Con el presidente municipal de Nopalucan de la Granja, el priísta Rogelio Roque Torres, es posible ilustrar lo que ocurre con una docena de alcaldes poblanos que en menos de dos años se han enriquecido a costa del erario.

Roque Torres, quien por segunda ocasión gobierna el municipio, fue acusado a mediados de año de corrupción y desvío de recursos por los habitantes de Santa María Ixtiyucan, que se manifestaron a las puertas de Casa Aguayo, sede de la Secretaría General de Gobierno.

Días después el munícipe fue convocado a una reunión en la que no supo explicar cómo autorizó y pagó el adoquinamiento de una calle, en 500 mil pesos, y una obra de electrificación, en 560 mil pesos, sin que estas se hubieran ejecutado en esa comunidad.

Lo más que alcanzó a explicar es que las había autorizado sin saber que éstas no existían, seguramente sorprendido por un empleado que le pasó documentos para firma que no pudo revisar o leer con la debida atención.

Su argumento fue tan pueril que los propios funcionarios de la SGG solicitaron la intervención de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que revisara las finanzas y obras realizadas por el ayuntamiento de Nopalucan.

Hace unos días los regidores de Nopalucan se enteraron por voz de funcionarios de la Secretaría de Finanzas del estado, en el marco de una firma de convenio por el cual el ayuntamiento cedió al gobierno del estado la responsabilidad de la prestación de los servicios públicos, que el presupuesto anual del ayuntamiento no asciende a 68 millones de pesos.

Ese 30 de octubre supieron que el presupuesto de Nopalucan supera en realidad los 110 millones de pesos, considerando 64 millones de participaciones federales, 41 millones del Ramo 33 y 5 millones de recursos propios y extraordinarios.

Otras cosas que los regidores y pobladores de Nopalucan ignoran es que el sueldo del alcalde Rogelio Roque no es de 30 mil pesos, sino de 51 mil 956 pesos y que su esposa Alejandra tiene un sueldo asignado de 18 mil pesos mensuales, no obstante que su cargo como presidenta del DIF municipal es honorífico.

Lo sí ya no desconocido es que Rogelio Roque y su familia son dueños de 28 terrenos y propiedades, y siete vehículos, contando un Honda en color blanco y con placas de Durango que antes pertenecía al delegado del PRI en la región de Tepeaca, Hugo Muñoz, uno de los contratistas favorecidos por el ayuntamiento con obra pública.

Y tampoco que una de sus regidoras consentidas, Hilda Becerril Vilchis, se está haciendo una casota de tres pisos por el rumbo del Deportivo de La Tasa, que es la envidia de sus colegas y de sus esposas.

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Este domingo once series documentales del Archivo Histórico de Puebla, el más completo y mejor conservado de América Latina, obtendrán la denominación Memoria del Mundo por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Para celebrar tal distinción que en nombre de los poblanos recibirá el alcalde capitalino José Antonio Gali Fayad, viajará a la Angelópolis la directora y representante de la Unesco en México, Nuria Sanz.

El Archivo Histórico de Puebla es el primero en obtener esta denominación de Memoria del Mundo en México y el segundo en todo el continente americano.

Entre las series documentales seleccionadas por el Comité de la Unesco destacan Actas de Cabildo de 1533 a 1963; Extractos de suplementos de Cabildo de 1769 a 1774; Crónicas y Memoriales de 1756 a 1886; Patronatos de 1769 a 1774; Ordenanzas Municipales de 1545 a 1831; Ordenanzas de Gremios y Oficios de 1775 a 1800; Reales Cédulas de 1534 a 1809; y Junta Subalterna de Consolidación de 1804 a 1821.

El expediente que se aprobó en octubre, en Quito, Ecuador, fue avalado por más de 40 investigadores de instituciones mexicanas, estadounidenses, alemanas y españolas.

Las once series seleccionadas equivalen a más de 25 metros lineales de documentación, considerando su alto valor histórico, su antigüedad, excepcionalidad y originalidad.

La gestión y postulación de las actas, crónicas y ordenanzas del Archivo Histórico de Puebla ante el Comité de la Unesco corrió a cargo de la directora del Archivo, la doctora María de la Cruz Ríos, y el secretario del ayuntamiento, Mario Riestra Piña.

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Después de la comparecencia del secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo más seguro es que pronto sea removido del cargo antes de que su continuidad siga dañando la imagen y credibilidad del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.

Por lo pronto este miércoles el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, ya lo exhibió en conferencia de prensa, al destacar que Don Facundo se rehusó a proporcionar nombres de los policías y jefes que participaron en el desalojo de pobladores de Chalchihuapan, el pasado 9 de julio, y otros informes relevantes sobre el operativo realizado en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

El problema para el gobierno del estado es que la inminente remoción del secretario de Seguridad Pública no atenuará la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala, que este fin de semana cumplirá un mes. Si Don Facundo hubiera sido separado del cargo, una vez que trascendió la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, mientras se hacían las investigaciones del caso y se deslindaban responsabilidades, el escenario quizás hoy sería diferente.

La marcha de protesta que para este domingo se anuncia del Triángulo de Las Ánimas a la Fuente de Los Frailes sobre el bulevar Atlixco, y de ahí al zócalo de la ciudad por la Avenida Juárez y la avenida Reforma será un buen termómetro para prever cuál será el derrotero que siga esta crisis y cuáles serán sus alcances en el corto y mediano plazo.

Si la marcha, inicialmente convocada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) que encabeza Francisco Hernández Juárez, logra reunir a miles de manifestantes y ciudadanos agraviados por el gobierno de Moreno Valle, lo más seguro es que la cabeza del secretario de Seguridad Pública sea insuficiente para contener la crisis de Chalchihuapan y la Ley Bala.

Pero si, por el contrario, la protesta resulta poco nutrida o se convierte en un mitin de radicales en el que los reclamos de justicia por la muerte del menor asesinado, la restitución de los servicios del registro civil en las juntas auxiliares y la derogación de la Ley Bala, degenera en la exigencia de que Moreno Valle renuncie o sea llevado a juicio político, entonces lo más probable es que el conflicto se desinfle.

Una cosa es que los ciudadanos no aprueben y hasta se manifiesten en contra los abusos del gobierno del estado, y otra muy diferente que la mayoría de los poblanos quieran la renuncia de Moreno Valle.

De ahí la importancia de la marcha de este domingo en la capital del estado.

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Entre algunos regidores del ayuntamiento de Nopalucan de la Granja no ha caído nada bien la disposición del edil priísta Rogelio Roque Torres de retener los sueldos de los miembros de su cabildo y de sus principales funcionarios, para cubrir el anticipo de la Arrolladora Banda El Limón que se presentará el 21 de septiembre en el marco de los festejos de la feria.

Tampoco que el ayuntamiento tenga que invertir 200 mil pesos en la pinta de bardas y la elaboración de carteles anunciando su presentación, no obstante que la banda fue contratada por una empresa de espectáculos denominada Abaco, que pretende vender cerca de 10 mil boletos a un costo de 200 y 250 pesos cada uno, y en la que tiene fuertes intereses los hermanos Arturo y Leobardo Soto Martínez, este último dirigente estatal de la CTM.

Y tampoco que el negocio de la venta de comida y bebidas alcohólicas durante el show de la Arrolladora Banda El Limón tenga como beneficiario al regidor de Industria y Comercio de Nopalucan, Andrés Torres, cómplice y soltador del munícipe de Nopalucan, Rogelio Roque.

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