En los días por venir, antes del 15 de febrero, fecha en que el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), David López Muñoz, rinda su primer informe de labores, podrían darse nuevas diferencias entre la vieja guardia de magistrados del Poder Judicial y el titular del Poder Ejecutivo.

Un primer desencuentro podría darse en la persona de David López Muñoz, quien no ha resultado el operador que el gobernador Rafael Moreno Valle y el secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, esperaban para reformar y reestructurar el Poder Judicial del estado.

De hecho, no hay que descartar que el gobernador o sus operadores —entre los que hay que incluir al subsecretario jurídico Enrique Quiroz Acosta— impulsen a un nuevo magistrado para asumir la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

A estas alturas, el gobernador tiene más que claro que el actual presidente del TSJ difícilmente podrá romper con las estructuras e inercias del grupo que controla el Colegio de Jueces, los secretarios de los Juzgados, el aparato administrativo y a una buena parte de los magistrados. 

Y la vieja guardia de magistrados —que hoy encabeza Alfredo Mendoza García— ya también sabe de las intenciones del ejecutivo por hacerse del control del Poder Judicial a través del nombramiento de nuevos magistrados, en sustitución de los que ya promovieron su jubilación, la creación del Consejo de la Judicatura y las recientes reformas por las que las faltas contra la administración de justicia consignadas por la Procuraduría General de Justicia ahora pueden convertirse en delitos graves.

¿Quién ganará la batalla? 

A ciencia cierta no lo sé. De lo que sí tengo certeza es que no pasarán muchos días para contarlo.

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Tómelo con reserva, pero de acuerdo con una fuente confiable existen al menos tres procesos abiertos contra diferentes jueces que en cualquier momento podrían ser removidos o aprehendidos por delitos contra la administración de justicia.

Se sabe que incluso a uno de estos jueces se le entregaron billetes marcados para acreditarle uno de los delitos que se le imputan. En esta operación habrían participado, según la misma fuente, defensores de Oficio adscritos a la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública encabezada por Juan Pablo Piña Kurczyn.

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Si bien ya es un hecho que el PRI se quedará con las dos fórmulas de candidatos al Senado por el estado de Puebla, el orden aún no está definido a pesar de que Juan Carlos Lastiri Quirós haya declarado que la ex alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz va en primer lugar, y el ex candidato a la gubernatura Javier López Zavala en segundo.

De entrada, el dirigente estatal del PRI no es quien decide el orden, sino la Comisión Nacional de Procesos Internos que tiene de aquí al viernes para definir quiénes de los cuatro precandidatos cumplen los requisitos y en qué orden se registran ante el Instituto Federal Electoral.

Hasta ahora los únicos que se han ajustado a la normatividad y establecido el orden en que van son el diputado federal Fernando Morales Martínez y el subsecretario de Organización del CEN del PRI, Alejandro Armenta Mier, el primero va como propietario de la primera fórmula y el segundo como propietario de la segunda, situación que al parecer ignora Juan Carlos Lastiri, quien ha declarado lo contrario.

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Simón dice:

“Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia.”

Bertolt Brecht (1898-1956), dramaturgo y poeta alemán.

Este jueves, la vieja guardia de magistrados del Tribunal Superior de Justicia intentará echar abajo la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que en diciembre pasado aprobó el Congreso del estado.

Su intentona va encaminada a impedir la creación y funcionamiento del Consejo de la Judicatura, que es un órgano de vigilancia de los jueces y magistrados de la entidad y que, en opinión de éstos últimos, representa una intromisión del gobernador dentro del Poder Judicial.

En su sesión de pleno, prevista para este jueves, los magistrados votarán un acuerdo por el que pospondrán un año la creación del Consejo de la Judicatura, bajo el argumento de que el presupuesto destinado al Poder Judicial para 2012 es insuficiente y que existen otras prioridades que atender antes que la constitución de aquél.

Y argumentos no les faltarán, pues el 31 de enero deben comenzar a operar los tribunales especiales en los que ahora se desahogarán de manera oral los juicios mercantiles que antes se llevaban en los juzgados y salas civiles del Tribunal Superior de Justicia.

De estos tribunales no hay uno sólo funcionando.

Además, está pendiente el cumplimiento de la reforma promovida por el gobernador Moreno Valle por la cual se aprobaron tres juzgados de ejecución de sentencias: uno, para atender los pendientes de los jueces de la capital del estado y área conurbada; otro para los jueces foráneos, que no ha podido crearse por falta de recursos para cubrir siquiera los gastos de los visitadores de los distritos judiciales del interior del estado; y un último para atender los casos de menores infractores.

Una tercera urgencia que los magistrados alegarán para dejar en el limbo el Consejo de la Judicatura es que el 31 de diciembre de este año vence el plazo para cumplir la reforma federal que estableció la oralidad de los juicios en material penal, asunto que en Puebla se encuentra muy rezagado pues a la fecha no existe ninguna sala funcionando para acatar esta disposición.

Los magistrados rebeldes replican que si los recursos destinados al Poder Judicial son insuficientes, menos alcanzarán para poner en operación el Consejo de la Judicatura, para lo cual será necesario contratar entre cinco u ocho magistrados, con salarios superiores a los 80 mil pesos mensuales, 20 secretarios de acuerdo, cuyos sueldos fluctúan entre 30 mil y 35 mil pesos, y al menos 50 mecanógrafas.

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Este miércoles, el regidor José Luis Carmona Ruiz, en su calidad de presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Puebla, convocó a una sesión extraordinaria con carácter de urgente para promover la destitución de Consuelo Cruz como directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Lo delicado del asunto es que se trata de una venganza política en contra de la funcionaria que en el mes de diciembre ordenó la consignación del chofer del regidor Jaime Zurita García, quien fue detenido por policías municipales acusado del robo a la casa habitación de una mujer que lo señaló como responsable.

Cuando los policías detuvieron al chofer de Zurita, éste logró comunicarse con su jefe, quien fue a rescatarlo a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública en Rancho Colorado, enfrascándose en una fuerte discusión con la directora jurídica de la dependencia.

La sesión convocada por José Luis Carmona para las 16 horas y que en principio sería pública, terminó siendo privada cuando el regidor se percató de la presencia, en el edificio de la 4 Oriente número 11, de personal de la Secretaría General y la Contraloría Municipal, por lo que se desconoce qué fue lo que finalmente acordaron los miembros de la Comisión de Honor y Justicia.

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Simón dice:

“Para que no se pueda abusar del poder es preciso que el poder detenga al poder.”

Montesquieu (1689-1755), escritor y político francés.

Que será en el tercer y último periodo ordinario de sesiones del año cuando el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas envíe al Poder Legislativo una serie de ternas para que los diputados nombren a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que se retiraron o jubilaron, entre los que figuran Elba Rojas Bruschetta, Carlos Enrique Hernández Ramírez, Fernando García Rosas, Leonardo Tecua Petla y Gerardo Manuel Villar Borja.

El gobernador es el único, en términos del artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que puede proponer al Congreso ternas para el nombramiento de magistrados, siempre que éstos cumplan con los siguientes requisitos: Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento en pleno uso de sus derechos políticos y civiles; ser mayores de 35 años; ser profesionales del derecho con título legalmente expedido, con antigüedad mínima de diez años; gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito que merezca pena corporal de más de un año de prisión.

De acuerdo con fuentes confiables, entre los candidatos propuestos se incluirán los nombres de algunos jueces que actualmente prestan sus servicios dentro del Poder Judicial del estado, así como algunos políticos cercanos al melquiadismo, y algunos académicos y abogados provenientes del Distrito Federal recomendados por el secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, y su subsecretario jurídico Enrique Quiroz Acosta, así como por el secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública, Juan Pablo Piña Kurczyn.

En la Ley Orgánica del Poder Judicial no se establece que los magistrados deban poseer carrera judicial, ni ser oriundos o ciudadanos de la entidad. Esta última condición se reformó en febrero de 2011 para que Víctor Manuel Carrancá Bourget fuera nombrado procurador de Justicia en el estado.

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Que antes del 15 de diciembre los diputados de la LVIII Legislatura local tienen la firme intención de sacar dos de las reformas que prometieron para el año que está por concluir: una es la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que inexplicablemente se ha mantenido en la congeladora legislativa, y otra es la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que el líder de la Gran Comisión, Guillermo Aréchiga Santamaría, ha boicoteado en aras de mantenerse y usufructuar la jefatura del órgano de gobierno de la Cámara de Diputados.

La nueva Ley de Transparencia, cuya manufactura hay que atribuir en gran medida a la diputada Josefina Buxadé Castelán, podría pasar al pleno en un par de semanas, claro con algunas modificaciones de forma y de fondo que están siendo analizadas en la Secretaría General de Gobierno.

Por lo que hace a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, trascendió que ésta se encuentra prácticamente planchada y que los puntos conflictos se resolverán ante la inminente licencia de Guillermo Aréchiga de la Gran Comisión y el Congreso del estado para buscar una curul o escaño en el Congreso de la Unión.

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Que las investigaciones y denuncias que se han presentado en contra de ex funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (Issstep) podrían focalizarse no en los ex directores del organismo, José Alfredo Arango García, Lauro Sánchez López y Ricardo Villa Issa, sino en funcionarios medios y menores.

Entre ellos el ex subdirector de Prestaciones Económicas, Rodrigo Lazcano Fernández, quien hasta se ha rehusado a comparecer ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos, para responder a los señalamientos y acusaciones que subordinados suyos de las áreas de jubilaciones y pensiones han formulado en su contra.

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Simón dice:

“Un chisme es como una avispa; si no puedes matarla al primer golpe, mejor no te metas con ella.”

George Bernard Shaw (1856-1950) Escritor irlandés.

Aunque mucho se ha dicho y especulado sobre la reciente reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, que eliminó el requisito de ser poblano como condición para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia, la verdad es que ésta no tiene dedicatoria para el futuro presidente del máximo tribunal jurisdiccional de la entidad, sino para el próximo procurador de Justicia.

El artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla establece que el Procurador General de Justicia debe reunir los mismos requisitos que un magistrado.

Hasta antes de la reforma aprobada por el Congreso del estado a la Ley Orgánica del Poder Judicial en diciembre pasado, uno de estos requisitos era ser poblano, condición que no cumplía el próximo procurador de Justicia de la entidad, Víctor Carrancá Bourguet.

Y es que el hijo del afamado abogado penalista Raúl Carrancá y Rivas no es oriundo de Puebla, sino de la ciudad de México, en donde incluso se ha desempeñado como funcionario público y abogado de controvertidos personajes como René Bejarano Martínez, Valentina de Albornoz y los escoltas del exsubprocurador de la PGR, Javier Coello Trejo acusados de violación.

Víctor Carrancá Bourguet es un abogado con experiencia en el servicio público, pues fue subprocurador de Averiguaciones Previas y de Procesos Penales en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en tiempos de Andrés Manuel López Obrador.

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A propósito.

Me cuentan que además de las reformas electoral, política y de Estado que los diputados de la coalición Compromiso por Puebla impulsarán junto con el gobernador Rafael Moreno Valle en la LVIII Legislatura del Congreso del estado, existe el interés de sacar una profunda reforma al sistema de administración y procuración de justicia.

Dicha reforma considera, entre otros aspectos, la creación de un Mando Único Policíaco, la aprobación de una Ley de Extinción de Dominio, la instauración de los Juicios Orales y nuevas reglas para el nombramiento y remoción de Jueces y Magistrados.

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Simón dice:

«La justicia es el pan del pueblo; siempre está hambriento de ella.»

René de Chateaubriand (1768-1848) Diplomático y escritor francés.

De lo mucho que se ha dicho y escrito acerca de Raúl Carrancá y Rivas y su hijo Víctor Carrancá Bourguet sobre el arribo de cualquiera de los dos a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia o a la Procuraduría General de Justicia del estado, hay grandes mentiras y medias verdades.

La primera gran falsedad es que la reforma al Poder Judicial que abre la posibilidad a que un abogado no poblano sea nombrado magistrado y eventualmente presidente del Tribunal Superior de Justicia tenga dedicatoria para el prestigiado abogado penalista Raúl Carrancá y Rivas.

La segunda gran mentira es que este destacado profesor y doctor en derecho Magna Cum Laude de la UNAM esté en la mira del gobernador electo Rafael Moreno Valle Rosas para designarlo procurador general de Justicia del estado a partir del 1 de febrero, o presidente del Poder Judicial de la entidad.

Esta última opción está totalmente descartada, en virtud de que Don Raúl Carrancá y Rivas tiene 80 años de edad, y la Ley del Poder Judicial establece que nadie mayor de 75 años puede ocupar la presidencia.

Lo cierto es que el equipo de Moreno Valle sí tiene intención de reclutar a su hijo Víctor Carrancá Bourguet —quien ya fue subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en tiempos de Andrés Manuel López Obrador— como procurador de Justicia de estado.

Y que hace unos días Víctor Carrancá estuvo en Puebla y se entrevistó con el procurador de Justicia del gobierno marinista, Rodolfo Igor Archundia Sierra, para afinar los detalles de la entrega-recepción de esta dependencia.

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Otra versión que corre en los círculos de abogados y litigantes cercanos al Poder Judicial del estado es la designación del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Genaro David Góngora Pimentel, como próximo magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

Sin embargo, fuentes cercanas al equipo del gobernador electo Rafael Moreno Valle me aseguran que dicha especie carece totalmente de fundamento, con todo y que el doctor en Derecho por la UNAM, oriundo de Chihuahua, Chihuahua, y de 73 años de edad, no tendría ningún impedimento jurídico ni político para sustituir en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del estado a León Dumit Espinal.

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Simón dice:

«Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia.»

Paul Auster (1947-?) Novelista y poeta estadounidense.

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FELIZ NAVIDAD. Nos leemos aquí el próximo lunes.

Podría la Corte apresurar reforma electoral
Va José Juan Espinosa a debate nacional

Esta semana Francisco Bernat Cid comenzará un largo y tortuoso proceso para recuperar sus acciones del Puebla de la Franja y para vender el equipo de fútbol de primera división a Ricardo Henaine Mezher u otros inversionistas locales o nacionales.

Salvo sorpresa de última hora, Bernat acudirá antes del viernes, con su nuevo abogado Fernando Castillo Pacheco, a solicitar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) el levantamiento de la providencia precautoria sobre sus bienes y acciones, ordenada por el Juzgado Noveno de lo Civil.

Previo a eso, pondrá a disposición de la Oficialía de Partes del Poder Judicial la suma de 9 millones 700 mil pesos, que el administrador provisional del equipo, Ricardo Henaine, le reclama.

Antes de hacer ese pago en el Tribunal, Bernat firmará un contrato de promesa de venta de acciones en beneficio de un futuro inversionista del club Puebla, contrato al que anexará como garantía de cumplimiento la agencia automotriz Chrysler de Plaza Loreto.

Sobre ambas operaciones el gobernador Mario Marín Torres está ampliamente informado, así como sobre los inversionistas locales y nacionales que estarían interesados en adquirir al Puebla de La Franja, entre los que sobresalen Julián Ventosa Aguilera y Olegario Vázquez Raña.

El monto de la operación aún no se ha definido, en buena medida por las demandas y conflictos que aún persisten entre los miembros de la directiva del club camotero.

Francisco Bernat pretende resolver sus diferencias legales con Ricardo Henaine antes de que concluya julio, mes en el que debe celebrarse la asamblea anual ordinaria de accionistas, donde se aprueban los estados financieros de la empresa y el monto de utilidad a recibir por cada socio o si éstas (las utilidades) se reinvierten en el equipo.

La tirada de Bernat, una vez que resuelva estos escollos, es vender sus acciones de las empresas Futbol Soccer —propietaria de las cartas de los jugadores del Puebla y de los derechos ante la Federación Mexicana de Fútbol Asociación (Femexfut)— y Futbol Total, en 11 millones de dólares.

Sin embargo, la transacción final —prevista hacia finales de octubre— podría andar por los 7 ó los 8 millones de dólares.

INTRAMUROS
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría resolver en cualquier momento la controversia impulsada por las dirigencias del PAN, PRD y Convergencia sobre la reforma constitucional aprobada por el Congreso del estado, que mantuvo como fecha de las próximas elecciones locales para gobernador el segundo domingo de noviembre de 2010.

El pasado 8 de junio, el máximo tribunal del país cerró el periodo de instrucción, es decir el plazo que los actores involucrados tuvieron para presentar argumentos y pruebas a favor o en contra de la referida reforma.

Lo más probable es que la Suprema Corte declare inconstitucional la reforma aprobada por la LVII Legislatura local, lo que meterá al Congreso del estado en un apuro, pues ahora tendrá que cambiar la Constitución del estado y el Código Electoral, así como publicar en el Periódico Oficial del estado las nuevas modificaciones, en estricto apego a la reforma constitucional federal, antes de que concluya el mes de agosto de 2009.

EN CORTO
Este lunes vence el plazo para que los partidos políticos acrediten ante el Consejo Local del IFE y los Consejos Distritales a sus representantes de casillas.

Hasta ayer domingo, el PAN tenía problemas en algunos distritos de Puebla y en el 1 de Huauchinango, donde no cubría el 100% de las casillas con un representante. Por lo que hace al segundo representante y a los suplentes de éstos, la situación era aún peor, pues la cobertura fluctuaba en niveles que iban del 50 al 70%.

Uno de los problemas que el PAN enfrenta en este proceso electoral es que no pocos de sus representantes quieren que el día de la jornada comicial les paguen entre 200 y 300 pesos.

Éstos arguyen dos situaciones: una es que el PRI sí paga este servicio a sus representantes de casilla y, dos, que en las elecciones federales de 2006, el hoy senador Rafael Moreno Valle Rosas ya también lo hizo en algunos distritos de la entidad.

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El dirigente estatal de Convergencia, José Juan Espinosa Torres, protagonizará este lunes un debate por televisión con César Nava Vázquez del PAN, Guillermo Lerdo de Tejada del PRI, entre otros.

El debate tendrá lugar en las instalaciones del Ajusto de TV Azteca, y se transmitirá por cadena nacional de 15 a 16 horas por el canal 40.

La polémica girará en torno a la participación de los jóvenes en política.

La decisión de incluir a José Juan Espinosa en ese debate partió del dirigente nacional de Convergencia, Luis Maldonado Venegas.

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Este domingo se celebró en el estadio Azteca de la ciudad de México, que lució a reventar, el 35 aniversario de Antorcha Campesina. El acto fue encabezado por el dirigente nacional de esta organización, el poblano Aquiles Córdova Morán, quien tuvo como invitados especiales a los gobernadores Enrique Peña Nieto, del estado de México, y Ulises Ruiz Ortiz, de Oaxaca, así como a la senadora María de los Ángeles Moreno.

Entre los políticos locales invitados a la celebración antorchista estuvieron el diputado federal Alberto Amador Leal; el secretario adjunto del CEN del PRI, Jaime Alcántara Silva, y el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero.

Al arribar al presidium, Peña Nieto saludó a Doger Guerrero con un cálido: “¡Quiúbole tocayo, cómo estas!

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Este lunes el Consejo Local del Instituto Federal Electoral dejará sin efecto la sanción económica por 16 mil 440 pesos le que impuso al candidato del PRI a diputado federal por el distrito 1 de Huauchinango, Ardelio Vargas Fosado, por la colación anticipada e irregular de propaganda en muebles de equipamiento carretero.

Esta resolución podría sentar un precedente, y favorecer a otros candidatos del PAN y Convergencia que también han sido multados por colocar propaganda en lugares prohibidos o fuera de tiempo, como Eduardo Morales Garduño y José Juan Espinosa Torres.

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Simón dice:

“Una de las grandes desventajas de la prisa es que lleva demasiado tiempo”.
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

Aunque la coalición del PRI con el PVEM sólo se reduce al distrito 11 con cabecera en la capital del estado, en la persona de Juan Carlos Natale López, lo cierto es que los priístas son los que marcan la pauta del partido verde en la designación de la mayoría de sus candidatos a diputados federales.

A manera de ejemplo le cuento lo ocurrido en la reunión del lunes entre el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PVEM, el diputado federal Francisco Elizondo Garrido, y el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier.

Elizondo llevó al encuentro la lista de candidatos a diputados federales de Puebla que su partido registraría ante el Instituto Federal Electoral. Al revisarla, Armenta vetó dos nombres, el de Miguel Quiroz Ramírez y el de Geudiel Jiménez Flores, por los distritos 6 de Puebla y 10 de San Pedro Cholula, respectivamente.

El primero es hijo es Miguel Quiroz Corte, un militante priísta cercano al exgobernador Melquiades Morales Flores, con quien colaboró en su campaña y más tarde en la administración estatal, y el segundo es hijo de otro destacado priísta, Geudiel Jiménez Covarrubias, quien el sexenio de Mariano Piña Olaya se desempeñó como presidente del Tribunal Superior de Justicia.

La posición de Armenta fue que tales personajes podrían confundir a la militancia priísta o dar la impresión de una ruptura en las filas del PRI, por lo que le pidió reconsiderar ambos nombramientos.

Y eso es lo que hoy podría suceder, cuando el PVEM acuda ante el IFE a registrar a la totalidad de sus candidatos a diputados federales: que Miguel Quiroz y Geudiel Jiménez se queden fuera de la contienda electoral, no por una decisión de los miembros del partido verde, sino del dirigente estatal del tricolor.

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A propósito.

Miguel Alcántara Silva, hermano del secretario adjunto a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Jaime Alcántara Silva, será quien vaya como suplente del dirigente estatal del PVEM, Juan Carlos Natale, en el distrito 11 con cabecera en el municipio de Puebla, donde ambos partidos decidieron coaligarse.

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Este martes en la sección policíaca de El Sol de Puebla se publicó un edicto donde se anuncia que el empresario Alberto Ventosa Coghlan además de enfrentar un juicio familiar promovido por Lucero Rodríguez Zorrilla, podría perder la patria potestad de sus hijos.

El edicto refiere que si el próximo 6 de mayo Alberto Ventosa no comparece ante el Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla para el desahogo de una audiencia de conciliación le será impuesta una multa de cien días de salario mínimo y las pruebas ofrecidas por quien lo demandó serán aceptadas.

El Juicio de Pérdida de la Patria Potestad promovido por la señora Lucero Rodríguez se encuentra contenido dentro del expediente 127/2009.

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Simón dice:

“Lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja”.
Marco Aurelio (121-180) Emperador romano.

Dos poblanos figuran en la lista de 75 aspirantes a ocupar una de las tres plazas de consejeros generales del Instituto Federal Electoral (IFE), que quedarán vacantes el próximo 15 de agosto: Alfredo Figueroa Fernández y Maurcio García León.

Ambos, por cierto, serán entrevistados por los diputados que integran la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados el mismo día, jueves 28 de mayo, aunque en distintas horas.

Figueroa funge actualmente como consejero local del IFE y en la anterior convocatoria emitida por el Congreso de la Unión, de la que salieron como nuevos consejeros Leonardo Valdés, Benito Nacif y Marco Baños, fue uno de los finalistas con la segunda mejor calificación de los 35 que se colaron a la última ronda.

Maurcio García León, el segundo de los poblanos, fue secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral del Estado, en la gestión de León Dumit Espinal, director Jurídico del Instituto Electoral del Estado, y secretario general del ayuntamiento de San Pedro Cholula en la pasada administración municipal. Es hijo del ex procurador y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fernando García Rosas.

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Trivia facilona.

¿Quien es el diputado federal poblano que ya incursionó en el vecino estado de Tlaxcala como concesionario de un expendio de Pemex, dedicado a la venta de gasolina y diesel?

Tres tips.

Es priísta y uno de los más influyentes por la Comisión que preside en San Lázaro.

Su inversión se ubica en el municipio de Apizaco.

Tuvo que desembolsar 200 mil pesos en mordidas para la apertura de su establecimiento.

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Ayer rindió protesta como nuevo director de Finanzas y Administración de la Secretaría de Salud Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes, en sustitución de José Luis Palafox Krayevsky, quien desde hace meses había perdido la confianza del gobernador Mario Marín Torres, que lo puso ahí.

Al darle posesión de su cargo, el secretario de Salud Roberto Morales Flores exhortó a los funcionarios de la dependencia a trabajar con unidad y armonía, haciendo de lado los chismes e intrigas que afectan la imagen del gobierno y la institución.

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Desde el miércoles 7 de mayo, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) es objeto de una auditoría que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El motivo, según trascendió, son diversas omisiones en el pago de seguridad social a los trabajadores que prestan sus servicios en la institución universitaria por un monto de 14 millones de pesos.

Como responsables de esta irregularidad aparecen Alejandro Fernández, Urbano Ponce, Clara Elena Torres, María de los Ángeles Sánchez, Gonzalo Gómez, Alfredo Miranda y Javier Cabanas.

Se sabe que como parte de la auditoría el IMSS también investiga la existencia de algunas empresas “fantasma” utilizadas para evadir o eludir impuestos y el pago de seguridad social.

Correos electrónicos: rruiz@e-consulta.com.mx y periodistasoy@hotmail.com

La supuesta rebeldía de cinco grupos de vendedores ambulantes que se niegan a ser reubicados en uno de los dos mercados expropiados por la gestión de Blanca Alcalá Ruiz no es casual. Por abajo del agua están siendo alentados por operadores cercanísimos al ex presidente municipal Enrique Doger Guerrero, como el actual regidor priísta Enrique Chávez Estudillo, mejor conocido como “Kío”.

El propósito de “Kío” es reventar, por un lado, la reubicación de ambulantes en el mercado de la 11 Norte y la 18 Poniente conocido como Plaza Comercial Puebla, e insistir en que el mejor sitio para ello es el predio que la administración dogerista expropió a la familia Matanzo en la 11 Norte y 4 Poniente.

Intentaré explicar por qué.

Si los ambulantes fueran reubicados en el terreno enajenado a los Matanzo, el héroe de esta película (papá), sería sin duda el ex alcalde Enrique Doger, quien en su faceta de aspirante a la gubernatura podría presumir esa acción como un logro suyo.

La segunda razón tiene como móvil la venganza, por la pérdida de un millonario negocio en la frustada compra del mercado de la 11 Norte por parte de la gestión dogerista.

Y es que dicha Plaza Comercial —edificada durante el gobierno de Luis Paredes Moctezuma por parte de los socios del Solid Gold— intentó ser adquirida por la anterior administración municipal, pero a un precio mucho mayor del que hoy se pagará.

En efecto, en la gestión de Enrique Doger hubo tres intentos para que ese inmueble fuera adquirido por el ayuntamiento. Uno, promovido por los propios constructores que querían venderlo en 12 millones; otro, impulsado por el que fuera secretario de Gobernación, Omar Álvarez Arronte, quien quería comprarlo en 16 millones y, un tercero, alentado por el entonces secretario de Administración, Enrique Chávez Estudillo.

De buena fuente se sabe que el pago que en realidad recibirían los accionistas del Solid Gold sería mucho menor.

Y si no cómo explica usted que el ayuntamiento de Blanca Alcalá haya negociado la compra del inmueble en 9.5 millones de pesos.

A poco me van decir que el secretario de Gobernación Municipal, Juan de Dios Bravo Jiménez, es tan buen negociador que logró un descuento de 2.5 ó 6.5 millones de pesos. ¡Por favor!

El acuerdo a un tris

Si Chávez Estudillo no se sale con la suya, la reubicación de los ambulantes que hoy invaden las calles del Centro Histórico se realizará en la última semana de mayo o en la primera de junio.

En el mercado de la 11 Norte y 18 Poniente, el cual cuenta con 305 locales o jaulas ya construidos, serán ubicados 105 ambulantes dirigidos por Alicia Cervantes “La Comadre”, 18 de Gustavo Sánchez, 14 de Ana María Vázquez, y 35 de Germán Cervantes.

Originalmente también habían aceptado ubicarse en esa Plaza Comercial las cinco organizaciones rebeldes encabezadas por Carlos Ramírez Serna, Javier Martínez Monterde, Martín Juárez, Josefina Gómez y Alejandra Ipiña Leyva, para las que se habían dispuesto 85 u 86 locales.

Otras organizaciones marginales que también han aceptado ir a vender a ese lugar son las lidereadas por Juan Rosas “El Moles”, Sofía Montes, María Luisa Pérez, Marcos Morales e Irene Tejeda.

Por lo que hace al otro mercado expropiado por el ayuntamiento de Blanca Alcalá, localizado en la 8 Poniente y 13 Norte, trascendió que ahí serán establecidos 139 ambulantes dedicados a la venta de perecederos.

Estos vendedores pertenecen a cuatro organizaciones, representadas por Carmela García Rivera “La Otra Comadre”, Alfredo Hernández “El Pollo”, Ana María Fernández y una más cuyo nombre no fue proporcionado.

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Ayer recibí un sobre manila con información por demás interesante de los negocios que al amparo de la salud de los poblanos se realizan en una dependencia del gobierno del estado. El sobre, rotulado a mi nombre y con la dirección de e-consulta, fue entregado por una persona de 35 ó 40 años, que no quiso identificarse, y que se retiró de inmediato en un vehículo Jetta de color oscuro. Mañana, una vez que corrobore algunos datos, le daré los detalles.

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Enrique Romero Razo ha pasado de héroe a villano dentro del Poder Judicial poblano.

Como allegado del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido, el ex juez penal de Cholula era promovido como candidato a magistrado; en cambio ahora, con León Dumit Espinal, no sólo fue cambiado a Puebla como juez civil, sino que está siendo objeto de auditorías y presiones con el único fin de que renuncie.

Y lo mismo sucede, dicen, con otros jueces y funcionarios del Poder Judicial identificados con Pacheco Pulido.

Correos electrónicos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx