LA CORTE DE LOS MILAGROS

Publicaciones etiquetadas ‘Roberto Flores Toledano’

Sueños guajiros

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Que el senador Javier Lozano Alarcón será la carta del morenovallismo para la gubernatura de Puebla en los comicios del 2018, candidatura que éste comenzaría a preparar desde el 1 de febrero de 2017, una vez que rinda protesta como titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) en la minigubernatura de José Antonio Gali Fayad.

Que Los Sabios –apelativo que se usa para referirse a los morenovallistas puros que integran el cuarto de guerra de Gali Fayad: Eukid Castañón Herrera, Marcelo García Almaguer y Jorge Aguilar Chedraui— serán parte del próximo gabinete estatal o tendrán derecho a proponer a cuando menos un secretario o titular de dependencia.

Que José Roberto Grajales Espina, adscrito a la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ya encabeza un grupo de magistrados para hacerse de la presidencia del Poder Judicial del estado el próximo año, en sustitución de Roberto Flores Toledano. Entre los magistrados que apoyarían la aspiración de Boby Grajales figuran varios de los nombrados en el actual sexenio como Alberto Miranda Guerra y Jared Albino Soriano Hernández.

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Que la guapa regidora Silvia Alejandra Argüello de Julián cree que si Gali Fayad gana la gubernatura de Puebla, podría ser considerada como posible secretaria de Salud del estado, posición que también es ambicionada por Gabriel González Cossío como cuota del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado, Jorge Aguilar Chedraui.

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De magistrados en apuros y peticiones electoreras

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No lo cuente en voz alta, pero me platican que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Roberto Flores Toledano, tiene un plazo de tres días para restituir como juez de primera instancia a Enrique Romero Razo.

Se sabe que dicha resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene preocupado a Flores Toledano, no tanto por los más de dos millones de pesos que el Poder Judicial del estado debe desembolsar para pagar los salarios caídos de Romero Razo durante el largo proceso, sino porque lo restituye como juez penal de Teziutlán o el que se va tendría que ser él por desacato al máximo tribunal del país.

Romero Razo fue destituido en 2012 por supuestamente favorecer al empresario Ricardo Henaine Mezher en un juicio ejecutivo mercantil en contra del entonces socio mayoritario del Puebla FC, Francisco Bernat Cid, cuando aquél era titular del Juzgado Noveno de lo Civil en Puebla.

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El punto de acuerdo promovido por los senadores del PRI para que la Auditoría Superior del Estado (ASE) audite las obras, empresas y acciones realizadas en la entidad de 2011 a 2015 a través de los llamados Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), es más electorero y mediático que realista.

Si los legisladores del PRI de veras quisieran hallar irregularidades en los contratos, las empresas favorecidas, el monto de las obras o los plazos de financiamiento y pago, éstos no hubieran exhortado a una instancia como la ASE (totalmente supeditada al Ejecutivo estatal) a investigar los PPS, sino a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Tudilesquesi

Razones y argumentos para que la auditoría la hicieran instancias fiscalizadoras federales hay muchos, comenzando porque en varias de las obras realizadas mediante PPS hubo dinero de la Federación como el Segundo Piso de la Autopista México-Puebla, el Museo Internacional Barroco, el Centro Integral de Servicios y las plataformas de la planta Audi.

¿O usted cree, como los ilusos senadores del PRI, que el auditor del estado, David Villanueva Lomelí, va a auditar a fondo los procesos de adjudicación, contratación y financiamiento de las obras que en el estado y los municipios se han efectuado en los últimos cinco años a través de Proyectos de Prestación de Servicios?

Verdad que no.

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Después de su conferencia en la UPAEP, el periodista y candidato independiente a la presidencia de la República, Pedro Ferriz de Con se reunió a comer con unas 40 personas, entre empresarios, activistas, panistas, ex panistas y simpatizantes de Ana Teresa Aranda Orozco.

El encuentro tuvo lugar en el restaurante Aria, de Huexotitla, y fue organizado por la propia Ana Teresa y el ex diputado federal Miguel Ángel Mantilla Martínez.

Ahí Pedro Ferriz volvió a expresar su respaldo a la aspirante a candidata independiente a la gubernatura de Puebla, quien actualmente trabaja en la recolección de más de 126 mil firmas y copias de credencial de elector para obtener su registro y poder participar en los comicios del primer domingo de junio.

A la comida asistieron los ex presidentes municipales Eduardo Rivera Pérez y Gabriel Hinojosa Rivero y el ex candidato independiente a diputado local Alberto Merlo Martínez, entre otros.

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Hasta enero el candidato del PRI a la mini

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* Diódoro Carrasco en la mesa principal de RMV

* Larga velada la del viernes en Casa Puebla

 

Cuentan los enterados que finalmente el PRI revelará hasta después del quinto informe del gobernador Rafael Moreno Valle el nombre de quién será su candidato o candidata a la gubernatura de Puebla.

Pero que el anuncio será precedido por una serie de movimientos y cambios en algunas instancias partidistas y gubernamentales.

Lo más probable es que antes del destape se perfilen algunos cambios en el PRI y en algunas delegaciones del gobierno federal, como preámbulo de la gran decisión.

Por lo pronto se sabe que la senadora Blanca Alcalá Ruiz tomó distancia de Puebla y aprovechó estos días para tomar unas vacaciones en compañía de su familia.

El otro aspirante del PRI, Enrique Doger Guerrero, sigue en Puebla y por lo que se ve no tiene planes de salir del país, al menos hasta que no haya claridad sobre quién será el elegido del PRI para contender en los comicios locales del primer domingo de junio del 2016.

Quien sigue haciendo su lucha, arropado por el ex gobernador Mario Marín Torres, es el delegado de la SAGARPA, Alberto Jiménez Merino, quien este domingo reunió a cerca de dos mil personas en el campo de béisbol de la Laguna de San Baltasar.

Su esfuerzo es meritorio pero sus posibilidades escasas.

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EN CORTO

El viernes se celebró en Casa Puebla la cena de fin de año que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas ofreció a los miembros de su gabinete, a los legisladores locales y federales, así como a los magistrados del Poder Judicial del estado.

Entre los invitados estuvo Diódoro Carrasco Altamirano, quien en enero podría estrenarse como titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG).

Fue ubicado en la mesa principal junto con el alcalde capitalino José Antonio Gali Fayad, y el presidente del Congreso local, el diputado perredista Carlos Martínez Amador, acompañados de sus respectivas esposas. Ahí también fueron sentados el titular de la Auditoría Superior del Estado, David Villanueva Lomelí, y su esposa Luz Verónica Morales Alfaro, presidenta del Colegio de Notarios.

Al festejo no llegó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Roberto Flores Toledano.

Otros convidados a la cena fueron los diputados federales Genoveva Huerta Villegas y Miguel Ángel Huepa Pérez.

La cena se prolongó más allá de la 1 de la madrugada del sábado y el gobernador Moreno Valle departió, en tono amigable, durante más de dos horas con los priístas José Chedraui Budib, Pablo Fernández del Campo Espinosa, Silvia Tanús Osorio, Sergio Salomón Céspedes y Leonardo Soto Martínez, quienes acudieron acompañados de sus cónyuges con excepción del líder estatal cetemista que lo hizo de su hijo.

En esta mesa se sentó también el diputado del PVEM, Juan Carlos Natale López.

Los grandes ausentes fueron los senadores de Puebla, tanto los del PRI, Blanca Alcalá Ruiz y Lucero Saldaña Pérez, como el del PAN, Javier Lozano Alarcón, y el diputado federal Eukid Castañón Herrera.

Por las ausencias varias mesas se quedaron vacías.

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Jesús Giles, primera salida en falso

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Si el nuevo presidente estatal del PAN, Jesús Christian Giles Carmona, no quiere hablar de la denuncia que por el delito de despojo presentó en contra de Rafael Micalco Méndez, a quien a partir de este jueves sucederá en el Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, es porque en realidad sólo se quemó con una acusación sin fundamento.

Alguien del propio CDE le informó que Micalco estaba sacando cajas con documentación del partido y llevándolas a una bodega de su propiedad o que éste alquiló para el efecto.

Se aceleró, pidió línea y fiel a su naturaleza acudió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) donde lo canalizaron con el titular de la Dirección de Agencias del Ministerio Público Metropolitana Sur, Jaime Huerta Ramos.

Con el cobijo del poder, Giles levantó una denuncia por el delito de despojo que derivó en la averiguación previa 819/2015/DMZS, acto seguido la PGJ aseguró el inmueble en el que Rafael Micalco llevó las cajas con la documentación que sacó de las oficinas del partido.

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Cuando el personal de la Procuraduría comenzó a revisar las cajas lo que encontró fueron papeles inservibles y documentos viejos de los años noventa y dos mil, correspondientes a gestiones anteriores a la suya. Es decir, puro archivo muerto.

Por esa situación la denuncia de Jesús Giles en contra de su antecesor en la presidencia del CDE del PAN se archivó, pues además de que no había manera de acreditar el delito de despojo, tampoco se le podía fincar ninguna responsabilidad a Rafael Micalco, pues lo que hizo estaba dentro de sus atribuciones y facultades.

¿Ahora entiende por qué Jesús Giles no quiere hablar del asunto ahora, ni después del 17 de diciembre en que rendirá protesta como dirigente estatal del PAN, junto con la esposa del gobernador Martha Erika Alonso Hidalgo?

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El viernes de esta semana el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas se reunirá a celebrar junto con los diputados de la LIX Legislatura del Congreso del estado las fiestas decembrinas.

Y varios legisladores ya hacen planes para pasar una larga e inolvidable velada como la del año pasado en que los priístas Leobardo Soto Martínez y Víctor Giorgana Jiménez, así como el verde ecologista Juan Carlos Natale López convivieron con el mandatario estatal de tú a tú hasta las 3 de la madrugada.

El año pasado llegaron a la cena los magistrados del Poder Judicial del estado encabezados por su presidente Roberto Flores Toledano y la mayoría de los integrantes del gabinete estatal.

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Este martes sesionará el Congreso del estado y no aprobará la iniciativa de Ley de Ingresos del municipio de San Pedro Cholula, por lo que el alcalde José Juan Espinosa Torres tendrá que seguir aplicando la Ley vigente de 2015.

Se sabe que entre los diputados que más se opusieron a los aumentos propuestos por José Juan Espinosa figuran Sara Chilaca Martínez, de Compromiso por Puebla, e Ignacio Alvízar Linares, del partido Movimiento Ciudadano.

Ambos, por cierto, residentes de San Pedro Cholula.

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Más de la rebelión en la granja en el Poder Judicial

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Mientras al interior del Poder Judicial la rebelión de jueces y magistrados va en aumento, cuentan que el apocado Roberto Flores Toledano se muestra cada vez más arrepentido de su reelección por tercer año consecutivo como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, y es que prácticamente vive a fuego cruzado.

Hace nueve días para no ir muy lejos, Flores Toledano tuvo que sortear las presiones y amagos de jueces que se parapetaron en su oficina hasta comprometerlo a no llevar a cabo una segunda rotación por recomendación del titular del Poder Ejecutivo del estado.

Los jueces, asentados en los distritos judiciales de las regiones Centro y Centro Poniente, prácticamente lo amenazaron con parar los juzgados a su cargo si en ese momento no les garantizaba su permanencia.

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Más que reveladora del fuego cruzado que vive el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, es la carta que jueces y secretarios de juzgado enviaron el pasado 6 de abril a los magistrados que integran el pleno del Poder Judicial del estado.

Lo menos que dicen es que los recientes descuentos en sus percepciones además de injustos, considerando que desde hace nueve años no han tenido aumentos en sus emolumentos, son anticonstitucionales en términos del artículo 116 en su fracción tercera, párrafo sexto.

Aquí la carta íntegra por cortesía del periodista Alejandro Mondragón.

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También cuentan que los magistrados jubilados que más inconformes están por los requerimientos que el SAT les ha formulado, y en los cuales reclama el pago de impuestos que la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado les retuvo, pero al parecer no enteró a la autoridad fiscal federal, son Alfredo Mendoza García y María de los Ángeles Juárez Hernández.

Ambos magistrados fueron prácticamente presionados a jubilarse para que en su lugar entraran Marcela Martínez Morales y José Octavio Pérez Nava.

Sin embargo trascendió que hasta ahora ninguno de los dos ha promovido acción legal alguna, para no despertar la furia de quien los obligó a retirarse a finales de 2012.

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Rebelión en la granja

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El título de esta columna ciertamente alude a la novela satírica del británico George Orwell, aunque en este caso no se trata de una fábula en la que un grupo de animales se rebela a su granjero o amo, para instaurar un sistema de gobierno propio que termina siendo peor que el que se propusieron erradicar por autoritario y tiránico.

La historia en realidad se refiere a un Poder (el Judicial) que se rebela a otro poder (el Ejecutivo) después de que este, en clara y abierta violación al principio de división de poderes, determinó reducir las remuneraciones de jueces y magistrados.

A los magistrados les bajaron el 10% de su sueldo; a los jueces el 8 o el 5%, y a los diligenciarios les quitaron algunos apoyos como vales de gasolina.

La rebelión de los magistrados ya es del conocimiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla, Roberto Flores Toledano, a quien emplazaron a suscribir, junto con ellos, la controversia constitucional que han decidido promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echar abajo los recortes presupuestales al Poder Judicial y las reducciones a los sueldos, compensaciones y prestaciones de sus integrantes.

Se sabe que los magistrados en funciones no son los únicos y tampoco los más inconformes con el gobernador Rafael Moreno Valle y su estilo de gobernar, sin respeto a la división de poderes, a su autonomía e independencia respecto al Ejecutivo.

Lo más molestos y agraviados, según esta versión, serían los magistrados retirados o jubilados a los que han llegado requerimientos de la Secretaría de Hacienda por no haber cumplido con sus obligaciones fiscales durante el tiempo en que estuvieron en funciones.

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Su malestar no es gratuito, pues no sólo han sido víctima de maltratos y de descuentos en sus jubilaciones y pensiones, sino hasta de amenazas cuando han protestado por deducciones que consideran injustas, como aquellas en las cuales les requieren el pago de impuestos que la Secretaría de Finanzas del estado les retuvo y supuestamente transfirió al SAT.

La inconformidad es tal que algunos de ellos han llegado a plantear incluso la posibilidad de promover una acción por la vía penal en contra del Ejecutivo del estado.

Pronto le tendré más detalles.

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Entre los corrillos de la Policía Ministerial ha corrido como reguero de pólvora la versión de que una agente de esta corporación fue detenida por rehusarse a ser parte de un operativo que involucraría a un opositor al gobierno del estado en un delito de posesión de marihuana.

Tras su negativa, la agente fue acusada de ser copartícipe en un supuesto secuestro express.

El caso dará para más.

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Notas del Poder Judicial, fiscales, abogados y cosas peores

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Entre los abogados y litigantes que acuden con frecuencia a los juzgados de Ciudad Judicial ha llamado la atención el aparente favoritismo del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, hacia la editorial Porrúa, a la que se le autorizó –sin licitación pública de por medio—construir una librería de 424 metros en el patio de este inmueble.

La obra que inició el 12 de julio, día en que se colocó la primera piedra, se concluirá a finales de noviembre con una inversión de la propia empresa cercana a los seis millones de pesos.

El malestar de ciertos litigantes es tal que algunos miembros del Colegio de Jurisconsultos de Puebla como Elizabeth Cervantes Samaniego ya solicitaron de manera formal que el presidente del Poder Judicial del estado les informe qué tipo de proceso de adjudicación se siguió, qué otras editoriales aparte de Porrúa fueron invitadas, por cuánto tiempo se firmó el contrato, quién autorizó la obra, qué constructora realiza los trabajos y cuáles serán los beneficios de su instalación en el patio de Ciudad Judicial.

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Esta semana se dará a conocer una nueva organización que tendrá como propósito recabar, dar seguimiento e incluso asesoría legal a las personas que acuden al Ministerio Público a presentar una denuncia y ésta en lugar de investigarse o formalizarse en una averiguación previa se archiva o no es atendida por motivos políticos, negligencia o dolosas omisiones.

La asociación se denominará Defendamos Puebla y hará su aparición en sociedad el martes de la siguiente semana mediante una conferencia de prensa en las escalinatas de acceso al edificio central de la Procuraduría General de Justicia.

Se sabe que los integrantes ya tienen unos 20 casos de denuncias que no han sido atendidas por el Ministerio Público y un número similar de amparos que serán promovidos en diferentes juzgados de distrito para presionar a la PGJ a integrar y consignar las averiguaciones previas ante los jueces correspondientes.

Uno de los impulsores de esta organización es el ex juez Enrique Romero Razo, quien desde 2010 mantiene un litigio con el Tribunal Superior de Justicia que lo destituyó como juez de primera instancia adscrito al distrito judicial de Teziutlán.

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¿Qué alto funcionario de la Procuraduría General de Justicia de Puebla será denunciado por trabajar al mismo tiempo, y al parecer cubriendo los mismos horarios, para el estado y la federación?

Un tip: el susodicho tiene cargo de fiscal general en la dependencia a cargo del procurador Víctor Antonio Carrancá Bourget.

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No lo cuente en voz alta pero la razón principal por la cual los reporteros invitados a la inauguración del Centro de Capacitación y Entrenamiento de la empresa Audi –que oficialmente se denomina Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel en el Sector Automotriz— no pudieron recorrer sus instalaciones obedece a que éste aún está inconcluso, es decir, sin terminar.

De hecho, la mayor parte de sus 17 laboratorios aún no están equipados al cien por ciento, a pesar de los 200 millones destinados por el gobierno del estado y el Conacyt a través del Fondo Mixto.

En el Centro de Capacitación de Audi se han invertido 680 millones de pesos, en la construcción, capacitación y equipamiento de sus laboratorios, en los cuales serán entrenados los futuros empleados de Audi en habilidades básicas, pintura, construcción de carrocerías, prensas, montaje, control de calidad, maquilados, manufacturas, cualificación técnica de tecnología, servicios y mediciones.

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¿Quién gana y quién pierde con la crisis del gobernador?

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RMV sí debe cambiar, ofrecer disculpas y mostrar apertura

Morena y no el PRI podría cosechar la crisis de Chalchihuapan

… a Mony con todo mi cariño y admiración. Te adoro

 

¿Tiene solución la crisis que enfrenta el gobernador Rafael Moreno Valle por el caso de Chalchihuapan y la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo?

Diría que sí, pero siempre que haya cambios en la actitud del gobernador Rafael Moreno Valle y una estrategia de control de daños, en la que se pongan sobre la mesa varios puntos, entre ellos la remoción de algunos de sus secretarios que fueron desbordados por el conflicto; la abrogación de la Ley Bala; la liberación de algunos de los detenidos, entre ellos los cuatro pobladores la Chalchihuapan, los de Tehuacán y la Sierra Negra que cerraron la carretera federal y bloquearon los accesos al CIS, y los opositores a la construcción del Gasoducto Morelos y el libramiento carretero denominado Arco Poniente.

Para resolver la crisis el gobernador tiene que salir ya y tomar el toro por los cuernos, ofreciendo una disculpa pública a la madre del menor, sin importar qué finalmente haya causado la muerte de su hijo, si un cohetón o una bala de goma; indemnizarla y garantizarle una investigación apegada a la verdad y derecho, en la que incluso participe gente de su entera confianza; abrirse al diálogo y la negociación con varios de los actores y grupos inconformes; y dejar atrás la  animosidad y hostilidad hacia medios de comunicación, activistas y dirigentes sociales que no comparten su proyecto o lo han censurado de manera pública.

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Moreno Valle tiene que retomar el discurso del exgobernador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, de cancelar odios y rencores, y solicitar a la ciudadanía un voto de confianza para la segunda mitad de su sexenio.

Si el mandatario estatal no rectifica su posición respecto a Elia Tamayo Montes, la madre del menor de 13 años que perdió la vida, y hacia los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y otras comunidades que reclaman mejores condiciones y la restitución de algunos servicios básicos como el del Registro Civil, la crisis no sólo se alargará sino que se mezclará con otros conflictos y coyunturas políticas como las elecciones federales del año entrante y la sucesión gubernamental.

Es muy probable que la crisis de Chalchihuapan y el escándalo por la Ley Bala hayan arruinado el proyecto presidencial de Moreno Valle para el 2018. Pero de eso, a pensar que este conflicto derivará en la caída del gobernador, me parece que hay un mar de distancia.

Por supuesto que la muerte del menor José Luis Tehuatlie es una lápida que el Ejecutivo estatal tendrá que cargar, y que ha dañado su imagen, confianza, credibilidad y legitimidad, pero no al grado de ponerlo al borde de la renuncia o de un juicio político para separarlo del cargo, como algunos dirigentes nacionales del PRD o del PRI lo han declarado.

Lo manifestado el viernes por el presidente del CEN del PRI, César Camacho Quiroz, en el sentido de que el gobernador Moreno Valle tiene responsabilidades políticas, administrativas y hasta posiblemente penales por el fallecimiento José Luis Tehuatlie, y el punto de acuerdo impulsado por los senadores de este mismo partido condenando su “política criminal” hay que leerlo en el contexto de la coyuntura electoral.

Aun con todo el descrédito del gobernador Moreno Valle por la Ley Bala, los priístas difícilmente podrán hacerse  del control político de la entidad en las elecciones federales del año entrante. No veo cómo pudieran beneficiarse de esta crisis, de la que son corresponsables en buena medida, al avalar con los votos de sus diputados en el Congreso local no sólo la llamada Ley Bala, sino las reformas a la Ley Orgánica Municipal por las cuales las juntas auxiliares perdieron la prestación del servicio de Registro Civil.

Las declaraciones de César Camacho y el posicionamiento de los senadores priístas no buscan el derrocamiento del gobernador de Puebla, sino minar, debilitar y desprestigiar su proyecto presidencial y ganar terreno de cara a las elecciones federales de 2015, y la sucesión gubernamental de 2016.

Lo que la crisis de Chalchihuapan sí provocará más tarde que temprano es la destitución del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, por la ausencia de un protocolo para aplicar la Ley Bala, las violaciones que se cometieron en su ejecución y la evidente falta de planeación y estrategia que exhibió el cuerpo de granaderos enviado a desalojar a los manifestantes en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

Y seguramente también la remoción o renuncia del titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas. Remoción, considerando que el conflicto salió de los cauces legales e institucionales, por la ausencia de diálogo y un comunicación efectiva con los opositores, y renuncia por el descobijo que tuvo del mismo gobernador Moreno Valle, quien ante columnistas de la ciudad de México le atribuyó la autoría de la Ley Bala.

Otro efecto político-electoral que la crisis de Chalchihuapan  dejará al gobernador será la animadversión de un sector amplio del perredismo para sumarse a su proyecto presidencial, en alianza o candidatura común con el PAN, o ante una eventual coalición con otros partidos para apoyar al candidato a sucederlo en los comicios de 2016.

Animadversión que en Puebla podría ser capitalizada por las huestes de Andrés Manuel López Obrador y su nuevo partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que desde siempre ha cuestionado la política y los métodos del gobernador Moreno Valle.

EN CORTO

A propósito de mi anterior post, un magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia me aclaró que desde que la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo estatal asumió el control de la nómina y administración de los recursos del Poder Judicial, les dejaron de pagar sus pensiones.

Más que descuentos, no hay pagos, reveló el magistrado, al reiterar que esta situación podría derivar en un amparo o en una denuncia en contra del presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano, por violar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado.

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Poder Judicial sometido. Ya perdió hasta el control de su nómina

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Para dejar en claro quién manda en Puebla y que la división de poderes en la entidad es un mito genial, la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo asumió desde el comienzo de julio la administración de los recursos del Poder Judicial del estado.

La decisión ni siquiera fue consultada al pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sino tomada por su magistrado presidente, Roberto Flores Toledano, en una clara y abierta violación al artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, que textualmente dice: “El Poder Judicial del Estado tendrá y administrará su patrimonio para el desempeño de sus funciones”.

La mayoría de los jueces y magistrados se enteraron de la decisión en la última quincena cuando su cheque ya no lo recibieron de la Tesorería del TSJ, sino de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobernador Rafael Moreno Valle.

Y cuándo preguntaron a qué obedecía el cambio supieron entonces lo peor: que el Poder Judicial no sólo había perdido el control y administración de su nómina, sino dos de sus principales fondos: el de recursos económicos propios, y el destinado al mejoramiento de la administración de justicia.

Pero además que las funciones y atribuciones de la Comisión de Administración, que es la encargada —según el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial— de planear, presupuestar, organizar, asignar, aprovechar y vigilar los recursos humanos, materiales y financieros del Tribunal y la beneficiaria de todas las fianzas que se otorguen a favor al Poder Judicial del estado, ahora las asumiría la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo estatal.

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Rebelión silenciosa

Paradójicamente los más inconformes con este acuerdo administrativo del sumiso magistrado presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano, no son los magistrados en funciones del Poder Judicial del estado, que prácticamente se asumen como empleados del gobernador Moreno Valle, pasándose por el arco del triunfo la Constitución que juraron respetar y cumplir, sino los magistrados jubilados.

Y la razón principal es de orden económico, pues desde que la Secretaría de Finanzas y Administración tomó la administración del Poder Judicial sus pensiones y pagos por concepto de retiro no sólo han sufrido mermas o atrasos, sino que algunas podrían perderse.

El malestar de los magistrados retirados es tal que estos incluso están valorando ampararse y echar abajo este acuerdo administrativo de Flores Toledano, que vulnera el principio de división de poderes  sino demandar a éste por violar la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, al permitir que los recursos de éste sean administrados y controlados por una dependencia de otro poder.

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Encerrona ministerial

Los días jueves y viernes de la semana pasada, todos los agentes del Ministerio Público adscritos a la Dirección Metropolitana Sur, cargo de Jaime Huerta Ramos, tuvieron que hacer guardia permanente y dejar todas las averiguaciones previas que ese momento tenían pendientes para concentrarse en una sola: la del menor de Chalchihuapan, gravemente herido en la cabeza.

La razón: la inminente intervención de la PGR y la CNDH en el caso.

Así, la averiguación previa referente al desalojo y enfrentamiento en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco se transformó de unas cuantas hojas a voluminosos volúmenes de “investigación”, en los que los ministerios públicos fueron instruidos sobre lo que tenían que describir en los videos tomados del enfrentamiento.

Quizás por esas sesudas investigaciones, el procurador Víctor Antonio Carrancá salió a decir esta semana que los pobladores pudieron planear la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie o que la herida mortal que recibió en la cabeza sino fue producto de un cohetón, lo fue de la ola expansiva que éste produjo.

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Justicia maquillada a favor de la banca

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Incómodos, por decir lo menos, se sienten algunos jueces y magistrados, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Roberto Flores Toledano, por las presiones que ha comenzado a ejercer para que las resoluciones de aquellos salgan rapidito y, de preferencia, a favor de las instituciones bancarias.

Y todo en aras de mejorar la calificación de Puebla –y en especial de su Poder Judicial– en algunos estudios y evaluaciones que cada dos años o de manera anual realizan algunas instituciones como la Asociación de Bancos de México (ABM), la calificadora Moody’s y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Flores Toledano pretende reunir a jueces y magistrados con los apoderados legales de los bancos para, según él, dar celeridad a ciertos juicios mercantiles y definir algunos criterios jurídicos respecto a las resoluciones.

La intención, según les anticipo, es evitar sentencias contradictorias entre un juez civil especializado en asuntos financieros, y otro del mismo tipo, que luego son usadas por las instituciones bancarias para evidenciar la discrecionalidad y laxitud de criterios entre los integrantes del Poder Judicial del estado.

Se sabe que uno de los jueces inconformes con el citatorio del presidente del TSJ es Ismael de Gante López, juez Décimo Segundo Civil del Distrito Judicial de Puebla, quien incluso amagó con renunciar si lo obligaban a reunirse con los representantes de la banca para «acordar» cómo debían resolverse ciertos asuntos.

Pregunta: ¿Los abogados de los usuarios afectados por algún banco o institución financiera tendrán esta misma oportunidad de ser escuchados por los jueces y magistrados de Puebla o esta es sólo una prebenda exclusiva para los apoderados de la banca?

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En el último estudio sobre Indicadores de confiabilidad y desarrollo institucional, de la Asociación de Bancos de México, en coordinación con el ITAM, el Consejo Coordinador Financiero y Moody’s de México, los juzgadores de Puebla fueron ubicados en el lugar 27 de 32 en calidad, en el 22 de uniformidad de criterios, en el 31 de imparcialidad de procedimientos, en el 25 de autonomía, en el 29 de confiabilidad de servicios periciales, en el 22 de rapidez en los procedimientos ejecutivos mercantiles, y en el 19 de rapidez en los procedimientos ordinarios mercantiles.

Ahora entiende por qué a Flores Toledano le urge la reunión con los jueces y apoderados de la banca. Su intención de maquillar estas cifras y de sacar a Puebla del sótano de esta evaluación de la ABM es urgente, aun a costa de los usuarios y afectados de la banca.

Por lo pronto habrá que estar muy atentos de este encuentro y de la posición que asuman los jueces civiles, mercantiles y especializados en asuntos financieros del Poder Judicial de Puebla, entre ellos:

José Bernardo Torres, María del Rosario Sánchez, María Alicia Ortiz, Armando Pérez Acevedo, Horacio Bravo Negrete, Cesar Iván Bermúdez, Hugo Isaac Arzola, María Rosalba Pantoja, Leonardo Treviño, Sandra Lucía Perea y Rubén de la Rosa Gómez.

¿Quiénes de ellos levantarán la voz, como ya lo hizo Ismael de Gante, para inconformarse contra Flores Toledano, aun a riesgo de perder su chamba?

Que bueno que por fin hayas decidido a dejar tantito tu universidad, le dijo ayer el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, al rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, por su participación en la XXVIII Sesión Ordinaria del Consejo Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

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