La diputada electa Irma Patricia Leal Islas está mostrando novatez política y sacando a la luz un conflicto, del grupo en el poder, por el control del órgano de gobierno de la próxima Legislatura local.

¿Con qué cara una diputada que no es panista puede proponer que sea otro diputado —como Jorge Fouad Aguilar Chedraui— que tampoco es miembro activo ni adherente del PAN quien coordine a la fracción de este partido en la LIX Legislatura estatal?

La ex contralora debería echarle primero un vistazo a los documentos básicos del PAN, en especial a los estatutos y al apartado sobre las facultades del presidente del Comité Directivo Estatal, antes de dar opiniones sin fundamento ni conocimiento de causa.

Si lo hiciera, sabría entonces que el nombramiento del coordinador de la bancada del PAN no es resultado de una votación democrática ni de quien tenga más consenso entre sus compañeros, sino de una designación del presidente del Comité Directivo Estatal, en este caso de Rafael Micalco Méndez.

Pregunto: ¿Usted cree que Rafael Micalco designará como líder de su fracción a un diputado, por muy cercano que sea al gobernador Rafael Moreno Valle, que no sea miembro del PAN?

Por supuesto que no. Sabe que eso le costaría echarse una broncota innecesaria con los legisladores que sí son panistas y con los miembros de su comité y consejo estatal.

Lo que sí puede ocurrir —y ésa es quizá la causa de las declaraciones de Patricia Leal— es que Jorge Aguilar Chedraui, y no Fernando Manzanilla Prieto, sea quien presida la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la próxima Legislatura.

Esta relevante posición sí puede recaer en un diputado electo por la mayoría de sus 41 integrantes o en quien reúna el mayor consenso, en primera instancia, de entre los diputados surgidos de la coalición que los postuló, y luego del resto de las fracciones parlamentarias.

Actualmente, aunque todavía de manera soterrada, hay una pugna por obtener la presidencia de la comisión responsable de la gobernabilidad del Congreso del estado en la entrante Legislatura, que involucra a dos miembros de la burbuja morenovallista: Fernando Manzanilla Prieto y Jorge Aguilar Chedraui.

Las diferencias entre ambos comenzaron el año pasado, cuando uno era secretario General de Gobierno y el otro secretario de Salud, y fueron puestos —junto con otros miembros del gabinete estatal— a competir por la candidatura a la presidencia municipal de Puebla. El final de la historia ya se conoce: la puja fue ganada por el secretario de Infraestructura, José Antonio Gali Fayad.

Sin embargo, las diferencias entre Manzanilla y Aguilar fueron creciendo hasta hacerse irreconciliables.

Manzanilla ha dejado correr la versión de que el gobernador Rafael Moreno Valle le prometió la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso del estado cuando se fue a coordinar la campaña de José Antonio Gali y cedió, a la ex priísta Sara Chilaca Martínez, la candidatura a diputado de mayoría de la Coalición Puebla Unida por el distrito 9, con cabecera en San Pedro Cholula.

En cambio, los seguidores del ex secretario de Salud sostienen que Aguilar Chedraui es mejor opción, no sólo por haber llegado al Congreso gracias a una votación directa, sino porque ha ido ganándose la voluntad de la mayoría de los diputados surgidos de la Coalición Puebla Unida, sin entrar en conflicto con los miembros del gabinete del gobernador Moreno Valle.

Otro factor que los segundos abonan en favor de Aguilar Chedraui es que puede convertirse —desde la Junta de Gobierno y Coordinación Política— en una carta del grupo morenovallista para la minigubernatura, a diferencia de Manzanilla, que estaría limitado por su parentesco con el mandatario estatal, dado que es su cuñado.

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Ya lo escribí una vez, pero vale la pena reiterarlo luego de la última asamblea nacional del PAN. La crisis que este partido enfrenta —y que por lo visto no ha tocado fondo— no se debe a la falta de acuerdos para nombrar a su próximo dirigente y tampoco al poco o nulo consenso que existe entre su militancia sobre las reglas que norman su vida interna.

No. La verdadera crisis del PAN es de identidad, liderazgo y rumbo. Mientras sus miembros no definan qué tipo de partido quieren, con qué oferta política, ideológica y programática buscarán recuperar la confianza de los ciudadanos y opten por dirigentes y candidatos que representen a la sociedad y no a la burocracia partidista, los panistas seguirán hundiéndose.

Las contradicciones que ponen en evidencia su crisis de identidad son elocuentes.

El PAN que nació y se consolidó como un partido de cuadros, aristócrata y elitista, hoy no sólo adopta métodos y reglas de un partido de masas, sino que hasta parece avergonzarse de su pasado.

En su Asamblea Nacional del 16 marzo sus militantes votaron —a propuesta del senador Javier Corral Jurado— una reforma para que sus dirigentes fueran electos directamente por la militancia y no por su Consejo Nacional o sus consejos estatales.

Dicha modificación fue duramente criticada por algunos ex dirigentes del partido, como Germán Martínez Cázares, que pronosticaron la perredización del PAN o el fin de la llamada democracia indirecta, que el blanquiazul siempre había privilegiado en sus procesos internos.

Sin embargo, al reanudarse esta asamblea el domingo pasado se determinó, en medio de jaloneos, golpes y reclamos a su dirigente nacional, Gustavo Madero Muñoz, matizar esta reforma mediante la creación de una Comisión Permanente —conformada por las figuras y cuadros distinguidos del partido— que se encargará de tomar decisiones urgentes y de carácter coyuntural.

Paradójicamente, Gustavo Madero, al justificar la reforma al artículo 11 de los estatutos panistas, declaró que con este cambio en la vida interna del partido, el PAN dejaría de ser una organización dirigida por notables. Es obvio que Madero nunca imaginó el alcance de sus palabras, pues lo contrario a lo notable es lo corriente, lo vulgar, lo insignificante y lo irrelevante.

La metamorfosis para asemejarse a un partido de masas no le ha funcionado al PAN. Después de haber ganado la presidencia de la república en el 2000, su padrón de miembros pasó de 536 mil a un millón 850 mil. En cambio, sus votos cayeron de 16 millones —que obtuvo en aquella elección que llevó a Vicente Fox a Los Pinos—, a menos de 13 millones en el 2012, con Josefina Vázquez Mota, que mandó al PAN al tercer lugar con el 25% de los sufragios.

Pero lo peor de todo es que sus miembros y dirigentes actúan en contra del diagnóstico de la Comisión de Evaluación y Mejora, que se creó para analizar las causas que propiciaron la debacle electoral panista en los comicios del 7 de julio del año pasado.

La referida comisión evaluó que el PAN había sufrido una derrota electoral por la pérdida de identidad, la adopción de prácticas priístas para gobernar y competir electoralmente, y la conversión en un partido de masas.

El mar de contradicciones no termina ahí.

Según la encuesta publicada el domingo pasado por el periódico Reforma, el 73% de los panistas no apoyan la continuidad de Gustavo Madero al frente del CEN, pero en la XVII Asamblea del día anterior le aprueban su proyecto de reformas de armonización.

Los panistas encuestados aprobaron con calificación de 7.2 a su dirigente nacional, pero tres cuartas de ellos se pronunciaron porque Gustavo Madero no sea reelecto para un segundo periodo.

Sus dirigentes y figuras más representativas insisten en señalar, en distintos tonos, que la reforma estatutaria no representa la solución a la crisis del partido, pero en su última Asamblea Nacional ése, y no otro, fue el gran tema.

En suma: la incongruencia en su máximo esplendor.

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¿Hubo voto diferenciado en las pasadas elecciones locales?

A juzgar por los resultados de la jornada comicial del 7 de julio podríamos decir que no, dado que no hubo una diferencia sustancial o muy marcada en los sufragios obtenidos por los diferentes partidos y coaliciones de un distrito a otro.

En Puebla capital, por ejemplo, las mayores diferencias se registraron en el distrito 13, que fue el de mayor votación de la Coalición Puebla Unida (CPU) y el de menor votación para la Coalición 5 de Mayo (C5M).

En esa demarcación, la alianza morenovallista captó el 51.95% de los sufragios, y la coalición conformada por el PRI y el PVEM el 32.25%. Esta diferencia de casi 20 puntos duplica la que José Antonio Gali Fayad sacó a Enrique Agüera Ibáñez en las elecciones para presidente municipal de Puebla.

Por lo que respecta a los demás distritos de la capital del estado, la ventaja de los candidatos a diputados de la CPU sobre los nominados por la coalición PRI-PVEM fluctuó entre 3 y 12 puntos.

De los candidatos a diputados de la coalición morenovallista (integrada por PAN, PRD, PNA y CPP), el único que rebasó el porcentaje de votos de Gali Fayad (49.36) fue el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Rodríguez Álvarez. Lo superó por apenas 2.59 puntos.

El porcentaje de votación del priísta Enrique Agüera Ibáñez (40.31) sólo fue rebasado por Claudia Hernández Medina, candidata a diputada del distrito 10, y por Víctor Manuel Giorgana Jiménez, candidato a diputado del distrito 16; la primera por 49 décimas de punto, y el segundo por 4.57 puntos.

De los 26 candidatos a diputados de mayoría relativa de la C5M, Víctor Giorgana fue el que obtuvo el más alto porcentaje de votación (44.80%) –y aún así no ganó la demarcación por la que fue postulado–, y Filiberto López Carabantes tuvo el menor (26.55%), en el distrito 17 de Amozoc, que también perdió.

Con los demás partidos participantes en las elecciones locales, las diferencias tampoco llegaron a los 20 puntos. El PT obtuvo su votación más alta en el distrito 7 de San Martín (18.62%) y la más baja en el distrito 10 de Puebla (3.67%).

El más elevado porcentaje de votación de Movimiento Ciudadano se presentó en el distrito 5, Tlatlauquitepec (10.97%), y el más bajo en distrito 16 de Puebla (1.91%).

El PSI, de reciente creación, obtuvo su mayor porcentaje de votos en distrito 19, Tecamachalco (19.19%), y el menor en el distrito 23, Acatlán de Osorio (0.91%).

En suma: sí hubo voto diferenciado, pero no fue definitorio en ninguno de los 26 distritos que conforman la entidad, lo que muestra que en este proceso pesaron más las candidaturas comunes que los votos de más o de menos que alcanzaron las principales coaliciones en las distintas demarcaciones electorales.

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Uno de los mayores defectos del Código Electoral vigente y de las legislaciones anteriores en la materia es que nunca han logrado equilibrar o hacer compatible el porcentaje de votos que cada partido o coalición obtiene con su representación real en el Poder Legislativo local.

El PRI siempre fue reacio a corregir al tema porque generalmente la sobrerrepresentación le beneficiaba en la integración de la Cámara de Diputados.

Esto tenía su origen en la propia conformación de los distritos (muy desequilibrada) y en la fórmula de asignación de diputados de representación proporcional.

Con la nueva distritación aprobada por el Instituto Electoral del Estado (IEE), y estrenada en las elecciones del pasado 7 de julio, esta situación se modificó radicalmente en perjuicio del tricolor, a tal grado que hoy es víctima de las trampas legales e inequidades electorales que fomentó en el pasado.

Me explico con números y porcentajes:

El PRI, que en alianza con el PVEM constituyó la Coalición 5 de Mayo (C5M), obtuvo en las elecciones de diputados de mayoría relativa el 36.03% de la votación, pero sólo tendrá el 21.95% de la representación del Congreso del Estado.

En cambio, la Coalición Puebla Unida (CPU) —conformada por PAN, PRD, PNA y CPP—, que alcanzó el 40.33% de los votos, tendrá el 63.41% de las curules de la LIX Legislatura local.

La sobrerrepresentación parlamentaria también afecta a ciertos partidos minoritarios.

Un claro ejemplo es el PT que, no obstante haber logrado el 9.16% de los sufragios de la elección de diputados de mayoría relativa, sólo tendrá el 4.87% de las curules en la entrante legislatura.

Ahora sí que, como dice el viejo refrán, nadie sabe para quién trabaja.

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¿Cuál partido, de los que conformaron la coalición morenovallista Puebla Unida, marcará la batuta en la próxima legislatura? ¿Acción Nacional, el de mayor antigüedad y tradición, o Compromiso por Puebla, el benjamín de este proceso?

De los legisladores integrantes de Puebla Unida —que en conjunto tendrá 26 diputados en la LIX Legislatura—, 13 son miembros del PAN, 6 del PRD, 4 de Nueva Alianza y 3 del partido estatal Compromiso por Puebla.

Como bloque mayoritario, nadie duda que la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Cámara de Diputados recaerá en un miembro de la coalición morenovallista.

La incertidumbre es quién de ellos. Unos dicen que el favorecido será el cuñado del gobernador, a quien se la prometió cuando renunció a la Secretaría General de Gobierno para ser candidato a diputado. Otros, que a su ex secretario de Salud. Ambos, por supuesto, pertenecen a la compacta burbuja morenovallista.

Bajo este esquema, la lógica indicaría que el presidente del órgano de gobierno del Poder Legislativo tendría que salir del partido mayoritario de la coalición ganadora, es decir del PAN.

Sin embargo, parece que no será así.

Al menos si el líder del bloque mayoritario y presidente de la Junta de Gobierno de la LIX resulta ser Fernando Manzanilla Prieto.

Porque Fernando Manzanilla, el número dos de la lista de diputados plurinominales de la alianza morenovallista, no entró como posición del PAN, a pesar de haber solicitado su afiliación, sino como cuota del partido estatal Compromiso por Puebla.

De ahí mi pregunta inicial: ¿cuál será el partido que marque la batuta en la próxima legislatura? ¿El PAN, que tiene la mitad de los diputados de la coalición Puebla Unida, o Compromiso por Puebla, que alcanzó tres diputados, 10 menos que el blanquiazul?

¿O es que de los 13 diputados que oficialmente se atribuyen al PAN hay varios que en realidad ni siquiera son panistas?

Eso sí podría ser: de los 13 legisladores que se contabilizan como del PAN, por lo menos cuatro jamás han solicitado su inscripción, ya no digamos como miembros sino como adherentes: Patricia Leal Islas, que ganó el distrito 10; el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco (Franco) Rodríguez Álvarez, que ganó el distrito 13; el ex secretario de Salud, Jorge Aguilar Chedraui, que ganó el distrito 15; y el ex subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil, Mario Rincón González, que ganó el distrito 17.

Y sólo por mencionar algunos.

Si esta fuera la razón, se entendería entonces por qué el PAN no tendrá, como la lógica supondría, la coordinación del bloque de diputados de Puebla Unida y tampoco la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la próxima legislatura.

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H. Puebla de Zaragoza, a 16 de Julio de 2013

Rodolfo Ruiz

Director
Periódico E-Consulta
Me refiero a tu columna titulada «Dudas que matan (Parte I)»: Como te comenté el día de ayer, pertenezco orgullosamente al Partido Acción Nacional y mis derechos partidistas y como militante se encuentran intactos.
La Coalición Puebla Unida fue producto de un Convenio en el que, como es ampliamente conocido, participó el Comité Directivo Estatal de mi partido.
En ese Convenio (que puede ser consultado en la página http://www.ieepuebla.org.mx/archivos/pp/coaliciones2013/CONVENIODECOALICIÓNPUEBLAUNIDA.pdf) se estableció que la Comisión Política de la Coalición, máximo órgano de gobierno de ésta, determinaría las posiciones de candidaturas, entre ellas, las de aspirantes a diputados de representación proporcional.
Además, como seguramente es de tu conocimiento, el Convenio y demás actos jurídicos ejecutados por el PAN como integrante de dicha Coalición se realizaron en estricto apego a la normativa vigente y acorde con las disposiciones estatutarias de los institutos políticos que la conformaron.
Independientemente de la postulación que tuviera cada uno de los candidatos panistas, nuestra militancia y derechos están salvaguardados. Así, está plenamente claro que en la próxima Legislatura del Congreso de Puebla, y una vez que se conformen las fracciones parlamentarias, perteneceré a la bancada del Partido Acción Nacional.
Como siempre, quedo a tus órdenes,

A T E N T A M E N T E

Fernando Manzanilla Prieto

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Esta historia continuará…

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A pesar del ruido mediático y las declaraciones de los dirigentes del PAN y PRD, y de algunos de sus coordinadores parlamentarios, que ponen en duda la vigencia o continuidad del Pacto por México, este Acuerdo Político Nacional no se romperá, al menos hasta finales de año.

Sustento mi hipótesis en los resultados que arrojó la jornada electoral del pasado domingo en catorce estados del país, en la que no hubo un ganador absoluto, con todo y que se diga que el PRI se llevó la rebanada más grande del pastel.

Si la gubernatura de Baja California la hubiese ganado el PRI, a través de su candidato, Fernando Castro Trenti, y sus aliados en esta entidad —el PVEM y el PT—, entonces el Pacto por México sí habría tronado como ejote, ya fuera por el sonado descalabro electoral que hubieran sufrido los dirigentes nacionales del PAN y PRD, que apoyaron con todo a Francisco “Kiko” Vega, o por la necesaria renuncia que ambos habrían tenido que presentar tras esa hipotética derrota.

Aunque el PRI logró hacerse de la mayoría de los municipios en disputa, aumentar su cuota de ciudades y capitales estatales que serán gobernadas por alcaldes surgidos de sus filas, lo cierto es que también perdió ayuntamientos importantes en Aguascalientes, Baja California, Coahuila y Tlaxcala.

Hasta esta noche, en la víspera de los cómputos en los consejos o comités municipales electorales, el PRI y sus aliados se perfilaban como victoriosos en ocho de las 13 capitales que estuvieron en juego: Benito Juárez (Quintana Roo), Culiacán (Sinaloa), Chihuahua (Chihuahua), Ciudad Victoria (Tamaulipas), Durango (Durango), Oaxaca(Oaxaca), Xalapa (Veracruz), y Zacatecas (Zacatecas).

En cambio, el PAN y el PRD consiguieron mantener la ciudad de Puebla y ganar las capitales de Aguascalientes (Aguascalientes) y de Baja California (Mexicali). Además, el PAN por sí sólo se hizo de Saltillo (Coahuila) y de Tlaxcala (Tlaxcala), que estaban en poder del PRI.

Tales victorias —sumadas a las de otras ciudades importantes como Boca del Río, Huamantla, Juchitán, Monclova, Nuevo Laredo, San Martín Texmelucan, Teziutlán y Torreón— representan un salvavidas, un tanque de oxígeno, para Gustavo Madero y Jesús Zambrano, sobre todo para el primero, que ha perdido liderazgo y convocatoria entre los cuadros y legisladores de su partido como resultado de su lucha interna contra los calderonistas y su decisión de poner en la coordinación de los senadores panistas a un personaje tan gris como Jorge Luis Preciado.

Para ganar la legitimidad que no obtuvo en las urnas, el presidente Enrique Peña Nieto necesita conservar como aliados a los dirigentes de las dos principales fuerzas opositoras al PRI, por lo que creo que, al menos en el primer año de su sexenio, hará todo lo que esté a su alcance para que éstos no abandonen la mesa del Pacto por México.

En suma: mientras Peña Nieto no logre sacar adelante las reformas que tiene pendientes—entre ellas la fiscal y la energética— será condescendiente con sus adversarios del PAN y PRD (dirigentes y gobernadores), un dique de los duros de su partido y hasta con el verdugo de algunos de sus candidatos en estas elecciones locales.

La historia será diferente cuando estas reformas llamadas estructurales se hayan aprobado y estén en puerta las elecciones federales intermedias. Y si no, al tiempo.

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Si en el municipio de Puebla, compuesto por siete distritos locales, el número de quienes pueden votar el próximo domingo (la lista nominal) asciende a 1 millón 165 mil 554 electores, y tradicionalmente en un proceso intermedio el porcentaje de participación no llega a 45%, entonces la votación total esperada en la capital del estado rondará los 520 mil sufragios.

En las elecciones de hace tres años, en las que se registró un porcentaje de participación del 51.31%, el candidato ganador a la alcaldía capitalina de la coalición Compromiso por Puebla, el panista Eduardo Rivera Pérez, obtuvo 308 mil 697 sufragios, equivalentes al 53.92% de la votación.

Dicha votación difícilmente será igualada en estos comicios locales, pues para que José Antonio Gali Fayad, de la coalición Puebla Unida, o Enrique Agüera Ibáñez, de la alianza 5 de Mayo, pudieran lograrlo, tendrían que llevarse casi el 60% del total de los votos emitidos, lo que implicará una ventaja de casi 20 puntos de uno sobre el otro, algo que parece francamente imposible.

Rivera superó al priísta Mario Montero Serrano, su contrincante de la Alianza Puebla Avanza (conformada por el PRI y el PVEM), por más de 107 mil sufragios, que representaron 18.8 puntos de diferencia.

En las elecciones intermedias de hace seis años, la priísta Blanca Alcalá Ruiz le sacó más de 95 mil votos de ventaja al panista José Antonio Sánchez Díaz de Rivera, es decir una diferencia superior a 21 puntos.

Y en los comicios locales de hace nueve años, el priísta Enrique Doger Guerrero venció a su adversario del PAN, Pablo Rodríguez Regordosa, por poco más de 44 mil sufragios, equivalentes a casi nueve puntos.

¿Cuántos puntos de ventaja obtendrá en este proceso el candidato ganador de la presidencia municipal de Puebla?

Si la diferencia de uno sobre otro fuera de 10 puntos, el ganador aventajaría a su contendiente por más o menos 52 mil votos, calculando que cada punto equivale a 5 mil 200 sufragios.

Si el ganador obtuviera el 50% de la votación total, lo más que podría obtener serían 260 mil votos, es decir, 48 mil menos que los conseguidos hace tres años por el actual alcalde capitalino, quien también llegó al cargo apoyado por una coalición conformada por el PAN, el PRD, el Panal y Convergencia, hoy denominado Movimiento Ciudadano.

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La polémica por la remoción de Ernesto Cordero como coordinador de la bancada panista en el Senado de la República tiene tintes caricaturescos:

Un sumiso Ernesto Cordero que critica la subordinación de la dirigencia nacional del PAN al presidente Enrique Peña Nieto.

Un desgastado Gustavo Madero que quiere recuperar margen de maniobra en el colofón de su gris gestión al frente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

Un ex presidente de la República —Felipe Calderón Hinojosa— que critica, desde la red social Twitter, el hecho de que los asuntos internos del PAN se ventilen públicamente.

Y un senador bipolar —Javier Lozano Alarcón—, que por un lado censura el entreguismo de Gustavo Madero y por otro presume, muy orondo, fotos de su hija con el presidente Enrique Peña Nieto.

Lo que en realidad sucede es que el PAN vive una crisis profunda de identidad, liderazgo y rumbo, pues se asume como un partido de cuadros pero adopta métodos de un partido de masas; lucha por el poder y, cuando lo obtiene, no sabe qué hacer con él; y encumbra a priístas que después son los primeros en rasgarse las vestiduras por la cercanía de sus altos dirigentes con el PRI.

Lo primero que el PAN debe hacer para resolver la crisis que enfrenta es admitirla, no con falsos mea culpa ni reformas estatutarias de forma pero no de fondo.Y luego definir qué clase o tipo de organización política quiere ser en el futuro, pues está visto que como partido de oposición funciona como conciencia crítica del gobierno, pero que como partido en el poder se desdibuja hasta convertirse en un remedo del viejo PRI, sólo que derechizado.

Y eso deben admitirlo el ex presidente Calderón y sus huestes, que hoy tratan de moverle el tapete a Gustavo Madero y ridiculizarlo como un dirigente plegado al PRI y al presidente Peña Nieto.

Calderón y los suyos mejor deberían reconocer que, cuando tuvieron la oportunidad de hacer lo que hoy descalifican, no pudieron porque les faltó oficio, inteligencia, diálogo, capacidad de convencimiento y método.

El PAN en el sexenio de Felipe Calderón tuvo el chance de pactar con el PRI una serie de reformas estructurales que el país necesita —y que hoy el presidente en funciones viene sacando, no sin escollos, a través del Pacto por México— pero se alió electoralmente con el PRD y eso echó por la borda cualquiera de sus intenciones y buenos propósitos, con los resultados que ya todos sabemos.

¿Por qué ahora que Peña Nieto quiere impulsar esas reformas estructurales, entre ellas la energética, las huestes calderonistas son las primeras en torpedear el Pacto, así como a los actores y protagonistas de este gran Acuerdo Política Nacional?

¿Por miopía? ¿O acaso por envidia?

Son preguntas, que conste.

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Ley 25 (de Las 48 Leyes del Poder de Roberto Greene)

PROCURE RECREARSE PERMANENTEMENTE

“No acepte los papeles que la sociedad le ha endilgado. Fórjese una nueva identidad que atraiga la atención y nunca aburra al público. Sea el dueño de su propia imagen, en lugar de permitir que otros la definan por usted. Incorpore elementos dramáticos en sus gestos y acciones públicas, y su poder se verá reforzado y su personalidad crecerá en forma asombrosa”.

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Gali Fayad aún no supera la aduana legal del PAN

Juan Pablo Piña, a la Fundación Colosio del PRI

Cierran diputados oficinas de atención ciudadana

El empresario Ricardo Henaine Mezher ha iniciado, en tribunales del Distrito Federal, un nuevo juicio en contra del gobierno de Rafael Moreno Valle para que cumpla con la carta de intención que supuestamente le firmó la gestión de Melquiades Morales Flores para venderle el predio donde hoy se localiza el Centro Integral de Servicios (CIS), en la zona de Angelópolis.

De acuerdo con la demanda que hace un par de semanas promovió Ricardo Henaine, en el Juzgado Décimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la carta de intención sobre el predio identificado como UDU-SB-2 se la firmó el director del Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl, Omar Vergara Valderrábano.

En su querella, el empresario sostiene que el terreno en cuestión tiene una superficie de 79 mil 328 metros cuadrados, e iba a pagar por él una suma superior a 63 millones 462 mil pesos, a razón de 800 pesos el metro cuadrado.

La administración de Moreno Valle ya respondió dicha demanda, y entre sus alegatos arguye que Omar Vergara nunca suscribió esa carta de intención y que los documentos que Henaine presentó como supuestas pruebas en realidad son falsos.

Los documentos presentados por el empresario fueron certificados por el notario público de Puebla, Juan Carlos Salazar Cajica, y entre ellos figura una copia del supuesto contrato de promesa de venta en papelería del Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl que, a decir de Omar Vergara, es apócrifo no sólo porque la rúbrica que ahí aparece no es la suya, sino porque él jamás firmaba nada que antes no llevara la antefirma de su abogada, misma que brilla por ausencia en las hojas en cuestión.

Ricardo Henaine inició este juicio el año pasado, pero en agosto se desistió de él sin que hasta el momento se conozcan las causas, así como las motivaciones que lo llevaron a reactivarlo hace un par de semanas.

Otra cuestión que vale la pena mencionar es que el empresario ha perdido hasta ahora todos los litigios que ha promovido contra la administración de Moreno Valle, que le quitó el aeropuerto Hermanos Serdán, el predio de Valle Fantástico y el Mesón del Cristo, que había conseguido en los gobiernos de Melquiades Morales Flores y Mario Marín Torres.

INTRAMUROS

Una nueva impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) se presentó este sábado en contra de José Antonio Gali Fayad como candidato a la presidencia municipal de Puebla y el CEN del PAN, que lo ratificó como su abanderado a ese puesto de elección popular.

Este nuevo juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, promovido por el precandidato panista a la alcaldía, Francisco Javier Torres Sánchez, y su abogada Violeta Lagunes Viveros, pretende echar abajo el acuerdo número CEN/SG/064/2013 de la dirigencia del blanquiazul.

En su escrito, dirigido a la Cuarta Sala Regional con sede en el Distrito Federal, Lagunes Viveros pide que el Tribunal anule la designación de Gali Fayad y ordene al Comité Ejecutivo Nacional del PAN la reposición del proceso de selección de candidato a la alcaldía capitalina, con el propósito de que el perfil y la trayectoria de su representado sean valoradas.

Tal impugnación, que en el transcurso de esta semana será admitida o rechazada, confirma que Gali Fayad aún no libra la aduana del PAN, como se dijo este fin de semana cuando el Tribunal rechazó los tres juicios que se presentaron en contra el proceso interno panista y las designaciones de Gali Fayad como primer regidor del municipio de Puebla y Francisco Rodríguez Álvarez, como candidato a diputado local por el distrito 13 con cabecera en la capital del estado.

Los juicios, hay que decirlo, tienen inquieta a la dirigencia nacional y estatal del PAN, así como al equipo de abogados de la coalición Puebla Unida que, en el transcurso de los próximos días, tendrán que hacer frente a otras denuncias por desvío de recursos y actos anticipados de campaña presentadas ante la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la PGR.

EN CORTO

El abogado Juan Pablo Piña Kurczyn, quien se desempeñó en Puebla como secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública y ahora es titular de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), será nombrado en breve vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la Fundación Colosio.

La invitación para integrarse a la directiva la Fundación Colosio se la hizo en persona el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, César Camacho Quiroz, hace unos días.

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Será el próximo 3 de junio cuando se lleve a cabo la audiencia constitucional sobre el tercer juicio de amparo —1734/2013— promovido por Enrique Romero Razo en contra el pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que lo destituyó el 16 de diciembre de 2010.

La audiencia se desahogará en el Juzgado Séptimo de Distrito, en el que ya no estará como titular Jesús Díaz Barber, quien se jubila el día último de mayo.

El caso resulta interesante, no sólo por tratarse de un conflicto interno en el Poder Judicial del estado, sino porque en el desenlace de este largo proceso ya no estarán presentes algunos de los magistrados que fraguaron y ratificaron la remoción de Romero Razo, como Alfredo Mendoza García y María de los Ángeles Juárez Hernández.

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Cómo andarán las cosas entre los diputados federales y senadores del PRI que las oficinas de atención que abrieron en la Vía Atlixcáyotl casi esquina con el boulevard Municipio Libre cerraron este fin de semana.

El último en recoger sus pertenencias fue el dizque coordinador de los diputados federales poblanos del PRI, Carlos Sánchez Romero, al que pronto sus compañeros podrían decirle adiós para nombrar en su lugar a Jesús Morales Flores.

Las versiones sobre el cierre de estas oficinas de atención ciudadana son dos: la oficial, es que los legisladores no querían pagar una cuota para su alquiler, mantenimiento y pago de personal, y la extraoficial es que estas instalaciones se cerraron cuando supieron que el bono por apoyo parlamentario que Sánchez Romero había supuestamente negociado con el gobernador Rafael Moreno Valle nunca llegaría.

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No cabe duda que los mejores tiempos del gobernador Rafael Moreno Valle se fueron para no volver, al menos en lo que hace a su relación con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Mientras con Felipe Calderón Hinojosa, el mandatario estatal siempre aparecía a su lado, con Peña Nieto no, según puede verse en estas imágenes que ayer circularon en las redes sociales.

En la galería de fotos que ayer subió la presidencia sobre Peña Nieto en los festejos conmemorativos de la batalla del 5 de Mayo, sólo en siete de 21 imágenes aparece el gobernador poblano y siempre en segundo plano.

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Ley 46 (de Las 48 Leyes del Poder de Robert Greene)

NUNCA SE MUESTRE DEMASIADO PERFECTO

Siempre es peligroso mostrarse superior a los demás, pero lo más peligro de todo es parecer libre de toda falla o debilidad. La envidia genera enemigos silenciosos. Lo inteligente es poner de manifiesto, de vez en cuando, sus defectos y admitir vicios inofensivos, a fin de desviar la envidia y parecer más humano y accesible. Sólo los dioses y los muertos pueden parecer perfectos impunemente”.

Si a estas alturas del proceso me preguntaran quién creo que ganará las elecciones locales del primer domingo de julio, sin duda respondería que la coalición del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas denominada Puebla Unida conformada por el PAN, PRD, Panal y Compromiso por Puebla.

Varias son las razones que me hacen pensar lo anterior. La primera y no menos importante es que el árbitro de esta contienda -el Instituto Electoral del Estado y el Tribunal Electoral del Estado- es parcial, es decir, está cargado hacia una de las alianzas participantes.

De los nueve consejeros del Consejo General del IEE, al menos cinco son afines al gobernador Moreno Valle, y de los tres magistrados del TEE, dos responden a sus intereses.

En otras palabras los priístas y sus aliados del PVEM tienen perdida la mesa. De ahí que el Instituto se haga como que la virgen le habla ante las notables evidencias de violaciones al artículo 200 bis del Código Electoral por actos anticipados de campaña y frente a los excesivos gastos en que incurrieron los hoy candidatos de la coalición morenovallista con el inequívoco propósito de posicionarse entre los votantes.

Y de ahí también el resolutivo del TEE que obliga al PRI y al PVEM a buscarle otra denominación a su alianza y a sustituir sus spots de radio y televisión suscritos como Mover a Puebla.

Una segunda razón tiene que ver con las fracturas que se han dado en el proceso interno de selección de candidatos del PRI, como consecuencia de la imposición de fórmulas de candidatos a diputados al Congreso del estado y de planillas de regidores y síndico en decenas de municipios de la entidad, la falta de acuerdos entre los grupos priístas en disputa y la marginación de que han sido objeto los dirigentes de estos grupos por el delegado del CEN, Fernando Moreno Peña, y el delegado presidente del CDE, Pablo Fernández del Campo Espinosa.

En este contexto hay que leer las críticas que este lunes lanzó Javier López Zavala al delegado del CEN y al presidente del CDE del PRI, y la carta que 11 de los 14 diputados federales de Puebla enviaron a su secretaria general nacional, Ivonne Ortega Pacheco, advirtiéndole de la virtual derrota electoral que están por sufrir el próximo 7 de julio.

La ausencia de una operación política eficaz para zanjar diferencias o procesar los conflictos internos, con el propósito de evitar deserciones o que los precandidatos o grupos inconformes  priístas abandonen las filas del tricolor para adherirse o ser candidatos de la coalición morenovallista, es otra razón que me lleva a pensar en la derrota del PRI.

Los priístas que en esta contienda han roto o abandonado su partido para sudar la camiseta de la coalición Puebla Unida no son pocos.  Ahí están, sólo por citar algunos ejemplos, los casos de Puebla, San Pedro Cholula, Huejotzingo, Zacatlán o Amozoc.

Mientras el gobernador Moreno Valle personalmente ha encabezado la operación cicatriz al seno de los partidos integrantes de la coalición Puebla Unida, el delegado del CEN y el presidente del CDE del PRI no sólo han minimizado las protestas de los grupos inconformes de su partido, sino vilipendiado a quienes se convirtieron en abanderados de la oposición después de que el tricolor les negó esta posibilidad, pese a ser los más populares o los mejor posicionados en sus municipios y distritos.