La decisión de Gustavo Madero Muñoz de apresurar la expedición de la convocatoria para renovar el Comité Directivo Estatal del PAN de Puebla, va más allá de adelantar un par de meses la salida de Rafael Micalco Méndez de la presidencia, cuya gestión debería concluir en diciembre.

Lo que en realidad se busca con esa maniobra es echar a Rafael Micalco de la dirigencia y dejarlo totalmente fuera del próximo proceso local electoral, que formalmente arranca en noviembre.

Tanto el gobernador Rafael Moreno Valle como el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, saben perfectamente que si no precipitaban la salida de Micalco éste seguramente se acogería al artículo 33 de los estatutos panistas para alargar su periodo un año.

Dicho artículo establece que si la renovación de una dirigencia ocurre tres meses antes del inicio de un proceso electoral, este cambio debe aplazarse para después de la elección.

Tal como ya se hizo en el estado de Sinaloa con Edgardo Burgos Marentes, quien fue electo en noviembre de 2012 como presidente del CDE del PAN por un periodo de tres años.

La diferencia entre Edgardo Burgos y Rafael Micalco es que aquel tiene como padrino político a uno de los principales operadores de Gustavo Madero, el diputado federal saliente Jorge Villalobos Seáñez, y Micalco carece del respaldo del primer panista de la entidad, el gobernador Moreno Valle.

De ahí la decisión del dirigente panista poblano de promover una impugnación en contra del acuerdo de Gustavo Madero, por el cual es emplazado a citar al Consejo Estatal para que este a su vez apruebe la convocatoria para la renovación del CDE y elija a los miembros de la Comisión Organizadora Electoral que se encargarán de la elección interna prevista para el domingo 18 de octubre.

La impugnación de Micalco tendrá que resolverla el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En los próximos días le daré cuenta del candidato del gobernador Moreno Valle para sustituir a Rafael Micalco en la presidencia del CDE del PAN, Jesús Giles Carmona, actual secretario general del Comité Municipal de Puebla y ex secretario de Acción Juvenil del Comité Estatal.

***

Con el cambio de secretario de Seguridad Pública del estado, ha comenzado salir a flote una serie de anomalías y corruptelas en distintas áreas de la dependencia, en las que aún permanecen funcionarios nombrados por Facundo Rosas Rosas.

Una de estas es el Cereso de Puebla, y la Dirección General de Centros de Reinserción Social del estado, a cargo de Azucena Yazmín Márquez Rodríguez.

A través de una misiva enviada al correo de este reportero, algunos internos quieren hacerle saber al nuevo secretario de Seguridad, Jesús Rodríguez Almeida, las corruptelas y abusos que al interior del penal de San Miguel se cometen con la complacencia y complicidad del director Rafael Carvajal Paz y los comandantes Marco Antonio Galván Ramírez, Adalberto Velasco Reyes y Víctor Hugo García Rosales.

Aquí el texto íntegro de la carta:

***

Este jueves un grupo de ciudadanos y dirigentes de la sociedad civil, simpatizantes de las candidaturas independientes, fijarán su posición sobre la reglamentación de estas en el Código Electoral del estado.

Agrupados en torno a la Integradora de Participación Ciudadana, los empresarios y activistas Gerardo Navarro, Leobardo Espinosa y Luis G. Benavides, pedirán que el Congreso del estado facilite las candidaturas independientes en la próxima reforma al Código Electoral.

Y la principal petición se focalizará en el número de firmas que los ciudadanos deben reunir para registrarse como candidatos independientes, y que por ninguna razón puede ser similar al que se exige a los partidos políticos para mantener su registro: el 3 por ciento.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

Cuentan que la primera opción para sustituir a Armando Guerrero Ramírez como presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE) no fue la doctora en antropología Alicia Olga Lazcano Ponce sino el consejero Paul Monterrosas Román, pero que éste declinó el ofrecimiento para no hacerse cargo del proceso de entrega-recepción del organismo y de solventar los pendientes que dejó aquél tras su intempestiva renuncia.

Según esta versión los consejeros habían decidido dos cosas: una, no proponer como sustituto a alguno de los consejeros que llegaron a la etapa final del proceso de selección de consejeros para el Organismo Público Local Electoral (OPLE) –Fidencio Aguilar Víquez, Dalhel Lara Gómez y José Luis Martínez López– y, dos, que el sucesor de Armando Guerrero saliera por amplio consenso.

Fue así que los consejeros salientes del IEE eligieron a Paul Monterrosas como presidente, tras lo cual éste declinó el nombramiento, sin explicar públicamente las causas de su negativa. Y digo públicamente porque se sabe que éste llegó a comentar con algunos empleados y funcionarios del Instituto que su decisión obedeció a que no quería estar sujeto a ningún proceso administrativo por el desorden que dejó Armando Guerrero tras renunciar el pasado domingo 26 de julio.

***

Si ya se sabe que desde la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado se controla el presupuesto, los salarios y prestaciones de los funcionarios, jueces y magistrados del Poder Judicial de Puebla, al menos estos deberían guardar las formas y no ventilarlo en documentos como el signado por el secretario de Acuerdos del pleno del Tribunal Superior de Justicia, Álvaro Bernardo Villar Osorio, y que apareció en el portal electrónico de esta instancia gubernamental.

Según este documento fue la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas la que mediante oficio SFA/SA/0001/2015 le hizo saber al pleno del Poder Judicial del estado los días inhábiles correspondiente del 1 de enero al 31 de julio, y las fechas en que los empleados y funcionarios adscritos al Tribunal Superior de Justicia tendrían su primer periodo vacacional del año 2015.

***

Tómelo con reserva pero una fuente confiable me asegura que el escándalo de los policías chupa ductos, que ya le costó la cabeza al secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, aún podría escalar y afectar a mandos medios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado, coludidos con las bandas dedicadas al robo de combustible en la entidad.

Según esta fuente, que dice tener información privilegiada de la PGR, uno de los funcionarios de la PGJ involucrados en la protección del robo y la venta ilegal de combustible de Pemex sería el comandante de la Policía Ministerial, José Luis Briones.

***
Aunque la senadora Blanca Alcalá Ruiz ha dicho que ella preferiría ser gobernadora de seis años y no de un año ocho meses, también ha dejado en claro a la dirigencia nacional de su partido que está puesta para la elección del 2016 si es que se le requiere.

En ese sentido valdría la pena no descartarla como una de las posibles contendientes en los comicios locales del próximo año, considerando que hoy por hoy es la mejor carta del PRI, según diversas encuestas electorales.

Blanca Alcalá fue entrevistada este martes en la Cámara Alta y ahí precisó que lo importante es la unidad del PRI y que ella hará lo necesario para construirla, ya sea sumándose al candidato o candidata que elijan los priístas o aceptando la postulación si es que fuera la nominada para contender por la gubernatura de Puebla en el 2016.

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

Si el gobernador Rafael Moreno Valle ya anticipó una reestructuración profunda en su gabinete que comenzará la próxima semana y se extenderá hasta los primeros días de septiembre es porque seguramente habrá más ajustes de los esperados.

En otras palabras, que además de los cambios ya adelantados sobre la reintegración al gabinete de José Cabalán Macari, Juan Roberto Moya Clemente y posiblemente de Luis Maldonado Venegas, se darán otros en áreas sensibles de la administración pública estatal como la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública.

Ha trascendido que Cabalán Macari asumirá la titularidad de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), en lugar de la abogada Cristina González Medina, quien antes de venir a Puebla se desempeñaba como directora de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS.

Y que Roberto Moya regresará al gabinete, del que nunca se ha ido, como jefe de la Oficina del Gobernador pero con mayores atribuciones y facultades para intervenir en distintas dependencias.

Si el gobernador Moreno Valle anunció que los últimos cambios en el gabinete se darán hasta los primeros días de septiembre es porque posiblemente aguardará el fin de la Legislatura saliente y el reparto de Comisiones en la Legislatura entrante.

De los diputados federales salientes, Moreno Valle seguramente echará mano de dos: de Blanca Jiménez Castillo y de Néstor Octavio Gordillo Castillo.

Por lo que hace a los legisladores entrantes, que entrarán en funciones el 1 de septiembre, el gobernador esperará qué Comisión logra Luis Maldonado Venegas.

Si éste consigue la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Comisión de Educación o de la Comisión de Puntos Constitucionales, Moreno Valle no lo regresará a la Secretaría de General de Gobierno y optará por designar a un nuevo titular, en lugar de Jorge Benito Cruz Bermúdez, quien ya no regresará a la Secretaría de Educación Pública.

El secreto mejor guardado sobre los ajustes que vienen en el gabinete es quién sustituirá a Facundo Rosas Rosas en la Secretaría de Seguridad Pública.

La noche de este martes se anunció que el subsecretario de Inteligencia e Investigación de la dependencia, Zeferino Juan Sánchez Zarza, lo reemplazará en calidad de encargado de despacho.

Esta es la segunda vez que Sánchez Zarza se queda como encargado de despacho. La primera ocasión ocurrió a la salida de Ardelio Vargas Fosado cuando este fue nombrado por el presidente Enrique Peña Nieto como titular del Instituto Nacional de Migración.

Hallar al sustituto definitivo de Facundo Rosas en la recta final del sexenio no parece una tarea fácil y menos por el reto que este tiene por delante: desmantelar la red de corrupción e intereses construida por los principales mandos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública.

***

En los últimos dos días se han publicado versiones diametralmente contradictorias sobre el hijo del ex gobernador Melquiades Morales Flores, el subsecretario de Desarrollo Político y Participación Ciudadana de la SGG, Fernando Morales Martínez.

Unas lo ensalzan atribuyéndole cualidades que no tiene para hacerse cargo de la dependencia responsable de la política interior, y de la negociación e interlocución con autoridades de los otros poderes y los distintos niveles de gobierno, así como con dirigentes de partidos, grupos y líderes sociales.

Fernando Morales no es su papá, y tampoco tiene el talento y los atributos de éste para contribuir a la gobernanza y gobernabilidad del estado desde la SGG.

Sin embargo, tampoco creo que Moreno Valle vaya a deshacerse de él por presiones y confrontaciones con los integrantes del llamado Grupo Finanzas.

Su despido o remoción sería una afrenta para Los Morales, a pesar de que con varios de sus parientes consanguíneos y políticos el subsecretario de Desarrollo Político no mantiene precisamente buenas relaciones.

En lo que sí no parece haber dudas es que independientemente de cual sea el futuro de Luis Maldonado o Fernando Morales, el actual encargado de Despacho de la SGG Jorge Benito Cruz, no seguirá en la dependencia.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

El gobernador Rafael Moreno Valle tendrá que valorar –y en serio– la permanencia de Facundo Rosas Rosas al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Si decide mantenerlo, como todo parece indicar, valdría la pena que de inmediato pidiera un reporte de quiénes integran su equipo de escoltas: los llamados Delfines.

Y es que el próximo escándalo en materia policíaca podría alcanzarlo cuando se conozca el origen, los antecedentes y la evaluación de los integrantes de su equipo de escoltas en los exámenes de control de confianza.

Facundo Rosas ya tiene alguna información y ha decidido actuar en consecuencia, reubicando a algunos delfines pertenecientes al equipo de escoltas del mandatario estatal con el alcalde José Antonio Gali Fayad y con otros funcionarios del gobierno del estado.

Ahora que regrese de vacaciones, Moreno Valle lo primero que debería indagar es quiénes de los que lo cuidan han acreditado el examen de control de confianza, qué vínculos o relación tenían con el ex director de la Policía estatal, Marco Antonio Estrada López y con el ex jefe de Grupo Operaciones Especiales, Tomás Mendoza Lozano.

Ah y también los estudios que tienen y si los certificados que presentaron para comprobar estos no son documentos apócrifos o falsificados.

***

Otro escándalo que podría empañar la gestión del gobernador Rafael Moreno Valle y del Congreso local, en la recta final del sexenio, habría que ubicarlo en el Instituto Electoral del Estado.

Y es que la confianza y credibilidad del máximo órgano electoral de la entidad, ya de por sí bastante mermadas por la sumisión y falta de independencia de la mayoría de sus consejeros, no solo podría irse a los suelos por culpa de su presidente Armando Guerrero Ríos, sino poner en entredicho la legalidad y legitimidad de las autoridades emanadas del último proceso local electoral.

La próxima semana le tendré aquí mayores detalles.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

* Mantenerlo no será una señal de debilidad, sino de encubrimiento

* Ponen candados al PRI para las coaliciones y los avala

Difícilmente el gobernador Rafael Moreno Valle anunciará a su regreso de vacaciones el cese de Facundo Rosas Rosas como secretario de Seguridad Pública del estado, a pesar de las evidencias que implican a éste en el robo y protección de una banda dedicada a la venta de combustible extraído ilegalmente de los ductos de Pemex que cruzan la entidad.

Motivos para sustituir a Facundo Rosas no le deben faltar al mandatario estatal, pero se rehusará a hacerlo –al menos en el corto plazo– para no dar una señal de debilidad frente a sus críticos y adversarios políticos en la recta final del sexenio.

Sin embargo en el pecado puede llevar la penitencia ahora que han comenzado a filtrarse o develarse hechos que involucran a mandos policiacos no solo con el robo de combustible, sino con la protección de casinos ilegales, la trata de blancas o personas, el robo de vehículos y autopartes, y la protección de redes del crimen organizado.

La permanencia de Facundo Rosas al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) puede enviar a los ciudadanos un mensaje peor que el que Moreno Valle busca evitar sacándolo de su gabinete.

El gobernador podría no parecer débil dejando a Facundo Rosas, pero se mostraría insensible ante el reclamo social que exige que ese tipo de conductas policíacas de colusión y complicidad con la delincuencia organizada se sancionen con todo el peso de la ley o, peor aun, como encubridor de funcionarios policiacos corruptos, abusivos o ineficientes.

Lo peor que le puede ocurrir a Puebla es perder la seguridad que tiene en comparación con otros estados del país, varios de ellos colindantes.

Y el camino más corto para hacerlo es la impunidad, es decir, no hacer lo necesario para que los delincuentes y sus cómplices –y más si son policías de alto rango– sean castigados.

Puede que Facundo Rosas nada tenga que ver con las operaciones ilícitas de sus subordinados Marco Antonio Estrada López y Tomás Mendoza Lozano, pero nadie podrá quitarle la responsabilidad de haberlos contratado ni de haberlos promovido a uno como director de la Policía Estatal y a otro como jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la SSP.

EN CORTO

Uno de los mayores desaciertos del PRI en la discusión y aprobación de las recientes reformas constitucionales en materia electoral fue haber avalado que los partidos nacionales de nueva creación no puedan coaligarse o postular un candidato común en las elecciones para gobernador de Puebla del año entrante.

A diferencia de lo ocurrido en los comicios locales de 2013, donde se permitió que partidos primerizos estatales como Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto Social de Integración (PSI) pudieran suscribir alianzas electorales o registrar candidatos impulsados por otros partidos, esta posibilidad se cerró en 2016.

Los enterados aseguran que esta prohibición tenía clara dedicatoria para el PRI, pero también para el partido de Andrés Manuel López Obrador: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Para el PRI porque le canceló la posibilidad de buscar un acuerdo electoral con los pastores de las iglesias cristianas, que son los principales impulsores del Partido Encuentro Social (PES), que en las recientes elecciones federales del 7 de junio logró amarrar su registro al obtener más del 3% de la votación nacional.

Y para Morena porque le obliga a participar solo en las elecciones para la minigubernatura del año entrante. Morena se convirtió en las recientes elecciones federales en la tercera fuerza política de la entidad, y en los comicios locales del año entrante podría aspirar a algo más encabezando un frente amplio de partidos de izquierda con el PRD y Movimiento Ciudadano, además de otras organizaciones.

En la sesión del 9 de julio donde se aprobaron por unanimidad las reformas y adiciones a la Constitución del estado no dejó de llamar la atención el voto a favor de los legisladores del grupo parlamentario del PRI.

Pero sobre todo que ninguno de ellos subió a tribuna para inconformarse con el segundo párrafo de la fracción V del artículo 4 de la Constitución del estado que textualmente dice: El partido político nacional o local que participe por primera ocasión en una elección local no podrá formar frentes, coaliciones o fusiones, ni postular candidaturas en común.

La duda es: ¿por qué antes si y ahora no? ¿Será porque los partidos estatales que giran en torno al morenovallismo ya brincaron esta condición?

****

Correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com

Twitter: @periodostasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

Los parches que el gobernador Rafael Moreno Valle tuvo necesidad de hacer en su gabinete por la nominación de cuatro de sus secretarios como candidatos a diputados federales no fueron en beneficio de la clase política o la tecnocracia poblana, ni tampoco del Partido Acción Nacional.

Si antes de los cambios y enroques sólo había cuatro poblanos en su gabinete, el número no subió con las nuevas designaciones. Hoy siguen siendo cuatro: el secretario de Seguridad, Facundo Rosas Rosas, quien es poblano a pesar de que su carrera profesional y policial la había desarrollado fuera de la entidad; el secretario de Transportes, Bernardo Huerta Couttolenc, quien pronto dejará de serlo para convertirse en subsecretario; Rodrigo Riestra Piña, quien fue nombrado secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT); y Heriberto Castillo Miranda, quien quedó como encargado de despacho de la Secretaría Particular.

Con los ajustes, el gabinete morenovallista perdió dos poblanos, Antonio Gali López, quien fungía como secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, y ahora pasó a ser jefe de la oficina del gobernador, y María Mercedes Aguilar López, quien se desempeñaba como secretaria particular, y ganó dos: los ya mencionados Rodrigo Riestra y Heriberto Castillo.

Por lo que hace a los militantes panistas, estos se quedaron sin cartera en el gabinete estatal. Antes por lo menos tenían dos: la SDRSOT, en la que despachaba el neopanista Mario Rincón González y la Secretaría Particular, con Mercedes Aguilar.

Ahora no tienen nada, pues ninguno de los nueve funcionarios recién llegados al gabinete como secretarios o encargados de Despacho figura en el padrón de miembros del PAN.

Alguien podría decir que sí hay un panista: Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, pero lo cierto es que este connotado militante del PAN no forma parte del gabinete, al menos en el que aparece en el sitio oficial web del gobierno del estado.

Lo que sí hay es un neo perredista, el ex titular de la SEP y ahora encargado de Despacho de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Benito Cruz Bermúdez.

***

Correo: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

Este sábado al mediodía se abrirá a la circulación la autopista Puebla-Tlaxcala, por la cual uno podrá viajar de un estado a otro en sólo 12 minutos a una velocidad promedio de 100 a 120 kilómetros por hora.

Para ir de Puebla a Tlaxcala por la nueva vía, hay que llegar al final del Periférico Ecológico, a la altura del Outlet, y ahí conectarse con la autopista de 17 kilómetros. A los seis minutos de recorrerla usted puede llegar al municipio de Zacatelco o en doce hasta el Periférico de Tlaxcala, para entroncar con el Libramiento Poniente a la altura de Acuitlapilco.

La obra, a cargo de la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), se realizó en dos años, incluyendo las negociaciones para liberación del derecho de vía, con una inversión de 800 millones de pesos.

La inauguración oficial se efectuará seguramente a finales de enero, con la presencia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, o el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y los gobernadores Mariano González Zarur, de Tlaxcala, y Rafael Moreno Valle, de Puebla, y el director y principal accionista de Pinfra, David Peñaloza Alanís.

El aforo estimado de la nueva autopista es de 5,000 vehículos diarios en el primer año de operaciones, y de 7,000 en el segundo o tercer año.

***

Además de Guillermo Aréchiga Santamaría, ya también dejó de laborar en la Secretaría de Gobernación Municipal, en la que venía desempeñándose como jefe del Departamento de Atención a Juntas Auxiliares zona Norte, Gustavo Hernández Aguilar.

Este último funcionario llegó a la Secretaría de Gobernación Municipal por recomendación de Enrique Nacer Hernández, quien al comienzo de la administración fue designado director de Atención Vecinal y Comunitaria.

***

A propósito.

Catorce de los 17 presidentes de Juntas Auxiliares del municipio de Puebla aceptaron constituir una asociación civil, que buscará una mayor coordinación con las autoridades del Ayuntamiento capitalino para resolver la problemática que enfrentan estas comunidades en materia de seguridad y prestación de servicios públicos.

El coordinador de la Asociación de Presidentes de Juntas Auxiliares (Apreja) será el edil subalterno de La Libertad, José Enrique Guerrero Romero.

Los únicos tres presidentes auxiliares que declinaron pertenecer a la Apreja son Eduardo Steffanoni Verdín, de San Jerónimo Caleras; Humberto Luna Aguilar, de Santamaría Xonacatepec; y Raúl Pérez Velázquez, de Canoa.

***

Este miércoles en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se resolverá el juicio que promovió el regidor Juan Carlos Espina von Roehrich en contra de las 22 mil afiliaciones corporativas al Partido Acción Nacional en el estado de Puebla.

Los magistrados de la Sala Superior tendrán que confirmar la validez de esas afiliaciones hechas por los operadores del gobernador Moreno Valle al margen de los estatutos del PAN o rechazarlas como ya lo hicieron con las 353 que logró impugnar el dirigente estatal Rafael Micalco Méndez.

***

Germán Pérez Gómez es el nuevo director de Vialidad del estado. Su nombramiento se dio esta noche sin que se proporcionaran mayores detalles, salvo que el nuevo funcionario tiene una larga trayectoria en la Policía Federal de Caminos.

***

Este martes el secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, se disculpó por llegar tarde a una partida de rosca en las oficinas de la Policía estatal. A los directivos y elementos que lo esperaban les dijo que su tardanza obedecía a que andaba muy ocupado desde temprana hora en la trabajancia de esta ciudad para que siga siendo segura, ya que Puebla es el estado de la zona centro del país con menos problemas de delincuencia común y organizada.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

Tome esta hipótesis con reserva, pero se la transmito en virtud de la creciente violencia en varias entidades del país, como consecuencia de los vínculos y complicidades de autoridades municipales, estatales y federales con la delincuencia organizada, y que ha puesto a México en la mira internacional tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y el descubrimiento de una decena de tumbas con cuerpos que no corresponden a los de los estudiantes secuestrados por el narco en Iguala, Guerrero.

Debo aclarar que este análisis se lo escuché a un experto en temas de geopolítica y seguridad nacional que por razones profesionales está vinculado con algunas agencias y despachos de inteligencia de los Estados Unidos, mejor conocidos think tanks (tanques pensantes).

Desde su perspectiva, algunas acciones del gobernador Rafael Moreno Valle encaminadas a sacar adelante diversas obras y proyectos tanto energéticos como de infraestructura y a contener la oposición de ciertos activistas y grupos opositores locales que han manifestado su rechazo a la construcción de hidroeléctricas y gasoductos, así como a la perforación de minas o yacimientos en la Sierra Norte de Puebla, han tenido el propósito de llamar la atención de políticos e inversionistas de los Estados Unidos.

Para el mandatario estatal es importante demostrar de cara a la próxima sucesión presidencial que es un gobernante confiable, abierto a la inversión extranjera, dispuesto a que las reformas del presidente Peña Nieto en materia energética y de telecomunicaciones se traduzcan en proyectos concretos y al que no le temblaría la mano para aplacar a los grupos de presión que se opusieran a ellos o intentaran impedirlos.

De ahí, según el experto, la decisión de Moreno Valle de encarcelar a los activistas que se han opuesto al Gasoducto Morelos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a las obras carreteras del Arco Poniente, a las reformas a la Ley Orgánica Municipal por las cuales los presidentes auxiliares perdieron los ingresos del Registro Civil y a los que han bloqueado carreteras o quemado patrullas de la policía.

De ahí su actitud y posición, poco o nada sensible y hasta impopular, frente a los hechos violentos del Chalchihuapan del pasado 9 de julio, la muerte del menor de 13 años José Luis Tehuatlie Tamayo, los reclamos de su madre Elia Tamayo Montes, y las once recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y su decisión de mantener al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, y a otros funcionarios de su gabinete que actuaron con negligencia o fueron parte del montaje de la teoría del cohetón y la onda expansiva.

Frente a la debilidad que ha mostrado el presidente Enrique Peña Nieto y algunos de sus secretarios ante los acontecimientos violentos de Iguala y Chilpancingo, Guerrero; y Tlatlaya, Estado de México; la beligerancia del narco, las evidencias de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad; así como de las crecientes movilizaciones estudiantiles y de organizaciones y movimientos sociales en varios estados del país, la mano dura y talante de Moreno Valle no han pasado inadvertidos para ciertos observadores y analistas de Estados Unidos, preocupados por la inestabilidad de su vecino de la frontera sur.

Y eso, de acuerdo con nuestro especialista, también lo sabe el propio gobernador y sus consultores estadounidenses, de los que en una futura entrega ya nos ocuparemos.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

La resolución recaerá en el procurador Carrancá y Facundo Rosas

Asaltan (¿otra vez?) las oficinas de Enrique Doger Guerrero

El próximo martes 9 de septiembre dictará conferencia en la UPAEP el dr. Jon Elster

No será esta semana, sino hasta la siguiente cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rinda su informe sobre el desalojo violento de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, y emita sus recomendaciones a las autoridades estatales por las violaciones graves en que incurrieron durante el operativo, y la posterior refriega entre manifestantes y policías.

Hasta donde se sabe, la CNDH sí emitirá sendas recomendaciones al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, y al procurador de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget. Al primero por uso excesivo de fuerza y empleo desproporcionado de armas no letales; por incumplir con los protocolos para disolver manifestaciones, y por violar diversas disposiciones de la Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla, mejor conocida como Ley Bala.

Y al procurador Víctor Carrancá por la detención y criminalización de cuatro de los pobladores de Chalchihuapan enviados al penal de Cholula, por solapar la falsedad de declaraciones de policías que acusaron por órdenes superiores a los detenidos, y por consignar a estos últimos por delitos excesivos y que jamás cometieron.

Inicialmente los detenidos de Chalchihuapan Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras, Santiago Pérez Tamayo y Sergio Clemente Jiménez Tecalero habían sido acusados de motín, desobediencia y resistencia de particulares; así como de delitos cometidos contra funcionarios públicos, como privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso, todos los cuales se desvanecieron.

De todos los delitos por los fueron encarcelados, al final sólo dos quedaron en firme: ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, por los cuales tuvieron que pagar una fianza para obtener su libertad caucional.

Los trascendidos que el viernes y sábado se publicaron en los periódicos La Razón y Milenio, en el sentido de que la CNDH daría por cierta la versión gubernamental de que al menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, lo mató un cohetón lanzado por alguna persona que formaba parte del grupo que se enfrentó a policías el pasado 9 de julio, o que el dictamen de la Comisión será exculpatorio del gobierno de Moreno Valle, son sólo eso: trascendidos sin ningún fundamento.

De hecho, puedo asegurarle que en la administración estatal ya se preparan para una resolución negativa del ombudsman nacional dirigida al gobernador Rafael Moreno Valle; al secretario de Seguridad, Facundo Rosas y al procurador  Víctor Carrancá.

En dicha recomendación, lo más probable es que el gobierno sea instruido a indemnizar a las víctimas del desalojo, entre ellas la madre del menor muerto, Elia Tamayo Montes.

Para dar la impresión de que el gobierno acatará las recomendaciones de la CNDH, que posiblemente se hagan públicas entre el 8 y el 12 de septiembre, el gobierno morenovallista podría relevar a ciertos mandos policíacos, como a la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Flores Ramos, y suspender a otros uniformados que participaron en el operativo; así como remover a algunos agentes ministeriales que se prestaron o manipularon declaraciones de policías para inculpar a manifestantes de la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie.

EN CORTO

Este fin de semana se registró otro asalto con tintes políticos. La víctima fue el diputado federal priísta Enrique Doger Guerrero, de cuyas oficinas en la colonia Chula Vista de la capital poblana se llevaron dos computadoras de escritorio, la suya y la de su secretaria y asistente personal, dinero y diversos documentos, entre ellos su padrón de seguidores.

De acuerdo con algunas fuentes, este sería el segundo asalto cometido a oficinas o propiedades del también aspirante a la gubernatura de Puebla, Enrique Doger, ya que uno anterior se había registrado en un inmueble que antes albergó una sucursal bancaria en las inmediaciones del Circuito Juan Pablo II y la 11 Sur.

En lo que va de la actual administración estatal se han registrado por lo menos ocho robos similares a oficinas o domicilios de figuras públicas locales, en donde los delincuentes sólo han sustraído computadoras y documentos personales.

Las víctimas han sido periodistas, personalidades políticas y activistas. La madrugada del 25 de julio de 2013 fueron asaltadas las oficinas del periódico digital e-consulta, de las cuales se llevaron dos laptops, la de un servidor, y la de mi socia Blanca Patricia Galindo. El 23 de junio, también en la madrugada, fueron robadas las oficinas del líder sindical de los telefonistas, Marco Antonio Mazatle Rojas, ubicadas en el boulevard 5 de Mayo y 13 Oriente, en pleno Centro Histórico. Este mismo dirigente sufrió antes tres robos similares en su domicilio particular.

A la lista se suman la panista Ana Teresa Aranda, a quien le robaron su computadora y documentos el 25 de julio; el director del portal Poblanerías, Luis Enrique Sánchez Fernández, que fu visitado por los amigos de los ajeno el 27 de julio; el caricaturista del periódico Cambio, Elmer Sosa, a quien el 17 de agosto le robaron en su domicilio dos computadoras portátiles, memorias USB y un iPad, y el ex juez Enrique Romero Razo, la noche del 23 de agosto en su casa del fraccionamiento El Ángel.

***

El próximo martes 9 de septiembre el doctor en Ciencias Sociales Jon Elster dictará una conferencia magistral en la UPAEP, con motivo del 41 aniversario de la licenciatura en Ciencias Políticas.

¿Qué son y para qué sirven las constituciones? es el título de la conferencia de este profesor de la Universidad de Columbia, autor de diferentes libros entre los que destacan «Tuercas y tornillos», «Explicando el comportamiento social» y «El cemento de la sociedad».

Su conferencia se realizará en el Aula Magna del edificio central de la UPAEP a partir de las 17 horas. La entrada será libre a todo el público.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

Aunque en el CEN del PRI se levantaron algunas cejas por las críticas y reacciones de diferentes grupos priístas en torno al inminente nombramiento de la diputada federal Ana Isabel Allende Cano como presidenta del Comité Directivo Estatal, me aseguran que en esta fórmula hay que poner especial atención en la figura del secretario general.

Sí, en el que será el segundo de abordo y en quien recaerá una parte importante de la operación, reorganización y reestructuración del partido, de cara a las elecciones federales y locales en puerta.

De acuerdo con una fuente confiable, el elegido para llevar la secretaría general del CDE del PRI será el exdiputado local y extesorero municipal Jorge Alfonso Ruiz Romero, un personaje plenamente identificado con el diputado federal Enrique Doger Guerrero.

En la lista de prospectos estuvieron el yerno y secretario particular de la senadora Blanca Alcalá Ruiz, Edgar Chumacero Hernández; el coordinador de los diputados federales del PRI, Carlos Sánchez Romero, apoyado por el grupo de Jorge Estefan Chidiac, director nacional de Bansefi; el exdiputado federal José Alberto González Morales; y el actual delegado de la Sagarpa, Alberto Jiménez Merino, aunque éste último sin mucho empuje, al enterarse que lo querían para la secretaría general y no para la dirigencia estatal del tricolor.

El grupo menos conforme con el inminente nombramiento de Isabel Allende como presidenta del Comité Directivo Estatal y de Jorge Ruiz como secretario general es el encabezado por el subsecretario de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós, quien también aspira a la gubernatura de Puebla, al igual que Enrique Doger y Blanca Alcalá.

Su descontento, a decir de los que saben, lo hizo explícito con los ocho presidentes municipales priístas que ayer se pronunciaron en contra de las imposiciones en la dirigencia de su partido, entre ellos dos que no pueden negar su abierta simpatía por Lastiri Quirós: Carlos Alberto Morales Álvarez, de Huejotzingo, y David Huerta Ruiz, de Tepeaca.

***

A unos días de que se inaugure el Centro de Entrenamiento de Audi, construido con fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Eugenio Yarce Alfaro, quien fungía como su director general acaba de renunciar, a sabiendas del escándalo que se aproxima por el retraso del proyecto, las obas inconclusas y las deficiencias del Centro y de los equipos que fueron adquiridos para la capacitación de los técnicos de esta firma de autos de lujo.

Las instalaciones del Centro de Entrenamiento de Audi, que debieron terminarse en abril, serán inauguradas el 2 de septiembre.

Antes de ingresar a la Universidad Tecnológica de Puebla, que tiene a su cargo el proyecto del Centro de Entrenamiento de Audi, Eugenio Yarce laboró en la Upaep como vicerrector de Vinculación, institución en la que no dejó una muy buena impresión tras su salida.

***

Aunque en el gobierno del estado se quiere generar la impresión de que nada pasará con la investigación que lleva a cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras el desalojo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, lo cierto es que se preparan para remover a la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Flores Ramos, quien estuvo a cargo del operativo, e incluso al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.

El resolutivo de la CNDH sobre el caso Chalchihuapan y la llamada Ley Bala se hará público por ahí del 8 de septiembre.

La visita que esta noche hicieron a la Comisión el senador Javier Lozano Alarcón y los diputados federales Néstor Gordillo Castillo y María Isabel Ortiz Mantilla tuvo el propósito de presionar al presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, para que también responsabilice de la violencia ocurrida el 9 de julio al presidente auxiliar de Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, considerando que éste tuvo una activa participación en la gresca, como lo muestran diversas fotografías y videos entregados al ombudsman nacional en propia mano.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ