Rodolfo Ruiz R.

La tragedia que viven cientos de familias de la Sierra Norte de Puebla por las torrenciales lluvias causadas por la tormenta tropical Earl y la entrada del ciclón Javier puede dejar grandes damnificados políticos.

Lucrar con ese desastre provocado por la naturaleza no sólo es políticamente incorrecto sino socialmente reprobable.

Y más si, como se prevé, las lluvias continúan y los daños se multiplican en perjuicio de los más pobres y olvidados de esa región de la entidad que, además de sufrir la destrucción o daño de sus modestas viviendas y escasas pertenencias, resienten la pérdida de familiares y seres queridos.

Lucrar con el sufrimiento ajeno o la necesidad de cientos de damnificados es una apuesta muy arriesgada para cualquier político o servidor público independiente de su cargo, filiación partidista y aspiraciones futuras.

De ahí que no dejan de llamar la atención las ofertas de organizaciones políticas de convertirse en centros de acopio de alimentos y medicinas; los llamados a la solidaridad a favor de los damnificados de la Sierra Norte de dirigentes partidistas y políticos; y las posadas y bien seleccionadas fotos de funcionarios y gobernantes dando consuelo a las víctimas o recorriendo las zonas devastadas.

Por humanidad, no se pasen de vivos… o de cínicos.

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La contingencia en que se encuentra metido el gobierno del estado por los efectos y daños que ha dejado a su paso por Puebla la tormenta Earl llega en un mal momento para la gestión morenovallista.

En principio porque ésta se encuentra sin recursos suficientes para hacer frente a la tragedia; porque a diferencia de otros años y otras circunstancias la Federación no aflojara fácil ni de manera rápida la cartera al gobierno del estado, dado los recortes presupuestales que también viene haciendo; y porque el gobernador tendrá que suspender o posponer sus giras y actos de promoción política electoral por otros estados del país.

Ahora sí que el clima o la naturaleza le están jugando las contras.

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 Cuentan que tras la aprehensión de once alcaldes en Michoacán, presuntamente vinculados con el narcotráfico, uno que otro presidente municipal de la Sierra Norte de Puebla debería empezar a preocuparse.

En Huauchinango, por ejemplo, aseguran que el presidente Rogelio López Angulo no es ajeno al desbordado crecimiento de la piratería, negocio —según dicen allá— controlado por los Zetas.

Se comenta que esta organización criminal es la que produce y distribuye el material apócrifo entre vendedores informales —algunos, por cierto, bien establecidos— con la complacencia del munícipe. Si algún ambulante despistado escapa a esta cadena de complicidad, simplemente es advertido o delatado por personal del ayuntamiento y, de no entender lo que se le indica —es decir, dónde comprar su “mercancía”—, corre el riesgo de ser golpeado, por lo menos.

Un detalle que no pasa inadvertido para los observadores es la presencia, en las reuniones de los vendedores informales de piratería, de un personero del munícipe, quien por cierto pasea ya en lujoso descapotable de una de las principales marcas mundiales de vehículos.

Total que la fortuna le sonríe a Rogelio López Angulo y familia (los de Sinaloa). Y cómo no, si de avecindados en Huauchinango han pasado a ostentar el poder político y económico en ese municipio serrano, donde se presentan además como prósperos constructores y, faltaba menos, como tipos de cuidado.

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Leobardo Soto Martínez, dirigente estatal de la CTM y candidato del PRI a diputado federal por el distrito 12 de Puebla, e Israel Pacheco Velázquez, secretario general de los trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Puebla, podrían ser acusados de coacción al voto.

Y es que, por increíble que parezca, ambos líderes sindicales ignoran que no pueden celebrar reuniones con fines de proselitismo electoral, como la que ayer encabezaron, al medio día, con personal de la comuna en las oficinas Sindicato Único de Empleados y Trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Puebla e Instituciones Paramunicipales (Suethapip).

Para su conocimiento, existe una jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral que establece: “el ejercicio del derecho fundamental de asociación encuentra uno de sus límites en el respeto de los derechos fundamentales, como es el de voto activo, que debe ser ejercido bajo los principios del sufragio universal, libre, secreto y directo, que implica, entre otros aspectos, la posibilidad de votar ausente de manipulación, presión, inducción o coacción alguna. En ese orden, dado que el fin de los sindicatos se aparta del proselitismo electoral, las reuniones de estos organismos verificadas con esa finalidad deben considerarse actos de coacción al voto”.

La jurisprudencia en cuestión se deriva del Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-415/2007 y acumulado, cuyo fallo fue aprobado por unanimidad en sesión pública del Tribunal Electoral del 18 de febrero de 2009.

Al acto de campaña en apoyo a Leobardo Soto —o de coacción al voto— acudieron el dirigente municipal del PRI, Carlos Meza Viveros, y el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, quien, por cierto, fue el más ovacionado.

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Para desgracia del presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, ha comenzado a circular un expediente con las observaciones hechas a su gestión por el auditor externo del organismo —el despacho Freyssinier Morin— que confirma buena parte de las anomalías denunciadas por consejeros y representantes de partidos políticos.

Ofrezco ampliarle la información y entrar en detalles en los próximos días.

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Simón dice:

“Todo lo que se ignora, se desprecia.”
Antonio Machado (1875-1939), poeta y prosista español.

Víctor Reynoso publica nuevo libro “Para entender al PAN”
Pueden más los votos que el padrinazgo de un gobernador

En su más reciente libro sobre el PAN y el Sistema Político Mexicano, el politólogo Víctor Manuel Reynoso Angulo reflexiona sobre uno de los cambios más importantes que el PRI ha experimentado después de perder presidencia de la república en las elecciones del 2000.

El consejero de la extinta Comisión Estatal Electoral sostiene que a diferencia de los años en que México vivió bajo un sistema de partido hegemónico, hoy el poder de los gobernadores, senadores, diputados o presidentes municipales de cualquier partido político, no depende de su relación con el jefe del Poder Ejecutivo federal, ni de su militancia partidista, sino de su potencial electoral.

“Cualquier político —agrega el también profesor e investigador de la UDLAP— que hoy tenga altas probabilidades de obtener un número importante de votos (lo cual es fácil de medir, mediante encuestas, y se hace cotidianamente, sobre todo en el momento de decidir candidatos) basa su poder en eso, y no en su relación con el Presidente en turno”.

A manera de resumen, Víctor Reynoso apunta que “tener la posibilidad de ganar una elección le da más poder  (a los políticos con aspiraciones) que la posible simpatía de políticos superiores”.

Otra reflexión del libro “Para entender el Partido Acción Nacional” que recientemente acaba de imprimirse con el sello Notra Ediciones, es que este nuevo paradigma basado en la preferencia electoral aplica también para el blanquiazul.

“El partido (el PAN) tiene autonomía frente al Ejecutivo. Autonomía que no significa ausencia de relación, o ausencia de influencia del Ejecutivo. La influencia existe pero es limitada por otras fuerzas, como los políticos con tradición partidaria o políticos con fuerza propia, sea en las urnas o en los grupos de poder al interior de la organización partidaria”.

Para ejemplificar su aserto, el doctor en Ciencia Social por el Colegio de México, recuerda que “en algunas elecciones internas han ganado los candidatos identificados con el presidente de la república, como fue el caso de Manuel Espino en 2005 y de Germán Martínez Cázares en 2007. En otro, el candidato del Presidente fue rotundamente derrotado, como sucedió en la elección del candidato a la presidencia de la república para 2006, cuando Santiago Creel, apoyado por Vicente Fox, perdió ante un candidato que tenía una amplia presencia en el PAN, Felipe Calderón”.

Algo que no hace el ensayo de Víctor Reynoso, porque no estaba en su ámbito de interés, es reflexionar sobre la coyuntura electoral de Puebla de cara al 2010, a partir de adaptar algunas de sus reflexiones al ámbito local.

Y eso es lo que me propongo realizar aquí, al aterrizar el paradigma de la preferencia electoral en el marco de la sucesión gubernamental de Mario Marín Torres.

Si el activo más importante que hoy tienen los políticos es su potencial electoral —y eso se mide y se evalúa mediante encuestas— quién de los aspirantes a gobernar la entidad por parte del PRI o el PAN lleva ventaja en este terreno.

En el PRI es claro que el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, es el favorito del gobernador, pero la duda que subyace entre la clase política priísta es si éste será también el favorito de la mayoría de los electores de Puebla.

Entre los panistas tal incertidumbre también está presente, pues aunque el senador Rafael Moreno Valle Rosas presuma que hoy por hoy es el aspirante del blanquiazul mejor rankeado entre la ciudadanía, ello no significa que los miembros del PAN lo perciban como uno de los suyos o como la mejor opción que tienen para la gubernatura.

A contrario sensu, si la posibilidad de acceder hoy a un cargo de representación o de ganar una elección está en función de las simpatías que un político despierta entre los votantes, quién de los aspirantes del PRI y el PAN puede equivocarse basando su eventual nominación en la relación que mantiene con el presidente de la república o el gobernador en turno.

Para nadie en Puebla es un secreto que el principal impulsor de López Zavala es el gobernador Mario Marín, y que la principal promotora del senador Moreno Valle es la lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, y quien en los hechos opera como vicepresidenta de México.

EN CORTO
Una duda creciente entre los ganaderos de la Sierra Norte de Puebla es cómo le hace el diputado local priísta Carlos Barragán Amador para comprar, en plena crisis económica, ranchos y hatos ganaderos, como el adquirido hace unos días en la junta auxiliar de Santa Rita, en Xicotepec de Juárez, de más de cien hectáreas.

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Simón dice:

“Si quieres ganar un adepto para tu causa, convéncelo primero de que eres su amigo sincero”.
Abraham Lincoln (1808-1865). Presidente de los Estados Unidos.

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Este jueves, en el helicóptero Bell 412 del gobierno del estado, volaron a la Sierra Norte de Puebla, el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, quien —off course— llevó la representación del gobernador Mario Marín Torres, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, y el presidente de la LVII Legislatura local, José Othón Bailleres Carriles.

Los tres alegres compadres asistieron a informes que en las respectivas cabeceras municipales rindieron Carlos Martínez Amador, Carlos Barragán Amador y Carlos González de la Calleja, diputados locales del PRI de los distritos de Huauchinango, Xicotepec de Juárez y Zacatlán.

De los tres informes legislativos, el más controvertido fue el de Carlos Barragán, pues no sólo lo hizo a la misma hora que el informe de la presidenta del DIF municipal de Xicotepec, sino que en el suyo anunció que metería a la cárcel al esposo de aquella, Juan Carlos Valderrábano Vázquez, por incurrir en desvío de recursos y otras irregularidades como presidente municipal.

Durante el acto, celebrado en el Casino Ganadero, López Zavala aprovechó la ocasión para promoverse y entregar recursos a grupos vulnerables de la región, como son los representados por Balam Tolentino, dirigente de los grupos comunitarios del principal templo católico de Xicotepec y por Enrique Garrido Morales, pastor del Templo Filadelfia de los Pentecosteses.

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De la lista de 10 candidatos a diputados federales del PAN —anunciada la noche del miércoles por Rogelio Carbajal Tejada, secretario general del CEN de este partido— los nombres de Fidel René Meza Cabrera y de Cristina María Blanca García son los que levantan mayor polémica por su escasa o nula identificación con la membresía panista.

La designación del exdiputado federal priísta René Meza (que aquí la anticipé desde el 11 de marzo) es cuestionada no sólo por la militancia de Huauchinango y Xicotepec, sino de la capital poblana, que recuerda al exdirector de Tránsito del estado, durante el sexenio de Mariano Piña Olaya, como un personaje oscuro y corrupto.

El malestar de los panistas podría hacerse evidente este viernes, en el acto convocado por la diputada plurinominal Angélica Patricia Hidalgo Elguea, en un auditorio del centro de Xicotepec, para rendir su primer informe de labores legislativas.

En el distrito 10, con cabecera en San Pedro Cholula, ocurre lo mismo con la imposición de la empresaria Cristina Blanca García, de la empresa sidrera Copa de Oro. Se le critica su falta de militancia en el PAN y su pertenencia a una de las familiares caciquiles en la región, donde sus dos hermanos han sido presidentes municipales surgidos del PRI: Ramón y Miguel Blanca García.

Los más inconformes con la decisión del CEN panista son Ricardo García Coconi, quien aspiraba a la nominación, Rogelio Toxqui Anaya, dirigente del Comité Municipal, y el grupo del primer presidente municipal panista en San Pedro Cholula, Arturo Carranco Blanca.

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Simón dice:

“Hay almas esclavizadas que agradecen tanto los favores recibidos que se estrangulan con la cuerda de la gratitud”.

Friedrich Nietzsche (1844-1900). Filosofo alemán.

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Por seis meses los fondos del Procedes estuvieron inactivos
Embarcan a Mario Marín con obra sin expediente

Una prueba más de la ineficiencia, desorden y falta de control que priva en la Secretaría de Salud del estado es el reporte de auditoria elaborado por la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal sobre 47 millones de pesos que no fueron ejercidos y estaban destinados a la construcción de un hospital en la Sierra Norte de Puebla.

La partida en cuestión, procedente del Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (Procedes), fue liberada y depositada el 14 de diciembre de 2007 en una cuenta de la Secretaría de Salud, que a su vez transfirió esa cantidad, dos meses después, a otra cuenta de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado.

Sin embargo, como entre el 15 de diciembre de 2007 y el 31 de mayo de 2008, dichos recursos jamás se ejercieron para el fin que habían sido solicitados —la construcción de un hospital integral de Cuetzalan—, la Secretaría de la Función Pública exigió hace casi dos meses su devolución inmediata, así como los rendimientos financieros que éstos generaron.

Así se hizo. El gobierno del estado reintegró a la Tesorería de la Federación los 47 millones de pesos del Procedes junto con 1.1 millones adicionales por concepto de intereses, para evitarse mayores complicaciones con la Secretaría de la Función Pública y, de paso, para que ésta se involucrara directamente en el proceso de fincar responsabilidades a los funcionarios de Puebla implicados en estas irregularidades.

De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social, el gobierno de Puebla no aplicó los recursos del Procedes en el hospital de Cuetzalan —que contaría con 10 consultorios, dos quirófanos, sala de expulsión, 30 camas, laboratorio, Rayos X, fisiatría, urgencias y farmacia, sobre un terreno de 19 mil metros cuadrados— por dos causas:

1. “Falta de control interno por parte de las áreas que operan el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES) en el Estado”.

2. “Que no se cuente con el expediente unitario de la obra, según lo señaló mediante oficio número COORGT-08/161, de fecha 13 de junio de 2008, el Lic. Ricardo Climent Flores, Coordinador General Técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado”.

El caso no sólo exhibe el desorden que reina en la Secretaría de Salud, la negligencia de la SDUOP para elaborar un expediente unitario de obra y las diferencias entre los titulares de ambas dependencias (Roberto Morales Flores y Javier García Ramírez) por el control de la obra pública, sino incluso al gobernador Mario Marín Torres, que el domingo 7 de octubre colocó la primera piedra de lo que sería el hospital de Cuetzalan.

Según el boletín de prensa de ese día, el referido nosocomio beneficiaría a más de 90 mil habitantes de ese municipio de la Sierra Norte, de los cuales 72% son indígenas.

¿Cómo puede el gobernador Mario Marín poner en marcha un hospital cuya obra carece de proyecto ejecutivo y expediente unitario de obra?

¿Cómo el contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez, puede decir que en la Secretaría de Salud no hay corrupción, ni problemas que afecten la operación de la dependencia, si 47 millones de pesos destinados a la construcción de un hospital en Cuetzalan tuvieron que devolverse a la Federación?

¿Que tan grave es la falta de coordinación entre las dependencias del ejecutivo o los pleitos entre los secretarios del gabinete, como para que tres de ellos —Finanzas, Salud y Obras Públicas— hayan sido incapaces de ponerse de acuerdo durante seis meses en la ejecución de una obra?

Son preguntas, que conste.

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Este lunes, gracias a los buenos oficios del diputado federal Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, se reunió a comer con el secretario de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, Agustín Carstens Carstens.

Se sabe que después de esa comida, la primera alcaldesa de Puebla se entrevistó con su tesorero, Javier Ramírez Carranza, y que juntos acordaron el plan de reestructuración de la deuda de 570 millones de pesos que hoy tiene el ayuntamiento con diversas instituciones financieras.

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El senador Melquiades Morales Flores será quien dicte la cátedra inaugural de la escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac Puebla, el próximo martes 19 de agosto.

Después de la llamada prima lectio, los directivos de la universidad le entregarán al ex gobernador un reconocimiento “por su incansable apoyo y valiosa colaboración para el desarrollo de la cultura y la educación en Puebla”, acto al que han sido invitados sus ex secretarios y ex colaboradores.

La conferencia magistral de Melquiades Morales, que marcará el inicio de cursos del semestre otoño-invierno, tendrá lugar a las 10 horas en el auditorio de esta institución de los Legionarios de Cristo.

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Aunque el secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad del ayuntamiento de Puebla, Fernando Ariza de la Fuente, ayer juró y perjuró que su presencia en la junta auxiliar de Azumiatla no debía tomarse como el inicio de su precampaña a la diputación federal por el distrito 11 de Puebla, la verdad es que los estrategas del PRI y su jefa, Blanca Alcalá Ruiz, a quien le cederán dos de las cuatro candidaturas de la capital del estado, no lo ven nada mal.

Quizás Fernando Ariza diga que no, como en su momento Blanca Alcalá decía que no cuando el PRI decidió incluirla en la lista de aspirantes a suceder a Enrique Doger Guerrero. La historia de lo que ocurrió después ya es de todos conocida.

En Azumiatla, el secretario de Desarrollo Económico puso en marcha el Programa de Articulación Productiva a Microempresarios, acto que contó con la presencia del gobernador Mario Marín Torres y de Blanca Alcalá.

¿Simple casualidad?

No lo creo.

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Hoy será un día de señales políticas de cara a la sucesión gubernamental, en el marco de la gira del presidente Felipe Calderón Hinojosa por la Sierra Norte de Puebla. Priístas y panistas deben mirar con atención con quién llega el mandatario federal, quién lo acompañará en sus trayectos, además del gobernador Mario Marín y los secretarios de su gabinete, y con quién tendrá pláticas amenas y a quién le mostrará indiferencia.

El personaje en cuestión es un senador y ha militado por igual en el PRI y en el PAN.

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* Se agotó Chiltepeque, y no hay dónde tirar la basura
* Podría repetirse aquí la crisis de Cuernavaca en 2006

Un grave problema que está por enfrentar la gestión de Blanca Alcalá Ruiz es la saturación del relleno sanitario de Chiltepeque, que en septiembre o en octubre habrá agotado su vida útil, sin que hasta el momento exista un nuevo depósito que lo sustituya.

El problema no es menor, considerando que la capital del estado produce entre 1,200 y 1,600 toneladas de basura por día.

¿Dónde irán a parar esas miles de toneladas de desperdicios –orgánicos e inorgánicos– que genera diariamente la ciudad?

Hoy, de acuerdo con un diagnóstico del propio ayuntamiento de Puebla, alrededor de 400 toneladas de desechos son vertidas o tiradas en barrancas, zonas deshabitadas y lotes baldíos, así como en los ríos Atoyac y Alseseca.

¿Se imagina cómo estará la Angelópolis, ya de por sí sucia y con montoneras de basura por todos lados, hacia finales de año cuando en el relleno de Chiltepeque no quepa una tonelada más?

La visión, en verdad, es escatológica.

La situación, sin embargo, no parece preocupar mayormente a las autoridades municipales que todavía en febrero, al entrar en funciones, aseguraban que Chiltepeque tenía una vida útil de 40 meses, lo cual es absolutamente falso.

De hecho, en la pasada administración de Enrique Doger Guerrero se mandó a realizar un estudio de evaluación, y la empresa encargada de elaborarlo –Ingeniería para el Control de Residuos Municipales e Industriales (Incremi)– diagnosticó con base en levantamientos topográficos y estimaciones volumétricas que éste llegaría a su tope a mediados del mes de septiembre o mediados de octubre de 2008.

¿De dónde saca el ayuntamiento que la vida útil de Chiltepeque es de 40 meses?

Meterle al actual relleno sanitario más toneladas de que las que puede recibir resultaría riesgoso para quienes ahí laboran o van de visita, así como para el medio ambiente de la zona.

Ya en junio de 2007 –cuando se concluyó la evaluación de Incremi– se advertían algunos peligros por la forma deficiente con que se ha manejado el sitio, a cargo de la empresa Rellenos Sanitarios (RESA), que al no respetar los niveles originales de los taludes de residuos sólidos, ha provocado que éstos alcancen alturas cercanas a los 50 metros y hundimientos como el registrado a mediados de 2006 durante la época de lluvias.

El peligro de estos hundimientos, combinados con el espesor de los residuos sólidos y la humedad producida por las filtraciones de agua pluvial, es la generación incontrolada de biogás, es decir, de un combustible explosivo mezcla de metano y dióxido de carbono, resultado de la fermentación bacteriana de los residuos orgánicos.

Por la pasividad mostrada por las autoridades municipales, a finales de año Puebla podría vivir una crisis similar a la ocurrida en Cuernavaca en 2006, cuando se agotó el depósito donde se tiraba la basura, las obras del nuevo relleno sanitario se atrasaron y sus pobladores fueron limitados a no depositar más de tres bolsas en los contenedores, lo que originó que la capital morelense y sus alrededores se llenaran de montoneras de basura y de tiraderos al aire libre.

Ojalá y no.

EN CORTO

Este viernes estuvo de gira en la Sierra Norte de Puebla el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, quien recorrió los municipios de Xicotepec de Juárez, Jalpan, Francisco Z. Mena y Venustiano Carranza. Lo interesante de ese recorrido fueron las constantes quejas de los presidentes municipales de la región en contra del diputado local Carlos Barragán Amador. López Zavala fue tan receptivo a los reclamos que un kilómetro antes del municipio de Francisco Z. Mena, en el tramo conocido como Los Naranjos, bajó de su camioneta al legislador priísta, para subir al vehículo al edil Marciano Hernández Hernández, quien hace ocho días estuvo a punto de liarse a golpes con el diputado Carlos Barragán. ***** Otro precandidato a la gubernatura que también se hizo presente en la región fue el senador panista Rafael Moreno Valle Rosas, quien ayer domingo comió en el restaurante conocido como La Curva con el presidente municipal de Xicotepec, el ex priísta Juan Carlos Valderrábano Vázquez y el ex diputado y hombre fuerte de la zona, José Esquitin Lastiri. ***** Y hasta la próxima.