* Juez destituido denuncia mafia en el TSJ y sumisión a Piña Olaya

* Moreno Valle podría tener en contra a cuatro senadores

* Ana Teresa tiene un pie adentro en la Cámara de Senadores

¿Qué tan independientes del Ejecutivo del estado son los magistrados federales? ¿Hasta qué punto las sentencias que dictan están influenciadas por compadrazgos o relaciones de amistad con ex gobernadores o altos funcionarios del gobierno del estado?

La respuesta a estas dos preguntas se conocerá en breve, una vez que el Consejo de la Judicatura Federal resuelva la queja administrativa que el ex juez de primera instancia Enrique Romero Razo formuló el pasado 9 de enero en contra los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito por el sentido de su sentencia en el amparo en revisión número 274/2011.

Romero Razo fue destituido por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla el 16 de diciembre de 2010 como juez de primera instancia, acción contra la cual se inconformó y amparó ante el Juzgado Séptimo de Distrito, que ordenó su restitución en el cargo.

Tal resolución fue impugnada por el abogado Alejandro Antonio Carcaño Martínez —quien inicialmente promovió su remoción como juez noveno de lo Civil de Puebla— y por el pleno del TSJ.

Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa  —Jaime Raúl Oropeza García, Miguel Ángel Ramírez González y Manuel Rojas Fonseca—que revisaron el amparo, fallaron en contra de Romero Razo, lo que llevó a éste a formular una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal.

Dicha queja resulta de lo más interesante, no sólo porque pone en entredicho la imparcialidad de magistrados federales en función de compadrazgos, relaciones políticas y la injerencia de altos funcionarios del gobierno del estado, sino por las relevaciones que a lo largo de ella se hacen.

Esta denuncia no habría que tomarla a la ligera, pues proviene de alguien que fungió durante más de una década como juez de primera instancia y que sin duda conoce a los magistrados tanto del Poder Judicial del estado como de la federación adscritos al Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.

De ahí que sería muy saludable que el Consejo de la Judicatura Federal o los miembros de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado —que tienen pendiente la reforma al Poder Judicial— lo convocaran para saber por qué afirma y sostiene en su escrito…

Que el magistrado Alfredo Mendoza García es quien verdaderamente ejerce el poder en la Judicatura en el TSJ local y cuáles son los supuestos actos de nepotismo que caracterizan a éste.

Que el Poder Judicial de la entidad  está secuestrado por un grupo de magistrados, que entre cosas se opone a la creación del Consejo de la Judicatura.

Que el ex gobernador Mariano Piña Olaya ejerce una ascendencia  moral sobre el presidente del TSJ, David López Muñoz, y algunos magistrados federales como Jaime Raúl Oropeza García, por conducto de su hijo Juan Pablo Piña Piña Kurczyn, quien actualmente funge como secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública del gobierno del estado.

EN CORTO

Nada bien le debe haber caído al gobernador de Puebla la noticia de que Ana Teresa Aranda Orozco irá en el lugar 12 de la lista de candidatos plurinominales del PAN al Senado de la República, lo que le da amplias posibilidades de ocupar un escaño en la próxima legislatura federal.

Históricamente los primeros doce o trece lugares de la lista de plurinominales del PAN siempre logran ingresar a la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Ana Teresa Aranda logró un mejor lugar que otras figuras nacionales del panismo como César Nava Vázquez, que quedó en el sitio 13; el ex secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos; el coordinador de los diputados federales del blanquiazul y ex gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, y el operador electoral de Vázquez Mota, Jorge Manzanera Quintana.

Si la señora Aranda se cuela al Senado, y el PAN en Puebla gana las elecciones,  el gobernador Moreno Valle tendrá cuatro senadores de la entidad que no le serán afines: Augusta Valentina Díaz de Rivera, Blanca Alcalá Ruiz, Manuel Bartlett Díaz y la ya citada ex secretaria de Desarrollo Social en el último trecho del sexenio foxista.

***

Este lunes se llevarán a cabo dos importantes conferencias sobre transparencia electoral a cargo de Bob Biersack, The Center for Responsive Politcs, y Khemvirg Puente Martínez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las ponencias se ofrecerán en la Sala Francisco de Vitoria de la Upaep, a partir de las 10:45 horas, bajo el auspicio de la Fundar, centro de análisis e investigación; la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), el Instituto Electoral del Estado (IEE) y el Tribunal Electoral del Estado (TEE).

***

Donde también se efectuará otro foro sobre cuestiones electorales es en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP con la participación de los investigadores Guadalupe Grajales Porras, Germán Sánchez Daza y Francisco Vélez Pliego, quienes el próximo miércoles sostendrán una polémica en torno a La Universidad Pública en los proyectos políticos de la disputa electoral.

El foro, que es organizado por la Brigada Universitaria, comenzará a las 13 horas en el edificio de la 2 oriente 409 del Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

***

La representación del partido Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) ante el Instituto Electoral del Estado promovió hace diez días una queja administrativa en contra del consejero presidente Jorge Sánchez Morales, el consejero José Víctor Rodríguez Serrano y la directora general Marcelina Sánchez Muñoz, por violentar el reglamento de sesiones del Consejo General del organismo.

La queja se presentó el 16 de febrero y obedece a que el consejero presidente Jorge Sánchez habilitó, en una sesión de Consejo General, al consejero Víctor Rodríguez como secretario general y, en otra, se arrogó las atribuciones de éste, sin observar la normatividad vigente.

Asimismo trascendió que el representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto, Jorge Luis Blancarte Morales, estaría elaborando otra queja contra Jorge Sánchez Morales, debido a que no convocó al secretario ni a la directora general, a la sesión del jueves del Consejo General.

El consejero presidente arguyó que no lo hizo porque al entrar en vigor las reformas y adiciones al Código Electoral ambos cargos desaparecieron.

Tal explicación no satisfizo al representante del Movimiento Ciudadano ni a un grupo de consejeros, ya que los cargos del secretario y la directora general terminan cuando entregan su oficina, no al presidente del IEE, sino a quien designe el Consejo General o en su defecto al contralor del organismo.

***

Simón dice:

“Si las leyes fueran constituidas por los hombres, o por las sentencias de los jueces, serían derechos matar, robar, adulterar, etcétera.”

Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.

* En la congeladora legislativa el Consejo de la Judicatura

* Puebla podría tener un diputado federal más

* Aréchiga y Nácer, la dupla de los dineros en el Congreso

Uno de los grandes pendientes que tiene el Congreso en materia de reformas constitucionales es la creación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado, iniciativa que se congeló por la oposición de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que se niegan a ser revisados por una instancia que escapa a su control.

En su discurso de toma de posesión el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas anunció la creación del Consejo de la Judicatura y envió al Poder Legislativo una iniciativa para modificar y adicionar diversos artículos del Título Quinto de la Constitución Política del estado para crear esa figura que tendría a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial.

Actualmente estas tareas las realizan los propios magistrados; en la práctica, unos —como el magistrado Alfredo Mendoza García— tienen el control de la administración, los bienes y recursos humanos, materiales y financieros del Poder Judicial; otros, la promoción y designación de jueces, y la creación de juzgados, secretarías y actuarías; y uno más —Ricardo Velázquez Cruz— la vigilancia y supervisión de los miembros del Poder Judicial.

Sin embargo, ninguno de ellos tiene por sí mismo atribuciones para remover, destituir o sancionar a un juez que incumpla sus funciones o incurra en abusos, actos de negligencia y deshonestidad. Esta facultad corresponde únicamente al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, lo que explica, en buena medida, por qué Puebla es uno de los estados peor evaluados a nivel nacional en administración de justicia, la corrupción de sus jueces y magistrados, y el nepotismo que priva en el Poder Judicial poblano. En otras palabras: en Puebla los magistrados actúan como juez y parte en la evaluación de su desempeño y de sus subordinados.

Los diputados integrantes de la LVIII Legislatura del Congreso del estado, que también hicieron suyo el compromiso de llevar a cabo una reforma al Poder Judicial para crear el Consejo de la Judicatura, deberían explicar por qué esta iniciativa enviada por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas desde el 1 de febrero no ha sido dictaminada.

Por qué este órgano administrativo del Poder Judicial que era visto como una prioridad y como un instrumento que mejoría la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial dentro del Tribunal Superior de Justicia, Salas y Juzgados que lo integran, y que coadyuvaría a la autonomía, independencia, profesionalismo y honestidad de sus integrantes, tiene más de siete meses en la congeladora legislativa.

Los argumentos que hasta ahora se han dado para justificar la negativa del Congreso para aprobar o rechazar la iniciativa del gobernador Rafael Moreno Valle parecen más bien pretextos para ocultar que los magistrados no quieren ser vigilados por un órgano que no controlan o para encubrir las diferencias entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

Cualquiera que sea la situación, la reforma al Poder Judicial es urgente, inaplazable, y el Congreso debería apresurarla convocando de inmediato a los propios magistrados y especialistas en la materia para que sean ellos y no un consultor externo contratado por el Ejecutivo quien diga cómo y cuándo debe transformarse el sistema de administración de justicia, en perjuicio de la autonomía e independencia de jueces y magistrados.

Si esta decisión se pospone lo más seguro es que las cosas empeoren con la jubilación o retiro de siete u ocho magistrados más y el reemplazo de éstos por políticos afines al mandatario o abogados traídos del Distrito Federal y otras entidades, aprovechando la reciente reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que eliminó el requisito de la ciudadanía poblana para ser nombrado magistrado.

Y si no, al tiempo.

EN CORTO

El estado de Puebla podría contar con un diputado federal más en la persona del actual regidor del municipio de Puebla José Luis Carmona Ruiz.

La historia es la siguiente:

Sucede que el suplente de la diputada federal Josefina Vázquez Mota, el empresario tlaxcalteca José Gilberto Temoltzin Martínez, podría no aceptar ocupar la curul que dejó vacante aquella, lo que provocaría que el siguiente en la lista de propietarios plurinominales por la cuarta circunscripción fuera convocado.

Y éste es el regidor José Luis “El Chango” Carmona, quien hoy es presidente la Comisión de Seguridad Pública en el Cabildo municipal.

Si Carmona aceptará dejar el ayuntamiento de Puebla para irse al Congreso de la Unión es algo que se sabrá en estos días, y que dependerá en primera instancia de la decisión del dueño de la empresa de cobertores y edredones Providencia, que no quiere ser diputado de un año sino de tres en la próxima legislatura federal.

***

Ahora que el líder de la Gran Comisión del Congreso, Guillermo Aréchiga Santamaría, ya se sacudió de la presidencia del Comité de Administración al diputado convergente José Juan Espinosa Torres, su favorito para quedarse con esa posición es el panalista Enrique Nácer Hernández.

Su intentona, sin embargo, no está siendo aceptada por algunos legisladores panistas, que han comenzado a cuestionar la predominancia del Partido Nueva Alianza en algunos órganos de la Cámara y los amarres del diputado Nácer con algunos proveedores y despachos, como el contratado para ser el auditor externo del Congreso del estado a cargo de Roberto Ortiz López.

***

Simón dice:

“Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia.”

Bertolt Brecht (1898-1956) Dramaturgo y poeta alemán.

Carlos Loranca Muñoz, magistrado del Tribunal Unitario del Sexto Circuito, es uno de los diez finalistas para ocupar la vacante que dejará el magistrado Luis María Aguilar Morales en el Consejo de la Judicatura Federal, órgano encargado de vigilar y administrar los juzgados y tribunales federales del país.

El puesto que dejará a finales de octubre Aguilar Morales es el segundo en importancia dentro del Consejo de la Judicatura, por tener bajo su responsabilidad la administración de esta instancia del Poder Judicial Federal.

De los diez finalistas, que antes del 30 de octubre serán sometidos a una última evaluación por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Loranca Muñoz es el único poblano con posibilidades de formar parte de la Judicatura Federal.

El actual magistrado del Tribunal Unitario del Sexto Circuito es oriundo de Acajete, egresado de la facultad de Derecho de la BUAP, de la maestría del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), y del doctorado en Derecho de la Universidad de Tlaxcala.

Los otros nueve finalistas son: Miguel Ángel Aguilar López, César Esquinca Muñoa, Julio Humberto Hernández Fonseja, Arturo Iturbe Rivas, Jorge Meza Pérez, Ricardo Ojeda Bohórquez, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Humberto Manuel Román Franco y Rubén Arturo Sánchez Valencia.

Cabe destacar, a manera de apunte final, que el magistrado Luis María Aguilar, es uno de los posibles candidatos al cargo de ministro de la Suprema Corte.

***

Finalmente fueron tres los candidatos que se inscribieron para contender por la presidencia del Comité Directivo Municipal de Puebla del Partido Acción Nacional.

Jesús Duque Noriega, Miguel Méndez Gutiérrez y Jorge Saldaña Romero.

De los dos primeros ya nos habíamos ocupado en anteriores entregas. No así del último, un joven abogado de 39 años de edad, egresado de la Escuela Libre de Derecho, vinculado al grupo de Los Pablos —Pablo Rodríguez Regordosa y Pablo Montiel Solana—, y a la corriente de Genaro Ramírez Rojas, quien actualmente se encuentra suspendido de sus derechos políticos partidistas.

La asamblea municipal se efectuará el próximo 8 de noviembre, en el salón Analco del Centro de Convenciones, siempre —claro— que haya el suficiente quórum legal.

***

Un dato que vale la pena rescatar es el publicado este lunes por el periodista Andrés Beltramo en su blog Sacro y Profano de e-consulta.

Nuestro corresponsal en El Vaticano adelanta que el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, podría convertirse en el futuro presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), luego de su brillante gestión como secretario ejecutivo del Consejo Episcopal Latinoamericano.

El actual presidente de la CEM es el arzobispo de Tlalnepantla, Carlos Aguiar Retes, quien se despedirá del cargo el próximo mes de noviembre, en el marco de la asamblea general ordinaria de esta organización del clero mexicano.

***

Simón dice:

«La personalidad del hombre determina por anticipado la medida de su posible fortuna».

Arthur Schopenhauer (1788-1860) Filósofo alemán.