Rodolfo Ruiz R

José Villagrana Robles es el nuevo subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas del estado, en sustitución de Gabriel González Cossío.

El nuevo funcionario, que hoy lunes fue presentado al personal de la dependencia, fue contralor general del Issste, director de Programación y Presupuesto de la Lotería Nacional y director general de Auditoría del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), cargo al que renunció para venirse a Puebla.

Trascendió que el nombramiento de José Villagrana fue impulsado por el ex secretario de Finanzas y actual jefe de oficina del gobernador Rafael Moreno Valle, Roberto Moya Clemente.

El nuevo subsecretario de Administración de la SFA manejará no sólo los recursos humanos, materiales y financieros de la dependencia, sino también de la Secretaría de Salud y del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, con base en las últimas reformas aprobadas por el Congreso local a la Ley Orgánica de la Administración Pública.

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Cuentan que al gobernador electo José Antonio Gali Fayad le causó sorpresa que nadie le hubiera corrido la atención de informarle que el Congreso del estado elegiría la semana pasada un nuevo magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Que Gali Fayad se enteró del asunto y de la intención de nombrar como sustituto del magistrado Fernando Humberto Rosales Bretón al coordinador general jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Gabriel Marcos Moreno Gavaldón, el mismo viernes después de que se publicó esta columna.

Pero que ahora él y su equipo estarán muy pendientes del tema para que no vuelva a repetirse la pifia de proponer, en una terna, a un candidato que no cumple con los requisitos legales para ocupar el puesto de magistrado.

Cuentan también que entre los magistrados del TSJ la noticia de que el nombramiento de Moreno Gavaldón se suspendió fue bien recibida, no porque tuvieran algo en contra del recomendado de Martha Erika Alonso Hidalgo, sino porque ahora se abre una nueva oportunidad de que un juez del Poder Judicial del estado pueda ser ascendido.

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Mediación, cultura de la paz. Medio alternativo de administración de justicia, es el título del más reciente libro del licenciado Guillermo Pacheco Pulido, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla.

Bajo el sello de Editorial Porrúa, el libro de Pacheco Pulido plantea la medición como una de las formas modernas del derecho y un mecanismo alternativo ágil y expedito para administrar justicia.

La mediación es definida como un procedimiento en el cual dos o más personas que tienen un problema en común, solicitan el apoyo de un tercero que facilita la comunicación entre ellos, para que de manera pacífica y equitativa lleguen a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

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Este viernes se constituirá el Capítulo Puebla de la Barra Mexicana de Colegios de Abogados, en cuyo Comité Directivo participan Tirso Javier de la Torre Sánchez, Raúl Hernández Argüelles y José Antonio Bretón Betanzos como presidente, vicepresidente y secretario, respectivamente.

La toma de protesta se llevará a cabo a las 17:30 horas en el Paraninfo del edificio Carolino de la BUAP ante la presencia del presidente nacional de la BMA, Ricardo Ríos Ferrer; la comisionada del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (IFAI), Patricia Kurczyn Villalobos, quien tendrá a su cargo la conferencia magistral; y el titular de la Secretaria General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano.

En el Comité Directivo del Capítulo Puebla de la BMA participan también Roberto Reyes Aguilar como tesorero; Mauricio Campos Ortiz, Jesús González SanPedro, Reynaldo Lazcano Fernández, José Antonio Pérez Bravo Nani, Lorena Ramírez Jiménez y Fernando Treviño Núñez, como vocales.

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Cuentan que el apoyo que el dirigente de la FROC, René Sánchez Juárez, brinda al candidato a la gubernatura de la coalición Sigamos Adelante, José Antonio Gali Fayad, no es del todo desinteresado.

Se sabe que antes de comprometer su respaldo a Gali Fayad, René Sánchez tuvo acercamientos con la candidata del PRI Blanca Alcalá Ruiz pero que en ellos no llego a ningún acuerdo concreto.

Fue entonces que a las negociaciones se sumó el gobernador Rafael Moreno Valle, quien para asegurar la adhesión de la FROC ofreció a su dirigente hacerlo candidato a diputado local en 2018 y algunas posiciones para miembros de su organización sindical en la estructura de gobierno.

Para medir la operación política de René Sánchez y la FROC, y evitar simulaciones durante la jornada electoral, el gobernador les asignó algunas tareas en municipios y distritos concretos a través de las siglas del partido estatal Compromiso por Puebla.

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Entre los abogados y litigantes que acuden con frecuencia a los juzgados de Ciudad Judicial ha llamado la atención el aparente favoritismo del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, hacia la editorial Porrúa, a la que se le autorizó –sin licitación pública de por medio—construir una librería de 424 metros en el patio de este inmueble.

La obra que inició el 12 de julio, día en que se colocó la primera piedra, se concluirá a finales de noviembre con una inversión de la propia empresa cercana a los seis millones de pesos.

El malestar de ciertos litigantes es tal que algunos miembros del Colegio de Jurisconsultos de Puebla como Elizabeth Cervantes Samaniego ya solicitaron de manera formal que el presidente del Poder Judicial del estado les informe qué tipo de proceso de adjudicación se siguió, qué otras editoriales aparte de Porrúa fueron invitadas, por cuánto tiempo se firmó el contrato, quién autorizó la obra, qué constructora realiza los trabajos y cuáles serán los beneficios de su instalación en el patio de Ciudad Judicial.

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Esta semana se dará a conocer una nueva organización que tendrá como propósito recabar, dar seguimiento e incluso asesoría legal a las personas que acuden al Ministerio Público a presentar una denuncia y ésta en lugar de investigarse o formalizarse en una averiguación previa se archiva o no es atendida por motivos políticos, negligencia o dolosas omisiones.

La asociación se denominará Defendamos Puebla y hará su aparición en sociedad el martes de la siguiente semana mediante una conferencia de prensa en las escalinatas de acceso al edificio central de la Procuraduría General de Justicia.

Se sabe que los integrantes ya tienen unos 20 casos de denuncias que no han sido atendidas por el Ministerio Público y un número similar de amparos que serán promovidos en diferentes juzgados de distrito para presionar a la PGJ a integrar y consignar las averiguaciones previas ante los jueces correspondientes.

Uno de los impulsores de esta organización es el ex juez Enrique Romero Razo, quien desde 2010 mantiene un litigio con el Tribunal Superior de Justicia que lo destituyó como juez de primera instancia adscrito al distrito judicial de Teziutlán.

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¿Qué alto funcionario de la Procuraduría General de Justicia de Puebla será denunciado por trabajar al mismo tiempo, y al parecer cubriendo los mismos horarios, para el estado y la federación?

Un tip: el susodicho tiene cargo de fiscal general en la dependencia a cargo del procurador Víctor Antonio Carrancá Bourget.

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No lo cuente en voz alta pero la razón principal por la cual los reporteros invitados a la inauguración del Centro de Capacitación y Entrenamiento de la empresa Audi –que oficialmente se denomina Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel en el Sector Automotriz— no pudieron recorrer sus instalaciones obedece a que éste aún está inconcluso, es decir, sin terminar.

De hecho, la mayor parte de sus 17 laboratorios aún no están equipados al cien por ciento, a pesar de los 200 millones destinados por el gobierno del estado y el Conacyt a través del Fondo Mixto.

En el Centro de Capacitación de Audi se han invertido 680 millones de pesos, en la construcción, capacitación y equipamiento de sus laboratorios, en los cuales serán entrenados los futuros empleados de Audi en habilidades básicas, pintura, construcción de carrocerías, prensas, montaje, control de calidad, maquilados, manufacturas, cualificación técnica de tecnología, servicios y mediciones.

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RMV sí debe cambiar, ofrecer disculpas y mostrar apertura

Morena y no el PRI podría cosechar la crisis de Chalchihuapan

… a Mony con todo mi cariño y admiración. Te adoro

¿Tiene solución la crisis que enfrenta el gobernador Rafael Moreno Valle por el caso de Chalchihuapan y la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo?

Diría que sí, pero siempre que haya cambios en la actitud del gobernador Rafael Moreno Valle y una estrategia de control de daños, en la que se pongan sobre la mesa varios puntos, entre ellos la remoción de algunos de sus secretarios que fueron desbordados por el conflicto; la abrogación de la Ley Bala; la liberación de algunos de los detenidos, entre ellos los cuatro pobladores la Chalchihuapan, los de Tehuacán y la Sierra Negra que cerraron la carretera federal y bloquearon los accesos al CIS, y los opositores a la construcción del Gasoducto Morelos y el libramiento carretero denominado Arco Poniente.

Para resolver la crisis el gobernador tiene que salir ya y tomar el toro por los cuernos, ofreciendo una disculpa pública a la madre del menor, sin importar qué finalmente haya causado la muerte de su hijo, si un cohetón o una bala de goma; indemnizarla y garantizarle una investigación apegada a la verdad y derecho, en la que incluso participe gente de su entera confianza; abrirse al diálogo y la negociación con varios de los actores y grupos inconformes; y dejar atrás la  animosidad y hostilidad hacia medios de comunicación, activistas y dirigentes sociales que no comparten su proyecto o lo han censurado de manera pública.

Moreno Valle tiene que retomar el discurso del exgobernador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, de cancelar odios y rencores, y solicitar a la ciudadanía un voto de confianza para la segunda mitad de su sexenio.

Si el mandatario estatal no rectifica su posición respecto a Elia Tamayo Montes, la madre del menor de 13 años que perdió la vida, y hacia los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y otras comunidades que reclaman mejores condiciones y la restitución de algunos servicios básicos como el del Registro Civil, la crisis no sólo se alargará sino que se mezclará con otros conflictos y coyunturas políticas como las elecciones federales del año entrante y la sucesión gubernamental.

Es muy probable que la crisis de Chalchihuapan y el escándalo por la Ley Bala hayan arruinado el proyecto presidencial de Moreno Valle para el 2018. Pero de eso, a pensar que este conflicto derivará en la caída del gobernador, me parece que hay un mar de distancia.

Por supuesto que la muerte del menor José Luis Tehuatlie es una lápida que el Ejecutivo estatal tendrá que cargar, y que ha dañado su imagen, confianza, credibilidad y legitimidad, pero no al grado de ponerlo al borde de la renuncia o de un juicio político para separarlo del cargo, como algunos dirigentes nacionales del PRD o del PRI lo han declarado.

Lo manifestado el viernes por el presidente del CEN del PRI, César Camacho Quiroz, en el sentido de que el gobernador Moreno Valle tiene responsabilidades políticas, administrativas y hasta posiblemente penales por el fallecimiento José Luis Tehuatlie, y el punto de acuerdo impulsado por los senadores de este mismo partido condenando su “política criminal” hay que leerlo en el contexto de la coyuntura electoral.

Aun con todo el descrédito del gobernador Moreno Valle por la Ley Bala, los priístas difícilmente podrán hacerse  del control político de la entidad en las elecciones federales del año entrante. No veo cómo pudieran beneficiarse de esta crisis, de la que son corresponsables en buena medida, al avalar con los votos de sus diputados en el Congreso local no sólo la llamada Ley Bala, sino las reformas a la Ley Orgánica Municipal por las cuales las juntas auxiliares perdieron la prestación del servicio de Registro Civil.

Las declaraciones de César Camacho y el posicionamiento de los senadores priístas no buscan el derrocamiento del gobernador de Puebla, sino minar, debilitar y desprestigiar su proyecto presidencial y ganar terreno de cara a las elecciones federales de 2015, y la sucesión gubernamental de 2016.

Lo que la crisis de Chalchihuapan sí provocará más tarde que temprano es la destitución del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, por la ausencia de un protocolo para aplicar la Ley Bala, las violaciones que se cometieron en su ejecución y la evidente falta de planeación y estrategia que exhibió el cuerpo de granaderos enviado a desalojar a los manifestantes en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

Y seguramente también la remoción o renuncia del titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas. Remoción, considerando que el conflicto salió de los cauces legales e institucionales, por la ausencia de diálogo y un comunicación efectiva con los opositores, y renuncia por el descobijo que tuvo del mismo gobernador Moreno Valle, quien ante columnistas de la ciudad de México le atribuyó la autoría de la Ley Bala.

Otro efecto político-electoral que la crisis de Chalchihuapan  dejará al gobernador será la animadversión de un sector amplio del perredismo para sumarse a su proyecto presidencial, en alianza o candidatura común con el PAN, o ante una eventual coalición con otros partidos para apoyar al candidato a sucederlo en los comicios de 2016.

Animadversión que en Puebla podría ser capitalizada por las huestes de Andrés Manuel López Obrador y su nuevo partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que desde siempre ha cuestionado la política y los métodos del gobernador Moreno Valle.

EN CORTO

A propósito de mi anterior post, un magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia me aclaró que desde que la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo estatal asumió el control de la nómina y administración de los recursos del Poder Judicial, les dejaron de pagar sus pensiones.

Más que descuentos, no hay pagos, reveló el magistrado, al reiterar que esta situación podría derivar en un amparo o en una denuncia en contra del presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano, por violar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado.

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Para dejar en claro quién manda en Puebla y que la división de poderes en la entidad es un mito genial, la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo asumió desde el comienzo de julio la administración de los recursos del Poder Judicial del estado.

La decisión ni siquiera fue consultada al pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sino tomada por su magistrado presidente, Roberto Flores Toledano, en una clara y abierta violación al artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, que textualmente dice: “El Poder Judicial del Estado tendrá y administrará su patrimonio para el desempeño de sus funciones”.

La mayoría de los jueces y magistrados se enteraron de la decisión en la última quincena cuando su cheque ya no lo recibieron de la Tesorería del TSJ, sino de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobernador Rafael Moreno Valle.

Y cuándo preguntaron a qué obedecía el cambio supieron entonces lo peor: que el Poder Judicial no sólo había perdido el control y administración de su nómina, sino dos de sus principales fondos: el de recursos económicos propios, y el destinado al mejoramiento de la administración de justicia.

Pero además que las funciones y atribuciones de la Comisión de Administración, que es la encargada —según el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial— de planear, presupuestar, organizar, asignar, aprovechar y vigilar los recursos humanos, materiales y financieros del Tribunal y la beneficiaria de todas las fianzas que se otorguen a favor al Poder Judicial del estado, ahora las asumiría la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo estatal.

Rebelión silenciosa

Paradójicamente los más inconformes con este acuerdo administrativo del sumiso magistrado presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano, no son los magistrados en funciones del Poder Judicial del estado, que prácticamente se asumen como empleados del gobernador Moreno Valle, pasándose por el arco del triunfo la Constitución que juraron respetar y cumplir, sino los magistrados jubilados.

Y la razón principal es de orden económico, pues desde que la Secretaría de Finanzas y Administración tomó la administración del Poder Judicial sus pensiones y pagos por concepto de retiro no sólo han sufrido mermas o atrasos, sino que algunas podrían perderse.

El malestar de los magistrados retirados es tal que estos incluso están valorando ampararse y echar abajo este acuerdo administrativo de Flores Toledano, que vulnera el principio de división de poderes  sino demandar a éste por violar la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, al permitir que los recursos de éste sean administrados y controlados por una dependencia de otro poder.

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Encerrona ministerial

Los días jueves y viernes de la semana pasada, todos los agentes del Ministerio Público adscritos a la Dirección Metropolitana Sur, cargo de Jaime Huerta Ramos, tuvieron que hacer guardia permanente y dejar todas las averiguaciones previas que ese momento tenían pendientes para concentrarse en una sola: la del menor de Chalchihuapan, gravemente herido en la cabeza.

La razón: la inminente intervención de la PGR y la CNDH en el caso.

Así, la averiguación previa referente al desalojo y enfrentamiento en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco se transformó de unas cuantas hojas a voluminosos volúmenes de “investigación”, en los que los ministerios públicos fueron instruidos sobre lo que tenían que describir en los videos tomados del enfrentamiento.

Quizás por esas sesudas investigaciones, el procurador Víctor Antonio Carrancá salió a decir esta semana que los pobladores pudieron planear la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie o que la herida mortal que recibió en la cabeza sino fue producto de un cohetón, lo fue de la ola expansiva que éste produjo.

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Ahora que el magistrado Roberto Flores Toledano se convirtió en el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia y jura y perjura, contra toda evidencia, que no le debe su cargo al gobernador Rafael Moreno Valle y que en Puebla la separación de poderes no es ninguna realidad virtual, valdría la pena que comenzara a demostrarlo en los hechos. 

Un buen principio sería echando atrás el nombramiento de Alberto López Martínez —medio hermano de su antecesor, David López Muñoz— como diligenciario del Juzgado Mixto de Zacatlán, e investigar si por lo menos cumple con el requisito de ser abogado titulado.

O checar qué pasó con el juez de Huauchinango, Juventino Hernández Flores, quien supuestamente iba a ser cesado y procesado por corrupción tras ordenar el encarcelamiento de dos indígenas nahuas—José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz— por el supuesto delito de robo de vehículo, cuando en realidad fueron privados de su libertad por defender el agua de su comunidad frente a los caciques de Pahuatlán, en la Sierra Norte de Puebla.

En este caso le convendría actuar con rapidez antes de que se descubra que el referido juez sigue en el Poder Judicial del estado, ahora como secretario de un juzgado familiar, y que su esposa, María de los Ángeles Camacho Machorro, fue promovida, a propuesta del gobernador Rafael Moreno Valle, de juez de lo Civil a magistrada del Tribunal Superior de Justicia en noviembre del año pasado.

No hacerlo podría atraerle los reflectores de los medios nacionales e internacionales que publicaron la historia de los indígenas de Pahuatlán, o llamar la atención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, que pugnaron por la remoción del juez Juventino Hernández.

Y hasta meter en aprietos al procurador de Justicia del estado, Víctor Carrancá Bourget, quien en diciembre pasado ofreció investigar y fincar responsabilidades a los servidores públicos implicados en el encarcelamiento de los indígenas José Ramón y Pascual Agustín Cruz. 

Otro asunto en el que también podría emplearse a fondo sería en la ilegal detención de José Luis Martínez Hernández, preso en el Cereso de Tepeaca por un estúpido error de homonimia, que los agentes de la Policía Ministerial, el Ministerio Público y el Juez Penal del Distrito Judicial de Tepeaca se niegan a reconocer.

José Luis Martínez fue detenido por tener el mismo nombre y apellidos de otro sujeto que ya había estado en la cárcel por otros delitos, como robo de autos, y cuyas características contenidas en la llamada ficha sinalégtica no corresponden con las suyas.

Este tema podría dar pie a un segundo documental de Presunto Culpable versión poblana, en la que el Poder Judicial poblano podría salir muy mal parado ante éstos y otros errores que cualquier productor de cine fácilmente podría documentar, entre ellos el nepotismo y enriquecimiento en que han incurrido un buen número de jueces y magistrados adscritos al Tribunal Superior de Justicia, cuestiones de las que pronto, muy pronto, nos ocuparemos en una próxima entrega.

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Simón dice:

«Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen.»

Willy Brandt (1913-1992) Político alemán

El lunes de la semana entrante, el depuesto juez Enrique Romero Razo organizará lo que ha denominado el Contrainforme del Poder Judicial del estado, en el que ventilará una serie de pifias y yerros cometidos por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, entre los que incluirá su remoción aprobada por el pleno el 16 de diciembre de 2010.

Romero Razo le ha ganado al Tribunal Superior de Justicia dos amparos y actualmente promueve un tercero, que podría ser el definitivo luego del informe justificado que el magistrado David López Muñoz rindió sobre la destitución de aquél, deslindándolo de cualquier irregularidad en la sentencia que dictó en perjuicio del ex propietario del equipo de futbol Puebla de primera división, Francisco Bernat Cid.

Romero Razo estuvo al frente del Juzgado Noveno de lo Civil y, en abril de 2009, falló a favor de Ricardo Henaine Mezher en un juicio ejecutivo mercantil que éste promovió en contra de Francisco Bernat, dándole a aquél la administración del Puebla de la Franja, situación que más tarde le costaría la chamba y su destitución como juez de primera instancia adscrito a Teziutlán.

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El magistrado Roberto Flores Toledano podría ser electo este jueves, por sus pares, como presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, en sustitución de David López Muñoz.

Flores Toledano fue designado el año pasado como magistrado del Poder Judicial a propuesta del gobernador Rafael Moreno Valle para cubrir la vacante que dejó Leonardo Tecua Petla.

El favorito de Casa Puebla para asumir la presidencia del Poder Judicial del estado es un abogado fiscalista traído del Distrito Federal, que presidió la Barra Nacional de Abogados y ha sido catedrático de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Actualmente, Flores Toledano tiene a su cargo la Segunda Sala en Materia Penal y es integrante de la Comisión para la Vigilancia y Supervisión de los Servicios Periciales del Tribunal Superior de Justicia.

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Por cierto, en Zacatlán, el presidente saliente del Tribunal Superior de Justicia acaba de nombrar a su medio hermano, Alberto López Martínez, como diligenciario del Juzgado Mixto de ese distrito judicial, en sustitución de Gabriela Rocha Cote, a quien el magistrado David López Muñoz le ha hecho la vida imposible por haber trabajado como secretaria de acuerdos del depuesto juez Enrique Romero Razo.

Y luego dicen que no hay nepotismo en el Poder Judicial.

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Finalmente este martes no llegó Mara Cruz Pastrana como delegada nacional del PRD para organizar y coordinar los trabajos de selección de precandidatos de este partido a presidentes municipales y diputados locales. Ante la diarrea verbal que mantienen los representantes de las principales corrientes, Mara optó por posponer su llegada y recurrir a la Comisión Política Nacional, para que ahí se resuelva qué salida le dan al conflicto de Puebla, donde unos perredistas quieren ir en alianza con el PAN y otros no, y menos si la mentada coalición tiene como principal promotor al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

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Por tercera ocasión al hilo, al diputado local priísta Jorge Luis Coriche Avilés le están haciendo de chivo los tamales en su aspiración de convertirse en presidente municipal de Zacatlán.

En 2007 le pidieron que se bajara de la contienda interna del PRI para que el candidato a la alcaldía fuera Raúl de la Llata Mier, y a cambio lo nombraron director de Centros Escolares y Escuelas Particulares de la Secretaría de Educación Pública del estado.

Luego en 2010 le pasó lo mismo, pero ahora el grupo que lo bajó fue el del diputado federal José Luis Márquez Martínez, con la complicidad del entonces candidato del PRI a la gubernatura, Javier López Zavala. El maestro Coriche tuvo que declinar a favor del actual presidente municipal Mario Alberto Cruz González, con la promesa de que la siguiente ahora sí sería la suya.

Sin embargo, ahora que se acerca el proceso, el hombre fuerte de la región, el influyente subsecretario de la Sedesol federal, Juan Carlos Lastiri Quirós, quiere esa posición para uno de los suyos: el ex alcalde Raúl de la Llata.

La interrogante es si ahora Jorge Luis Coriche también se sacrificará o si, en un acto de rebeldía, buscará la nominación a la alcaldía, así tenga que enfrentarse al poderoso Juan Carlos Lastiri.

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Simón dice:

Nada hay más injusto que buscar premio en la justicia.

Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.

* Juez destituido denuncia mafia en el TSJ y sumisión a Piña Olaya

* Moreno Valle podría tener en contra a cuatro senadores

* Ana Teresa tiene un pie adentro en la Cámara de Senadores

¿Qué tan independientes del Ejecutivo del estado son los magistrados federales? ¿Hasta qué punto las sentencias que dictan están influenciadas por compadrazgos o relaciones de amistad con ex gobernadores o altos funcionarios del gobierno del estado?

La respuesta a estas dos preguntas se conocerá en breve, una vez que el Consejo de la Judicatura Federal resuelva la queja administrativa que el ex juez de primera instancia Enrique Romero Razo formuló el pasado 9 de enero en contra los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito por el sentido de su sentencia en el amparo en revisión número 274/2011.

Romero Razo fue destituido por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla el 16 de diciembre de 2010 como juez de primera instancia, acción contra la cual se inconformó y amparó ante el Juzgado Séptimo de Distrito, que ordenó su restitución en el cargo.

Tal resolución fue impugnada por el abogado Alejandro Antonio Carcaño Martínez —quien inicialmente promovió su remoción como juez noveno de lo Civil de Puebla— y por el pleno del TSJ.

Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa  —Jaime Raúl Oropeza García, Miguel Ángel Ramírez González y Manuel Rojas Fonseca—que revisaron el amparo, fallaron en contra de Romero Razo, lo que llevó a éste a formular una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal.

Dicha queja resulta de lo más interesante, no sólo porque pone en entredicho la imparcialidad de magistrados federales en función de compadrazgos, relaciones políticas y la injerencia de altos funcionarios del gobierno del estado, sino por las relevaciones que a lo largo de ella se hacen.

Esta denuncia no habría que tomarla a la ligera, pues proviene de alguien que fungió durante más de una década como juez de primera instancia y que sin duda conoce a los magistrados tanto del Poder Judicial del estado como de la federación adscritos al Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.

De ahí que sería muy saludable que el Consejo de la Judicatura Federal o los miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado —que tienen pendiente la reforma al Poder Judicial— lo convocaran para saber por qué afirma y sostiene en su escrito…

Que el magistrado Alfredo Mendoza García es quien verdaderamente ejerce el poder en la Judicatura en el TSJ local y cuáles son los supuestos actos de nepotismo que caracterizan a éste.

Que el Poder Judicial de la entidad  está secuestrado por un grupo de magistrados, que entre cosas se opone a la creación del Consejo de la Judicatura.

Que el ex gobernador Mariano Piña Olaya ejerce una ascendencia  moral sobre el presidente del TSJ, David López Muñoz, y algunos magistrados federales como Jaime Raúl Oropeza García, por conducto de su hijo Juan Pablo Piña Piña Kurczyn, quien actualmente funge como secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública del gobierno del estado.

EN CORTO

Nada bien le debe haber caído al gobernador de Puebla la noticia de que Ana Teresa Aranda Orozco irá en el lugar 12 de la lista de candidatos plurinominales del PAN al Senado de la República, lo que le da amplias posibilidades de ocupar un escaño en la próxima legislatura federal.

Históricamente los primeros doce o trece lugares de la lista de plurinominales del PAN siempre logran ingresar a la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Ana Teresa Aranda logró un mejor lugar que otras figuras nacionales del panismo como César Nava Vázquez, que quedó en el sitio 13; el ex secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos; el coordinador de los diputados federales del blanquiazul y ex gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, y el operador electoral de Vázquez Mota, Jorge Manzanera Quintana.

Si la señora Aranda se cuela al Senado, y el PAN en Puebla gana las elecciones,  el gobernador Moreno Valle tendrá cuatro senadores de la entidad que no le serán afines: Augusta Valentina Díaz de Rivera, Blanca Alcalá Ruiz, Manuel Bartlett Díaz y la ya citada ex secretaria de Desarrollo Social en el último trecho del sexenio foxista.

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Este lunes se llevarán a cabo dos importantes conferencias sobre transparencia electoral a cargo de Bob Biersack, The Center for Responsive Politcs, y Khemvirg Puente Martínez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las ponencias se ofrecerán en la Sala Francisco de Vitoria de la Upaep, a partir de las 10:45 horas, bajo el auspicio de la Fundar, centro de análisis e investigación; la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), el Instituto Electoral del Estado (IEE) y el Tribunal Electoral del Estado (TEE).

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Donde también se efectuará otro foro sobre cuestiones electorales es en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP con la participación de los investigadores Guadalupe Grajales Porras, Germán Sánchez Daza y Francisco Vélez Pliego, quienes el próximo miércoles sostendrán una polémica en torno a La Universidad Pública en los proyectos políticos de la disputa electoral.

El foro, que es organizado por la Brigada Universitaria, comenzará a las 13 horas en el edificio de la 2 oriente 409 del Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

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La representación del partido Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) ante el Instituto Electoral del Estado promovió hace diez días una queja administrativa en contra del consejero presidente Jorge Sánchez Morales, el consejero José Víctor Rodríguez Serrano y la directora general Marcelina Sánchez Muñoz, por violentar el reglamento de sesiones del Consejo General del organismo.

La queja se presentó el 16 de febrero y obedece a que el consejero presidente Jorge Sánchez habilitó, en una sesión de Consejo General, al consejero Víctor Rodríguez como secretario general y, en otra, se arrogó las atribuciones de éste, sin observar la normatividad vigente.

Asimismo trascendió que el representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto, Jorge Luis Blancarte Morales, estaría elaborando otra queja contra Jorge Sánchez Morales, debido a que no convocó al secretario ni a la directora general, a la sesión del jueves del Consejo General.

El consejero presidente arguyó que no lo hizo porque al entrar en vigor las reformas y adiciones al Código Electoral ambos cargos desaparecieron.

Tal explicación no satisfizo al representante del Movimiento Ciudadano ni a un grupo de consejeros, ya que los cargos del secretario y la directora general terminan cuando entregan su oficina, no al presidente del IEE, sino a quien designe el Consejo General o en su defecto al contralor del organismo.

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Simón dice:

“Si las leyes fueran constituidas por los hombres, o por las sentencias de los jueces, serían derechos matar, robar, adulterar, etcétera.”

Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.

¿Qué jueces adscritos al Poder Judicial de Puebla podrían ser acusados, en función de su ostensible riqueza patrimonial, de enriquecimiento inexplicable al no poder acreditar con un sueldo de 40 mil pesos mensuales los bienes muebles e inmuebles que poseen?

Aquí le dejó algunas opciones:

1) El juez mixto de Tecamachalco, Elmo Mayoral Bello —yerno del magistrado Alfredo Mendoza García y ex presidente del Colegio de Jueces—, propietario de una residencia de más de 4 millones de pesos en San Andrés Cholula, pero que la adquirió en efectivo por algo así como 1.6 millones de pesos.

2) El recién nombrado juez penal de Atlixco, Alberto Bagatella Bermúdez —protegido del clero y hermano del párroco de Izúcar de Matamoros, Juan Manuel Bagatella—, que en su carrera como funcionario del Poder Judicial ha adquirido casi una veintena de bienes inmuebles, entre casas y terrenos localizados en Puebla y otros municipios cercanos a la capital.

3) El juez mixto de Acatlán, Felipe de Jesús Ventura Hernández, propietario de La Quinta Ventura allá por Xilotzingo, que no hace mucho era sede de grandes banquetes para jueces y magistrados del Poder Judicial; pero que además posee una residencia en Haras Flor del Bosque y otra en el fraccionamiento El Cristo, de Atlixco, con carrito de golf a la puerta.

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¿A qué funcionario del Poder Judicial del estado se le conoce como el nuevo Enrique Ruiz Delgadillo —personaje célebre en la gestión de Guillermo Pacheco Pulido— por los asuntos y encargos delicados en materia penal que tiene que operar con jueces y magistrados, en nombre de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)?

Tres tips:

Es cuñado del actual presidente del TSJ, David López Muñoz.

Se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta de la Tercera Sala en materia penal a cargo del magistrado Manuel Ríos López.

En sus tiempos libres atiende una empresa comercializadora de material y equipo médico, y un taller de rectificación de motores ubicado en la avenida Reforma, en sociedad con Omar Flores Bravo.

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¿Qué tienen en común el presidente del TSJ, David López Muñoz, y los jueces primero y octavo de lo penal, Javier Vázquez Hernández y Celestino Martínez Bones, respectivamente, a quienes ha encargado los procesos penales que se siguen en contra de connotados funcionarios marinistas como Javier García Ramírez y José Alfredo Arango García, entre otros?

1) Son paisanos de la misma región del estado.

2) Usan el mismo corte de cabello.

3) Acatan sin chistar las recomendaciones que se les hacen llegar por conducto de Juan Pablo Piña, secretario de Servicios Legales y Enrique Quiroz Acosta, subsecretario Jurídico de la SGG.

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¿Qué funcionario de la Secretaría General de Gobierno se ha convertido en el verdadero presidente del Tribunal Superior de Justicia, dejando a David López Muñoz el rol formal de coordinador ante los magistrados y jueces del Poder Judicial del estado?

Juan Pablo Piña, secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública.

Enrique Quiroz Acosta, subsecretario Jurídico de la SGG.

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Simón dice:

«Aléjese de los palacios el que quiera ser justo. La virtud y el poder no se hermanan bien.»

Marco Anneo Lucano (39-65) Escritor latino.

Que el ex gobernador Melquiades Morales Flores fue el artífice que hizo posible distender el conflicto entre la vieja guardia de magistrados, también conocida como nomenclatura del Poder Judicial, y el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas antes de la reelección de David López Muñoz como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Gracias a su mediación —a petición del ex presidente del TSJ, Guillermo Pacheco Pulido—, se lograron varios acuerdos políticos, entre ellos que los magistrados aceptarán las recomendaciones del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, para el nombramiento, remoción y rotación de jueces.

Otros acuerdos fueron mantener en la congeladora legislativa la iniciativa para crear el Consejo de la Judicatura y dejar para mejores tiempos —por falta de recursos económicos— las jubilaciones en puerta de una decena de magistrados.

De acuerdo con fuentes confiables, Guillermo Pacheco —quien asesora a Melquiades Morales como senador de la República en temas de derecho constitucional— fue el que recurrió al ex gobernador para despresurizar la tensa relación que había entre la nomenclatura de magistrados y algunos funcionarios del gobernador Rafael Moreno Valle.

Los buenos oficios de Melquiades Morales no sólo permitieron la reelección de terciopelo de David López Muñoz por un año más al frente del Poder Judicial sino la creación de una nueva estructura de jueces que ampliarán la influencia del gobernador y los magistrados en la esfera municipal.

Y es que estos nuevos juzgados municipales, cuya manutención estará a cargo de los ayuntamientos, serán propuestos por el gobernador o los alcaldes pero con la aprobación del pleno del Tribunal Superior de Justicia.

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Que a diferencia de lo que antes ocurría cuando el pleno del Tribunal Superior de Justicia tenía que discutir y aprobar el nombramiento y rotación de jueces, ahora estos ajustes sólo se informan a los magistrados en asuntos generales.

Al menos así ocurrió con el cambio de adscripción de la juez penal de Atlixco, Yrina Janet Sierra Jiménez, que fue requerida para reincorporarse a una Sala del TSJ como secretaria de Estudio y Cuenta, para que su lugar fuera ocupado por el juez mixto de Izúcar de Matamoros, Alberto Bagatela Bermúdez.

O con la juez tercero de penal, Idalia Arciniega Arias, que fue enviada a Teziutlán por negarse a atender un caso especial, recomendado por un alto funcionario del gobierno del estado.

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Que existe una orden de aprehensión en contra del ex juez penal de Cholula y antes titular del Juzgado Noveno de lo Civil en Puebla, Enrique Romero Razo, por el delito de tráfico de influencias.

Romero Razo, a quien en el sexenio marinista se le encargaron muchos de los trabajos sucios de ese gobierno, hoy se encuentra prófugo.

Los enterados sostienen que el delito por el cual se le persigue está relacionado con su participación en el juicio por el cual Ricardo Henaine Mezher se hizo del control accionario del equipo Puebla de futbol de primera división, después de que su anterior presidente Francisco Bernat Cid fue encarcelado.

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Que algunos jueces penales de la Sierra Norte han comenzado pedir licencia, tras recibir amenazas del crimen organizado, tal es el caso José Colot Durán, quien estaba a cargo del Juzgado de Xicotepec de Juárez.

En su solicitud de licencia, Colot Duán manifestó tener una imperiosa necesidad de separarse del Juzgado Penal para dedicarse de tiempo completo al litigio.

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Que la librería Gandhi promociona como una de sus novedades un libro del rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, que lleva por título “La disputa por la educación: por el México que queremos”.

Este libro, de editorial Aguilar, recoge según Gandhi las voces de algunos de los principales actores que desde hace mucho años son copartícipes de las mejores causas sociales en el ámbito educativo e intelectual, siempre a favor del progreso individual y colectivo, y también las visiones y críticas de académicos, investigadores, funcionarios públicos y líderes sociales sobre el sistema educativo nacional y la disputa técnica y pedagógica, administrativa y hasta ideológica de quienes buscan conducirlo y controlarlo.

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Que este martes comparecerá ante la LVIII del Congreso del estado el secretario de Educación Pública, Luis Maldonado Venegas, que sin duda es el secretario con mayores tablas y experiencia política y parlamentaria en el gabinete del gobernador Rafael Moreno Valle.

Su comparecencia se efectuará a partir de las 10:00 de la mañana ante el pleno del Congreso local.

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Simón dice:

“Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente.”

Sócrates (470 AC-399 AC) Filósofo griego.