Flores Toledano, mucho por hacer en el Poder Judicial de Puebla

Ahora que el magistrado Roberto Flores Toledano se convirtió en el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia y jura y perjura, contra toda evidencia, que no le debe su cargo al gobernador Rafael Moreno Valle y que en Puebla la separación de poderes no es ninguna realidad virtual, valdría la pena que comenzara a demostrarlo en los hechos. 

Un buen principio sería echando atrás el nombramiento de Alberto López Martínez —medio hermano de su antecesor, David López Muñoz— como diligenciario del Juzgado Mixto de Zacatlán, e investigar si por lo menos cumple con el requisito de ser abogado titulado.

O checar qué pasó con el juez de Huauchinango, Juventino Hernández Flores, quien supuestamente iba a ser cesado y procesado por corrupción tras ordenar el encarcelamiento de dos indígenas nahuas—José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz— por el supuesto delito de robo de vehículo, cuando en realidad fueron privados de su libertad por defender el agua de su comunidad frente a los caciques de Pahuatlán, en la Sierra Norte de Puebla.

En este caso le convendría actuar con rapidez antes de que se descubra que el referido juez sigue en el Poder Judicial del estado, ahora como secretario de un juzgado familiar, y que su esposa, María de los Ángeles Camacho Machorro, fue promovida, a propuesta del gobernador Rafael Moreno Valle, de juez de lo Civil a magistrada del Tribunal Superior de Justicia en noviembre del año pasado.

No hacerlo podría atraerle los reflectores de los medios nacionales e internacionales que publicaron la historia de los indígenas de Pahuatlán, o llamar la atención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, que pugnaron por la remoción del juez Juventino Hernández.

Y hasta meter en aprietos al procurador de Justicia del estado, Víctor Carrancá Bourget, quien en diciembre pasado ofreció investigar y fincar responsabilidades a los servidores públicos implicados en el encarcelamiento de los indígenas José Ramón y Pascual Agustín Cruz. 

Otro asunto en el que también podría emplearse a fondo sería en la ilegal detención de José Luis Martínez Hernández, preso en el Cereso de Tepeaca por un estúpido error de homonimia, que los agentes de la Policía Ministerial, el Ministerio Público y el Juez Penal del Distrito Judicial de Tepeaca se niegan a reconocer.

José Luis Martínez fue detenido por tener el mismo nombre y apellidos de otro sujeto que ya había estado en la cárcel por otros delitos, como robo de autos, y cuyas características contenidas en la llamada ficha sinalégtica no corresponden con las suyas.

Este tema podría dar pie a un segundo documental de Presunto Culpable versión poblana, en la que el Poder Judicial poblano podría salir muy mal parado ante éstos y otros errores que cualquier productor de cine fácilmente podría documentar, entre ellos el nepotismo y enriquecimiento en que han incurrido un buen número de jueces y magistrados adscritos al Tribunal Superior de Justicia, cuestiones de las que pronto, muy pronto, nos ocuparemos en una próxima entrega.

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Simón dice:

«Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen.»

Willy Brandt (1913-1992) Político alemán