El Consejo de la Judicatura revisará independencia de magistrados

* Juez destituido denuncia mafia en el TSJ y sumisión a Piña Olaya

* Moreno Valle podría tener en contra a cuatro senadores

* Ana Teresa tiene un pie adentro en la Cámara de Senadores

¿Qué tan independientes del Ejecutivo del estado son los magistrados federales? ¿Hasta qué punto las sentencias que dictan están influenciadas por compadrazgos o relaciones de amistad con ex gobernadores o altos funcionarios del gobierno del estado?

La respuesta a estas dos preguntas se conocerá en breve, una vez que el Consejo de la Judicatura Federal resuelva la queja administrativa que el ex juez de primera instancia Enrique Romero Razo formuló el pasado 9 de enero en contra los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito por el sentido de su sentencia en el amparo en revisión número 274/2011.

Romero Razo fue destituido por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla el 16 de diciembre de 2010 como juez de primera instancia, acción contra la cual se inconformó y amparó ante el Juzgado Séptimo de Distrito, que ordenó su restitución en el cargo.

Tal resolución fue impugnada por el abogado Alejandro Antonio Carcaño Martínez —quien inicialmente promovió su remoción como juez noveno de lo Civil de Puebla— y por el pleno del TSJ.

Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa  —Jaime Raúl Oropeza García, Miguel Ángel Ramírez González y Manuel Rojas Fonseca—que revisaron el amparo, fallaron en contra de Romero Razo, lo que llevó a éste a formular una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal.

Dicha queja resulta de lo más interesante, no sólo porque pone en entredicho la imparcialidad de magistrados federales en función de compadrazgos, relaciones políticas y la injerencia de altos funcionarios del gobierno del estado, sino por las relevaciones que a lo largo de ella se hacen.

Esta denuncia no habría que tomarla a la ligera, pues proviene de alguien que fungió durante más de una década como juez de primera instancia y que sin duda conoce a los magistrados tanto del Poder Judicial del estado como de la federación adscritos al Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.

De ahí que sería muy saludable que el Consejo de la Judicatura Federal o los miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado —que tienen pendiente la reforma al Poder Judicial— lo convocaran para saber por qué afirma y sostiene en su escrito…

Que el magistrado Alfredo Mendoza García es quien verdaderamente ejerce el poder en la Judicatura en el TSJ local y cuáles son los supuestos actos de nepotismo que caracterizan a éste.

Que el Poder Judicial de la entidad  está secuestrado por un grupo de magistrados, que entre cosas se opone a la creación del Consejo de la Judicatura.

Que el ex gobernador Mariano Piña Olaya ejerce una ascendencia  moral sobre el presidente del TSJ, David López Muñoz, y algunos magistrados federales como Jaime Raúl Oropeza García, por conducto de su hijo Juan Pablo Piña Piña Kurczyn, quien actualmente funge como secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública del gobierno del estado.

EN CORTO

Nada bien le debe haber caído al gobernador de Puebla la noticia de que Ana Teresa Aranda Orozco irá en el lugar 12 de la lista de candidatos plurinominales del PAN al Senado de la República, lo que le da amplias posibilidades de ocupar un escaño en la próxima legislatura federal.

Históricamente los primeros doce o trece lugares de la lista de plurinominales del PAN siempre logran ingresar a la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Ana Teresa Aranda logró un mejor lugar que otras figuras nacionales del panismo como César Nava Vázquez, que quedó en el sitio 13; el ex secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos; el coordinador de los diputados federales del blanquiazul y ex gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, y el operador electoral de Vázquez Mota, Jorge Manzanera Quintana.

Si la señora Aranda se cuela al Senado, y el PAN en Puebla gana las elecciones,  el gobernador Moreno Valle tendrá cuatro senadores de la entidad que no le serán afines: Augusta Valentina Díaz de Rivera, Blanca Alcalá Ruiz, Manuel Bartlett Díaz y la ya citada ex secretaria de Desarrollo Social en el último trecho del sexenio foxista.

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Este lunes se llevarán a cabo dos importantes conferencias sobre transparencia electoral a cargo de Bob Biersack, The Center for Responsive Politcs, y Khemvirg Puente Martínez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las ponencias se ofrecerán en la Sala Francisco de Vitoria de la Upaep, a partir de las 10:45 horas, bajo el auspicio de la Fundar, centro de análisis e investigación; la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), el Instituto Electoral del Estado (IEE) y el Tribunal Electoral del Estado (TEE).

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Donde también se efectuará otro foro sobre cuestiones electorales es en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP con la participación de los investigadores Guadalupe Grajales Porras, Germán Sánchez Daza y Francisco Vélez Pliego, quienes el próximo miércoles sostendrán una polémica en torno a La Universidad Pública en los proyectos políticos de la disputa electoral.

El foro, que es organizado por la Brigada Universitaria, comenzará a las 13 horas en el edificio de la 2 oriente 409 del Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

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La representación del partido Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) ante el Instituto Electoral del Estado promovió hace diez días una queja administrativa en contra del consejero presidente Jorge Sánchez Morales, el consejero José Víctor Rodríguez Serrano y la directora general Marcelina Sánchez Muñoz, por violentar el reglamento de sesiones del Consejo General del organismo.

La queja se presentó el 16 de febrero y obedece a que el consejero presidente Jorge Sánchez habilitó, en una sesión de Consejo General, al consejero Víctor Rodríguez como secretario general y, en otra, se arrogó las atribuciones de éste, sin observar la normatividad vigente.

Asimismo trascendió que el representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto, Jorge Luis Blancarte Morales, estaría elaborando otra queja contra Jorge Sánchez Morales, debido a que no convocó al secretario ni a la directora general, a la sesión del jueves del Consejo General.

El consejero presidente arguyó que no lo hizo porque al entrar en vigor las reformas y adiciones al Código Electoral ambos cargos desaparecieron.

Tal explicación no satisfizo al representante del Movimiento Ciudadano ni a un grupo de consejeros, ya que los cargos del secretario y la directora general terminan cuando entregan su oficina, no al presidente del IEE, sino a quien designe el Consejo General o en su defecto al contralor del organismo.

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Simón dice:

“Si las leyes fueran constituidas por los hombres, o por las sentencias de los jueces, serían derechos matar, robar, adulterar, etcétera.”

Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.