Una institución que de verdad requiere una reestructuración o reforma a fondo es la Procuraduría General de la República (PGR), cuyos resultados en el combate a la delincuencia organizada no se ven por ningún lado.

Son innumerables las denuncias que este órgano del Poder Ejecutivo recibe y conoce sobre delitos cometidos por delincuencia organizada, pero jamás se investigan o persiguen con resultados favorables para las víctimas, lo que genera una percepción de indefensión o inseguridad frente a estos transgresores de la ley.

En México la delincuencia está sobrediagnosticada. Generalmente se conocen sus causas, las personas, empresas e instituciones afectadas y hasta ciertos detalles sobre quiénes estarían involucrados en su autoría. Pero todo se queda ahí. Los peces gordos que están detrás de ella son inalcanzables, pues son personajes muy influyentes, que ocultan muy bien su verdadera identidad, que tienen compradas a las autoridades o cuentan con buenos amigos en el Poder Judicial y la PGR para evadir cualquier operativo u orden de aprehensión girada en su contra.

Lo anterior no lo digo sólo por la desidia que la PGR o el Ministerio Público Federal han mostrado para investigar o perseguir a los implicados en la venta ilegal de bases de datos del padrón electoral del IFE y la cartera de clientes de Banamex, sino para acabar con las redes o mafias que en Puebla y otras entidades controlan el contrabando de mercancías, el mercado de la piratería y la extracción ilegal de combustible de los ductos de Pemex.

¿Cómo no desconfiar de la PGR si durante los siete operativos que la Procuraduría ha realizado en Puebla, dentro del mercado de La Cuchilla —el segundo centro de producción más importante de fayuca en México después de Tepito—, no se ha logrado detener a un solo cabecilla a pesar de que en los últimos dos años se han desmantelado más de 80 laboratorios y se han asegurado toneladas de material apócrifo como ropa, discos, videogramas y cigarrillos?

¿Cómo no creer que la PGR se hace de la vista gorda frente a los peces gordos de la delincuencia organizada si sus agentes policiacos y ministeriales no han querido investigar quién financia la perforación de pozos y las tomas clandestinas sobre los ductos de Pemex que frecuentemente se descubren en las poblaciones ubicadas a lo largo de la autopista México-Puebla y Puebla-Orizaba, y qué relación tienen los ejecutados que han aparecido en estos lugares con esta ilícita actividad?

¿O para investigar a dónde van a parar los millones de litros de gasolina y de otros combustibles que se extraen de esta región y sirven para llenar los tanques de cientos de pipas o decenas de gasolinerías que facturan poco a la paraestatal, pero cuyos dueños obtienen millonarias utilidades?

Se sabe que el gobierno de Puebla ha solicitado de manera reiterada al gobierno federal que indague qué nexo existe entre el robo de combustible con las desapariciones y ejecuciones que en los últimos días se han dado en la región, sin que hasta la fecha se tengan noticias siquiera sobre el inicio de una investigación formal.

Esta desidia, por llamarla de algún modo, resulta preocupante no sólo por la creciente inseguridad en la región, sino porque pareciera que la inacción de la PGR es un incentivo a las mafias del crimen organizado para seguir con el negocio de la piratería, el contrabando y la extracción ilegal de combustible sobre los ductos que corren en paralelo a la autopista México-Orizaba.

Ojalá me equivoque.

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Aguas con las ambulancias del 066

Este jueves por la tarde se registró un accidente en el crucero de la 11 sur y el Circuito Juan Pablo II, donde el conductor de un Bora de color negro y placas de circulación TUN 5488 arrolló a un joven que conducía una motocicleta. Éste, que responde al nombre de Iván Mastrenzo Torres, de 21 años de edad, resultó lesionado, pero la ambulancia 42 del Consejo Estatal de Seguridad Pública que llegó a levantarlo quiso cobrarle una cuota de 350 pesos. Como el herido no quiso pagar esa cuota para ser traslado a un hospital, los patrulleros se fueron. Testigos de lo ocurrido reportaron el hecho al 066 y los patrulleros tuvieron que regresar, pero en lugar de llevarse a Iván Mastrenzo a un nosocomio para que recibiera atención médica, lo trasladaron al Sector 3 de Servicios Periciales en la 113 Poniente y 11 sur.

Aquí algunas imágenes de lo ocurrido.

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Correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com

Twitter: @periodistasoy

 Cuentan que tras la aprehensión de once alcaldes en Michoacán, presuntamente vinculados con el narcotráfico, uno que otro presidente municipal de la Sierra Norte de Puebla debería empezar a preocuparse.

En Huauchinango, por ejemplo, aseguran que el presidente Rogelio López Angulo no es ajeno al desbordado crecimiento de la piratería, negocio —según dicen allá— controlado por los Zetas.

Se comenta que esta organización criminal es la que produce y distribuye el material apócrifo entre vendedores informales —algunos, por cierto, bien establecidos— con la complacencia del munícipe. Si algún ambulante despistado escapa a esta cadena de complicidad, simplemente es advertido o delatado por personal del ayuntamiento y, de no entender lo que se le indica —es decir, dónde comprar su “mercancía”—, corre el riesgo de ser golpeado, por lo menos.

Un detalle que no pasa inadvertido para los observadores es la presencia, en las reuniones de los vendedores informales de piratería, de un personero del munícipe, quien por cierto pasea ya en lujoso descapotable de una de las principales marcas mundiales de vehículos.

Total que la fortuna le sonríe a Rogelio López Angulo y familia (los de Sinaloa). Y cómo no, si de avecindados en Huauchinango han pasado a ostentar el poder político y económico en ese municipio serrano, donde se presentan además como prósperos constructores y, faltaba menos, como tipos de cuidado.

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Leobardo Soto Martínez, dirigente estatal de la CTM y candidato del PRI a diputado federal por el distrito 12 de Puebla, e Israel Pacheco Velázquez, secretario general de los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Puebla, podrían ser acusados de coacción al voto.

Y es que, por increíble que parezca, ambos líderes sindicales ignoran que no pueden celebrar reuniones con fines de proselitismo electoral, como la que ayer encabezaron, al medio día, con personal de la comuna en las oficinas Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Puebla e Instituciones Paramunicipales (Suethapip).

Para su conocimiento, existe una jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral que establece: “el ejercicio del derecho fundamental de asociación encuentra uno de sus límites en el respeto de los derechos fundamentales, como es el de voto activo, que debe ser ejercido bajo los principios del sufragio universal, libre, secreto y directo, que implica, entre otros aspectos, la posibilidad de votar ausente de manipulación, presión, inducción o coacción alguna. En ese orden, dado que el fin de los sindicatos se aparta del proselitismo electoral, las reuniones de estos organismos verificadas con esa finalidad deben considerarse actos de coacción al voto”.

La jurisprudencia en cuestión se deriva del Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-415/2007 y acumulado, cuyo fallo fue aprobado por unanimidad en sesión pública del Tribunal Electoral del 18 de febrero de 2009.

Al acto de campaña en apoyo a Leobardo Soto —o de coacción al voto— acudieron el dirigente municipal del PRI, Carlos Meza Viveros, y el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, quien, por cierto, fue el más ovacionado.

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Para desgracia del presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, ha comenzado a circular un expediente con las observaciones hechas a su gestión por el auditor externo del organismo —el despacho Freyssinier Morin— que confirma buena parte de las anomalías denunciadas por consejeros y representantes de partidos políticos.

Ofrezco ampliarle la información y entrar en detalles en los próximos días.

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Simón dice:

“Todo lo que se ignora, se desprecia.”
Antonio Machado (1875-1939), poeta y prosista español.