Especulaciones, chismes y trascendidos legislativos

Que será en el tercer y último periodo ordinario de sesiones del año cuando el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas envíe al Poder Legislativo una serie de ternas para que los diputados nombren a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que se retiraron o jubilaron, entre los que figuran Elba Rojas Bruschetta, Carlos Enrique Hernández Ramírez, Fernando García Rosas, Leonardo Tecua Petla y Gerardo Manuel Villar Borja.

El gobernador es el único, en términos del artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que puede proponer al Congreso ternas para el nombramiento de magistrados, siempre que éstos cumplan con los siguientes requisitos: Ser ciudadanos mexicanos por nacimiento en pleno uso de sus derechos políticos y civiles; ser mayores de 35 años; ser profesionales del derecho con título legalmente expedido, con antigüedad mínima de diez años; gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito que merezca pena corporal de más de un año de prisión.

De acuerdo con fuentes confiables, entre los candidatos propuestos se incluirán los nombres de algunos jueces que actualmente prestan sus servicios dentro del Poder Judicial del estado, así como algunos políticos cercanos al melquiadismo, y algunos académicos y abogados provenientes del Distrito Federal recomendados por el secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, y su subsecretario jurídico Enrique Quiroz Acosta, así como por el secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública, Juan Pablo Piña Kurczyn.

En la Ley Orgánica del Poder Judicial no se establece que los magistrados deban poseer carrera judicial, ni ser oriundos o ciudadanos de la entidad. Esta última condición se reformó en febrero de 2011 para que Víctor Manuel Carrancá Bourget fuera nombrado procurador de Justicia en el estado.

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Que antes del 15 de diciembre los diputados de la LVIII Legislatura local tienen la firme intención de sacar dos de las reformas que prometieron para el año que está por concluir: una es la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que inexplicablemente se ha mantenido en la congeladora legislativa, y otra es la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que el líder de la Gran Comisión, Guillermo Aréchiga Santamaría, ha boicoteado en aras de mantenerse y usufructuar la jefatura del órgano de gobierno de la Cámara de Diputados.

La nueva Ley de Transparencia, cuya manufactura hay que atribuir en gran medida a la diputada Josefina Buxadé Castelán, podría pasar al pleno en un par de semanas, claro con algunas modificaciones de forma y de fondo que están siendo analizadas en la Secretaría General de Gobierno.

Por lo que hace a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, trascendió que ésta se encuentra prácticamente planchada y que los puntos conflictos se resolverán ante la inminente licencia de Guillermo Aréchiga de la Gran Comisión y el Congreso del estado para buscar una curul o escaño en el Congreso de la Unión.

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Que las investigaciones y denuncias que se han presentado en contra de ex funcionarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado (Issstep) podrían focalizarse no en los ex directores del organismo, José Alfredo Arango García, Lauro Sánchez López y Ricardo Villa Issa, sino en funcionarios medios y menores.

Entre ellos el ex subdirector de Prestaciones Económicas, Rodrigo Lazcano Fernández, quien hasta se ha rehusado a comparecer ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos, para responder a los señalamientos y acusaciones que subordinados suyos de las áreas de jubilaciones y pensiones han formulado en su contra.

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Simón dice:

“Un chisme es como una avispa; si no puedes matarla al primer golpe, mejor no te metas con ella.”

George Bernard Shaw (1856-1950) Escritor irlandés.