El efecto Michoacán en Puebla

 Cuentan que tras la aprehensión de once alcaldes en Michoacán, presuntamente vinculados con el narcotráfico, uno que otro presidente municipal de la Sierra Norte de Puebla debería empezar a preocuparse.

En Huauchinango, por ejemplo, aseguran que el presidente Rogelio López Angulo no es ajeno al desbordado crecimiento de la piratería, negocio —según dicen allá— controlado por los Zetas.

Se comenta que esta organización criminal es la que produce y distribuye el material apócrifo entre vendedores informales —algunos, por cierto, bien establecidos— con la complacencia del munícipe. Si algún ambulante despistado escapa a esta cadena de complicidad, simplemente es advertido o delatado por personal del ayuntamiento y, de no entender lo que se le indica —es decir, dónde comprar su “mercancía”—, corre el riesgo de ser golpeado, por lo menos.

Un detalle que no pasa inadvertido para los observadores es la presencia, en las reuniones de los vendedores informales de piratería, de un personero del munícipe, quien por cierto pasea ya en lujoso descapotable de una de las principales marcas mundiales de vehículos.

Total que la fortuna le sonríe a Rogelio López Angulo y familia (los de Sinaloa). Y cómo no, si de avecindados en Huauchinango han pasado a ostentar el poder político y económico en ese municipio serrano, donde se presentan además como prósperos constructores y, faltaba menos, como tipos de cuidado.

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Leobardo Soto Martínez, dirigente estatal de la CTM y candidato del PRI a diputado federal por el distrito 12 de Puebla, e Israel Pacheco Velázquez, secretario general de los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Puebla, podrían ser acusados de coacción al voto.

Y es que, por increíble que parezca, ambos líderes sindicales ignoran que no pueden celebrar reuniones con fines de proselitismo electoral, como la que ayer encabezaron, al medio día, con personal de la comuna en las oficinas Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Puebla e Instituciones Paramunicipales (Suethapip).

Para su conocimiento, existe una jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral que establece: “el ejercicio del derecho fundamental de asociación encuentra uno de sus límites en el respeto de los derechos fundamentales, como es el de voto activo, que debe ser ejercido bajo los principios del sufragio universal, libre, secreto y directo, que implica, entre otros aspectos, la posibilidad de votar ausente de manipulación, presión, inducción o coacción alguna. En ese orden, dado que el fin de los sindicatos se aparta del proselitismo electoral, las reuniones de estos organismos verificadas con esa finalidad deben considerarse actos de coacción al voto”.

La jurisprudencia en cuestión se deriva del Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-415/2007 y acumulado, cuyo fallo fue aprobado por unanimidad en sesión pública del Tribunal Electoral del 18 de febrero de 2009.

Al acto de campaña en apoyo a Leobardo Soto —o de coacción al voto— acudieron el dirigente municipal del PRI, Carlos Meza Viveros, y el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, quien, por cierto, fue el más ovacionado.

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Para desgracia del presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, ha comenzado a circular un expediente con las observaciones hechas a su gestión por el auditor externo del organismo —el despacho Freyssinier Morin— que confirma buena parte de las anomalías denunciadas por consejeros y representantes de partidos políticos.

Ofrezco ampliarle la información y entrar en detalles en los próximos días.

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Simón dice:

“Todo lo que se ignora, se desprecia.”
Antonio Machado (1875-1939), poeta y prosista español.