabajadores, liquidándolos o pagándoles salarios caídos.

Da la impresión que el gobierno no visualiza que se encuentra en la recta final del sexenio o que el año entrante será el más complicado y difícil de todos, no solo por el desgaste natural de cualquier administración sino porque habrá elecciones y poco dinero para hacer frente a las deudas y compromisos contraídos.

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A propósito de despedidos.

Cuentan que en el ayuntamiento de Puebla dos funcionarios de alto nivel han entrado en conflicto por control de la dirigencia sindical y el manejo de las cuotas sindicales, y que en el meollo del diferendo está un despacho de contadores que representa legalmente al Sindicato Benito Juárez.

Se trata del despacho Amaro Reyna y Herrero Consultores SC, cuyo titular, el contador Germán Reyna y Herrero, es un viejo conocido de Rafael Ruiz Cordero desde el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El conflicto está relacionado con el monto del contrato y los honorarios que el despacho cobra al Sindicato Benito Juárez por asesorarlo y representarlo jurídicamente ante el ayuntamiento de Puebla y otras instancias en las que sean requeridos sus servicios y acciones judiciales y extrajudiciales.

Según esta versión el contrato de prestación de servicios entre el recomendado del secretario de Administración del ayuntamiento y la dirigencia sindical asciende a unos 6.7 millones de pesos, es decir a unos 150 mil 800 pesos mensuales durante casi cuatro años.

Cuestión esta que no es del agrado del síndico municipal Héctor Sánchez Sánchez, que no entiende por qué si él puso a los dirigentes del Sindicato Benito Juárez ahora él no puede opinar sobre el despacho que los puede representar.

Los enterados aseguran que las últimas protestas de trabajadores sindicalizados exigiendo rendición de cuentas a la dirigencia del gremio encabezada por Daniel Ortiz Acevedo no son ajenas a este conflicto entre el secretario de Administración y el síndico municipal.

¿Será?

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En la última reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) celebrada en el vecino estado de Tlaxcala el mandatario poblano Rafael Moreno Valle fue relegado en la foto oficial del evento, ya que fue ubicado en la segunda fila y hasta el final.

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Quizás sin proponérselo, dado que su prioridad en estos momentos es construir una alianza entre el PAN y el PRD para derrotar al PRI en las elecciones federales de 2015, el gobernador Rafael Moreno Valle podría estarle haciendo el caldo gordo al partido de Andrés Manuel López Obrador: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La apuesta inicial del mandatario estatal —y así se lo hizo saber a ciertos dirigentes del PRI— no era entrar en una competencia electoral con el presidente Enrique Peña Nieto, sino llegar a un acuerdo por el cual los priístas pudieran ganar unas diputaciones y los panistas otras, de manera que los 16 distritos en que se divide la entidad pudieran repartirse de mutuo acuerdo.

Sin embargo, todo indica que ese escenario no se dará, no se sabe si por falta de voluntad de los priístas, porque el gobernador ha percibido cierta animadversión de la cúpula nacional priísta para concretar alguna negociación, o porque Moreno Valle ha visto en la crisis por la que atraviesa el gobierno de Peña Nieto una oportunidad de colarse en el 2018 con amplias posibilidades.

Desde el Senado, el gobernador poblano ha recibido algunas señales poco amigables, pues los senadores del PRI han cuestionado su actuación en el caso Chalchihuapan, el costo de ciertas obras como la ciclopista de la vía Atlixcáyotl y la contratación de algunos Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) por montos millonarios que acotarán de manera significativa el margen de maniobra de los futuros gobiernos.

A la par es obvio que al mandatario estatal no escapa la percepción de debilidad que hoy envuelve al gabinete presidencial y tiene en la lona a los priístas tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el escándalo de tráfico de influencias o corrupción que enmarca la Casa Blanca de la primera dama, la creciente inseguridad, el estancamiento de la economía, la caída internacional en los precios del petróleo, el debilitamiento del peso frente al dólar, el descrédito internacional y las magras expectativas sobre el impacto de las reformas estructurales en el corto y mediano plazos.

Tan lejana ve el gobernador Moreno Valle la posibilidad de una negociación electoral con el PRI, que anoche mismo hizo que la nueva presidenta estatal del PRD, Socorro Quezada Tiempo, se retractara de sus declaraciones de horas antes, pronunciándose en contra de una alianza con el PAN en las elecciones federales del año entrante.

Por la noche tuvo que firmar, junto con el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Carlos Martínez Amador, una solicitud dirigida a su dirigencia nacional para analizar la conveniencia de una alianza política electoral con otros partidos políticos. Y aunque en su petición jamás menciona al PAN, es obvio que esta lleva esa dedicatoria.

A la par, Moreno Valle ha instruido a su principal operador dentro del CEN del PAN, Eukid Castañón Herrera, para que genere una corriente de opinión favorable a las alianzas, en especial con el PRD, ya que de lo contrario el PRI no sólo se hará de la mayoría de la próxima Legislatura, sino del control político del país y de la próxima sucesión presidencial.

Una cuestión que el Ejecutivo estatal no ha valorado, o valorado mal, es que las alianzas o coaliciones han convertido al sol azteca en un partido sin identidad política ni ideológica, de manera que la afinidad del PRD con los grupos y organizaciones populares y de izquierda en Puebla es casi nula, por no decir inexistente.

Este vacío podría llenarlo en Puebla Andrés Manuel López Obrador y su partido.

De ahí mi hipótesis inicial de que el gobernador Moreno Valle podría estar fortaleciendo a Morena, quizás sin proponérselo, al convertir al PRD en un mero instrumento electoral al servicio de su proyecto político personal, en el que simplemente no tienen cabida las causas y luchas históricas de la izquierda poblana.

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Este martes los dirigentes del partido estatal Pacto Social de Integración —que encabeza Carlos Froylán Navarro Corro— celebraron con un desayuno y una comida el segundo aniversario de su constitución en Puebla. Al primer evento, en un hotel de la 31 Poniente y el bulevar Atlixco, acudieron incluso algunas autoridades estatales y municipales, mientras que al segundo, que tuvo lugar en un salón social del IMSS de La Libertad, los coordinadores regionales y municipales de este partido en la entidad.

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La versión de que el Ejecutivo estatal prepara una reforma constitucional en materia electoral que echaría abajo la elección de un minigobernador de 22 meses, en julio de 2016, es cada vez más frecuente en los corrillos políticos.

De la mentada reforma se dice que incluso tiene dedicatoria política a favor del presidente municipal de Puebla, José Antonio Gali Fayad, quien sería nominado por el PAN, el PRD y otros partidos políticos como candidato a gobernador. Pero ya no por un periodo de 22 meses, sino por cuatro años 10 meses.

De esta manera, la elección del gobernador de Puebla ya no sería concurrente con la elección presidencial, como se establece en el artículo 71 de la Constitución Política del estado, sino que se desfasaría tres años.

Las elecciones que sí se realizarían el mismo día y año de la elección de presidente de la República serían las de diputados al Congreso del estado y las de regidores y síndico en los 217 municipios de la entidad.

¿Qué hay detrás de esta hipotética reforma?

Hasta ahora, lo que más hay son puras especulaciones.

La especulación de que la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala afectaron de tal manera la imagen y credibilidad del grupo gobernante que difícilmente un candidato como el secretario de Infraestructura del estado, José Cabalán Macari Álvaro, podría ganar los comicios en julio de 2016.

La especulación de que la mejor carta del gobernador Moreno Valle para esas elecciones locales sería el presidente municipal de Puebla, José Antonio Gali, pero que su postulación sería muy arriesgada y mal recibida por los votantes, considerando que éste fue electo por un periodo extraordinario de 4 años ocho meses.

La especulación de que al gobernador Moreno Valle y el PAN ya no les conviene empatar las elecciones de gobernador con las presidenciales, a partir de julio de 2018, sino desfasarlas.

¿Qué problemas tendría el Ejecutivo para volver a modificar la Constitución del estado, con el propósito de eliminar la figura del minigobernador, y prolongar el periodo de su sucesor de 22 meses a 4 años 10 meses?

La verdad es que muy pocos, pues para empezar tiene mayoría calificada, considerando que los partidos del frente morenovallista en el Congreso local (PAN, PRD, PANAL y PSI) suman 27 diputados de los 41 que integran la LIX Legislatura.

Otra cuestión que le sería favorable al Ejecutivo estatal es que los priístas seguramente apoyarían la reforma, considerando que varios de ellos, con intenciones de gobernar el estado, se han mostrado renuentes a ser electos por un periodo de apenas 22 meses y 12 días.

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Ahora que ya sabemos por el periódico Reforma que la senadora poblana Blanca Alcalá Ruiz, es de las que más turismo parlamentario han hecho en la Cámara Alta, con 14 viajes al extranjero, a países como Panamá, Aruba, Colombia, Bélgica, Suiza, España y Brasil, vale la pena echarle una revisada a nuestros demás legisladores en el Congreso de la Unión.

A Blanca Alcalá le seguiría en periplos al extranjero su compañera de escaño, la senadora Lucero Saldaña Pérez, con 11 viajes a países como Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Bélgica y Suiza.

En la tercera posición están empatados con cuatro viajes la futura presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Ana Isabel Allende Cano y el senador panista Javier Lozano Alarcón.

La legisladora del tricolor ha disfrutado de cuatro salidas: dos a Argentina, una a Cuba y otra más a Panamá. El senador del PAN ha viajado, a su vez, dos veces a Francia, una a Venezuela y otra más a España.

A estos le siguen en la lista los diputados federales Javier Filiberto Guevara González y Laura Guadalupe Vargas Vargas con dos viajes cada uno. El diputado de Izúcar a Estados Unidos y Panamá, y la hija del comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado, a Surinam y a España.

El resto de los diputados federales que sólo han efectuado un viaje al extranjero son: María del Carmen García de la Cadena Romero, María del Rocío García Olmedo, Víctor Díaz Palacios, José Luis Márquez Martínez y Josefina García Hernández, todos ellos del PRI, así como las panistas Blanca Jiménez Castillo y María Isabel Ortiz Mantilla.

Los legisladores que no reportan salidas al extranjero en representación de la Cámara Baja son los panistas: Rafael Micalco Méndez, Julio Lorenzini Rangel y Néstor Gordillo Castillo; los priístas Carlos Sánchez Romero, Enrique Doger Guerrero, Jesús Morales Flores, Lisandro Campos Córdova y Soraya Córdova Morán; y la perredista Roxana Luna Porquillo.

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El grupo gobernante pierde cohesión a mitad del sexenio

Isabel Allende y Pepe Chedraui los ungidos del PRI

Una cosa de la que poco o nada se ha dicho en torno a la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala es la falta de cohesión al interior del equipo del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, en el contexto de la ya cercana sucesión gubernamental.

En la práctica el gabinete estatal se ha fragmentado en diferentes grupos o bandos; los secretarios y principales operadores políticos del Ejecutivo ya no actúan en equipo, sino en función de sus intereses políticos y económicos, con miras a ganar terreno en las elecciones federales de 2015, y en las locales de 2016 y 2018.

Uno de estos grupos gira en torno al desgastado secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas; otro sobre la figura del secretario de Infraestructura, José Cabalán Macari Álvaro, proyecto político transexenal del morenovallismo; y otro más alrededor del cada vez más influyuente secretario de Finanzas y Administración, Roberto Juan Moya Clemente.

Un cuarto grupo tiene como cabeza al exsecretario de Infraestructura y actual presidente municipal de Puebla, José Antonio Gali Fayad, quien como consecuencia de la crisis de Chalchihuapan, podría convertirse en la carta del fuerte del grupo gobernante para suceder a Moreno Valle, ya no por 22 meses, sino por un periodo de cuatro años y medio.

Aunque algunas desavenencias entre secretarios y operadores políticos del mandatario estatal vienen de tiempo atrás, lo cierto es que en el marco del escándalo que desencadenó el desalojo violento de pobladores de Chalchihuapan y la posterior muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, ciertos enfrentamientos se han potenciado o recrudecido.

Para nadie del primer círculo del Ejecutivo estatal escapan las diferencias entre su secretario de Gobierno, Luis Maldonado, y su principal operador en asuntos electorales y de espionaje político, Eukid Castañón Herrera. O entre estos y el recién nombrado jefe de la oficina del gobernador, Juan Pablo Piña Kurczyn.

O las discrepancias entre su secretario de Finanzas Roberto Moya, con su secretario de Infraestructura, José Cabalán Macari Álvaro, en temas de obra pública, licitaciones y costos.

O entre el mismo Roberto Moya con el secretario de Gobierno o con el entenado de éste último en la Secretaría de Educación Pública, Jorge Benito Cruz Bermúdez, por transferencias y asignaciones presupuestales.

Dentro y fuera del gabinete ya también trascienden los insultos que han intercambiado secretarios y operadores políticos del gobernador con ciertos dirigentes partidistas del bloque amplio morenovallista, en la definición de algunas candidaturas a puestos de elección popular en las elecciones extraordinarias de Acajete y Cuapiaxtla de Madero.

Así como las grillas y golpes bajos entre los integrantes del equipo de comunicación social, imagen y marketing político del gobierno del estado (Fernando Alberto Crisanto Campos, Héctor Antonio Alcudia Goya y Marcelo García Almaguer) por el control y el reparto de dinero destinado a publicidad oficial y compra de conciencias.

En el grupo compacto del gobernador Moreno Valle es también conocida la inconformidad de Eukid Castañón por el nombramiento de un nuevo contralor, Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz, y su decisión de desplazar a toda su gente, y de que éste no haya sido recomendado por él, sino por el secretario de Finanzas, Roberto Moya.

Si así están las cosas a dos años cinco meses de que concluya el sexenio morenovallista, se imagina cómo se pondrán en el quinto y sexto año, cuando el poder del gobernador esté en picada y el presidente Enrique Peña Nieto y el PRI comiencen a operar para desacarrilar no sólo su aspiración presidencial, sino su proyecto transexenal en Puebla.

No cabe duda que lo mejor está por venir.

EN CORTO

Aunque diferentes grupos internos del PRI han comenzado una guerra sucia en contra de la diputada federal Ana Isabel Allende Cano para impedir su nombramiento como presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, no hay la menor duda que ésta y el empresario José Chedraui Budib se convertirán en los nuevos baluartes del priísmo poblano antes de que concluya agosto o en los primeros días de septiembre.

Por lo pronto ya fueron citados para este miércoles en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI los senadores, legisladores federales y locales de este partido, así como los dirigentes de los sectores campesino, obrero y popular, para anunciarles que la diputada federal por el distrito 8 con cabecera en  Ciudad Serdán y el empresario Pepe Chedraui son los ungidos para encabezar la dirigencia estatal y municipal del tricolor en los próximos cuatro años.

Al desayuno, que está convocado para las 8:30 del miércoles 20 de agosto, acudirán el presidente y la secretaria general del CEN del PRI, César Camacho Quiroz e Ivonne Ortega Pacheco, respectivamente.

Para los jerarcas del tricolor ha resultado sintomático el rechazo de algunos grupos priístas hacia Isabel Allende, por supuestamente obedecer a un acuerdo político con el gobernador Moreno Valle, y la aceptación que estos mismos grupos han expresado hacia Pepe Chedraui, aun a sabiendas que su nombramiento lo proyectará como un potencial candidato a la alcaldía de Puebla en el 2018.

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El gobernador Rafael Moreno Valle inaugurará este lunes el nuevo ciclo lectivo en el Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz de la ciudad de Puebla, pero en medio de estrictas medidas de seguridad, por lo que los niños y adolecentes del plantel tendrán que llegar antes de las 7:30 horas, sino quieren perderse la ceremonia y el primer día de clases.

En un oficio dirigido a la directora del Centro Escolar, Pilar Cote López, se le indica que los accesos al plantel deberán cerrarse a las 7:30 horas y que no se permitirá que maestros, padres de familia o alumnos se acerquen al mandatario estatal para entregarle alguna petición u oficio, o hacerle llegar alguna queja o reclamo.

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A partir de este fin de semana e-consulta ofrece un nuevo diseño a sus lectores y lanzó sus Apps para dispositivos móviles como smartphones y tabletas, que ya pueden descargarse de manera gratuita en las tiendas virtuales de iOS y Android.

Ojalá estas aplicaciones y modificaciones en el diseño del periódico digital que tienen a la vista sean de su agrado.

Fueron pensadas en usted, considerando las nuevas tecnologías, la manera de hacerle más sencilla y fácil la navegación en el portal, la lectura de sus contenidos informativos y el creciente mercado de los dispositivos móviles.

Actualmente el 35% de las visitas de e-consulta se hacen a través de smartphones y tablets, tendencia que en 2015 podría llegar e incluso superar el 50%.

De ahí la importancia de poner a su servicio estas nuevas aplicaciones.

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Carta aclaratoria

Puebla, Pue., 18 de agosto de 2014

Rodolfo Ruiz Rodríguez

Director General e-Consulta

Con respecto a la columna “La Corte de los Milagros”, publicada este día, me permito aclararle que es totalmente falso que se haya enviado un oficio condicionando la hora de entrada de los alumnos del Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz con motivo de la ceremonia de inicio de cursos.

Por lo tanto, tampoco se emitió ninguna prohibición respecto a posibles acercamientos entre los padres de familia y las autoridades del Gobierno del Estado durante el desarrollo del evento.

Sin más por el momento, y con base en la normatividad vigente, solicito de la manera más atenta se haga pertinente esta aclaración en favor de sus lectores.

Cristina Martínez Larenas

Enlace de Comunicación

Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla

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No fue megamarcha, pero tampoco una protesta cualquiera

La crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala ya cumplió un mes

¿Fue un éxito o fracaso la marcha de este domingo en contra del gobernador Rafael Moreno Valle por las principales calles del centro de la ciudad?

Como todo, la respuesta a esta interrogante depende de la óptica desde la cual quiera ser analizada.

Si la valoramos desde la perspectiva cuantitativa, y considerando que sus organizadores y publicistas la anunciaron como una megamarcha, creo que el nombre le quedó grande, a juzgar por el número de quienes en ella participaron.

Sin embargo tampoco es para minimizarla, considerando que la marcha reunió entre 3,000 y 4,000 personas y que en ella confluyeron no sólo dirigentes y activistas de distintas organizaciones, partidos e ideologías incluso antagónicas, sino ciudadanos, académicos y empresarios inconformes con la gestión y el estilo de gobernar de Moreno Valle.

De los dos contingentes que participaron en la manifestación, el más nutrido fue el que partió de la plaza comercial Las Ánimas, integrado en su mayoría por telefonistas y sindicalistas de la Unión Nacional de Trabajadores, y que más tarde alcanzó al otro que se concentró en torno a la Fuente de los Frailes, en el que había perredistas, panistas, militantes de Morena y el PT, así como empresarios, académicos de la Ibero y la BUAP, campesinos de Chalchihuapan, empresarios y familias de clase media.

Más allá del número y diversidad ideológica de quienes marcharon por la Avenida Juárez y luego por la Avenida Reforma hasta llegar al zócalo de la ciudad, llama la atención la coincidencia de unos y otros de protestar por una demanda común: el autoritarismo del Ejecutivo del estado.

Algo que fue evidente en la caminata antimorenovallista fue la ausencia de grupos priístas o de  panistas marginados o excluidos en la administración estatal y municipal; así como de ex empleados del gobierno del estado y el ayuntamiento de Puebla. Estos no se sumaron, al menos de manera visible, tampoco los directivos y socios de las cámaras, asociaciones y agrupaciones civiles vinculadas  a la derecha orgánica, y tampoco las organizaciones estudiantiles o los profesores que en la década de los setenta y ochenta estuvieron ligadas al PCM o el PSUM.

En contraste habría que argumentar que el escándalo por la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala ya rebasó el mes, y que éste todavía continuará unos días, en tanto se conocen las investigaciones y el resolutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el desalojo violento de pobladores en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

Y que en las redes sociales, sobre todo en Twitter, las críticas al gobernador de Puebla y sus estrategias para desacreditar a sus opositores y desvirtuar los acontecimientos de Chalchihuapan continúan siendo demoledoras para su imagen y credibilidad. Este domingo el hashtag #PuebladeLuto fue trending topic todo el día.

EN CORTO

Será el 20 de agosto cuando los miembros del Consejo Técnico Consultivo del Consejo Político Estatal del PRI sean convocados para definir el método y la convocatoria para la renovación del Comité Directivo Estatal del PRI.

En otras palabras: para que sus miembros oficialmente sepan que Pablo Fernández del Campo Espinosa dejará la dirigencia estatal del partido tricolor y que su sucesora por un periodo de cuatro años será la diputada federal Ana Isabel Allende Cano.

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Historia errática y hundimiento del mundo. Con Heidegger y contra Heidegger es el último libro del filósofo y crítico de artes Jorge Juanes que el próximo 22 de agosto será presentado en la Librería del Complejo Cultural Universitario a las 18 horas.

En la presentación participarán el autor, el director de la maestría en Filosofía de la BUAP, Ángel Xolocotzi, el antropólogo Julio Glockner y el director de la revista Caja Negra, Miguel Ángel Rodríguez.

El libro, que es un largo ensayo, pretende castellanizar el pensamiento del filósofo Martin Heidegger y polemiza con la historia de la verdad del ser y con la participación del pensador alemán en la filas del Nacional Socialismo.

La obra fue editada por Conaculta y Magenta.

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El doctor César Cansino Ortiz dejó la semana pasada la Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, sin que hasta el momento se haya designado a quien lo sucederá en el cargo, que sería el tercero en la gestión del director de esta unidad académica, Carlos Antonio Moreno Sánchez.

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A partir de este día comenzará a circular en la red una nueva revista digital Om Shanti Magazine www.omshanti.mx, en la que se abordarán temas relacionados con el desarrollo humano, la vida saludable y otras cuestiones alternativas para lograr el bienestar integral de las personas.

La revista es editada por Dhyan Ekanta (Blanca Patricia Galindo), Prem Abhaya (Isabel Tobón) e Ivonne Caballero, quienes además de hacer los contenidos noticiosos de este portal electrónico decidieron abrir un centro para práctica de esta disciplina y distintas actividades holísticas.

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Después de la comparecencia del secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo más seguro es que pronto sea removido del cargo antes de que su continuidad siga dañando la imagen y credibilidad del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.

Por lo pronto este miércoles el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, ya lo exhibió en conferencia de prensa, al destacar que Don Facundo se rehusó a proporcionar nombres de los policías y jefes que participaron en el desalojo de pobladores de Chalchihuapan, el pasado 9 de julio, y otros informes relevantes sobre el operativo realizado en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

El problema para el gobierno del estado es que la inminente remoción del secretario de Seguridad Pública no atenuará la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala, que este fin de semana cumplirá un mes. Si Don Facundo hubiera sido separado del cargo, una vez que trascendió la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, mientras se hacían las investigaciones del caso y se deslindaban responsabilidades, el escenario quizás hoy sería diferente.

La marcha de protesta que para este domingo se anuncia del Triángulo de Las Ánimas a la Fuente de Los Frailes sobre el bulevar Atlixco, y de ahí al zócalo de la ciudad por la Avenida Juárez y la avenida Reforma será un buen termómetro para prever cuál será el derrotero que siga esta crisis y cuáles serán sus alcances en el corto y mediano plazo.

Si la marcha, inicialmente convocada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) que encabeza Francisco Hernández Juárez, logra reunir a miles de manifestantes y ciudadanos agraviados por el gobierno de Moreno Valle, lo más seguro es que la cabeza del secretario de Seguridad Pública sea insuficiente para contener la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala.

Pero si, por el contrario, la protesta resulta poco nutrida o se convierte en un mitin de radicales en el que los reclamos de justicia por la muerte del menor asesinado, la restitución de los servicios del registro civil en las juntas auxiliares y la derogación de la Ley Bala, degenera en la exigencia de que Moreno Valle renuncie o sea llevado a juicio político, entonces lo más probable es que el conflicto se desinfle.

Una cosa es que los ciudadanos no aprueben y hasta se manifiesten en contra los abusos del gobierno del estado, y otra muy diferente que la mayoría de los poblanos quieran la renuncia de Moreno Valle.

De ahí la importancia de la marcha de este domingo en la capital del estado.

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Entre algunos regidores del ayuntamiento de Nopalucan de la Granja no ha caído nada bien la disposición del edil priísta Rogelio Roque Torres de retener los sueldos de los miembros de su cabildo y de sus principales funcionarios, para cubrir el anticipo de la Arrolladora Banda El Limón que se presentará el 21 de septiembre en el marco de los festejos de la feria.

Tampoco que el ayuntamiento tenga que invertir 200 mil pesos en la pinta de bardas y la elaboración de carteles anunciando su presentación, no obstante que la banda fue contratada por una empresa de espectáculos denominada Abaco, que pretende vender cerca de 10 mil boletos a un costo de 200 y 250 pesos cada uno, y en la que tiene fuertes intereses los hermanos Arturo y Leobardo Soto Martínez, este último dirigente estatal de la CTM.

Y tampoco que el negocio de la venta de comida y bebidas alcohólicas durante el show de la Arrolladora Banda El Limón tenga como beneficiario al regidor de Industria y Comercio de Nopalucan, Andrés Torres, cómplice y soltador del munícipe de Nopalucan, Rogelio Roque.

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Un elemento que explica la actitud hasta cierto punto beligerante del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, frente al gobierno de Rafael Moreno Valle en el caso Chalchihuapan, es que en este se juega políticamente su reelección.

Si el gobierno estatal pensó que Raúl Plascencia sería un aliado amigable o una autoridad complaciente en las investigaciones que lleva a cabo el organismo para determinar si hubo o no violaciones a los derechos humanos de los pobladores de Chalchihuapan, y conocer de dónde finalmente salió el proyectil que mató al menor José Luis Tehuatlie Tamayo, se equivocó.

Incluso para dejar su posición y evidenciar su imparcialidad, Raúl Plascencia manifestó a los perredistas, abogados y pobladores de Chalchihuapan que este martes lo visitaron en sus oficinas del Distrito Federal, encabezados por el senador Luis Sánchez Jiménez, que no mantiene ningún vínculo afectivo o de amistad con el gobernador Moreno Valle o con las autoridades de Puebla que el pasado 21 de mayo le entregaron la Cédula Real de la Ciudad, la Clavis Palafoxiana y su nombramiento como doctor Honoris Causa de la BUAP.

Nadie mejor que Raúl Plascencia sabe que su continuidad al frente de la CNDH por otros cinco años será complicada, y que la fracción mayoritaria del PRI cuenta incluso con otros aspirantes que estarían más en el ánimo del tricolor para sustituirlo, como Mauricio Farah Gebara, quien actualmente se desempeña como secretario general de la Cámara de Diputados.

La CNDH ha enviado ya tres señales clarísimas de su posición frente al conflicto: la primera es el comunicado CGCP/212/14 por el cual da a conocer que el ombudsman ejerció su facultad constitucional de Investigación de Violaciones Graves a los Derechos Humanos en el caso del desalojo del pasado 9 de julio contra habitantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, por policías del gobierno estatal, en el que resultó asesinado un niño de 13 años y clasificó el caso como de “especial gravedad”.

La segunda fue su decisión de llamar a comparecer al secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, para este miércoles 6 de agosto en las oficinas de la CNDH, a fin de que declare sobre los hechos ocurridos durante un enfrentamiento en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, y al procurador de Justicia de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourguet, para que el viernes 8 de agosto informe de las actuaciones y peritajes llevados a cabo por el Ministerio Público a su cargo sobre el enfrentamiento entre policías y pobladores de Chalchihuapan.

Tales citatorios están lejos, muy lejos, de ser rutinarios. De hecho son los primeros que se giran en la gestión de casi cinco años de Raúl Plascencia.

Y la tercera señal fue su deslinde ante el senador Luis Sánchez y la diputada federal Roxana Luna Porquillo, ambos del PRD, en el sentido de que no es amigo, ni aliado del gobernador de Puebla y otras autoridades que dos días después de haberse aprobado en el Congreso del estado la Ley Bala lo condecoraron con un doctorado Honoris Causa, le entregaron la Clavis Palafoxiana y la Cédula Real de la ciudad de Puebla.

La continuidad del doctor Raúl Plascencia en la CNDH se determinará en los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre, toda vez que su gestión como presidente del organismo concluye el 15 de noviembre de 2014.

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Muchas gracias. Sin ustedes y sin la preferencia de nuestros lectores, colaboradores y anunciantes, e-consulta no sería la referencia obligada que hoy es en Puebla y en otras entidades donde también tiene ediciones.

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El arribo de Juan Pablo Piña Kurczyn a la oficina de la Gubernatura hay que contextualizarlo en la urgente necesidad que tiene el gobernador Rafael Moreno Valle de habilitar nuevos operadores políticos ante el evidente desgaste que enfrenta su administración por la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala.

En lugar de sacrificar a su secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas o entregar la cabeza de su secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, el mandatario optó por habilitar a un tercero como interlocutor de su gestión ante diferentes grupos e instancias oficiales de carácter nacional o federal.

En la lógica del poder de Moreno Valle, remover a Luis Maldonado, Facundo Rosas o a los dos secretarios, tras la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie, habría significado una señal de debilitamiento. De ahí su decisión de nombrar a Juan Pablo Piña como jefe de la oficina de la Gubernatura.

Moreno Valle lo sabe mejor que nadie: si la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala dejó un damnificado, ese es Luis Maldonado Venegas, quien a pesar de mantenerse en el gabinete perdió los amplísimos márgenes de maniobra y operación que tenía hasta antes del fallido y fatal desalojo en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

En la práctica Juan Pablo Piña asumirá desde la jefatura de la Oficina del Gobernador muchas de la funciones y atribuciones que tenía el titular de la SGG como jefe de gabinete.

De acuerdo con el escueto comunicado que este domingo se emitió de su nombramiento, el hijo del exgobernador Mariano Piña y la comisionada del IFAI Patricia Kurczyn se encargará de supervisar proyectos estratégicos, dar seguimiento a compromisos hechos por el gobierno del estado y a privilegiar la coordinación interinstitucional.

¿Qué esas tareas no corresponden a un jefe de gabinete?

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El regreso del hijo pródigo

Juan Pablo Piña ya fue miembro del gabinete del gobernador Moreno Valle en el arranque de su gestión. Se desempeñó como secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública.

Sin embargo optó por irse cuando lo invitaron a ser visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su situación en el gobierno de Puebla se volvió muy complicada por sus frecuentes roces con el entonces secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, y por la grilla que entre ellos metía el subsecretario jurídico, Enrique Quiroz Acosta.

Juan Pablo Piña dejó la administración estatal, aunque estrechó su relación con el gobernador de Puebla pero ahora como consultor o asesor externo en temas jurídicos.

Por encargo del Ejecutivo estatal, el joven abogado siguió desde su despacho los litigios para quitarle a Ricardo Henaine el predio de Valle Fantástico en la zona de Angelópolis; para echar abajo la concesión que el gobierno de Mario Marín otorgó a OHL para construir una autopista paralela a la México-Puebla, de la caseta de Amozoc a San Lorenzo Almecatla; y para monitorear el proceso de concesión de los servicios del Soapap a la empresa Concesiones Integrales.

Sin Fernando Manzanilla en la SGG y sin la estorbosa presencia de Enrique Quiroz en la Subsecretaria Jurídica, Juan Pablo Piña se convirtió en un visitante asiduo a Casa Puebla, lo mismo para asuntos jurídicos que para temas electorales, de transparencia y derechos humanos.

En pleno escándalo por la muerte del menor de Chalchihuapan y la Ley Bala, su presencia para el gobernador Moreno Valle se hizo indispensable, sobre todo cuando en las maratónicas sesiones del comité de crisis Luis Maldonado quedó inhabilitado como interlocutor o negociador, hundido por sus “piedras de gran calibre”.

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El fracaso de los duros

El arribo de Juan Pablo Piña como jefe de la Oficina del Gobernador debe analizarse también como una derrota de los duros del gabinete, reacios a dialogar y mantener negociaciones con los grupos opositores a la administración estatal, que en la crisis de Chalchihuapan salieron a flote.

Si Moreno Valle optó por un perfil conciliador como el de Juan Pablo Piña en vez de un cuadro cien por ciento suyo pero con fama de duro, es porque esta crisis ya demostró que la política del garrote no es una buena política.

Lo deseable en lo que resta del sexenio morenovallista es que haya una recomposición en el gabinete y que en la toma de decisiones prevalezcan las opiniones de personajes como Luis Banck Serrato, Juan Pablo Piña, Roberto Rivero Trewartha, Jorge Aguilar Chedraui, David Villlanueva Lomelí y José Antonio Gali Fayad, en vez de los criterios de fuereños como Roberto Moya Clemente, Marcelo García Almaguer, Héctor Alcudia Goya y Facundo Rosas, entre otros, quienes visto está que en situaciones de crisis en poco o nada ayudan.

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Uno de los funcionarios del gobernador Rafael Moreno Valle al que la crisis de Chalchihuapan le echó a perder sus vacaciones en el extranjero es al procurador Víctor Antonio Carrancá Bourget.

Al procurador lo tomaron casi con un pie en el crucero que de San Francisco, Estados Unidos, lo trasladaría a Alaska en compañía de su esposa y el subprocurador que no es subprocurador José Carlos Proal Díez de Urdanivia.

El día 16 de julio el procurador Víctor Carrancá recibió una llamada urgente de Casa Puebla a la que no pudo negarse y que lo trajo de regreso a la Angelópolis, para lo que usted ya sabe.

El periplo lo continuaron su esposa, el subprocurador que no es subprocurador y la mamá de este.

Láaastima Víctor ya será para la otra.

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La columna Bajo Reserva de El Universal debió confirmar la hipótesis de quiénes aseguran que Eukid Castañón Herrera no será quien se beneficie de la posible destitución o renuncia de Luis Maldonado Venegas como titular de la Secretaría General de Gobierno, como consecuencia de la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala.

De veras que hay que ser intrépido o algo peor para ir amenazar a los diputados federales del PRI de Puebla, en estos momentos.

Intentar resolver la crisis de Chalchihuapan mediante amenazas a los opositores o advertencias de ajuste de cuentas después de que pase el escándalo, no solo resulta intrépido sino estúpido.

Es como intentar apagar un incendio con gasolina.

Lo que el gobierno de Rafael Moreno Valle necesita en esta crisis no es más presión o mano dura, sino aliados, negociación y diálogo, pues si algo ha dejado claro el escándalo de Chalchihuapan y la Ley Bala es que la política del garrote NO es una buena política.

¡Cordura, por favor!

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A juzgar por el costo y la organización de la Semana de Francia en Puebla, del 21 al 29 de junio, esta resultó no solo carísima sino malísima.

Para el evento el ayuntamiento de Puebla destinó la friolera de más de ¡20 millones de pesos!

Una bicoca para una Ciudad de Progreso.

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Después de terminar su maestría en Administración Pública y graduarse en la Escuela de Gobierno “John F. Kennedy” de la Universidad de Harvard, el exdirigente estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón Quintana continuará su formación académica pero ahora en la Universidad de Bristol, en Inglaterra.

En esa institución pública, una de las más prestigiadas desde la época victoriana, Mondragón hará el doctorado en Economía Política, a partir del próximo mes de septiembre.

El ex dirigente panista viajará a Inglaterra a mediados del mes entrante en compañía de su esposa, quien también cursará un postgrado, y sus dos menores hijos.

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Cuentan los enterados que por la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala, las vacaciones de dos semanas que tomaría el gobernador Rafael Moreno Valle en estos días ya fueron suspendidas.

Y que la misma decisión han tomado otros secretarios del gabinete morenovallista que también habían programado, para la última semana se julio y la primera de agosto, sus vacaciones de verano.

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Cuando Fernando Manzanilla Prieto era el titular de la Secretaría General de Gobierno había un comité encargado del manejo de crisis, en el cual participaban el secretario de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado; el procurador Víctor Antonio Carrancá Bourget; el subsecretario de Vinculación Institucional y Gobernanza, Sergio Medina González; el subsecretario Jurídico, Enrique Quiroz Acosta; el entonces director general de Delegaciones de la SGG, Juan Cesín Musi; la directora general de Gobierno, Laura Escobar Juárez; el director general de Análisis Político, José Ventura Rodríguez Verdín; el secretario técnico de la SGG, Óscar Gómez Cruz; el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Mauricio Tornero Salinas; y el director de la Policía Auxiliar, Ludivino Mora Tejeda.

Con la llegada de Luis Maldonado Venegas  este comité de crisis no sólo dejó de funcionar, sino que se desintegró. Ahora los asuntos delicados de la política interior del estado son atendidos por funcionarios fuereños, como los subsecretarios Luis Arturo Cornejo Alatorre, de Asuntos Políticos y Protección Civil, y Guillermo Vicente Fernández De la Maza, de Vinculación Institucional y Gobernanza, que poco o nulo conocimiento tiene de los actores y grupos políticos de la entidad.

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Si el secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, no renunció o fue removido del cargo después de los errores de planeación, tácticos y estratégicos del operativo de desalojo de pobladores de Chalchihuapan el pasado 9 de julio, y en el que un menor resultó fatalmente herido en la cabeza, el gobernador Rafael Moreno Valle tendría haberlo cesado ya, ante las evidencias de que entre los granaderos participó un policía que fue detenido y encarcelado por delitos graves como prostitución de menores.

Se trata del policía Mario Tomás González Ricaño, quien el 8 de noviembre de 2011 fue presentado por el actual procurador Víctor Carrancá como miembro de una peligrosa banda dedicada a la trata de personas.

¿Cómo y quién recontrató a este policía? ¿A poco tenía aprobado su examen de control de confianza? ¿Cómo le hizo para burlar todos los despidos y desaparecer de su expediente los graves delitos que el mismo procurador le imputó? ¿Quién lo protege en la Secretaría de Seguridad al grado de que en menos de dos años pasó de delincuente a víctima, según lo documentó el periodista Valentín Varillas?

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