En el Comité Ejecutivo Nacional del PAN está pendiente desde hace dos sesiones la discusión del Reglamento de Afiliación, asunto que posiblemente se aborde el lunes de la semana entrante, en medio de la polémica que existe en Puebla por la afiliación corporativa de más de 14 mil ciudadanos a las filas del blanquiazul.

Se sabe que desde el viernes de hace ocho días cuando el coordinador jurídico del Comité Directivo Estatal del PAN, Jorge Jiménez Calderón, fue desalojado de las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) —con el pretexto de una amenaza de bomba, pero con la intención de que no pudiera interponer más de 14 mil juicios de revisión constitucional contra esas afiliaciones—, el tema se conoció en el CEN.

Rafael Micalco Méndez, dirigente estatal del PAN, se entrevistó desde día con algunos miembros de la dirigencia nacional, y otros personajes lo han buscado para pedirle informes sobre cómo se dieron estas afiliaciones, ya que lo ocurrido en Puebla se ha repetido en otras entidades del país.

Uno de estos personajes es el senador por Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien podría tomar el caso Puebla como una bandera nacional para echar abajo los registros masivos de militantes en varias entidades del país.

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El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, pronto se dará cuenta que el apoyo que algunos prominentes panistas le prometieron —entre ellos el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle— para asegurar su reelección, se quedará corto o será insuficiente para mantenerse como ombusdman nacional.

De los 38 senadores panistas, los que podrían respaldar la reelección de Raúl Plascencia no llegan ni a diez, entre ellos el poblano Javier Lozano Alarcón, la comadre de Plascencia Mariana Gómez del Campo, Roberto Gil Zuarth y Francisco García Cabeza de Vaca.

En el PRD los números para Plascencia Villanueva son aún peores, no sólo porque Los Chuchos –es decir, los pertenecientes a la corriente Nueva Izquierda— son minoría, sino porque la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Angélica de la Peña Gómez, lo tiene vetado.

Y eso que Angélica de la Peña es esposa del líder moral de Los Chuchos, Jesús Ortega Martínez, y que algunos senadores de esta corriente, en la que se supone tiene influencias el gobernador Moreno Valle, supuestamente lo apoyarían.

Visto está que no.

De los cincuenta y tantos senadores del PRI ya mejor ni hablamos, pues es obvio que no lo apoyarán, después de los escándalos internacionales de violencia y violación de derechos humanos en que México está envuelto por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México, y de un menor de 13 años en Chalchihuapan, Puebla.

¡Lástima Margarito, ya será para la otra!

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Este sábado 18 de octubre la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y la Casa de los Derechos de Periodistas A.C. ofrecerán un taller gratuito a periodistas, reporteros gráficos y caricaturistas de la zona metropolitana de Puebla, en el salón Luis Cabrera de la Casa de la Cultura.

El taller es totalmente gratuito, comenzará las 9 de la mañana y concluirá ocho horas después, y tendrá como principales ponentes a Saúl Maldonado Espinoza, director de Comunicación Interna de la FEADLE, y Luis Alberto Jiménez Martínez, jefe de Departamento de Atención a Denuncias y Seguimientos al Sistema de Alerta Temprana de la misma Fiscalía.

Durante el taller los participantes serán capacitados sobre los alcances y límites de la libertad de  expresión, las diferentes maneras de prevenir los delitos en agravio de periodistas, los factores y zonas de riesgo, y las acciones a las que pueden recurrir los comunicadores para proteger su integridad y las de su familia en caso de amenazas u otras situaciones de mayor peligro.

Los interesados en participar en el taller pueden solicitar su inscripción al correo clausya007@hotmail.com o mediante una llamada a Claudia Martínez Sánchez, coordinadora en Puebla de la Casa de los Derechos de Periodistas, al celular 2221643804.

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Anodinas las once recomendaciones de la CNDH

La tibia y anodina resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Chalchihuapan está en trance de convertirse en causa de frustración para quienes la promovieron, y en trofeo de impunidad para los responsables de las graves violaciones que se cometieron durante el desalojo y el posterior proceso de criminalización de los manifestantes y detenidos en ese fallido operativo del 9 de julio en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

Es absurdo, por no decir ridículo, que el ombudsman nacional recomiende al gobernador Rafael Moreno Valle cree una Fiscalía Especial que investigue lo que —se supone— la CNDH ya investigó y para que garantice que no quedarán en la impunidad los abusos en que incurrieron jefes y elementos de seguridad pública durante el operativo y los funcionarios encargados de procurar justicia con las averiguaciones y procesos de criminalización que iniciaron en contra cuatro pobladores detenidos de Chalchihuapan.

La incoherencia de esta recomendación —la segunda de once que giró al mandatario estatal el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva— radica en dos puntos básicos: Uno, que la mentada Fiscalía Especial será creada y auspiciada por una autoridad que ideó y propagó la versión oficial que un cohetón o su onda expansiva habían provocado la muerte del menor de José Luis Tehuatlie Tamayo y no un proyectil disparado por la Policía.

Y dos, que el fiscal especial designado para el caso, José Antonio Pérez Bravo, tendrá como jefe inmediato al procurador de Justicia de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, a quien se supone también tendría que investigar por ser parte fundamental del montaje construido por el gobierno estatal para ocultar y encubrir a los verdaderos homicidas del menor de Chalchihuapan.

Tan es su jefe que el propio procurador Víctor Carranca fue quien el viernes le tomó la protesta de ley, como se puede observar en esta imagen difundida por la oficina de prensa del gobierno del estado, junto con comunicado que textualmente dice: “Con la toma de protesta de José Antonio Pérez Bravo, Fiscal Especial para el caso de San Bernardino Chalchihuapan, el Gobierno del Estado de Puebla, refrenda su compromiso de actuar con objetividad, legalidad y transparencia en la investigación que se lleva a cabo”.

¿Qué imparcialidad puede tener una Fiscalía Especial creada y auspiciada por un gobierno que mintió sobre el origen de las lesiones que llevaron a la muerte a José Luis Tehuatlie y ocultó los diagnósticos de los médicos y especialistas que lo atendieron, sino que además distorsionó los hechos y contaminó el sitio donde se produjeron para criminalizar a los manifestantes y detenidos durante el desalojo?

¿Qué tanta libertad y margen de acción puede tener un fiscal como José Antonio Pérez Bravo para investigar lo ocurrido el 9 de julio, y garantizar que no gozarán de impunidad los responsables del montaje oficial que se construyó en torno al cohetón y la onda expansiva, si éste en realidad es un subordinado de uno de los que tendrían que ser investigados por el caso?

El gobernador debe ir más allá de las recomendaciones de la CNDH y refrendar en los hechos tres cuestiones fundamentales, para recuperar la credibilidad y confianza ciudadanas, y garantizar que no quedarán en la impunidad los abusos cometidos en el caso Chalchihuapan:

1. Ofrecer personalmente una disculpa institucional a las víctimas, en especial a la madre del menor muerto por un proyectil de la Policía, Elia Tamayo Montes; y asegurar, en la medida de lo posible, la reparación de los daños y la indemnización de las víctimas que resultaron con lesiones permanentes.

2. Comprometerse a no aplicar la llamada Ley Bala, para evitar sucesos como los de Chalchihuapan, hasta que los encargados de la seguridad  pública y la procuración se capaciten en materia de derechos humanos,  y se le adicionen artículos que impidan a los jefes de las instituciones policiacas el uso indebido o excesivo de la fuerza pública en contra manifestantes.

3. Garantizar que el fiscal especial José Antonio Pérez Bravo gozará de autonomía y amplios márgenes de acción incluso para investigar a su jefe jerárquico inmediato, el procurador Carrancá por la criminalización de los manifestantes y los cuatro detenidos de Chalchihuapan —Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras, Santiago Pérez Tamayo y Sergio Clemente Jiménez Tecalero— que inicialmente fueron acusados de motín, desobediencia y resistencia de particulares; así como de delitos cometidos contra funcionarios públicos, como privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso, todos los cuales terminaron desvaneciéndose.

EN CORTO

Pronto podrían ponerse al descubierto nuevas anomalías en el Centro de Capacitación y Entrenamiento de la empresa Audi que se construye en el municipio de San José Chiapa que alcanzarían al subsecretario de Planeación, Evaluación e Innovación Educativa, Máximo Romero Jiménez, por su favoritismo hacia algunos proveedores, entre ellos Gerardo Reinking, quien a través de su empresa y otras ha vendido computadoras, software, y consumibles al gobierno del estado, y con el que tendría algunas alianzas en negocios como el restaurante bar Salomé.

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Cuentan que el ex gobernador Guillermo Jiménez Morales anda con la moral baja, no sólo por algunos conflictos familiares, sino porque algunos dirigentes de su propio partido lo tachan de traidor, luego de haber aceptado un nombramiento del gobernador Rafael Moreno Valle como presidente de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada del estado de Puebla.

Los enterados aseguran que su decisión de renunciar a la presidencia de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia la tomó luego de que la ex secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, Silvia Elena del Valle Balbuena, le mandó a decir traidor a través de Raúl Castillo Ramírez.

Jiménez Morales había sido invitado a recibir un reconocimiento, junto con otros distinguidos priístas poblanos el pasado 3 de agosto, pero no pudo ir por lo que envío en su representación a Raúl Castillo.

La ceremonia terminó y Raúl Castillo se acercó a preguntar por qué habían omitido el nombre del ex gobernador, y la respuesta que le dieron lo dejó destemplado: los traidores no son bien vistos en el partido.

Tal situación, dicen, llevó al exgobernador a renunciar a la presidencia de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia una semana después.

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Para no dejar dudas sobre el regreso de Mario Marín Torres a la política poblana y su influencia en la conducción del PRI, anote el nombre de Joé Hernández Corona como futuro integrante del Comité Directivo Estatal.

El ex director General de Gobierno y ex subsecretario de Asuntos Políticos en el sexenio marinista se perfila para ocupar la Secretaría de Organización, nombramiento que en teoría fue impulsado por el grupo del subsecretario federal de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós.

Y digo que en teoría porque en realidad el promotor de Joé Hernández es el ex gobernador Mario Marín.

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Quien también se perfila para ser miembro de la dirigencia del PRI en la entidad, una vez que la fórmula compuesta por Isabel Allende Cano y Víctor Gabriel Chedraui asuma la presidencia y la secretaría general del Comité Directivo Estatal, es el ex regidor y ex diputado Gerardo Mejía Ramírez.

Gerardo Mejía podría convertirse, con el impulso de la senadora Blanca Alcalá Ruiz y el diputado federal Javier López Zavala, en secretario de Acción Electoral.

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La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Chalchihuapan no sólo traerá malas noticias al gobernador Rafael Moreno Valle, al procurador del estado Víctor Carrancá Bourget y al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.

El resolutivo del ombudsman nacional también será adverso al presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, por haber mentido sobre su participación en el enfrentamiento que el 9 de julio se dio entre policías y pobladores en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

De acuerdo con las investigaciones y evidencias que posee la CNDH, algunas de las cuales fueron entregadas en propia mano a su presidente Raúl Plascencia Villanueva por el senador Javier Lozano Alarcón, el edil auxiliar de Chalchihuapan no sólo estuvo presente durante la reyerta, sino que agredió a policías junto con otros pobladores del lugar.

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No lo cuente en voz alta, pero el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, ha sido visto y oído en algunos comederos políticos de la Ciudad de México tratando de salvar su prestigio y reputación antes de que le pidan su renuncia o lo obliguen a dejar la dependencia.

Los enterados aseguran que Maldonado ha recurrido a sus viejas amistades y contactos del Distrito Federal, así como las decenas de personalidades que han recibido alguna recomendación o condecoración de la Legión de Honor Nacional de México, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y la Academia Nacional de Historia para que lo rescaten y lo saquen de Puebla.

Por cierto. Quien podría reemplazarlo en la Secretaría General de Gobierno es un paisano suyo, que actualmente se desempeña como secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.

Sí, me refiero a Mario Rincón González, que en lo que va del sexenio morenovallista ha sido subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y secretario de Desarrollo Social, además de candidato y diputado local por el distrito de Amozoc.

Su avanzada en la Secretaría General de Gobierno es Omar Álvarez Arronte.

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Aunque en el CEN del PRI se levantaron algunas cejas por las críticas y reacciones de diferentes grupos priístas en torno al inminente nombramiento de la diputada federal Ana Isabel Allende Cano como presidenta del Comité Directivo Estatal, me aseguran que en esta fórmula hay que poner especial atención en la figura del secretario general.

Sí, en el que será el segundo de abordo y en quien recaerá una parte importante de la operación, reorganización y reestructuración del partido, de cara a las elecciones federales y locales en puerta.

De acuerdo con una fuente confiable, el elegido para llevar la secretaría general del CDE del PRI será el exdiputado local y extesorero municipal Jorge Alfonso Ruiz Romero, un personaje plenamente identificado con el diputado federal Enrique Doger Guerrero.

En la lista de prospectos estuvieron el yerno y secretario particular de la senadora Blanca Alcalá Ruiz, Edgar Chumacero Hernández; el coordinador de los diputados federales del PRI, Carlos Sánchez Romero, apoyado por el grupo de Jorge Estefan Chidiac, director nacional de Bansefi; el exdiputado federal José Alberto González Morales; y el actual delegado de la Sagarpa, Alberto Jiménez Merino, aunque éste último sin mucho empuje, al enterarse que lo querían para la secretaría general y no para la dirigencia estatal del tricolor.

El grupo menos conforme con el inminente nombramiento de Isabel Allende como presidenta del Comité Directivo Estatal y de Jorge Ruiz como secretario general es el encabezado por el subsecretario de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós, quien también aspira a la gubernatura de Puebla, al igual que Enrique Doger y Blanca Alcalá.

Su descontento, a decir de los que saben, lo hizo explícito con los ocho presidentes municipales priístas que ayer se pronunciaron en contra de las imposiciones en la dirigencia de su partido, entre ellos dos que no pueden negar su abierta simpatía por Lastiri Quirós: Carlos Alberto Morales Álvarez, de Huejotzingo, y David Huerta Ruiz, de Tepeaca.

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A unos días de que se inaugure el Centro de Entrenamiento de Audi, construido con fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Eugenio Yarce Alfaro, quien fungía como su director general acaba de renunciar, a sabiendas del escándalo que se aproxima por el retraso del proyecto, las obas inconclusas y las deficiencias del Centro y de los equipos que fueron adquiridos para la capacitación de los técnicos de esta firma de autos de lujo.

Las instalaciones del Centro de Entrenamiento de Audi, que debieron terminarse en abril, serán inauguradas el 2 de septiembre.

Antes de ingresar a la Universidad Tecnológica de Puebla, que tiene a su cargo el proyecto del Centro de Entrenamiento de Audi, Eugenio Yarce laboró en la Upaep como vicerrector de Vinculación, institución en la que no dejó una muy buena impresión tras su salida.

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Aunque en el gobierno del estado se quiere generar la impresión de que nada pasará con la investigación que lleva a cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras el desalojo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, lo cierto es que se preparan para remover a la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Flores Ramos, quien estuvo a cargo del operativo, e incluso al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.

El resolutivo de la CNDH sobre el caso Chalchihuapan y la llamada Ley Bala se hará público por ahí del 8 de septiembre.

La visita que esta noche hicieron a la Comisión el senador Javier Lozano Alarcón y los diputados federales Néstor Gordillo Castillo y María Isabel Ortiz Mantilla tuvo el propósito de presionar al presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, para que también responsabilice de la violencia ocurrida el 9 de julio al presidente auxiliar de Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, considerando que éste tuvo una activa participación en la gresca, como lo muestran diversas fotografías y videos entregados al ombudsman nacional en propia mano.

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Después de la comparecencia del secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo más seguro es que pronto sea removido del cargo antes de que su continuidad siga dañando la imagen y credibilidad del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.

Por lo pronto este miércoles el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, ya lo exhibió en conferencia de prensa, al destacar que Don Facundo se rehusó a proporcionar nombres de los policías y jefes que participaron en el desalojo de pobladores de Chalchihuapan, el pasado 9 de julio, y otros informes relevantes sobre el operativo realizado en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

El problema para el gobierno del estado es que la inminente remoción del secretario de Seguridad Pública no atenuará la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala, que este fin de semana cumplirá un mes. Si Don Facundo hubiera sido separado del cargo, una vez que trascendió la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, mientras se hacían las investigaciones del caso y se deslindaban responsabilidades, el escenario quizás hoy sería diferente.

La marcha de protesta que para este domingo se anuncia del Triángulo de Las Ánimas a la Fuente de Los Frailes sobre el bulevar Atlixco, y de ahí al zócalo de la ciudad por la Avenida Juárez y la avenida Reforma será un buen termómetro para prever cuál será el derrotero que siga esta crisis y cuáles serán sus alcances en el corto y mediano plazo.

Si la marcha, inicialmente convocada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) que encabeza Francisco Hernández Juárez, logra reunir a miles de manifestantes y ciudadanos agraviados por el gobierno de Moreno Valle, lo más seguro es que la cabeza del secretario de Seguridad Pública sea insuficiente para contener la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala.

Pero si, por el contrario, la protesta resulta poco nutrida o se convierte en un mitin de radicales en el que los reclamos de justicia por la muerte del menor asesinado, la restitución de los servicios del registro civil en las juntas auxiliares y la derogación de la Ley Bala, degenera en la exigencia de que Moreno Valle renuncie o sea llevado a juicio político, entonces lo más probable es que el conflicto se desinfle.

Una cosa es que los ciudadanos no aprueben y hasta se manifiesten en contra los abusos del gobierno del estado, y otra muy diferente que la mayoría de los poblanos quieran la renuncia de Moreno Valle.

De ahí la importancia de la marcha de este domingo en la capital del estado.

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Entre algunos regidores del ayuntamiento de Nopalucan de la Granja no ha caído nada bien la disposición del edil priísta Rogelio Roque Torres de retener los sueldos de los miembros de su cabildo y de sus principales funcionarios, para cubrir el anticipo de la Arrolladora Banda El Limón que se presentará el 21 de septiembre en el marco de los festejos de la feria.

Tampoco que el ayuntamiento tenga que invertir 200 mil pesos en la pinta de bardas y la elaboración de carteles anunciando su presentación, no obstante que la banda fue contratada por una empresa de espectáculos denominada Abaco, que pretende vender cerca de 10 mil boletos a un costo de 200 y 250 pesos cada uno, y en la que tiene fuertes intereses los hermanos Arturo y Leobardo Soto Martínez, este último dirigente estatal de la CTM.

Y tampoco que el negocio de la venta de comida y bebidas alcohólicas durante el show de la Arrolladora Banda El Limón tenga como beneficiario al regidor de Industria y Comercio de Nopalucan, Andrés Torres, cómplice y soltador del munícipe de Nopalucan, Rogelio Roque.

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Un elemento que explica la actitud hasta cierto punto beligerante del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, frente al gobierno de Rafael Moreno Valle en el caso Chalchihuapan, es que en este se juega políticamente su reelección.

Si el gobierno estatal pensó que Raúl Plascencia sería un aliado amigable o una autoridad complaciente en las investigaciones que lleva a cabo el organismo para determinar si hubo o no violaciones a los derechos humanos de los pobladores de Chalchihuapan, y conocer de dónde finalmente salió el proyectil que mató al menor José Luis Tehuatlie Tamayo, se equivocó.

Incluso para dejar su posición y evidenciar su imparcialidad, Raúl Plascencia manifestó a los perredistas, abogados y pobladores de Chalchihuapan que este martes lo visitaron en sus oficinas del Distrito Federal, encabezados por el senador Luis Sánchez Jiménez, que no mantiene ningún vínculo afectivo o de amistad con el gobernador Moreno Valle o con las autoridades de Puebla que el pasado 21 de mayo le entregaron la Cédula Real de la Ciudad, la Clavis Palafoxiana y su nombramiento como doctor Honoris Causa de la BUAP.

Nadie mejor que Raúl Plascencia sabe que su continuidad al frente de la CNDH por otros cinco años será complicada, y que la fracción mayoritaria del PRI cuenta incluso con otros aspirantes que estarían más en el ánimo del tricolor para sustituirlo, como Mauricio Farah Gebara, quien actualmente se desempeña como secretario general de la Cámara de Diputados.

La CNDH ha enviado ya tres señales clarísimas de su posición frente al conflicto: la primera es el comunicado CGCP/212/14 por el cual da a conocer que el ombudsman ejerció su facultad constitucional de Investigación de Violaciones Graves a los Derechos Humanos en el caso del desalojo del pasado 9 de julio contra habitantes de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, por policías del gobierno estatal, en el que resultó asesinado un niño de 13 años y clasificó el caso como de “especial gravedad”.

La segunda fue su decisión de llamar a comparecer al secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, para este miércoles 6 de agosto en las oficinas de la CNDH, a fin de que declare sobre los hechos ocurridos durante un enfrentamiento en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, y al procurador de Justicia de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourguet, para que el viernes 8 de agosto informe de las actuaciones y peritajes llevados a cabo por el Ministerio Público a su cargo sobre el enfrentamiento entre policías y pobladores de Chalchihuapan.

Tales citatorios están lejos, muy lejos, de ser rutinarios. De hecho son los primeros que se giran en la gestión de casi cinco años de Raúl Plascencia.

Y la tercera señal fue su deslinde ante el senador Luis Sánchez y la diputada federal Roxana Luna Porquillo, ambos del PRD, en el sentido de que no es amigo, ni aliado del gobernador de Puebla y otras autoridades que dos días después de haberse aprobado en el Congreso del estado la Ley Bala lo condecoraron con un doctorado Honoris Causa, le entregaron la Clavis Palafoxiana y la Cédula Real de la ciudad de Puebla.

La continuidad del doctor Raúl Plascencia en la CNDH se determinará en los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre, toda vez que su gestión como presidente del organismo concluye el 15 de noviembre de 2014.

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